Minga indígena por la vida y la dignidad
12/10/2009
- Opinión
¿A quién le interesan los pueblos indígenas en Colombia? Con motivo de la polémica fecha del 12 de octubre, para algunos el día del descubrimiento, para otros el día de la raza y para los afectados el día en que se inició el exterminio, se desarrolla en varias regiones del país una minga para exigir, antes que nada, que cese la persecución y la muerte y, después, que el Estado haga algo para evitar que el hambre y la miseria no termine de acabar con los pueblos indígenas que aún subsisten en el país.
Son alrededor de un millón y medio de ciudadanos que se agrupan en 102 pueblos que habitan en 31’691.615 millones de hectáreas, especialmente de bosques y zonas de reserva que se encargan de cuidar para evitar más desastres de los que ya ocurren como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales. Estos territorios, que consideran sagrados y que simbolizan su relación con la madre tierra, son ahora el escenario de la guerra entre la Fuerza Pública, las guerrillas, los grupos paramilitares y quienes representan los intereses del narcotráfico y la mafia.
La seguridad democrática nunca llegó a los territorios indígenas y, por el contrario, estos ciudadanos colombianos representan la exclusión y la negación masiva, sistemática e histórica de sus derechos.
El reconocimiento de zonas de reserva y títulos de propiedad no es una prioridad de un gobierno que en su modelo de desarrollo rural prefiere a los usurpadores de la tierra y a los grandes terratenientes y latifundistas (incluidos aquellos que tienen relación con narcotráfico y paramilitarismo) que a los campesinos, colonos, indígenas y afrodescendientes, como lo demuestra la feria de subsidios que se hizo con el nombre de agro ingreso seguro.
Los planes de vida de los pueblos indígenas son desconocidos por parte del gobierno y persiste una respuesta lenta al Auto 004 de enero de 2009 que obliga al Estado a implementar, con consulta previa, planes de salvaguarda para asegurar los derechos de los pueblos indígenas sometidos a la violencia, el desarraigo y el desplazamiento forzado.
La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC ha reclamado tanto al estado como a los grupos armados irregulares que respeten su territorio y su autonomía, que no los involucren en una guerra que no comparten y han expresado su intención de iniciar un diálogo directo con el secretariado de las Farc para exigir a este grupo respeto por la vida y la integridad de sus comunidades.
CODHES respalda la “Gran Minga Indígena por al defensa de la vida y la tierra”, así como la solicitud de diálogo humanitario con las Farc y demanda del gobierno plenas garantías para la protesta y autorización para buscar soluciones humanitarias, ya que el gobierno no ha demostrado capacidad para proteger a los pueblos indígenas. La guerrilla de las Farc es responsable de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad contra los pueblos indígenas y debe cesar sus ataques, el reclutamiento forzado y la instalación de minas antipersona en sus territorios.
Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
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