A más de dos meses del día en el que el Presidente Manuel Zelaya fue derrocado por las fuerzas militares Hondureñas y deportado a Costa Rica en el medio de la noche, la resiliencia y vitalidad de la oposición al golpe por parte del pueblo hondureño está haciendo historia en esta sociedad centroamericana de extremos económicos.

Desde el 28 de junio, cuando se les negó a los hondureños la oportunidad de participar en una simple encuesta de opinión que nada tenía que ver con ampliar el mandato de Zelaya, miles de personas han sido arbitrariamente arrestadas, decenas han sido golpeadas y al menos diez personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas del estado, mientras que las libertades de prensa continúan estando seriamente limitadas.

A pesar de esto –o mejor dicho como resultado directo de esto- día tras día la gente sigue marchando, realizando caravanas, conciertos, eventos religiosos y reuniones para exigir el regreso inmediato del orden constitucional, el restablecimiento del presidente elegido democráticamente y esfuerzos renovados para alcanzar una mayor equidad e inclusión sobre la base de reformas constitucionales.

Durante la marcha número 61, el 27 de agosto, entre distintos equipos de sonido que reproducían a todo volumen canciones por el regreso de Zelaya, Bertha Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y líder del Frente Nacional en contra del Golpe destacó que la actual lucha por la democracia es un logro sin precedentes que la ha sorprendido.

Cáceres destacó la fuerte y creativa participación de las mujeres, jóvenes, artistas, indígenas y afro-descendientes, los cuales han sido cruciales para este fenómeno. También comentó sobre el alcance de la actividad que se está desarrollando en todo el país, observando a “las personas de fe que desafían el poder jerárquico, oligárquico de las cúpulas de la iglesia católica y evangélica [quienes se alinean con el golpe de estado]”, así como los residentes de los barrios marginales que se reúnen para analizar el golpe en centros comunitarios o en comités.

Según Cáceres, cualquiera sea el resultado, “hay que confiar en esta fuerza, esta capacidad, estas ganas de liberarse de este yugo de la dictadura.”

Reconociendo que el pueblo hondureño ha dado un paso adelante hacia una mayor madurez y conciencia política, Berta Cáceres dice, “Esto no es un pleito de liderazgos, es la lucha entre pobres y ricos...sin o con el presidente vamos a avanzar por ese derecho que tenemos como pueblo hondureño de construir una sociedad más justa y más humana.”

Asimismo reiteró la decisión de comenzar reformas constitucionales que reconozcan los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas que actualmente son dejados de lado en la Constitución del país. Cáceres también agregó que le gustaría que se abolieran las fuerzas armadas, que se incluyan los derechos al agua y el derecho a sistemas de salud y educación gratuitos. “Soñamos con una constitución que contribuya a desmontar estas formas de dominación, eso es realmente el miedo que tienen y por eso les da terror la consulta popular porque sabían que el pueblo hondureño estaba comenzando a tomar conciencia de eso.”

El pueblo hondureño no le debe obediencia a los usurpadores

El pueblo hondureño ya tiene consagrado en el artículo 3 de la constitución política actual de 1982 el derecho a sublevarse contra las autoridades públicas que hayan tomado el control por la fuerza. La semana pasada fui sorprendida por un niño de 9 años que me recitó este artículo de memoria.

Ambos estábamos en una reunión convocada por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que escuchó testimonios de víctimas recientes de represión violenta, en un motel de la ciudad de Comayagua, al noroeste de la capital.

Palabra por palabra, con una voz firme el niño dijo: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.”

 “Compañera”, continuó el niño, “Nos han tocado actividades de resistencia por todo el departamento y somos testigos fieles de los atropellos a los que  esta dictadura cívica-militar patrocinada por las diez familias más pudientes de este país han sometido al pueblo. El líder golpista Micheletti no es más que un político ranger que no le importa matar para salirse con lo suyo.”

“Señores”, dijo mirando el micrófono a través del cual se imaginaba una audiencia internacional, “necesitamos el retorno inmediato al orden constitucional mediante la restitución de nuestro presidente José Manuel Zelaya a la Presidencia de la República, por favor ayúdennos, representantes de otros países. Queremos una Honduras diferente. Gracias".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó una declaración al día siguiente, basada en los cientos de testimonios, que afirma la importancia de la restitución de Zelaya. La declaración concluye que “únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.”

Sufrir, de una vez por todas

Durante la marcha que se realizó en Tegucigalpa el 27 de agosto, entablé otra conversación con un funcionario de un hospital siquiátrico que llevaba una bandera roja con la imagen del Che Guevara y que tenía la esperanza de difundir el mensaje, en un momento en que se decide si imponer sanciones más severas o no.

Me dijo que esta era su marcha número 61 y que lo impulsa la terrible situación del hospital siquiátrico en el que trabaja. También le preocupan la corrupción y los políticos que cada vez están más alineados con patrocinadores en lugar de con la gente que los votó. “Tenemos conciencia de las clases sociales, pero a aquellos en el poder, a los golpistas, no les importa la pobreza.”

“Estamos aquí para que se restablezca el orden constitucional. No somos zelayistas”.

Al final de nuestra conversación, se inclinó a mi micrófono y dijo, “Pido a la comunidad internacional que las medidas sean más drásticas. Aunque nosotros tenemos que sufrir, solo va a ser una vez. Si la comunidad internacional aprieta más a este gobierno de facto, aguantaremos hambre por un par de meses pero habremos pagado el precio real para que este país sea libre.”

Unos días antes, el gobierno de Estados Unidos había suspendido todos los viajes no urgentes y de no inmigrantes desde Honduras, e indicó que está considerando aplicar sanciones mayores. El Presidente de República Dominicana también recomendó que se suspenda a Honduras del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central. Solo Canadá afirmó explícitamente que no está considerando aplicar sanciones.

Hasta que Zelaya vuelva a la presidencia, el Frente Nacional en contra del Golpe le pide a la comunidad internacional que no reconozca la próxima campaña de elección ni sus resultados. También le exigen a la Organización de las Naciones Unidas que retire la asistencia técnica y el apoyo para el Tribunal Electoral afirmando que “las elecciones generales sin restitución del orden constitucional serian la legalización de la violencia militar contra el estado”.

No es un caso aislado

Mirando hacia atrás los últimos dos meses, Bertha Cáceres no está segura de qué esperar en términos del regreso de Zelaya, aunque está convencida de que su lucha continuará de una manera u otra.

Dada la intransigencia del golpe y el retraso de las sanciones de la comunidad internacional, Cáceres opina que es posible que Honduras “desaparezca del escenario internacional y nos tomen como un tema alejado”.

“Es una acción internacional de la derecha que tiene una estrategia de impulsar una tendencia golpista al estilo del siglo 20”. Cáceres considera que los procesos de integración regional como la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), a la que se unió Honduras el año pasado, y Venezuela, son los principales objetivos. También cree que uno de los objetivos principales es asegurar mayores concesiones para las empresas multinacionales, ya sea en contratos de petróleo, agua, madera, o sistemas de salud y educación.

Además agrega que el gobierno golpista no puede mantenerse por sí solo. Cáceres habló del apoyo de grupos especiales de Estados Unidos e intereses empresariales en Guatemala y dijo: “Sin este apoyo ellos hubieran caído en la primera semana pero están apoyados por un sector fuerte económicamente que puede decidir sobre las políticas en Honduras aunque no sean de aquí.”

Como consecuencia, concluye que “la OEA debe asumir un papel que sea coherente con el discurso de construir democracia, no solo hacer una declaración.” Pero aunque tales instituciones formales miran hacia el otro lado, ella confía en otras expresiones de la solidaridad internacional.

“Hemos hecho un llamado a organizar los comités de solidaridad con Honduras”, dice Cáceres. “Esto es importante para nosotros, retorne Mel o no, es importante porque esta lucha va a continuar...” Ellos esperan que dichos comités ayuden a hacer participar a las comunidades de inmigrantes hondureños en el extranjero, así como también proporcionar apoyo material, acompañamiento, y trabajar en el área de comunicaciones y traducción para “poder llevar nuestras voces para que nos entiendan en otras partes del mundo y llegar de manera efectiva a otras partes.”

Sobre la responsabilidad que los sectores populares de Honduras asumieron hace dos meses, Cáceres afirma que son los hondureños quienes han obtenido un lugar central. “Queremos ser protagonistas, entonces vamos a seguir en esta lucha para derrocar esta dictadura con la creatividad y la sabiduría del pueblo hondureño, que ha sido muy digno y muy heroico.”

Jennifer Moore es una periodista independiente canadiense que escribe desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.