Entrevista a Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), para conocer los puntos fundamentales del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de dónde viene el reclamo por una nueva ley de Radiodifusión.

El proyecto de ley que está en debate, parte de la idea de que la comunicación es un derecho humano. Derecho universal de todas las personas y no simplemente un negocio comercial. La ley actual 22.285 sancionada por la última dictadura militar está originalmente inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, adecuada al mercado. Es una ley de la dictadura militar “acomodada” o “corregida” en función de la dictadura del mercado. Y no tiene 127 modificaciones como dicen.  Tiene muy pocas modificaciones. Tres son las sustanciales. Fue modificada por la ley de Reforma del Estado, que da origen al proceso privatizador de Menem y por un decreto de necesidad y urgencia de Menem, el 1005. La única modificación significativa, es la modificación del artículo 45. Todo lo demás, son reglamentaciones o resoluciones.

 

Entender la comunicación como un derecho frente a la concepción de la ley actual que considera la comunicación y la información como mercancía es fundamental. Este proyecto de ley contempla este derecho.

 

Busca garantizar el pluralismo y la diversidad, lo que el Estado debe garantizar en materia de comunicación.

 

Esto supone promover los medios de organizaciones libres del pueblo e impedir los monopolios, la concentración en la propiedad.

 

 

Mediante concursos públicos. Quién pretende usar una frecuencia tiene que hacer una oferta. En esa oferta tiene que decir cuál es la programación que pretende difundir. Qué características va a tener su programación, y a eso hay que mantenerlo a lo largo del período en que dura el otorgamiento de la licencia. En el caso de la renovación de las licencias, el proyecto de ley determina que haya audiencias públicas, para evaluar, con los vecinos de la zona, la forma en que se presta el servicio.

 

 

En primer lugar, impidiendo los monopolios. Reducir la concentración de los medios y fomentar los medios de organizaciones sociales. El 84 por ciento de la información que circula en la Argentina, en la actualidad, está originada en 4 grupos de medios.

 

 

La ley no condiciona contenidos. Excepto en cuanto a exigencias que tienen que ver con la producción local, la producción propia y la producción nacional. También hay  protección a niñas, niños y adolescentes,  pero no hay en el texto de la ley ninguna posibilidad de que la autoridad estatal evalúe la línea editorial del medio.

 

 

1) A través de la cantidad de medios que una misma persona, empresa  o grupo puede tener en el  país. Hoy es de 24, el proyecto establece un máximo de 10.

 

2) La cantidad de medios que una persona o empresa puede tener en la misma área de cobertura,  que es tres, como máximo y nunca pueden tener televisión abierta y televisión por cable.

 

3) Y la audiencia potencial que no puede superar el 35 por ciento de la población, y para el cable el 35 por ciento del total de abonados. Lo que significa que si una radio o un canal de televisión emite en Buenos Aires con un área de cobertura de todo el gran Buenos Aires, no puede emitir señal en el interior del país. Cuando se dice que la ley va a cambiar un monopolio por otro, es falso. Hoy un mismo grupo tiene más de 200 medios, y pueden ser dueños de hasta 24 licencias. Lo que dice el proyecto es que lo máximo que pueden tener es 10 licencias en todo el país, y en ningún caso, ninguno de esos medios pueden llegar a cubrir el 35 por ciento de la población total del país.

 

 

Las radios no pueden ser repetidoras. Cada radio y cada canal de televisión tiene que garantizar una cuota de alrededor del 70 por ciento de producción local. La ley habla de una cuota de pantalla para el cine nacional; habla de que las Radios y los canales de televisión tengan trabajadores: periodistas, operadores, técnicos. Lo mismo ocurre con la música nacional.

 

 

El texto definitivo garantiza la continuidad de los trabajadores, respetando su antigüedad y su rol.

 

 

Debe estar separada de los contenidos de la programación, para que nadie sea engañado con la publicidad. En el caso de los niñas, niños y adolescentes, esta cláusula quedó limitada. Nosotros seguimos proponiendo que se prohíba la publicidad dirigida a menores.

 

 

Lo primero que decimos es que este tipo de argumentos se vienen usando desde hace más de 20 años. Siempre encuentran excusas. El Congreso tiene legitimidad y legalidad, porque los Diputados y Senadores han sido elegidos por un determinado período y este plazo vence el 10 de diciembre. Por lo tanto lo que tienen que hacer es trabajar. Debatir y legislar.

 

 

La ley será debatida en Diputados en tres comisiones: Comunicación e Informática, Libertad de Expresión y Presupuesto. Se realizan audiencias públicas donde cualquier persona puede hablar con solo inscribirse y luego los Diputados de las Comisiones dan su dictamen.  La Cámara en sesión debate y vota el proyecto que luego es enviado al Senado para su tratamiento

 

 

Cuando se recupera la democracia en 1986, todas las plataformas políticas hablaban de una modificación a esta ley de la dictadura. Raúl Alfonsín encomienda a lo que fue el Consejo de Consolidación de la Democracia la redacción de un proyecto de ley que se envía al Congreso y queda frustrado y sin tratamiento.

 

El Consejo aspiró a reafirmar el compromiso con la democracia y el sistema republicano de gobierno como también asesorar al Poder Ejecutivo en una futura reforma constitucional.

 

En el siguiente período se logra en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un despacho de Comisión  unificado por radicales y justicialistas que acordaron un proyecto de ley. Durante el gobierno de Fernando De La Rúa, el COMFER a través de Gustavo López elabora un proyecto de ley que llega al Congreso con un capítulo menos.

 

Se hacen 6 audiencias públicas para debatir el proyecto en todo el país y el proceso se dilata y llega el final del gobierno de la Alianza. Posteriormente hay un proyecto en el Congreso que se llama de “Consenso” que tampoco llega a nada.

 

La COSITMECOS (Confederación que reúne a los gremios de trabajadores de la comunicación de la CGT) presenta un proyecto que más tarde es tomado por Margarita Stolbizer junto al ex Polo Social Daniel Carbonetto. Ese mismo proyecto es refritado por Silvana Giudice, que presenta un proyecto en el mismo sentido en el 2006 y lo vuelve a presentar en el 2008. Después de 25 años de democracia y de más de setenta proyectos de ley de Radiodifusión olvidados en el Congreso, ya eran 12 hacia 1986, finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional presenta este Proyecto de Ley que toma los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

 

 

En el 2004, elaboramos los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia. Los presentamos el 27 de agosto de 2004, y fueron 21 puntos consensuados por más de 300 organizaciones sociales, actores políticos, sociales, culturales, las dos centrales sindicales  (CTA y CGT). Fueron 21 puntos, por los 21 años de recuperación de la democracia. Durante 4 años, a lo largo y ancho del país estos 21 puntos fueron discutidos y presentados. En Abril de 2009, la Presidenta recibe a la Coalición, y el 18 de Marzo de 2009, presenta en el Teatro Argentino de La Plata el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de esto, se hicieron 24 foros de debate en todo el país, con más de 1200 propuestas o aportes. Los foros fueron abiertos y públicos. Con estos aportes se corrigió la propuesta original y ahora, el 27 de agosto, a 5 años de la presentación de los 21 puntos, se presenta un texto definitivo enviado al Congreso Nacional.

 

 

Es un tema que debería estar en otra ley. En primer lugar porque la publicidad oficial es para todos los medios, incluidos los gráficos, Internet y publicidad callejera y esta ley no tiene incumbencia en estos medios. No tiene sentido incluir este debate en una ley de medios audiovisuales, es decir, radio y televisión. Nuestra propuesta desde Farco y la Coalición es que los medios tengan carpetas públicas con información sobre quiénes los financian.. De esta manera, los ciudadanos tendrían acceso a las formas de financiamiento de cada uno de los medios.

 

 

El proyecto de Ley enviado al Congreso establece tres organismos: Un Directorio formado por cinco miembros, de los cuáles tres son designados por el poder ejecutivo y dos designados por la segunda y tercera minoría en el parlamento. Y crea un Consejo Federal de Servicios Audiovisuales integrado 38  miembros, adónde están incluidos un representante de cada una de las provincias, universidades, cooperativas, pueblos originarios, medios comunitarios y crea la Defensoría del Usuario que es un organismo que cuida los derechos de los usuarios de la radio y televisión. Cuando se dice que la Autoridad de Aplicación debe ser autónoma de los gobiernos, se contradice con lo que ocurre en casi todos los países del mundo. Excepto en Inglaterra, esto es así, porque son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de  administrar, de acuerdo a convenios internacionales,  el espectro radioeléctrico. Puede estar en discusión alguna otra forma de integración. Sin embargo, todos los proyectos presentados en los últimos 25 años establece la dependencia de la Autoridad de Aplicación al Poder Ejecutivo.

 

 

Habrá en los medios mayor diversidad de voces, habrá mayor presencia de voces locales. Habrá también un sistema gratuito de televisión, y el cable, o los servicios por suscripción van a abaratarse. Las cooperativas van a poder ingresar como prestadoras del servicio de radio y televisión.

 

 

Lo fundamental es que hoy adónde entra un canal de televisión en el espectro, van a entrar hasta ocho canales de televisión. Lo que la Ley dice es que esa economía del espectro debe ser reasignada, y no que el que hoy utiliza ese ancho de banda se quede con ese ancho de banda teniendo ocho servicios en lugar de uno. Desde el punto de vista de porqué esta norma, la japonesa, es porque el país no paga derechos sobre la norma, permite la integración latinoamericana porque es la norma ya elegida por Brasil, y que probablemente tome Venezuela y permite además ver televisión en los teléfonos celulares. Desde la Coalición habíamos impugnado la definición de la norma hasta la presentación de la nueva ley, porque no queremos que se avance en la digitalización con la ley actual porque eso consolidaría – aún más – los monopolios.

 

 

Por ejemplo el Grupo Clarín, a través de multicanal y cablevisión, organiza la grilla para favorecer a sus propios medios. De esta manera pone en la grilla 11 a TN entre Telefé y Canal 13, garantizando la grilla para el zapping entre los dos canales de mayor audiencia.