Operación salvataje

16/08/2009
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Nadie le cree y su desaprobación está anclada al borde del 70%, mientras que la de su gobierno llega al 74% a nivel nacional. El drama de García es el diagnóstico popular que lo define como un mitómano y un ladrón. Mentira y corrupción son los dos elementos que los encuestados mencionan con más énfasis, junto a la clara apreciación de que gobierna para los ricos. A decir verdad, no se trata de una leyenda popular, sino de la cruda realidad. Los testimonian los pueblos de Pisco, Chincha Ica –y muchos otros al sur de Lima– que han tomado las carreteras denunciando que siguen en el abandono por la indiferencia, la ineficiencia y la corruptela gubernamental.
 
La desastrosa gestión de Julio Favre y su Forsur, cuyo mérito central era ser parte del nuevo cogollo de Palacio, y las demagógicas promesas presidenciales incumplidas generan el desborde del malestar popular y abren un nuevo frente social movilizado en demanda de cambios. Si no fuera por la solidaridad de las brigadas médicas cubanas, las viviendas construidas por la petrolera venezolana, las donaciones internacionales (como el hospital de campaña japonés que acaba de ir a entregar el ministro, pero que aún no podrá funcionar por falta de terreno adecuado e instalaciones necesarias) o los limitados bonos de vivienda de S/.6,000 soles entregados, la calamidad y la irritación se habrían evidenciado antes.
 
En otros ámbitos, el abuso y la mentira también alientan el malestar. Los pueblos amazónicos, después de dos huelgas (2008-2009) y del sangriento costo de conseguir la derogatoria de varios de los DL que amenazaban sus derechos y los recursos naturales del país –impuestos inconsultamente– enfrentan ahora la persecución de sus dirigentes, el forzado asilo de su presidente y dos dirigentes y la clandestinidad de muchos otros, con orden de detención. El gobierno promueve una AIDESEP fantasma y paralela, y se burla de las mesas de negociación acordadas: sienta en ellas a títeres oficialistas, personajes sin representación, que suplantan a quienes los pueblos han elegido como sus apus y dirigentes. ¿Alienta García un nuevo alzamiento indígena?
 
¿Y qué decir de la frustración y el fracaso de sus programas de Sierra Exportadora y Sierra Productiva, cuando los comuneros de Paucartambo, en Pasco, no encuentran otro camino para conseguir fertilizantes y poder potenciar el agro que ocupar una represa, retener a un núcleo policial y llevar al gobierno a negociar la asignación de fondos que son vitales para su supervivencia? El desborde social, ante la falta de canales institucionales, cumplimiento de compromisos y respuesta gubernamental oportuna y con sentido social, es notorio. La demanda de cambio exuda la piel de los peruanos.
 
García cree que puede cambiar algo para que nada cambie. Así, buscando montarse en el desprestigio del Congreso (con 80% de desaprobación), propone renovar el 50% del mismo a la mitad de su periodo, sorteando a quienes se someterían a este proceso en la primera oportunidad. ¿Es este el cambio que la gente quiere en la podrida política peruana? ¿Cree que así evitará el clamor nacional de renovarla?
 
La gente quiere un auténtico control ciudadano sobre las autoridades elegidas: la revocatoria del mandato otorgado a un presidente o congresistas que incumplen sus compromisos electorales o actúan irresponsable o corruptamente; la obligatoria y pública rendición de cuentas de las autoridades ante sus electores; el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y la apertura a representación en el Congreso de pueblos originarios que nunca podrían acceder a él (como ocurre con los amazónicos); la descentralización real del país, incluyendo el manejo fiscal y buena parte del manejo presupuestal y de los programas sociales y productivos, promoviendo la articulación de los actuales departamentos en verdaderas regiones como polos de desarrollo y progreso. Y no mencionaré la exigencia de una nueva economía, al servicio de la gente y no de los consorcios extranjeros.
 
García juega sus cartas bajo la mesa para que todo siga igual. Quiere instaurar la segunda vuelta en las elecciones regionales, para quienes no lleguen al 33% de votos, a efectos de facilitar las alianzas del APRA con la derecha –dividida en numerosas regiones– en una segunda vuelta y cerrar el paso a los movimientos regionales que han ido reivindicando la representación regional en los gobiernos frente al viejo centralismo capitalino. García no da puntada sin hilo.
 
Para colmo, dice que ante la ineficiencia del Estado quiere darles el dinero para ejecutar obras públicas a núcleos ejecutores de la sociedad. ¡Suena bien! Pero, casi de inmediato nos enteramos de que el APRA, con Arana y Mantilla a la cabeza, tiene organizados –desde hace meses– los “núcleos ejecutores”, integrados por “compañeros” para manejar el dinero público como parte de la campaña electoral municipal y regional del APRA. Así nos quieren vender gato por liebre. El Plan Salvataje es un fraude. La gente está en lo cierto: a García no se le puede creer.
 

La República, 17 de Agosto de 2009

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