El concepto de gobernabilidad divulgado a nivel global por el Banco Mundial a partir de 1989, ha sido objeto de un "enriquecimiento" por parte de los intelectuales orgánicos al sistema capitalista, que van desde la descentralización; la reducción del espectro político a dos partidos únicos en réplica del ejercicio político de los Estados Unidos; el robustecimiento del ejecutivo en desmedro de las funciones del legislativo, como lo recoge la Constitución Política del Ecuador de 1998, bajo el argumento de que ello permitirá resolver las "pugnas" ejecutivo-legislativo; el robustecimiento de los organismos del "orden"; etc, propuestas todas formuladas en procura de resolver la ingobernabilidad de los países capitalistas, determinado por el divorcio entre la política económica que atiende los intereses de grupos oligárquicos en tanto afecta a los del conjunto mayoritario de la sociedad, actitud que termina por afectar la legitimidad del gobierno de turno y concluye, como en la historia reciente del Ecuador, en ejercicios de "democracia real" que deponen Presidentes, claro ejemplo de lo cual fueron los movimientos sociales que derrocaron al Presidente Abdalá Bucarám, del cual fue Edecán el Presidente Lucio Gutiérrez, y el del 21 de enero del 2001, en el que participó activamente y en forma relevante el actual Presidente. Ante tal expectativa, Lucio Gutiérrez y sus más íntimos colaboradores han elaborado una estrategia de "gobernabilidad", cuyos ejes principales son: - El apoyo de los grupos tradicionales del poder económico, con preeminencia de la bancocracia; - El disponer de mandos militares incondicionales al Presidente de la República;, - La neutralización del movimiento indígena y del MPD; y, - El apoyo de los Estados Unidos; Apoyo de los grupos tradicionales del poder económico, principalmente de la bancocracia En todo ejercicio de gobierno, es demostrado que los grupos que captan los ministerios de economía, gobierno y relaciones exteriores, determinan las líneas más importantes en la gestión del mismo, tornando irrelevantes las líneas políticas que asumen los restantes ministerios e instancias de gobierno, los cuales terminan por supeditarse a los dictados de las primeras. Bajo esa premisa y a pesar de las proclamas populistas de campaña e incluso en contra de los planteamientos de sus aliados de campaña, Lucio Gutiérrez procedió a entregar directamente a la bancocracia ecuatoriana, tanto el Ministerio de Economía como el de Gobierno, al designar Ministro de Economía a Mauricio Pozo, funcionario del PRODUBANCO y hermano del Gerente del Banco del Pichincha y, Ministro de Gobierno a Mario Canessa, ex Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Indirectamente entregó la política exterior a la bancocracia al nombrar Embajador Itinerante a Guillermo Lasso, Gerente del Banco de Guayaquil, quien ha asumido un papel relevante y definitivo en este sector, como se demostró durante la visita de Lucio Gutiérrez a los Estados Unidos. Desde otra perspectiva y en términos pragmáticos, el predominio y privilegio de los intereses de la bancocracia lo demuestra, tanto el contenido de la política económica adoptada al inicio del gobierno, como el de la Carta de Intención, los que responden al más rancio recetario neoliberal. En el caso de la primera, vale recordar, que medidas tales como la eliminación de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) recrea dos situaciones: a. La pérdida de la garantía que disponen los depositantes para la devolución de sus recursos depositados en los bancos en proceso de reestructuración o saneamiento; y, b. La eliminación de la instancia que podía demandar el pago de las grandes deudas que mantienen los grupos de poder económico para con la banca en proceso de cierre, deudas que ascienden a más de 1.200 millones de dólares según las propias fuentes oficiales. En buen romance Lucio Gutiérrez, a la vez que elimina la garantía para los depositantes, elimina la posibilidad de cobrar las deudas de la oligarquía ecuatoriana, en claro discrimen y claro afán de beneficiar a los grupos económicos de siempre. A lo anterior debe agregarse que los bancos bajo la administración de la AGD pasarían a liquidación, y que durante ese proceso, para cualquier compra de los activos a liquidarse, podrían utilizarse los papeles de la deuda interna, resultan evidentes los beneficios que se otorga a la oligarquía ecuatoriana, si se recuerda que: a. Los bienes que se liquidan habitualmente sufren castigos en sus precios de un 50 por ciento, como lo demostraron los remates que efectuó la AGD; b. Los papeles de la deuda interna sufren un castigo que supera el 40 por ciento, durante su colocación en el mercado interno; y, c. Los papeles de deuda interna se hallan en manos de la propia oligarquía ecuatoriana, principalmente de los banqueros. Presupuestos que permiten aseverar que, en este caso, la decisión de Lucio Gutiérrez y de su equipo económico, igualmente beneficiará a la oligarquía ecuatoriana en forma impresionante, ya que, les posibilita adquirir los bienes que se liquiden cuando más por el 50 por ciento de su valor, pagando con papeles de la deuda interna al 100 por ciento de su valor nominal, cuando los adquirieron pagando no más del 60 por ciento de ese valor nominal. Sobre la Carta de Intención, a modo de ejemplo, debe mencionarse la proclama pública del Ministro de Economía, en el sentido de que el acuerdo determina la entrega de las empresas eléctricas de distribución a administradoras extranjeras, las que se beneficiarían del alza de las tarifas eléctricas definida por el gobierno del Presidente Gutiérrez, a pesar de existir alternativas que permitían resolver el problema de las pérdidas sin elevar las tarifas, mediante una simple redistribución de márgenes entre las empresas de generación, transmisión y distribución, alternativa que fuera, con antelación a la adopción de la medida de elevar las tarifas, conocida en el seno del gobierno y expuesta mediante comunicado público, por las empresas de distribución eléctrica del Ecuador. En este caso, la ridícula excusa a las que acudió el Presidente Gutiérrez sobre una supuesta independencia de CONELEC respecto al gobierno, ofenden a la inteligencia de pueblo ecuatoriano, toda vez que es conocido el predominio de los representantes directos del gobierno en ese organismo. Ahora bien, si aceptamos que la orientación de la política económica tiene por objetivo beneficiar a determinados grupos económicos, y, que ello es un pre requisito para lograr su apoyo, resulta evidente que Gutiérrez, al beneficiar en la forma más abierta y generosa a la oligarquía ecuatoriana, y especialmente a la bancocracia, supone que este es uno de los ejes que podrían fortalecer su gobernabilidad, por desconocer que la gobernabilidad sólo se consolida cuando la política económica es favorable a los intereses de las grandes mayorías y no al estrecho grupo de la oligarquía ecuatoriana, lo que pone de relieve la debilidad de esta columna que se considera sustentaría la gobernabilidad del gobierno de Lucio Gutiérrez. Mandos militares incondicionales al Presidente de la República Es norma en los grupos dominantes o en quienes están cerca del autoritarismo, asumir que el componente más importante para mantener la gobernabilidad y sus privilegios es la existencia de unas fuerzas armadas funcionales a su poder. Lucio Gutiérrez asume esta posición cuando reclamó públicamente como uno de sus derechos el disponer de mandos militares que "sean de su absoluta confianza", desconociendo incluso lo estipulado en la Constitución y las Leyes, supuesto error que luego fuera rectificado, formalmente, cuando públicamente reclamaron por este atropello la Asociación de Generales y Almirantes en servicio pasivo. Lo formal de la rectificación se demostró cuando forzó el retiro de los Jefes del Comando Conjunto y de las distintas ramas tan pronto fueron designados, mediante el artificio de retirarles públicamente su confianza, proceso que concluyó cuando se produjo el retiro de 17 miembros de las Fuerzas Armadas que no eran de la absoluta confianza del primer mandatario. Si lo anterior es más que suficiente para afirmar en forma irrebatible que la estrategia de Lucio Gutiérrez es disponer del apoyo casi incondicional de las fuerzas armadas, no es menos decidor el incremento del 40 por ciento propuesto para el presupuesto de las fuerzas armadas para el 2003, a pesar de las proclamadas restricciones que confrontaría el erario nacional, pretexto esgrimido para la simultánea reducción de las asignaciones para los sectores sociales que contempla la pro forma del Presupuesto General del Estado. El incremento propuesto en las asignaciones de las fuerzas armadas, por cierto, advierte sobre otro posible objetivo: la repotenciación de las fuerzas armadas en el propósito de apoyar al Plan Colombia. Respecto a este eje, vale sólo advertir que sustentar la gobernabilidad en el apoyo irrestricto de las fuerzas armadas al Presidente y a su política económica excluyente, favorable a la oligarquía ecuatoriana, sólo es posible en un ejercicio autoritario como el de las dictaduras argentinas o de Pinochet en Chile, alternativa autoritaria que podría convertirse en la única opción para Gutiérrez de producirse el retiro del gobierno de los grupos indígenas y del MPD, e iniciarse una oposición franca y frontal al neoliberalismo, como es previsible por las razones que se exponen en el siguiente punto. El futuro mostrará que el autoritarismo no es suficiente para imponerse al robusto movimiento social ecuatoriano. Neutralización del movimiento indígena y del MPD El tercer elemento estratégico seleccionado por Gutiérrez es la neutralización del movimiento indígena y del MPD, mediante la participación en el gobierno sobre la base del derecho a ejercer el poder, a cogobernar que les asiste por haber ellos triunfado en la contienda electoral. Este eje, por cierto, es el más débil de la estrategia de Gutiérrez, ya que nace de un equívoco: el pretender que para neutralizar al movimiento indio basta el proporcionar determinados cargos públicos a los dirigentes más relevantes, como es habitual en el mundo mestizo y en los partidos tradicionales, en los cuales los dirigentes están sobre los pronunciamientos de las bases que dicen representar y donde el interés personal prima sobre los intereses de las mayorías desposeídas. Efectivamente, sólo una visión limitada y errónea del mundo indígena, puede desconocer que los elementos más representativos de los indios son más portavoces de las decisiones de las bases que dirigentes al estilo mestizo, puede suponer que los representantes de la CONAIE y de su partido político Pachacutik son susceptibles de cooptar mediante puestos en el gobierno y que éstos podrían actuar en contra de las bases afectadas por las medidas neoliberales del gobierno de Lucio Gutiérrez. Lo más probable es que las decisiones de las bases profundicen el enfrentamiento al interior del gobierno de Gutiérrez, confrontación que incluso podría concluir en el retiro del gobierno. A este supuesto igualmente concurren las declaraciones de Miguel Lluco, dirigente máximo de Pachacutik, el cual sostiene, con fundadas razones, de que si bien el Partido Sociedad Patriótica de Gutiérrez puede abandonar el proyecto popular, el movimiento indio no puede permitirse, ya que ello significaría sacrificar 500 años de lucha reivindicativa. En el caso del MPD, si bien desde otra perspectiva, el problema es similar, por el compromiso con el movimiento popular, el atender en su accionar a principios del centralismo democrático y la línea de masas que le caracteriza, lo que, en fin de cuentas, lo ubica en una situación similar al del movimiento indio. Sin embargo de lo antes dicho, es menester recordar la paradoja en la que se encuentran las dos organizaciones: ejercer el derecho que les asiste a cogobernar, si bien desde instancias que no definen el curso principal de la política del gobierno de Gutiérrez, y convertirse en una suerte de cómplices de las decisiones de terceros adversas a los intereses populares, ante el imaginario popular. La inteligente opción anunciada por el movimiento indio enfrenta este dilema, al decidir mantenerse en el gobierno y, simultáneamente, realizar movilizaciones masivas en señal de advertencia, puesto que aquellas, de no producirse cambios sustantivos en el curso de la política económica, podrían devenir en levantamientos que recordarían a Lucio Gutiérrez el 21 de enero del 2001. De esta manera se anula la publicitada pretensión de la oligarquía ecuatoriana de que se alejen del gobierno, como lo pretendieron los Blascos Peñaherreras, padre e hijo, en reciente entrevista televisiva. El abandono, por cierto, otorgaría a la oligarquía ecuatoriana la posibilidad de copar la institucionalidad del Estado y se les cumpliría el sueño de contar con un Presidente totalmente propio, al menor costo posible, como lo proclama un destacado burgués guayaquileño, para quien, Gutiérrez es el Presidente que más barato les ha costado, afirmación en la cual hay mucho de verdad, si se recuerda que toda la política económica adoptada les ha favorecido exclusivamente y que fueron el movimiento indio y el MPD quienes pusieron todo su esfuerzo y entusiasmo para triunfar en la contienda electoral. El caso del MPD es mucho más complejo, ya que todo su esfuerzo tiende a demostrar un supuesto carácter popular del gobierno de Gutiérrez, para lo cual no han dudado en neutralizar incluso el combativo movimiento estudiantil, el cual fue servido en bandeja de plata a Gutiérrez a propósito de la elevación de las tarifas del transporte terrestre, e incluso inducido a apoyar a Gutiérrez ante el Congreso Nacional. En este caso lo paradójico se produce entre el encendido discurso a favor de los intereses populares y el apoyo a un gobierno definitivamente neoliberal, privatizador, antipopular y antinacional. En este caso el panorama no es tan claro como en el caso del movimiento indio, ya que los movimientos liderados por el MPD tienen estrictamente un carácter reivindicativo como el de la UNE, o se ubican en el campo de lo propositivo, como lo ejemplifica el comportamiento del movimiento estudiantil, actitud propositiva que sabe al más rancio socialismo conservador, antes que a una alternativa popular. Las controversias son ya públicas, los plazos para el cambio definitivo del movimiento indio se estudian, todo dependerá del nivel crítico que alcancen las voces contra los compromisos asumidos por Gutiérrez con la oligarquía ecuatoriana, los organismos multinacionales y el imperialismo norteamericano. El MPD, por ahora es un enigma, pero seguramente confluirá con las posiciones del movimiento indio. Todo ello determina que el eje más débil de la estrategia del gobierno de Lucio Gutiérrez para lograr gobernabilidad, es la neutralización del movimiento indio y popular, lo cual torna a la estrategia en absolutamente endeble, dada la importancia, fuerza, decisión, organización y responsabilidad del movimiento indio y del MPD, suficiente para recordar a cualquier gobernante que la historia la escriben las masas, no las personas como lo pretenden la ya descubierta megalomanía de Lucio Gutiérrez. El apoyo de los Estados Unidos En América Latina, los gobiernos burgueses de turno manejan la convicción de que el imperio determina el curso de la historia, que sin su apoyo es imposible sobrevivir o que sólo con él se sobrevive, como Estado, como gobierno, sin atender la experiencia de Cuba socialista. Esta visión trucada de la historia conduce a Gutiérrez a pensar que el declararse el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos será suficiente para su permanencia en el poder, sin consideración a la política antipopular ya adoptada y por adoptarse si atendemos a los 22 compromisos que incluye la Carta de Intención según los medios de comunicación que han tenido acceso a su texto. De ahí que haya prestado tanto importancia a su visita a Washington, hasta el punto que no tuvo reparos en designar a Guillermo Lasso -uno de los banqueros más prominentes en el financiamiento de la campaña[1] y en el gobierno de Jamil Mahuad en cuyo derrocamiento por el movimiento indio y popular participó Gutiérrez-, para que preparé la visita, durante la cual igualmente Lasso mantuvo una acción protagónica hasta casi convertir a la Canciller Nina Pacari en una suerte de aditamento folklórico, situación igualmente advertida por el movimiento indio. Este eslabón estratégico, por lo mencionado es importante pero no decidor para la gobernabilidad del gobierno de Lucio Gutiérrez, por el contrario, podrá erguirse en una suerte de importante elemento antigobernabilidad, de descubrirse que los compromisos asumidos por Gutiérrez van más allá de la declaratoria de amistad, principalmente si aquellos dicen a un comprometimiento más activo en el Plan Colombia. CONCLUSIÓN En conclusión debe mencionarse que la estrategia de Lucio Gutiérrez en procura de otorgar gobernabilidad a su gobierno, adolece de un eslabón extremadamente débil, la neutralización del movimiento indio y popular, el cual anuncia decisiones transcendentales para los próximos días. Si el divorcio de profundiza por falta de rectificaciones en la estructura del gobierno y en la política económica adoptada, y concomitantemente el levantamiento popular avanza, a Gutiérrez le restará sólo el recurso del autoritarismo, susceptible de imponerse en países donde el movimiento popular no tiene las características y la fuerza desarrolladas en el Ecuador. En otros términos a Gutiérrez solo le resta enmendar o atenerse a las consecuencias de un levantamiento popular, con lo cual toda su estrategia de gobernabilidad demostrará sus falencias y se irá al traste, incluso en la eventualidad en que Gutiérrez pueda superar las profundas discrepancias que se advierten en el seno de las fuerzas armadas, y acuda a la fuerza en afán inútil de sostenerse en el poder. Quito, 16 de febrero del 2003 ------ [1] "Guillermo Lasso, Gerente General del Banco de guayaquil, quien aportó la suma de $ 500'000.000 (QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES), ocupó la Gobernación de la Provincia del Guayas, siendo luego designado Ministro Secretario de Economía, ocupando a la presente fecha (5 de enero de 1999) la Presidencia de la Comisión de Tránsito de esa misma provincia", Navarro, Guillermo" "Corrupción, Política Económica y Gobernabilidad", ediciones Zitra, Quito, Ecuador, febrero del 2000, página 40.