Una destacada investigadora hondureña considera que los partidarios del golpe no serán capaces de sostener su apoyo al régimen de facto hasta las elecciones de noviembre.

 

La Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Leticia Salomón, sostiene que nadie previó la amplia oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, producido el 28 de junio de 2009.  Ahora, después de más de dos meses, el país está en gran medida aislado de la comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad hondureña siguen protestando a diario en las calles.  Como resultado de ello, Salomón estima que los costos para los conspiradores golpistas se han convertido en una carga demasiado pesada.

 

La socióloga y economista se resiste a especular sobre cómo el régimen golpista podría caer, a la vez que expresa preocupaciones frente a la mayor participación de militares y sectores empresariales en los asuntos políticos; pero, dice: "Hay un hecho que es cierto, no se puede mantener este gobierno hasta noviembre, al día de las elecciones.  Y no se va a mantener por varias razones.  No solamente por la protesta social que está en las calles”, sino porque choca con los intereses de los empresarios y de los políticos".

 

En su opinión, el sector empresarial de Honduras jugó un papel clave en el golpe de Estado.  Aquellos empresarios "que pensaban que un golpe de Estado era cuestión de miles de dólares y nada más, ya llevan miles y millones invertidos en esto.  Y no solamente de dinero que han sacado de su bolsillo, sino del impacto económico de la toma de carreteras, de los paros, y de la huelga.  Los mismos empresarios reconocen que eso ha sido terrible para ellos y por ello, un fuerte sector de empresarios ha empezado a presionar para que le encuentren una salida, porque ya han llegado al límite de lo aceptable del costo económico del golpe".

 

Pero más allá de haber estorbado los planes golpistas, Salomón añade que la amplia resistencia nacional al golpe de Estado está generando una nueva "fuerza social" en el país, con la que cualquier futuro gobierno tendrá que lidiar.

 

En una entrevista con ALAI, realizada el 31 de agosto de 2009, esta investigadora, quien trabaja también en el Centro de Documentación de Honduras, habla sobre los intereses que están detrás de la expulsión de Zelaya, identificados con políticos, grandes negocios y las fuerzas armadas. También se refiere a las tensiones adicionales que pudieran provocar el ocaso del apoyo al régimen de facto.

 

 

El mismo día en que el presidente Zelaya fue derrocado, se iba a realizar un sondeo de opinión nacional para preguntar al electorado si quería que se realice un referéndum en las próximas elecciones, sobre si debía o no instalarse una Asamblea Nacional Constituyente para reescribir la Constitución política del país.  Tras la votación, el Congreso aún habría tenido que aprobar el referéndum y una asamblea nacional no podía instalarse antes de la toma de mando del nuevo gobierno. Los partidarios del golpe alegan, sin embargo, que Zelaya buscaba una enmienda constitucional que le permitiría buscar la reelección y que ello constituía una infracción.  Salomón observa, sin embargo, que hay diversos grupos que se interesaban en las reformas constitucionales, incluyendo, inicialmente, el actual candidato presidencial del Partido Nacional, uno de los dos partidos tradicionales en Honduras.

 

La actual Constitución fue redactada en 1982, en el contexto de la guerra fría, del predominio de las fuerzas armadas y de la crisis centroamericana.  Escrita con la intención de ser de "por vida", dice Salomón, también "dejó vacíos".  Entre quienes se interesaban en las reformas, según la investigadora, figuraban aquellos que anhelaban una mayor descentralización en Honduras, los que buscaban la posibilidad de reelección presidencial, y otros/as que deseaban sentar las bases de la democracia participativa y un mayor reconocimiento de los derechos colectivos.

 

Entre los promotores iniciales de este proceso, recuerda Salomón, había el apoyo "fuerte" y "decidido" del actual candidato presidencial del Partido Nacional, Pepe Lobo.  "Los distintos políticos, y en particular Pepe Lobo, sí están conscientes de los cambios que hay que hacerle a esa constitución y él, a igual que muchos ex-presidentes, están interesados en la posibilidad de una reelección", afirma.

 

Sin embargo, los miembros del Partido Nacional se apresuraron a pedirle a Lobo que rectifique, dada la preocupación por una posible re-elección futura de Zelaya, cuyas bases sociales estaban en expansión al mismo tiempo que la política bipartidista en Honduras estaba en declive.

 

Salomón subraya que Zelaya no consideraba la reelección para el 2010.  Sin embargo, dice, sí era una consideración para elecciones futuras, lo cual preocupaba  a sus oponentes.  Una vez que una Asamblea Constituyente eliminara esta prohibición, a Zelaya se le abría la posibilidad de “lanzar su candidatura con un movimiento que ya estaba sentando las bases y que precisamente a partir del próximo año iba a sentar la posibilidad de creación de un nuevo partido en el país, que realmente provocaría un corte en el bipartidismo que ha existido” en Honduras.

 

La democracia participativa es una nueva propuesta que hace que el sistema político se "cierre" a la idea de la encuesta, aunque fuera de mera opinión.  Salomón  señala en 1998 se dan los primeros esfuerzos hacia la participación directa de la sociedad civil en la vida política.

 

Desde el principio, dice, la idea era inaceptable para los grupos políticos dominantes.  "Toda posibilidad real de asentar una verdadera democracia participativa que fuera mas allá de la movilización y que permitiera que sectores sociales de manera organizada tuvieron incidencia en la toma de decisiones en el Congreso Nacional, era vista como una amenaza a los partidos políticos".

 

Tanto el aporte más amplio, como el mayor control social sobre la toma de decisiones que implicaría la democracia participativa, colocaron a los políticos a la defensiva.  Rendir cuentas "es el punto fundamental porque la participación suponía, por un lado, seguimiento y control, y por otro lado, presencia de las organizaciones opinando y proponiendo en las grandes decisiones".

 

Sin embargo, para esta investigadora, las grandes empresas tuvieron el papel más decisivo en el golpe de Estado.

 

 

“Me atrevería a decir, una figura central en el golpe de Estado fueron los empresarios”. Salomón no sólo está convencida de que algunos líderes empresariales ayudaron a financiar el golpe de Estado, sino que ella cree que incluso estaban "empujando el golpe de Estado".

 

"Este es un elemento que es importante mencionarlo porque en la actualidad hay una fusión de intereses muy fuertes: económicos, políticos y mediáticos.  Es decir, ya no se trata de hablar de los empresarios por un lado y los políticos por otro, porque hay empresarios liberales y empresarios nacionalistas.  Y si nos vamos a las principales figuras políticas en el país, son también empresarios, de tal manera que no podemos separar uno de otro; y el hecho es que cuando son políticos y empresarios, tienen una mayor capacidad para negociar, o una mayor capacidad para influir en las decisiones".

 

Salomón considera que Micheletti, cuyos intereses económicos se ubican en el sector del transporte, de acuerdo con el periódico El Libertador (1), es un actor débil y "una figura circunstancial" en el golpe de Estado.  Él perdió la apuesta por la candidatura presidencial del Partido Liberal en 2008.  Observando el afán que tuvo de convertirse en el líder de facto, ella no duda que ha cumplido un rol.  Sin embargo, reconoce que Micheletti no tiene partidarios y que caería sin el apoyo de líderes empresariales más fuertes y de los militares.

 

En cambio, Salomón considera al ex presidente Carlos Flores Facussé (1998-2002), dueño de importantes medios de comunicación, como uno de los autores intelectuales del derrocamiento de Zelaya.  Lo describe como una figura destacada en el Partido Liberal, y aseguró que "participó en la reunión en la que se decidió llevar a cabo el golpe de Estado".

 

La investigadora comenta que “el presidente Flores tiene una característica y es que él no da la cara.  Se mantiene como una figura que mueve sus influencias por abajo, se reúne con las personas adecuadas, pero ante la vista de la población el nunca ha aparecido, ni dando declaraciones ni nada”.   Como dueño del periódico La Tribuna, éste le permite transmitir sus mensajes a la población. "La línea del periódico es muy beligerante, muy belicosa, y muy provocadora", acota.

 

Un grupo de líderes empresariales, que en conjunto poseen gran parte de los medios de comunicación de Honduras, y que tiene intereses en la banca, comida rápida, energía, productos farmacéuticos y textiles, así como en otros sectores, se molestó por varias reformas que aprobó el Presidente Zelaya, que afectan a sus intereses particulares. No obstante, según Salomón, fue el aumento del salario mínimo lo que llevó al sector empresarial de manera colectiva a cerrar filas y decir: "no queremos más un presidente así".

 

Ahora, como resultado del golpe de Estado, señala, la capacidad del empresariado de influir en la vida política en Honduras ha crecido, al haber ganado lo que ella llama "poder de veto".

 

"Apartir de ahora, los empresarios van a decidir ellos que el presidente no les está cumpliendo, para poder sacarlo también si se atreve a aumentar el salario mínimo sin su consentimiento, o si se atreve a acortarles sus privilegios que tienen los distintos grupos empresariales en el país".

 

Hasta la fecha, Salomón ha centrado su investigación en el rol de los intereses empresariales nacionales en Honduras.  Sin embargo, observa que: "es indudable que los empresarios hondureños no son empresarios fuertes, en el sentido de tener empresas en que solamente hay capital nacional.  Sus intereses están directamente relacionados con grupos regionales de Centroamérica, y con grupos internacionales.... Habría que investigarlo todavía más; lo que sí es indudable es que los empresarios hondureños activaron rápidamente la red de gremios de empresarios en el área, para tratar de solidarizarse con ellos en su posición golpista".

 

En cuanto a si EE.UU., en particular, tuvo o no una intromisión directa en el golpe de Estado, ella expresa dudas.  Sin embargo, está segura de que el Embajador estaba al tanto y sostiene que el papel de ese país es clave para encontrar una salida.  "El Presidente Obama tiene razón, que es una barbaridad que antes nos decían 'Gringos Go Home', ahora dicen que intervengamos para solucionar un problema… Pero hay una razón objetiva: las dos figuras clave de este golpe de Estado, son figuras muy vinculadas a los intereses de EEUU, que particularmente son los empresarios y los militares".

 

Los militares, como el empresariado, en su análisis, también han ganado "derecho de veto”. (2)

 

"Este es el peligro más grande que tenemos en este momento...  En cualquier otro momento pueden salir los militares atribuyéndose poder de decisión, de debate, de discusión política, de opinar si un presidente debe o no continuar. Y los militares se han convertido nuevamente en protagonistas, en actores políticos; y ese es un problema porque los militares, al tener el control sobre la fuerza, en cualquier momento repiten lo que ocurrió ahora".

 

Desde la perspectiva de esta analista de las fuerzas armadas hondureñas, el golpe de Estado presentó a los militares la oportunidad de recuperar lo perdido, en particular desde 1995, bajo el liderazgo del Partido Liberal.  Desde aquel momento, dice, los militares se han sometido a un proceso de sumisión a las instituciones civiles.  Bajo el presidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998), el servicio militar obligatorio fue eliminado y los militares perdieron el control sobre instituciones clave como la policía, la empresa estatal de telecomunicaciones (Hondutel), la autoridad portuaria del Estado, entre otras.

 

Pero también se percibe una motivación ideológica, vinculada a la derecha internacional.  "Para los militares, el aporte de ellos a este crisis política que se estaba produciendo era la amenaza chavista.  Entonces empezaron a enarbolar el fantasma de Chávez asociándolo con el viejo fantasma del comunismo de la década de los 80 en donde esos militares retirados eran expertos en ese lenguaje.  Entonces, cuando uno los escuchaba que comenzaban a hacer su planteamiento, uno pensaba que ya venía la guerra".

 

Inicialmente, sin embargo, inmediatamente después del golpe, la participación de los militares  aparecía como algo circunstancial  y muchas personas -dice Salomón- incluso expresaban lástima para los militares, diciendo, "realmente qué lio en lo que les pusieron los políticos".

 

"Pero cuando salen a las calles a contener la protesta social contra el golpe de Estado, lo hacen con saña y se lucen reprimiendo, y eso es imperdonable, eso es injustificable; porque jamás va a poder entender alguien que se hayan visto obligados a entrar en este juego, cuando se miraba cómo francotiradores disparaban contra una manifestación, cuando se posesionan de la zona oriental cuando estaba el Presidente, para cometer toda clase de vejámenes contra la gente".

 

Otra muestra de que los militares perseguían sus propios intereses al involucrarse en el golpe, se hizo evidente cuando se introdujo una ley ante el Congreso, a mediados de agosto, que buscaba  el restablecimiento del servicio militar obligatorio.  “Esa fue una vieja aspiración de los militares", afirma Salomón.

 

La medida muy controvertida no tuvo éxito.  Sin embargo, se sabe también que altos oficiales retirados se han colocado en el sector público, en instituciones como la Dirección de Migración.  "El hecho de que son colocados en Migración es un intento de recuperar viejos espacios que perdieron en el pasado y migración era uno de ellos".

 

Migración tiene un significado tanto ideológico como económico para los militares.  "Antes, Migración estaba bajo el control casi exclusivo de los militares.  Y no solamente por cuestiones ideológicas, también por cuestiones económicas.  A través de Migración se recogía una cuota de dinero que era entregada periódicamente al jefe de las FFAA.".   La Migración, de acuerdo con Salomón, también les permite controlar "el movimiento de personas cuestionadoras o críticas del sistema".

 

"No me hubiera extrañado -prosigue- si el paso siguiente fuera controlar Hondutel que es una empresa sumamente rentable del Estado; ya que ellos lloran por regresar a controlarla.  También por una cuestión ideológica y de impunidad que les permitía intervenir en las llamadas telefónicas de cualquier persona que ellos quisieran controlar, sin ningún tipo de control externo".

 

Teniendo en cuenta la acumulación de intereses que querían ver a Zelaya fuera del oficio, Salomón descarta que la decisión de destituir al Presidente, en la forma en que se hizo, pudiera haberse tomado en forma aislada por los militares.  También descarta cualquier alusión de que había una ruta legal para su destitución.

 

"Esa decisión no la dejaron solo a los militares", afirma, añadiendo que en ningún caso los militares habrían sido el grupo indicado para aplicar una orden judicial para detener a Zelaya, en caso de haberse dado, ya que es de jurisdicción de la policía.  Queda en duda si existía esa orden judicial, ya que la que se presentó "no tiene número de oficio. Es decir que se nota que lo hicieron posteriormente, porque no obedece a una secuencia".

 

"Yo me atrevería a decir que todos ellos fueron cómplices, concluye Salomón.  Es decir, todos ellos se pusieron de acuerdo para sacar al presidente y para sacarlo en las condiciones en que lo sacaron.  No excluyo de esta posibilidad el hecho de que los militares hayan sido los que sugirieron el mecanismo.  ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en este tipo de cosas y lo han hecho anteriormente".

"Pero que hablaron, hablaron.  Queda bastante claro que en los días o semanas inmediatos al golpe, había reuniones de políticos, militares, iglesias, empresarios, para decidir qué hacían en el país". Salomón asegura que participaba el embajador de EEUU, quien también opinaba, preguntaba, discutía. De allí, concluye que el Presidente de los EEUU sabía del golpe, "igual que sabían los empresarios y los políticos".

Tampoco el Congreso Nacional "tiene la potestad para destituir al presidente.  Pero ellos lo arreglaron de forma tal y tan rápido, sobre todo pensando que esto no iba a durar, y por lo tanto en 24 horas se iba a olvidar de los detalles jurídicos y que todos iban a salir aplaudiendo que habían quitado al presidente Zelaya".

 

 

En otras palabras, todo el mundo quedó sorprendido por la oposición que surgió el mismo día de la expulsión.  Y nadie calculó los costos adicionales que la presión interna y externa para revertir el golpe de Estado tendría sobre los intereses económicos, políticos y militares, con el derrocamiento de Zelaya, indica Salomón; al punto que ella considera que los costos para los partidarios del golpe han aumentado más allá de lo tolerable; y no sólo financieramente.

 

En cuanto a los militares, cuya legitimidad en los últimos años -dice- rivalizaba con la de la Iglesia, Salomón vislumbra que todo su futuro podría estar en peligro, sobre todo como consecuencia de su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado.

 

Por un lado, la eventualidad de que EEUU reconozca que hubo un golpe amenaza las aspiraciones de los nuevos oficiales o los oficiales más jóvenes en la institución, cuyo sueño"es salir a los EEUU, participar en las actividades de la OEA o la ONU".  Ella considera que es principalmente la cúpula militar "que está empecinada" con el golpe, y "más por dignidad propia que por otra cosa".

 

Pero considerando las graves violaciones de los derechos humanos que los militares y la policía han contribuido a perpetrar contra la oposición al golpe, que califica de absolutamente "inadmisible", ella anticipa que se buscará reducir seriamente su papel, pues: “si esto lo hacen públicamente cuando había gente filmando, a la vista de todo el mundo, entonces obliga a trasladar la mirada hacia el interior de la policía y los militares”. Le lleva a considerar si será necesario “pensar en su reducción al mínimo aceptable o a su eliminación", como en Costa Rica.

 

En el plano político, comenta, "Ya la legitimidad de los partidos políticos estaba por el suelo.  Pero con esto, el rechazo a los dos partidos tradicionales ha crecido en una forma increíble en el país.  Pueden hacer campaña, pero la campaña va dirigida más bien al ámbito urbano; en el ámbito rural no aceptan ninguna campaña.  Te montan campañas, son expertos en montar campañas trayendo gente de otro lado, pero están los militares cuidándolos y protegiéndolos".

 

La oposición al golpe de Estado rechaza la realización de elecciones sin el regreso del Presidente Zelaya, argumentando que éstas "legitimarían efectivamente la violencia militar".  A ello se añade ahora el anuncio de EE.UU. de que no reconocerá los resultados de las elecciones en las condiciones actuales, por lo cual la presión sobre estos políticos sigue en aumento.

 

Es más, según Salomón, la presión social no se acabará con las elecciones.

 

Ella atribuye la fuerza de la oposición actual al golpe de Estado a su capacidad de encontrar un terreno común entre los diversos sectores a través de esta misma oposición, más que en la adhesión a un partido o ideología en particular, y cree que se prolongará más allá del período actual.  Con un sentido de esperanza, declara, “No importa quién gane las elecciones de noviembre.  El próximo gobierno tendrá que lidiar con una fuerza social de envergadura que está en este momento, si quiere mantener una mínima gobernabilidad en el país”.

 

- Jennifer Moore, periodista canadiense independiente, reportó desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.

 

Notas:

1. Ver Leticia Salomón, http://alainet.org/active/31692

2. Ver El Libertador, http://ellibertador.hn/Nacional/3135.html