En Costa Rica, la presión social ha logrado, en gran medida, paralizar las actividades mineras de oro a cielo abierto que provoca graves impactos sociales y ambientales. Gustavo Oreamuno, de la Asociación Ecológica Costarricense Amigos de la Tierra, en la siguiente entrevista, hace un balance sobre los problemas ambientales del país y advierte que más son los peligros que las ventajas de la explotación aurífera transnacional.

 ALAI: ¿Actualmente cuáles son los problemas ambientales más agudos en Costa Rica?

Gustavo Oreamuno (GO): Preferiría hablar de problemas socio-ambientales, que los podemos identificar y que se intensifican a partir de los 80.

Durante los primeros dos o tres años de los 90, Costa Rica tuvo el primer porcentaje de deforestación en el mundo a nivel porcentual: eran 60 mil hectáreas por año en un país de 51 mil 100 kilómetros cuadrados.

Ahora, aunque el gobierno sostiene que no hay deforestación, nada más hay que ir a las comunidades y preguntarle a la gente y ver la realidad. El problema de la forestación es básico en Costa Rica y para mí se va a convertir en un problema fundamental.

Otro problema son las plantaciones agro-exportadoras. Como se sabe Costa Rica tiene una historia grande en lo que es exportaciones de banano, ahora se están sembrando muchos cítricos en zonas de vocación forestal como en la zona norte del país, en este momento hay 30 mil hectáreas de naranjas en donde antes había bosques. Entonces están los cítricos, frutas, el banano, las plantas ornamentales que están provocando grandes impactos en las aguas y en las poblaciones locales.

En Costa Rica existe el asunto de los desechos en el área urbana, hay problemas de producción, de tratamiento, de recolección. Como son problemas socio-ambientales, el problema de la pobreza y concentración de gente en la capital, casi un 40% de la población vive en la capital.

 A esto se suma, la llegada de la empresa COMPAQ, de software y micro chips. Ya está instalada la empresa Instel que va a ensamblar y se ubicó en una de las zonas de mayor riqueza acuífera del país. Está anunciado la llegada de siete empresas más, algunas no sólo que van a ensamblar, sino que van a producir los componentes de alta tecnología que sabemos que son considerados como una de las actividades industriales de mayor impacto social y ambiental, más que todo en las aguas.

 Algo más nuevo, es la llegada de industrias que nunca habían estado presente en el país, y corresponden a un modelo de desarrollo que no va a dejar nada para el país, como la minería de oro a cielo abierto. Costa Rica no es un país de tradición minera, aparte de la artesanal.

ALAI: ¿Qué efectos tendrá en la población la explotación del oro?

 GO: La minería de oro a cielo abierto se la considera la actividad industrial de mayor impacto en todo el mundo: provoca destrucción y removimiento total de la capa vegetal, contaminación de las aguas con metales pesados (mercurio, zinc, plomo, etc.), desplazamiento de la flora y de la fauna.

 A nivel social, crea competencia. En una zona netamente campesina y de vocación forestal, la minería viene a desplazar las actividades campesinas, les quita espacio, las disloca al implantar relaciones sociales distintas, no propias de poblaciones campesinas.

 ALAI: ¿Cuáles son las empresas que están rondando el país?

GO: Son empresas canadienses, están dos de las cinco más grandes del mundo, Placer Dome y American Barrinc Gold, Junior, que es la única que está explorando ya, Iron Lake Mines, son 19 empresas más o menos que están presentes.

 ALAI: El gobierno dice que la inversión extranjera va a traer mayores divisas al país y que la gente va a tener más fuentes de trabajo...

GO: El anterior gobierno de José Fígueres Olsen promovió la llegada las compañías canadienses, uno de sus argumentos fue el empleo, pero si nos damos cuenta, la actividad minera tiene una alta composición orgánica de capital, casi no produce empleos, es una actividad altamente tecnificada. En una de las exploraciones más grandes había 100 empleados nada más, en otra 60 empleados, ahora están despidiendo y están trabajando con 6 empleados, no es cierto que generan demasiado empleo.

La tecnología que utilizan es de afuera, no va a ser apropiada nunca por el país. En términos de divisas, las leyes establecen que el país sólo se quede con el 2% del valor comercial del oro extraído, el 98% se lo llevan las compañías.

 ALAI: ¿Cuál es el potencial aurífero de Costa Rica?

GO: Es atractivo, pero sin embargo hay otros países que tienen mayor potencial. Hace poco, la Placer Dome, dijo que se iba del país porque consideraba que el yacimiento no era lo suficientemente rico como para estar allí. Eso demuestra que son actividades del capital golondrina, cuando llegan al país ofrecen y crean expectativas, en un mes pueden agarrar las maletas e irse a otro país, donde encuentren un yacimiento mayor, donde los sueldos sean más bajos, donde las leyes ambientales sean más permisivas etc.

 Estas empresas están presentes en una zona costera, donde el 80% de la población depende de la actividad pesquera. El impacto que produciría la minería traería abajo toda esa economía. También han pretendido instalarse en la Cordillera de Talamanca, que es una de las regiones indígenas de Costa Rica en perfecta conservación. En esta zona los indígenas ya tuvieron la experiencia de las compañías petroleras en los 80 y que terminó con la expulsión de éstas por parte de las comunidades.

ALAI: En la campaña contra la explotación del oro ¿cómo se articulan los sectores sociales?

 GO: La campaña surge a principios del año 95, cuando a la asociación ecologista nos llaman y nos visitan una serie de vecinas y vecinos de la zona norte del país, fronteriza con Nicaragua.

Ellos se dan cuenta que algunas compañías mineras transnacionales estaban haciendo labores de exploración. Nosotros fuimos a ver cuál era la problemática y comenzamos a averiguar y nos dimos cuenta que la misma era gravísima, porque sólo en la zona norte había 260.000 hectáreas concesionadas, eso representa el 5% del territorio nacional.

Luego, en el 96, nos damos cuenta que había grupos comunales en el Pacífico central y en Talamanca que estaban preocupados y que se estaban organizando. Decidimos juntos, crear el Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, que en este momento aglomera a 42 organizaciones indígenas, comunales, campesinas, derechos humanos, sectores de iglesia, asociaciones ecologistas, ambientalistas, estudiantiles.

Hemos venido trabajando en una labor de investigación, porque Costa Rica no tenía experiencia minera, se averiguó sobre los impactos de la minería, el marco institucional, las leyes, y se planificó una labor de información y de educación a las comunidades sobre los impactos y los peligros de la minería.

ALAI: ¿Qué resultados han tenido?

 GO: Hasta el momento nosotros hemos logrado que no se desarrolle la actividad en el país. Por ejemplo, en la comunidad de Miramar, una compañía tenía previsto iniciar desde enero del 96, pero gracias a la lucha abandonó el proyecto y ahora lo está vendiendo. En San Carlos, la Placer también abandonó el proyecto debido a los cuestionamientos que hacen las comunidades.

 Hemos logrado generar una discusión nacional sobre el tema. Hemos logrado algunas modificaciones a la legislación minera y ambiental del país que trata de aportar mayores regulaciones. Ante todo, el logro principal es el fortalecimiento de la capacidad organizativa de la comunidad, que se dieran cuenta y que volvieran a creer que son las comunidades las que tienen que determinar cuáles son las actividades que se desarrollan en su comunidad y cómo utilizar los recursos naturales. Ese es el mayor logro.

ALAI: Actualmente, ¿qué actividades despliega el Frente?

GO: Nuestro gran problema es que tenemos una mina pequeña funcionando en el Pacífico, que está a 30 metros de un río que va a dar a una de las zonas más rica en biodiversidad marina en todo el Pacífico Central. Estamos luchando por el cierre de esta mina, que está funcionando ilegalmente. Estamos llevando diferentes procesos judiciales, administrativos y penales en contra de eso, esperamos resolución. No creemos que la última palabra la va a tener la autoridad sino las comunidades, queremos el cierre de esa mina.

Publicado en el Servicio Informativo # 278 ALAI, 12-08-1998, Quito