Más allá del bombardeo a Ecuador y de entregarle siete bases militares a los estadounidenses, más allá de sus vínculos con el paramilitarismo, Álvaro Uribe cuenta con antecedentes que revelan su carácter y visión política.

 

El presidente colombiano gobierna apoyado por una clase dirigente tradicional, dueña de la banca, de la industria y de los medios de comunicación; aglutinada en los partidos Liberal y Conservador, perpetuados en el poder.

 

Un Álvaro Uribe que proclama los principios católicos en la regulación social del país, que promueve los postulados del neoliberalismo con políticas de privatizaciones beneficiosas para empresarios, especuladores y narcotraficantes.

 

A continuación, algunos hechos y políticas que sustentan la esencia del máximo exponente de la derecha latinoamericana.

 

En el país, muchos desconocen esas realidades debido a la contundencia del proceso de desinformación, responsabilidad de los medios concentrados. Otros, y esto parece ser lo más común, prefieren hacerse los de la vista gorda con el siguiente argumento: es el único que le ha propinado duros golpes a las FARC (organización que recurre al sembrado de minas antipersonales, al reclutamiento forzoso de menores, al secuestro extorsivo y a la financiación vía narcotráfico).

 

La cuestión es la siguiente: Álvaro Uribe, ¿héroe o villano?, como si la realidad fuera en blanco y negro. Gobernante al fin y al cabo, estos son los sapos que son difíciles de digerir, pero los digerimos, a veces con los ojos cerrados, aunque todos lo sepamos.

 

En 1993, siendo senador de la República, Uribe fue el padre de la Ley 100, de Salud y Seguridad Social, que privatizó al sector en todo el país. Nacieron entonces las EPS (Empresas Prestadoras de Salud), que acumularon ganancias astronómicas con las necesidades del pueblo colombiano. Dos ejemplos de esa realidad son Saludcoop o Coomeva, empresas muy rentables gracias a sus falencias en la atención y prestaciones insuficientes. Uribe y algunos de sus hombres de confianza son accionistas de esas firmas.

 

En su primer mandato nombró Ministro de Protección Social, cartera encargada de la salud, al empresario Juan Luís Lodoño de la Cuesta.

 

Su padre, Álvaro Uribe Sierra, asesinado por las FARC, estuvo involucrado con el poderoso clan del narcotráfico de Antioquia, de los Ochoa, al igual que su hermano Santiago (quién no desmiente la amistad con los Ochoa, con quienes comparte la afición familiar por los caballos de paso).

 

El día del asesinato de su padre, Álvaro Uribe se transportó hasta la finca en un helicóptero de Pablo Escobar, el mayor narco que tuvo Colombia. Su primo, y compañero político, Mario Uribe, está en la cárcel por nexos con grupos paramilitares.

 

Como presidente aumentó el IVA, Impuesto al Valor Agregado, del 8 al 16 por ciento.

 

Desconoce que en Colombia existe un conflicto armado interno. Para él es una amenaza terrorista. De esta manera pretende negarle el status de beligerancia a las FARC para impedir una eventual negociación. Se empeña en la tesis de acabar la guerra con más guerra y derrotar a las FARC militarmente, lo que lo enorgullece a los cuatro vientos.

 

¿Pero si el Ejercito Nacional está derrotando la guerrilla, como él dice, por qué es necesario el establecimiento de bases militares estadounidenses?.

 

Su política bandera, la Política de Seguridad Democrática, aplica detenciones masivas denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. A estas, los califica de “voceros del terrorismo”, convirtiendo a quienes cuestionan la política antiterrorista en cómplices de algo en lo que no creen. Es la lógica de conmigo o contra mí, sin puntos medios, en la que la misma sociedad colombiana ha caído: sos uribista o antiuribista.

 

En 1997, siendo gobernador de Antioquia, fue interrogado por la Fiscalía por delitos de secuestro, extorsión y asesinatos vinculados al oscuro grupo paramilitar de los “Doce Apóstoles”.

 

Bajo su mandato, el Ejército Nacional ha sido cuestionado por participar en masacres (véase el caso de Cajamarca, Tolima) y en operaciones militares que favorecieron a carteles del narcotráfico (véase caso de Jamundí). Pero la más controvertida es la política de los llamados Falsos Positivos. Estos no son otra cosa que el asesinato de población civil, que no está vinculada al conflicto (como el caso de los jóvenes de Cundinamarca), y es reportada como bajas en un combate que jamás existió. De esta manera, se inflaron los éxitos del Ejército, y aumentaron las desapariciones.

 

Trató de encubrir el uso de distintivos de la Cruz Roja en la Operación Jaque, que liberó a un importante grupo de secuestrados, entre ellos a Ingrid Betancur, sin disparar una sola bala.

 

Dos de sus secretarios privados, uno de ellos el de prensa, César Mauricio Velásquez, se reunieron con emisarios del paramilitarismo (entiéndase paramilitarismo igual a bandas narcotraficantes de derecha que tienen interminables cultivos de coca en todo el país, logrados con masacres y desplazamiento de la población) en el Palacio Presidencial, la Casa de Nariño. Los reconocidos delincuentes entraron por los sótanos del palacio para conversar “asuntos de seguridad nacional” con los funcionarios. Álvaro Uribe respaldó a sus secretarios y los defendió en los medios de comunicación.

 

Introdujo la siembra de Palma de Cera, cuestionada por los desplazamientos de la población civil, a la cual se le ha usurpado sus tierras. En 2004 prometió los fundos de Carimagua a más de 800 familias de desplazados por los paramilitares, como reparación al daño, pero en 2008 su gobierno estuvo involucrado en un escándalo por querer adjudicar dichas tierras a cuatro palmicultores.

 

Uribe había sido destituido del cargo de director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), puesto que ocupó de 1980 a 1982, periodo en el que los narcotraficantes de Cali y Medellín obtuvieron permisos, licencias y acceso a pistas aéreas, desde las que pudieron desarrollar su negocio millonario.

 

Más de la tercera parte del Congreso fue investigada por favorecer o integrar grupos paramilitares. La mayoría de esos congresistas pertenece a los partidos de la coalición de gobierno: Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana.

 

Como Gobernador de Antioquia impulsó y defendió las cooperativas armadas Convivir, que pretendieron legalizar el paramilitarismo. Sus principales víctimas fueron los sindicalistas de Antioquia, así como defensores de los derechos humanos.

 

Aumentó la edad para pensionarse, 62 años para el hombre y 57 para la mujer. Igualmente incrementó de mil a mil 250 las semanas trabajadas, para acceder a una pensión.

 

Los nombramientos del presidente son tan cuestionables como su política de depuración de la burocracia.

 

A Luís Camilo Osorio, lo nombró embajador en México, aún cuando se le investiga por colaborar con narcotraficantes y por sus nexos con el paramilitarismo.

 

Su asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria, sostiene que en Colombia no hay desplazamiento interno sino que es un fenómeno de migración normal del campo a la ciudad.

 

Sus hermanos, Luís Mario y Jorge Fernando Gaviria estuvieron presos en Estados Unidos por llevar droga en 1983. Siendo presidente, Uribe les otorgó cargos públicos.

 

La lista es interminable. Jorge Noguera, desde el servicio de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), benefició a grupos paramilitares y fue investigado por la Fiscalía. A Juan Moreno Villa, jefe de su campaña, se le decomisaron en California 50 toneladas del químico necesario para la elaboración de cocaína, el permanganato de sodio.

 

Fernando Londoño Hoyos fue nombrado ministro del Interior y Justicia a pesar del escándalo de las acciones de Invercolsa; y nombró jefe de Estupefacientes al coronel Plazas Vega, el mismo que ordenó que los tanques del Ejército destruyeran el Palacio de Justicia, en uno de los episodios más tristes y desgarradores de nuestra historia.

 

Ordenó liquidar el Instituto de Seguros Sociales (ISS), que prestaba servicios de salud en todo el país, sin costo, quebrado por los desfalcos millonarios y las malas administraciones de políticos que lo apoyan.

 

Más de 400 sindicalistas fueron asesinados en lo que va de su gobierno, según Human Rights Watch.

 

Eterniza la guerra contra el narcotráfico y se erige como el máximo luchador en contra de las drogas. Sin embargo, en su mandato aumentaron las hectáreas cultivadas de coca en manos de narcotraficantes. El negocio de estupefacientes se vuelve más lucrativo porque se ataca la producción, desconociendo el consumo y la demanda.

 

Privatizó Granahorrar a precio de huevo. Privatizó Telecom. Le va a entregar un tercer canal de aire a una multinacional española. Liquidó más de 21 hospitales. Apoyó la guerra en Irak. Suprimió ministerios como el de Justicia, Trabajo, Vivienda, Ambiente. Semiprivatizó el petróleo, vendiendo acciones de Ecopetrol.

 

Uribe debe responder por el desplazamiento y las masacres de los indígenas Emberás, Wayuú, Cunas, Nasas, Awa y Paeces, entre otros.

 

Sin embargo, enfila sus tropas para alcanzar su tercer mandato.

 

- Juan Diego Restrepo es periodista colombiano, colaborador de APM.