La región y el mundo observan el intento del Ejecutivo argentino por promover una ley de servicios audiovisuales que acabe con la concentración mediática y amplíe la libertad de expresión.

 

Las expectativas globales están fundadas. Se trata de un proyecto de ley de medios audiovisuales elaborado por académicos y profesionales de la comunicación, y avalado por intelectuales de renombre y treinta años de investigación.

 

El proyecto emerge como el más serio intento de desbaratar el actual esquema de concentración de medios. El mismo esquema que monopoliza los mensajes para construir realidades afines a su parcialidad de clase y a sus intereses económicos.

 

En ese sentido, el gobierno argentino es pionero en la solución de un problema que no reconoce fronteras regionales ni mundiales.

 

En Chile la concentración actual de la prensa va extendiendo su influencia. En 2007 se permitió que el grupo español PRISA adquiriera doce cadenas de radio, monopolizando el 40 por ciento de las emisoras FM del país. El 21 de agosto de 2009 el Congreso aprobó una normativa que afectará al sistema radial de concesiones durante los próximos 25 años, y mantiene el actual perfil de distribución del espectro radioeléctrico, considerado como el de mayor concentración de la propiedad en la historia de la radiofonía chilena.

 

En cuanto a la prensa escrita, seis de los siete diarios de circulación nacional pertenecen a dos grupos económicos con una clara ideología común: Grupo Edwards (El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias) y el Grupo Saieh o COPESA ( La Tercera , La Cuarta y Diario Siete).

 

En Venezuela, los principales grupos que detentan el control del espacio radioeléctrico, son los dueños de las plantas televisivas RCTV y Venevisión. Ambas empresas concentran el 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación y el 66 por ciento del poder de transmisión; dominan las redes de difusión de señales, y controlan el 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes, informaciones y contenidos que se difunden en el país.

 

Durante varias décadas, la televisión comercial fue un oligopolio de dos familias constituidas como poderosos grupos económicos: la Organización Cisneros, dueña de Venevisión, y el grupo 1BC, encabezado por las familias Grainer y Bottomone, que controlan Radio Caracas Televisión y Radio Caracas.

 

Con posterioridad surgieron Televen, de Camero Zamora; Globovisión, de Guillermo Zuloaga; CMT, de Humberto Zugaro y Meridiano TV, de Armando de Armas.

 

Esos grupos controlan el 94 por ciento de la cobertura nacional y desarrollan el 85 por ciento de la potencia efectiva irradiada, dejando al sector público el 15 por ciento.

 

Los propietarios de algunos canales poseen también cadenas editoriales. Tal es el caso de Armando de Armas, propietario de los diarios 2001 y Meridiano.

 

Algunos canales de TV cuentan con participación de accionistas extranjeros, como es el caso de Radio Caracas Televisión, en la que interviene capital colombiano.

 

El espacio radioeléctrico es controlado por veintisiete familias propietarias de un tercio de las emisoras de radio existentes. De igual manera pertenecen a la esfera privada 65 televisoras de todo el país, de las que seis son de alcance nacional y la mitad está bajo la influencia de la Iglesia Católica (Televisora Andina de Merina, Canal de los Niños Cantores de Zulia y Vale TV).

 

En Estados Unidos, diez corporaciones poseen o controlan los grandes medios de información: prensa, radio y televisión.

 

Esas empresas también están vinculadas con el negocio del entretenimiento y la cultura de masas -esfera editorial, industria musical, cine, la producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro e Internet- dentro y fuera de territorio estadounidense.

 

La situación fue destacada el 24 de agosto por Noam Chomsky, quien en una conferencia ofrecida en Caracas manifestó que “En Estados Unidos el sistema socioeconómico está diseñado para que el control de los medios esté en las manos de una minoría, dueña de grandes corporaciones (...) y el resultado es que debajo de la `libertad de expresión` están siempre los intereses financieros de esos grupos”.

 

En México funcionan dos poderosas cadenas, una dominada por Televisa, de la familia Azcárraga y vinculada al Grupo Cisneros de Venezuela, una de las mayores fortunas del mundo. La otra es Azteca América, de Ricardo Salinas Pliego y sus socios Pedro Padilla Longoria y Luís Echarte Fernández, ambas con inversiones en Estados Unidos.

 

En Brasil, el grupo O` Globo, es propiedad de la familia Marinho, de Río de Janeiro, en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Junto a los Marinho, en los últimos 20 años también se han consolidado otras poderosas familias, como los Sirotsky, dueños del grupo RBS; los Civitas, propietarios de Abril; y los Frías, impulsores de Folha.

 

En las manos de esos pocos propietarios está ahora la comunicación brasileña, si bien la presencia extranjera, especialmente de empresas como Televisa o Grupo Cisneros, es cada vez mayor. Incluso Telmex, la operadora de Carlos Slim, está a punto de pasar a controlar Net Serviços, primera compañía de cable hasta ahora propiedad de O`Globo.

 

Los ejemplos citados son muestra de una situación de compleja concentración, repetida en cualquier país que se observe, y generadora de una pelea desigual que desequilibra a los gobiernos democráticos no complacientes con los intereses corporativos mediáticos.

 

Romper ese esquema es hoy lo que se debate en el Congreso argentino. De ahí su importancia.

 

- Diego Ghersi | Redacción de APM.