Un magro 20% de aceptación recibe al gabinete Velásquez Quesquén. Nace moribundo. Carga con la impopular gestión de García, la corrupción generalizada y la crisis. Pero tiene equipaje propio: las escandalosas fotos de Torres Caro en un club nocturno de Brasil en viaje oficial, las denuncias de manipulación del PJ en Lambayeque, sus conocidas negociaciones nocturnas con Santiago y Keiko Fujimori. Como presidente del Congreso, servil a García, impidió derogar los inconstitucionales Decretos Legislativos que el movimiento indígena amazónico exigía. Necesitó la torpe acción en Bagua y la insensata muerte de 35 peruanos para hacerlo. ¿Y la contratación de 200 nuevos burócratas en el Congreso o la funcionaria de confianza que contrató con el Estado por un millón de soles?

 

El flamante primer secretario de García no tiene buenas cartas. Encima, es un gabinete de siete apristas, un ministro del Interior denunciado por corrupción y sin autoridad sobre el personal, y lobbistas de los grupos de poder (Martín Pérez, Rey o Carranza, del grupo Romero o Banco Continental).

 

La estrategia es de choque.

 

1) dividir el movimiento social, disgregar su organización, acentuar la criminalización de la protesta social, amedrentar y denigrar a sus líderes y organizaciones. Lo pretende hacer con Aidesep y los pueblos indígenas amazónicos que han dado una lección de dignidad al Perú;

 

2) los psicosociales desde los medios, sometidos por la millonaria propaganda de “el Perú avanza” y los favores del poder, para distraer la atención de la gente de sus problemas reales;

 

3) soltar migajas: S/.500 de gratificación, un pago a pensionistas desatendidos o algunos fondos a gobiernos regionales o municipios que los aleje de los movimientos sociales que batallan en sus localidades;

 

4) decretar que estos inviertan el 5% del canon y sobrecanon petrolero en ejecución de proyectos de inversión y gasto social en las comunidades donde se aprovecha el recurso, con la participación de los órganos representativos de las comunidades con personería jurídica.

 

5) Encargar a regiones y municipios la responsabilidad de negociar los problemas sociales y su solución, para hacerle propuestas al gobierno y librar a este –que maneja el presupuesto de las mesas de negociación acordadas en cientos de actas. “Ya no habrá más mesas de diálogo con el Ejecutivo. No vamos a trabajar directamente con los frentes u organizaciones populares Ellos tienen que presentar y discutir sus demandas con sus autoridades electas y nuestro trabajo será hacer el seguimiento...”, dijo el secretario de la PCM, Juan Manuel Figueroa. Les soplan la pluma sin plata. Claro, dicen que seguirán atendiendo las mesas ya establecidas, pero ya sabemos cómo: Aidesep es un ejemplo.

 

El ministro aprista de Agricultura informó que hoy se reinicia el diálogo en las Mesas de Trabajo del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. Pero Alberto Pizango, presidente de Aidesep, y los hermanos Puerta están enjuiciados, perseguidos y asilados en Nicaragua. Dos indígenas que no son dirigentes nacionales: Teresita Antazú, madre de 6 hijos y dirigente indígena de UNAY en la selva central, y Marcial Mudarra, de CORPI, en la provincia de Marañon, Loreto, tienen orden de captura y juicio. ¿Su delito? Compartir la mesa, sin hablar, de la conferencia de prensa en la que Pizango llamó a la insurgencia para defender sus derechos y territorios, así como los recursos del Perú. Poco importa que retirara el llamamiento públicamente, a pedido de la Defensora, a mediados de mayo, 20 días antes de baguazo. ¿Se negocia sin los dirigentes centrales presentes, amenazados y perseguidos? ¿Es seria una negociación cuando quieren encarcelar a Santiago Manuin, abaleado con 8 impactos en el vientre mientras buscaba, desarmado, impedir la matanza en Bagua?

 

Para colmo, el gobierno promueve una “Asamblea General Extraordinaria” fantasma y ajena a los Estatutos que “elige” –con 35 personas– a Alexander Teets Wishu como “presidente” de Aidesep para vacar a Alberto Pizango y hablar consigo mismo, vía títeres. Pero el Congreso Aidesep debe congregar 56 Federaciones, 8 Regionales y 5 miembros del Consejo Directo Nacional y ser convocado por su Presidente por decisión del Consejo. Normalmente asisten cerca de 150 delegados plenos y fraternos.

 

Además, ¿no es verdad que Promudeh pagó el viaje y la estadía de alguno de ellos por casi 2 meses? Teets es “non grato” en su tierra. Otros igual: salieron de sus cargos por desfalcos importantes. ¿Esos pillos pretenden representar al movimiento popular más digno y respetado del país según las encuestas? Intentarán que sean ellos los que accedan a la Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos: una farsa.

 

¿Es negociar desconocer a los dirigentes, escupirle la cara al movimiento y tratar con muñecos puestos de rodillas? Esto es el APRA, qué les parece. Recibe en Palacio a las transnacionales que quieren comerse la Amazonía y en el gabinete a sus lobbistas, pero pone títeres por amazónicos. ¿Diálogo o monólogo? El Perú, ¿lo tolerará?

 

La República, 20 de Julio de 2009