Explosiones sociales

20/02/2003
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El 15 de febrero posiblemente más de 10 millones de personas marcharon contra la guerra en 300 lugares de todo el planeta. En esos mismos días aconteció una masiva protesta popular que ha sido ignorada por la prensa internacional. El 12 y 13 de febrero La Paz, capital boliviana, fue escenario de un enfrentamiento armado. Policías en huelga y marchistas se enfrentaron contra las FFAA. El saldo fue unos 30 muertos. El 14 miles de mineros marcharon en Oruro dinamitando edificios públicos, como el de la brigada parlamentaria o sedes de partidos oficialistas. Con estos ya van más de 60 muertes producidas en protestas sociales en los 7 meses que lleva el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Lo paradójico es que el partido que volvió al poder en Agosto 2002 es el mismo que 50 años antes llegó por primera a la presidencia a la cabeza de la única revolución social sudamericana del siglo XX. La insurrección altiplánica de Abril 1952, que se dio contra un gobierno impopular acusado de servir a la 'rosca' (oligarquía minera), fue catalizada por un enfrentamiento entre los carabineros y el alto mando castrense. En las marchas callejeras bolivianas de febrero nuevamente han convergido policías rebeldes que instaban a la tropa a unírseles. El gobierno pierde cada vez más respaldo popular. El presidente Sánchez de Lozada apenas obtuvo el 22% de los votos válidos (menos del 15% del electorado) y llegó a palacio sobre la base de oportunistas bloques parlamentarios. Él es atacado por sus detractores como la nueva cabeza de la 'rosca'. Su fortuna supera los 200 millones de dólares y su empresa minera (COMSUR) ahora es más fuerte que la minera estatal (COMIBOL), la misma que fue creada durante la revolución de 1952, basándose en la nacionalización de las minas de las 3 grandes familias oligárquicas. Sánchez, el único mandatario hispano que habla con fuerte acento estadounidense, es acusado de querer rematar la nueva riqueza natural (el gas) a multinacionales de EEUU, Gran Bretaña y España. Las condiciones sociales y políticas en Bolivia pueden acabar produciendo otro levantamiento popular. El principal líder opositor, el campesino cocalero Evo Morales, postula ir a otra revolución tipo 1952. El escenario de estallidos sociales es algo que parecía haber quedado en el pasado latinoamericano. Mas, la actual crisis económica y el fracaso del neo- liberalismo en el continente, están alimentando nuevos movimientos sociales. El 11 de Abril del 2002, cuando los bolivianos celebraban el 50 aniversario de la victoria de la insurrección anti-oligárquica, en la patria de Bolívar se desplomaba el golpe que los chavistas acusan a la oligarquía de fomentar. Argentina, el otrora país más rico de la región, se hunde en la miseria y es foco de constantes protestas callejeras. Para conjurar explosiones sociales se vislumbran básicamente dos alternativas. Una es la que sigue Uribe en Colombia y es tan bien vista por Bush y Aznar, cabezas de las 2 principales potencias que actúan en la región. La otra es la que representan Lula y Lucio. La primera receta es la de imponer un estado fuerte que permita las mejores condiciones para la inversión extranjera, y de esta manera tratar de reactivar. Este es el modelo que usó Fujimori en Perú para polarizar al país entre terroristas y anti-terroristas. Así redujo a la oposición y los sindicatos, pudo sacar provecho de la militarización anti-subversiva y logró privatizar el máximo de empresas y reducir salarios y beneficios sociales. La segunda salida se viene aplicando en Brasil, el país latino más grande y poblado. Años atrás que un Partido de los Trabajadores gobierne tras una bandera roja hubiese merecido una colosal oposición por parte de Washington y el empresariado nativo. Hoy, gobiernos de arraigo popular como el de Lula o Lucio, pueden ser aceptados o bienvenidos por las élites tradicionales como la mejor manera de amortiguar conflictos sociales y de buscar presentar una cara humana a los programas de apertura al capital transnacional y al ALCA. El margen de maniobra de cualquier gobierno latinoamericano es limitado. La bipolaridad murió y con ella el 'no alineamiento' y los modelos de proteccionismo económico y fuerte intervención estatal en la economía de mercado. La emergencia social podrá conducir a una mayor intervención militar, como viene pasando en Colombia, Bolivia o México, o al arribo al poder de gobiernos de origen popular que se monten sobre la protesta social para canalizarla dentro de los marcos del mercado.
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