Colombia

“Privatizar servicios públicos no mejorará cobertura”: sectores sociales

24/10/2009

Opinión

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Permitir que operadores privados o multinacionales extranjeras se encarguen de de la prestación de los servicios públicos domiciliarios generaría no sólo un aumento desmedido en las tarifas de agua y luz, con las consabidas consecuencias de empobrecimiento y mayor desconexión en las comunidades, sino que frenaría la construcción de nuevas líneas energéticas, nuevos acueductos y nuevos alcantarillados.

Así lo conceptuaron los asistentes al foro Servicios Públicos Domiciliarios: ¿Derecho o mercancía?, que tuvo lugar este lunes 26 de octubre en el recinto de la Asamblea de Antioquia y que contó con la participación de los sindicatos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Isagen, Interconexión Eléctrica S.A (ISA), así como de ligas de usuarios y colectivos que propenden por la defensa del agua y de los servicios públicos como derecho fundamental.

Allí, los presentes cuestionaron los efectos que ha tenido la aplicación de Ley 142 de 1994, que permite el ingreso de empresas privadas como prestadoras de servicios públicos domiciliarios, argumentado que dicho articulado reconoce el derecho de los empresarios a la renta, pero desconoce el derecho de los usuarios de acceder al agua potable y la energía eléctrica.

Al respecto, Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, señaló que hoy día el número de hogares en el país que no cuentan con el servicio de agua potable asciende a los 400 mil. En el Valle de Aburrá, la cifra de desconectados al servicio de acueducto está en el orden de los 54 mil hogares, mientras que para energía eléctrica se ubica en los 80 mil hogares y en telefonía más de 123 mil.

“En todo el departamento podemos hablar de cerca de 100 mil hogares sin agua potable y estamos hablando de un servicio vital para la vida humana”, declaró Gaviria Betancur, quien añadió que en materia de cobertura el panorama tampoco es muy halagador, principalmente en Antioquia.

“El promedio nacional de cobertura en acueducto es del 56% y el departamento está en 54%. En Alcantarillado el promedio nacional es del 44% y en Antioquia estamos apenas en el 34%. Esto quiere decir que tenemos un grupo amplio de población en grave riesgo por la ausencia de agua potable y de servicios de manejo de aguas residuales”, expresó el Presidente de la Liga de Usuarios.

El agua: camino a la privatización

Pero las críticas no sólo fueron contra la Ley 142 de 1994. El Decreto 3200 del 29 de agosto de 2008, que impulsa los Planes Departamentales de Agua (PDA), también fue objeto de duros cuestionamientos por parte de los ponentes, tras considerar que con ello se abre la puerta para la privatización del preciado líquido.

El Decreto, de obligatorio cumplimiento para los municipios, establece que la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, se realice mediante estándares empresariales a fin de mejorar la calidad en el servicio y ampliar la cobertura. Para ello, le otorga a los departamentos la potestad del manejo de los recursos que reciben los municipios por concepto de transferencias para acueducto y alcantarillado.

Además, los PDA exigen el cumplimiento de una serie de normas técnicas a los acueductos veredales y comunitarios entre ellos, el convertirse en microempresas autosostenibles. De no cumplirse con estas directrices, el Departamento podrá otorgar la prestación del servicio a operadores especializados, ya sean empresas públicas o multinacionales extranjeras. El Decreto también deja abierta la posibilidad para que se creen operadores únicos regionales, incluso con capitales mixtos, quienes tendrían el monopolio del sector del agua a nivel región.

“Pero quien diga que con los PDA se va a alcanzar el objetivo de mejorar cobertura en agua y alcantarillado está diciendo mentiras”, declaró Gaviria Betancur, quien considera que la lógica empresarial trae consigo un interés rentista que no se logra en las comunidades rurales.

“Los Planes pretenden entregar el servicio a pocos operadores, llamados especializados, quienes se concentrarían en las zonas urbanas más que en las rurales, porque es menos costoso expandir el servicio en lo urbano y entraría más gente a la cartera de cobro, es decir, más ganancia”, indicó el Presidente de la Liga de Usuarios, quien advierte que lo anterior derivará en aumento desmedido de tarifas.

“Los PDA plantean la creación de una bolsa de agua en la que los municipios deberán empeñar un 60% del dinero que antes les llegaba directamente por transferencias; el otro 40% restante deberá provenir de las tarifas que se cobren y eso sólo será posible con un aumento de las mismas”, agregó el presidente de la Liga de Usuarios.

Frente a esto, los participantes al Foro defendieron el modelo de gestión pública y comunitaria para la prestación de servicios públicos, pues sienten que el monopolio de la prestación de estos servicios debe estar en manos del Estado y no de particulares y, mucho menos, de multinacionales extranjeras.

“Los PDA van a permitir que operadores privados entren a operar el servicio. Frente a esto, nosotros proponemos que se fortalezcan las iniciativas comunitarias porque son sin ánimo de lucro (…) paralelo a eso, estamos promoviendo la creación de asociaciones municipales de acueductos veredales. Es decir, que todas estas iniciativas se asocien para proponerle al Gobierno nacional otras alternativas de prestación de servicios que garanticen los derechos”, sostuvo Bibiana Salazar, integrante del Comité Departamental en Defensa del Agua y de la Vida.

Caso Isagen

Otro de los temas debatidos durante el Foro fue la intención manifestada por el Gobierno nacional de vender su parte accionaria en Isagen. Para los miembros de Sintra-Isagen, vender esta empresa significaría “acabar con la gallina de los huevos de oro”.

Las cifras así parecen corroborarlo. En la actualidad, Isagen genera el 18% de la energía eléctrica del país. Sus utilidades netas pasaron de 170.582 millones de pesos en el 2006 a 260.321 millones de pesos en 2008 y en el primer semestre del año registró ingresos por 713.642 millones de pesos y utilidades netas por 230.842 millones de pesos.

“Isagen no sólo genera riqueza sino también beneficios sociales y ambientales. Si se vende un patrimonio público como Isagen, que además es la única empresa que sirve de motor de desarrollo en el sector energético para el Gobierno nacional, todos estos recursos quedarán en manos de los privados, que de seguro no los re-invertirán en la comunidad”, cuestionó Oscar Vallejo, presidente de Sintra-Isagen.

A este planteamiento se suma que, además de EPM, Isagen es la única empresa que ha emprendido obras de expansión energética, como son los proyectos Amoyá, en el Tolima; y Sogamoso, en Boyacá, lo que garantizará un aumento de 920 MW en la generación de energía eléctrica.

“Esto también nos preocupa, porque desde que se creo la bolsa energética, donde se opera por subasta, las únicas empresas que se comprometieron con la expansión fueron aquellas donde la participación accionaria del Estado era mayoritaria. Esto muestra claramente que las multinacionales no están interesadas en nuevas inversiones. Estas empresas compran lo que ya está hecho”, aseguró Vallejo.

Asimismo, las objeciones a la venta de esta Empresa también se fundamentan en la valoración económica que hizo el Gobierno nacional de su paquete accionario, que corresponde a un 57.66% y por el que espera recibir cerca de tres billones de pesos.

“Nos parece que para una empresa sólida financiera y técnicamente y en proceso de expansión, este precio es muy bajo”, aseveró el presidente de Sintra-Isagen, quien afirmó que la postura de la agremiación a la venta incluye también la oferta de acciones al público.

“Es que si se venden acciones se abre la puerta para que capitales privados hagan parte de la Empresa. La gente cree que comprar acciones de Isagen es un buen negocio, pero no analizan que lo hace el Gobierno con esa jugada es ir desprendiéndose lentamente de su activo y nosotros lo que defendemos precisamente es que el monopolio de los servicios públicos debe estar en manos del Estado”, sentenció Vallejo.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia - www.ipc.org.co/agenciadeprensa

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