El hartazgo general de la gente con la política y con las instituciones políticas que deben representarnos es muy profundo. Los partidos políticos, el Congreso y el Gobierno, sin olvidar el Poder Judicial, se pelean los últimos lugares de credibilidad y de aprobación en las encuestas nacionales, la desconfianza y el desprecio ciudadano.

 

El proceso no se ha iniciado hoy. Tiene su raíz en nuestra historia: estructuras políticas, económicas y sociales excluyentes de las mayorías nacionales, desde la Colonia y la República del militarismo y la aristocracia que le siguió. Un proceso en el que la lucha de diversas fuerzas sociales y pueblos originarios abrieron espacios y derechos –brechas de oxígeno fresco, reformas parciales– pero de escasa profundidad o duración. Las mujeres solo votaron para la presidencia y el parlamento en 1956. Los analfabetos en 1978 y hasta hoy existen pueblos excluidos de la representación en el sistema político nacional, como los amazónicos, que no pueden acceder al Congreso en un país plurinacional.

 

La exclusión, la corrupción e inmoralidad, y el manejo del poder por las clases dominantes de siempre –más allá de ciertos proyectos nacionales alternativos que fueron derrotados y de las conquistas de los movimientos populares–, han llevado a un profundo desgaste a la política.

 

Hace unos 20 años nació la era de los “outsiders”: políticos que se presentan como externos al sistema –“afuerinos” que captan la ilusión de cambio de las gentes– pero que terminan al servicio de los poderes fácticos. Ricardo Belmont fue el primero, pero Fujimori y Toledo resultaron más exitosos en llegar al poder. Ambos traicionaron las expectativas de cambio poniéndose al servicio de los poderosos de siempre. García, reciclado al abrazar el neoliberalismo a ultranza con el credo del “Perro del Hortelano”, gobierna por encima de la misma estructura del APRA y en estrecha alianza con los dueños del Perú y sus estructuras políticas: el fujimorismo, la derecha y los tránsfugas.

 

La ilegitimidad de la política, convertida casi en sinónimo de corrupción, el desprestigio de las estructuras políticas del Estado que debieran representar a la gente, los escándalos permanentes y la náusea que provocan, obligan a refundar la política misma. Recuperar a la gente, a los ciudadanos y los pueblos, como el origen del poder. Darles la capacidad de controlarlo, de exigir rendición de cuentas a las autoridades y poder revocarles (retirarles) el mandato que les dio mediante el voto para ungirlos como presidente o congresistas si traicionan sus postulados y compromisos, si aprovechan o abusan del poder. Devolverle ética a la política y hacer imprescriptibles los delitos de corrupción, para perseguirlos de por vida.

 

Sustituir una democracia representativa manipulada groseramente desde Lima por el gran capital, por una democracia que sea también participativa y comunitaria, por el fortalecimiento del control ciudadano, por una descentralización auténtica del poder y por el reconocimiento de que somos un país diverso y plurinacional.

 

 Sumemos a ello la renovación del 50% del Congreso a mitad de su mandato para premiar o castigar la gestión de la mayoría. Y, sobre todo, mecanismos de participación ciudadana en las decisiones sobre el Presupuesto –nacional, regional o local– y sus prioridades, control del gasto, comités ciudadanos (colegios profesionales, universidades o grupos de interés) de control de calidad de la inversión, transparencia de las licitaciones de obras y compras.

 

Refundar la política en la democracia participativa, descentralista y plurinacional, con partidos abiertos, con elecciones internas obligatorias, pérdida del cargo de los tránsfugas y efectivo control ciudadano son parte fundamental de lo que debería asumir una Constituyente que elabore una Nueva Constitución para Refundar la República.

 

Publicado en La República, 14 de septiembre de 2009