Reforma: el pasado 19 de marzo la presidente Cristina Fernández dio a conocer el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). El texto todavía no fue presentado al Congreso. En caso de ser aprobado, reemplazaría a la Ley de Radiodifusión vigente desde la última dictadura militar (1976-1983). La propuesta incluye 21 puntos presentados al Ejecutivo por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, espacio creado por un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas. Desconcentración de la propiedad de los medios, transparencia en la composición accionaria de las empresas mediáticas y garantía de frecuencias para los medios de comunicación no comerciales, son la base de esos 21 puntos. El nuevo proyecto fue debatido en diversos foros públicos, donde se señalaron puntos a ser reconsiderados. Los principales multimedios y la oposición hablan de un “intento de control” de los medios de prensa.
La Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada por decreto durante la última dictadura militar, continúa vigente en Argentina. A pesar del continuo reclamo de un amplio abanico de sectores, los sucesivos gobiernos democráticos no la derogaron. Por el contrario, y especialmente durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007), continuas reformas legalizaron la concentración y la conformación de enormes conglomerados de medios, permitieron la entrada de capitales extranjeros y extendieron la duración de las licencias hasta 2020.
Las expectativas de reforma vinieron de la mano del anuncio realizado en marzo pasado por la presidente Cristina Fernández, quien dio a conocer el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que reemplazaría a la legislación vigente.
El articulado retoma temas planteados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, entidad conformada por universidades, sindicatos de trabajadores de la comunicación, organismos de derechos humanos, movimientos sociales y cooperativos, y radios comunitarias que desde 2004 vienen trabajando sobre 21 puntos claves para una nueva ley de radiodifusión.
Tras la presentación de la Presidente, el debate llevado adelante en distintos foros en todo el país demostró el interés general por cambiar el estado actual de las cosas, con un alto nivel de participación. Si bien en esos foros se reconoció la importancia de la iniciativa por tantos años esperada, se puso el foco en algunos puntos que dejan zonas grises respecto a cómo será el futuro escenario de aprobarse la ley.
Aportes
Entre los aportes presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática el pasado 9 de junio en el Anexo de la Cámara de Diputados, figura la necesidad de reducir aún más el número de licencias por titular: de 10 a cuatro en todo el país y de tres a dos por área local. También se propone que los medios informen las fuentes de financiamiento con la nómina de anunciantes y se hace hincapié en que cada pueblo originario cuente con al menos una emisora de radio y una de TV. Además, se reiteró el pedido de dejar sin efecto el decreto 527 mediante el cual el gobierno del presidente Néstor Kirchner otorgó en 2005 una prórroga por 10 años a las licencias de los grandes medios.
Con la participación de legisladores del oficialismo y de la oposición, los integrantes de la Coalición manifestaron la necesidad de que la norma llegue al Congreso lo antes posible. Quedó explícito el temor por el futuro de la Ley cuando sea tratada por el legislativo, tras las elecciones del 28 de junio. El Gobierno asegura que esta ley garantizará la “polifonía de voces” en los medios. Por el contrario, los principales multimedios se consideran afectados por la nueva legislación y, acompañados por la oposición, denuncian un “intento de control”.
El Comfer (Comité Federal de Radiodifusión) destaca que desde la presentación del anteproyecto se realizaron 23 foros y se recibieron más de 1.200 aportes, que coinciden en su mayoría con los planteos realizados por la Coalición en su documento. Entre las voces opositoras, desde la Unión Cívica Radical, la diputada Silvana Giúdice, titular de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, consideró que el debate de esta norma “debería darse en las comisiones que corresponde, para que los otros proyectos presentados tengan igualdad de oportunidades para el debate”. En respuesta, Eduardo Macaluse, titular del bloque del SI (Solidaridad e Igualdad) afirmó: “No es verdad que no hubo debate, se discute una nueva ley desde el fin de la dictadura y esto costó sangre y muchas vidas. No podemos decir que no es el momento una vez que se le pone el cascabel al gato”.
Perspectivas
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se propone otorgar un marco legal a “todos los Servicios de Comunicación Audiovisual independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión”, algo que no contempla la legislación vigente, desactualizada para las nuevas tecnologías.
De aprobarse la nueva ley, las productoras que generan señales de televisión (como TN o C5N) o contenidos (como los que por ejemplo hace Ideas del Sur) deberán registrarse y tener una licencia. También las agencias de publicidad. El proyecto impide a los dueños de canales de aire ser propietarios de canales de Cable en la misma área geográfica en la que operan y regula con más fuerza a los canales de televisión por suscripción, impidiéndoles operar en más de 24 localidades a la vez.
Las empresas que tengan capital extranjero por más del 30% de su paquete accionario no podrán ser dueñas de canales o radios, a menos que el origen de los capitales sea de países con los cuales Argentina tiene tratados de reciprocidad. El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
Se promoverá “la regularización de medios comunitarios, que han estado excluidos durante décadas”. Igualmente “se establecerá un régimen abierto de participación para las cooperativas” y se permitirá que las universidades “tengan emisoras sin restricciones ni obligación de ser sociedades comerciales”.
Por otro lado, con la ley vigente el Estado “tiene una participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados”. En cambio, la Ley SCA se propone promover el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. “El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los municipios tendrán asignadas frecuencias”.
El proyecto propone una división del espectro radioeléctrico en tres partes iguales para medios estatales, lucrativos y no lucrativos. Pero no especifica a qué se hace referencia cuando se habla de personas jurídicas sin fines de lucro. Además de ser una definición muy amplia, no todas tienen las mismas posibilidades técnicas, económicas y políticas. Por otro lado, las grandes empresas tienen fundaciones con poderosísimos recursos, que podrían ocupar frecuencias en ese 33% asignado.
Otro aspecto puesto en tela de juicio es que la nueva ley posibilitaría la creación de nuevos multimedios al permitir el ingreso formal de prestadoras de servicios públicos al mundo de la radiodifusión.
America XXI, año VII, No. 51, julio 2009.
http://www.americaxxi.com.ve/numeros/0051/index.html
