Ahora lo sabemos. Los peces del mar chileno son de propiedad privada de unas pocas empresas pesqueras, con nombre y apellido, el más destacado entre ellos Anacleto Angelini, el zar de la pesca, el hombre más rico de Chile y uno de los empresarios más ricos de América Latina. Los peces, desde los albores de nuestra historia el sustento de las comunidades costeras, apreciado alimento de la población, en la cultura de los pueblos e incluso en la percepción religiosa de algunas tradiciones sinónimo y símbolo de la vida, dejaron de ser patrimonio del pueblo y se convirtieron en un simple recurso, en cifras con valor comercial y en presa de la codicia bursátil donde los activos se transan y se venden, navegando en otros mares más turbios y atrapados en otras redes electrónicas más depredadoras aún. En texto claro; de ahora en adelante, según las circunstancias, a quien se lo pilla pescando puede caer preso como vulgar ladrón porque está sacando algo del agua que legalmente ya no le pertenece. A esto se resume el -por lo inverosímil casi increíble- resultado de los debates en el parlamento y de la lucha de los pescadores artesanales, los grupos ambientalistas y organizaciones sociales durante los últimos meses. Los medios oficiales, lejos de aclarar la compleja problemática pesquera, se encargaron de confundir más a la opinión pública. Cuando la discusión sobre la privatización de los peces, patrimonio nacional y propiedad de todos los chilenos, en términos monetarios un ingreso anual de 2 mil millones de dólares, entró en la recta final, los televidentes fueron obligados a entretenerse con una penosa controversia entre los senadores Nelson Ávila y Andrés Zaldivar que pretendía tapar lo que ahora a todas luces estaba a punto de destaparse: el vínculo estrecho entre la familia Zaldivar y la política pesquera. La relación de los hermanos Zaldivar con Angelini es antigua, y no se refiere sólo a Andrés Zaldivar, presidente del Senado. Adolfo, actual presidente de la DC, senador para la Región de Aysén y operador político de la industria salmonera de la región, se inició laboralmente como auxiliar administrativo en las oficinas de Angelini. Otro hermano, Felipe, fue durante treinta años gerente general de Eperva, del consorcio Angelini, la industria pesquera más grande del país y que controla el 90% de las capturas para harina de pescado en el norte. El gobierno estaba seguro de promulgar la nueva Ley de Pesca antes de fin del año. Pero se introdujeron casi mil indicaciones que el tiempo no permitió discutirlas todas en el plazo previsto. El proyecto de ley contemplaba una modificación sustancial a la actual ley, vigente desde 1991, en lo referente al patrimonio nacional de los recursos pesqueros. Así que en una maniobra poco transparente, se optó por conseguir al menos la prórroga de la fase transitoria por diez años. Hay que recordar que desde el año 2000 hasta al final del 2002 se aplicaba un régimen especial, una suerte de anticipo de lo que vendrá con la nueva ley en forma definitiva, caracterizada por la introducción de la modalidad de Límites Máximos de Captura que a su vez venía reemplazando la antigua fórmula de las Cuotas Individuales Transferibles, pero que en su esencia es como lo mismo. De manera, un tanto soslayada, en estos dos años ya se aplicaba la administración de los recursos privatizados, lo que dio en su momento el origen a varias protestas de pescadores artesanales en todo el país cuando se les terminaba la cuota, a veces ya después de ocho o diez días trabajados del mes. En vista de que no fue posible promulgar la nueva ley en su totalidad, el gobierno buscó prolongar la vigencia de la actual normativa transitoria por diez años más. Los pescadores artesanales, a través de su Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, se opuso inmediatamente a esta nueva tentativa lo que generó las manifestaciones de las últimas semanas. La propuesta de los artesanales fue que en ese caso la prórroga se hiciera al menos sólo por un año para tener tiempo de discutir el tema nuevamente a fondo. Parecía que algunos senadores y diputados entendieron los argumentos de los pescadores y prometieron su apoyo. Pero los resultados, ahora conocidos, muestran lo contrario. “Fuimos ingenuos, reconoce Cosme Caracciolo, presidente de la CONAPACH en su primera declaración, “una vez más fuimos decepcionados por un gobierno que ayudamos a construir y ha sido un doloroso despertar ya que confiábamos en él. Hoy día será muy difícil reparar las confianzas y a no olvidar estos días de diciembre del 2002. Quedarán marcados en nuestra memoria y en la de las futuras generaciones de pescadores artesanales”. Tras la aprobación de la Ley Corta, el presidente reelecto de la CONAPACH, analizó el resultado en duros términos: “Los que gobiernan en este país son los grandes empresarios, ya que el proyecto de Ley de Pesca es uno de los proyectos emblemáticos de la Agenda Pro-crecimiento de la Sociedad de Fomento Fabril. El gobierno abandonó su programa de Gobierno de la Concertación y lo reemplazó por la agenda de la SOFOFA”. Respecto de la sobrevivencia futura de la pesca artesanal, señala que va a ser muy dura, ya que el sistema de Cuotas Individuales, ahora consagrado por 10 años como la forma de administración pesquera, ha dado una pésima experiencia en materia de preservación de los recursos en otros países. “Este sistema depreda y arrasa con los recursos pesqueros, por lo que, según los pronósticos de investigadores científicos, en un lapso de 4 a 5 años todos los recursos que están bajo su administración colapsarán”. Caracciolo agregó, “cuando una ley es injusta está el derecho de rebelarse contra ella, situación que ha sido conversado por los dirigentes de la Confederación, quienes creen firmemente en la necesidad de rebelarse contra la normativa recientemente promulgada, prosiguiendo con su actividad como se estaba haciendo hasta antes de ella. Nuestras comunidades viven de la pesca, es nuestra forma de vida, y si no pescamos desapareceremos. Este es un tema de lucha por la vida, por lo que nuestra forma de lucha será sólo pescando. Como Confederación Nacional nos declaramos en rebeldía contra esta ley que es injusta, que atenta contra la vida, contra los recursos naturales, contra las comunidades y el patrimonio pesquero de todos los chilenos”. Además, explicó el dirigente, “la privatización de la pesca en Chile, no ha sido como las que se han conocido, ya que el Estado no ha percibido ninguna utilidad por ella, sino que ella ha sido regalada a los empresarios por parte del gobierno actual”. **** Según el aparato comunicacional de Gobierno el sector pesquero artesanal, compuesto por cerca de 60.000 trabajadores, resultó favorecido con la Ley Corta. Damos aquí algunas cifras respecto de estos “beneficios”. Jurel: 5% para el sector artesanal 95% restante para 11 empresarios Merluza Común: 35% para el sector artesanal 65% para 7 empresas pesqueras arrastreras Merluza Austral: 50% para las comunidades pesquero artesanales de la X,XI y XII regiones compuestas por casi 20.000 pescadores 50% para 3 empresarios pesqueros Merluza de Tres Aletas: 100%, por 10 años, para una sola empresa, por lo que los pescadores artesanales no podrán capturarla, ya es propiedad privada Merluza de Cola: 100% para el sector industrial, con lo que si un pescador artesanal pesca alguna de ella deberá devolverla al mar, ya que de no hacerlo estaría cometiendo un delito.