Hace 8 años, el 31 de marzo de 1995, los actores armados en conflicto, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y el gobierno del ex- presidente Alvaro Arzú, firmaron el primer documento político oficial denominado: "Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas". Este acontecimiento causó mucho impacto y grandes expectativas en Guatemala y en el mundo entero tomando en consideración varios objetivos entre los que se destacan: a) Continuar en el proceso Paz y finalización del conflicto armado; b) reconocer que existen Pueblos Indígenas discriminados, excluidos sistemáticamente del Estado y de la sociedad, además de existir racismo arraigado contra los Pueblos Indígenas y, b) Poner en marcha mecanismos políticos, jurídicos y constitucionales para erradicar el racismo y la discriminación. De 1995 para el año 2003 se puede hacer un balance mínimo del cumplimiento de dicho Acuerdo, tomando como base los indicadores sociales, económicos, políticos, jurídicos, educativos, participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en las decisiones del Estado y en temáticas macros, como punto de partida para valorar objetivamente lo que, el Estado y los gobiernos, así como la sociedad civil y las organizaciones mayas e indígenas hemos construido y logrado. Entre algunos de los indicadores que reflejan la falta de cumplimiento e implementación del AIDPI están: a.. Los Pueblos Indígenas siguen relegados y marginados de las tomas de decisiones políticas, económicas, jurídicas, sociales, educativas, y otros. Esto sigue evidente de las políticas públicas del Estado y en las políticas de todos los Partidos Políticos de la actualidad, quienes utilizan a los indígenas en los trabajos operativos, tanto hombres como mujeres, pero participan en las decisiones políticas macros de dichos partidos. b.. El abuso de expropiación, usurpación y apropiación indebida y de manipulación jurídica de las tierras, montañas, recursos naturales, territorios de los Pueblos Indígenas siguen siendo actitud permanente de empresarios, finqueros y de instituciones del Estado. c.. Los gobiernos de turno aún no han implementado los mecanismos de consulta obligatoria sobre asuntos legislativos, administrativos, políticos, jurídicos que afectan la vida de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, se avanza en el tratamiento del Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá y otros temas de gran importancia, pero las organizaciones y los Pueblos Indígenas no son tomados en cuenta. d.. No se reconoce aún la existencia jurídica, política y territorial del Pueblo Maya y los Pueblos Indígenas. Las autoridades mayas y su estructura se sigue debilitando mediante la imposición de esquemas organizativos ajenos a los Pueblos Indígenas, y prevalece el pensamiento integracionista y asimilacionista de los sectores de poder. Esto se refleja en el discurso de los pre y candidatos de los partidos políticos. En su visión no existe el tema de Pueblos Indígenas ni de racismo, mucho menos del AIDPI, porque hasta el momento, nadie plantea la prioridad de impulsar acciones a favor de dichos Pueblos. e.. La mayoría de las instituciones públicas y privadas siguen en su actitud de vedar el derecho a las mujeres y hombres indígenas de auto identificarse y manifestarse con sus rasgos culturales, cosmovisión, identidad, idioma, puesto que en muchas escuelas públicas y privadas no se permite a las niñas y niños usar su traje; en el peor de los casos se les ha vedado el derecho de ingreso a estos lugares, como lo ocurrido en Quetzaltenango: caso del Señor Víctor Lem, el 6 de marzo ocurrido en el lugar conocido "El Zaguán"; lo de Olimpia López en la Fratta hecho del 14 de diciembre del año 2002; Irma Alicia Velásquez Nimatuj en el Tarro Dorado en junio del año pasado; miles de casos más que no se denuncian. f.. La reforma jurídica y legislativa realizada por el Congreso para tipificar la discriminación como delito sigue siendo un aspecto formal, operativo, pero no sustantivo, puesto que su contenido no se apega a los requerimientos de los Pueblos Indígenas en materia de racismo y discriminación. Esto se puede comprobar mediante la falta de acción de las autoridades del ministerio público y demás operadores de justicia para agilizar las investigaciones y enjuiciar a las empresas privadas que han sido denuncias de afectar la integridad y dignidad de mujeres y hombres mayas, mediante la práctica del racismo. g.. Todavía no se hace el esfuerzo de reconocer jurídica y constitucionalmente el Derecho Maya e Indígena, para que los Pueblos Indígenas tengan pleno acceso a sus sistemas jurídicos, de manera que autoridades y sociedad indígena, sin temores y miedo pueda hacer uso de dichos sistemas. Por otro lado, la mayoría de los casos en los tribunales de justicia son llevados a cabo en el idioma extranjero de los Pueblos Indígenas, lo que limita la posibilidad de realizar un juicio transparente y sin abusos de ninguna parte. h.. No se han decretado diferentes leyes como: 1.. Ley que tipifica el acoso sexual y demás abusos contra las mujeres y contra la mujer indígena en especial. 2.. El reconocimiento de la jurisdicción del Comité Contra la Discriminación Racial de Naciones Unidas, según el artículo 14 de la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial ratificado por Guatemala en 1983. 3.. La oficialización de los idiomas mayas que limita legalmente el uso y práctica de dichos idiomas en los servicios públicos del Estado y en los territorios indígenas. 4.. El reconocimiento a la Espiritualidad y manifestaciones cosmogónicas del Pueblo Maya y Pueblos Indígenas, así como el manejo, uso y administración de los lugares sagrados. 5.. Promover las reformas legales que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas a todos los niveles del Estado y la sociedad. 6.. Tomando en consideración que el Decreto 57-2002 no se adecua a los intereses y necesidades de los Pueblos Indígenas para la tipificación de la discriminación racial como delito, es necesario reformar dicho decreto para que sirva realmente para la eliminación del racismo. a.. Los diferentes Pueblos Indígenas siguen enfrentando la imposición territorial y división política occidental, puesto que no se ha realiza aún la regionalización con los criterios lingüísticos, culturales, identidad, y territorialidad del Pueblo Maya y los Pueblos Indígenas. Esto es un grave problema para la definición de políticas propias de los Pueblos Indígenas, así como la limitación a la democratización del gasto público. b.. Las necesidades urgentes y de sobrevivencia de los Pueblos Indígenas en relación a la pobreza, miseria, desnutrición, hambruna, siguen sin atenderse materialmente, dado a que en el Presupuesto General de la Nación no se refleja un rubro para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. c.. Los Pueblos Indígenas siguen limitados en cuanto a acceso a los medios masivos de comunicación; no pueden transmitir su pensamiento y tampoco puede cooperar con los programas de sensibilización para modificar la visión racista de la mayoría de la sociedad. Se destaca que se han hecho avances en algunos aspectos formales, operativos, algunos políticos, pero lo más trascendental es la falta de cumplimiento de los aspectos sustantivos, medulares para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. Se valora altamente la reforma al código municipal, la emisión de la ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la ley de descentralización aunque presentan limitaciones constituye ciertos avances; la introducción de la temática de pueblos indígenas en el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería; del Ministerio de Medio Ambiente; del trabajo que realiza el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, que son medidas de largo plazo que favorecerán a los Pueblos Indígenas; la existencia de la Defensoría de la mujer indígena, así como la creación de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas constituye otro paso trascendental, sólo si existe plena garantía de seguimiento de sus políticas y de participación plena de los Pueblos Indígenas en estos espacios. Habiéndose listado los compromisos sustantivos que faltan por cumplirse en el AIDPI, el gobierno, la sociedad civil, las organizaciones mayas e indígenas, los partidos políticos y todos los que quieran gobernar del año 2004 al 2008 tienen ante así la agenda política, legislativa, jurídica y económica de cara a los Pueblos Indígenas. Aprovechamos para hacer una llamado al Gobierno de la República para que antes de entregar el mandato constitucional del período 2000-2004 siga impulsando medidas efectivas para el cumplimiento del Acuerdo en mención y a favor de los Pueblos marginados y excluidos. Hoy, por ser un día importante para los Pueblos Indígenas de Guatemala, Defensoría Maya saluda a todos los actores que han puesto su esfuerzo, acción, energía y contribución en el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. A la vez les anima para que sigamos en el esfuerzo de construir la Unidad en la diversidad, de seguir en la creación del órgano institucionalizado del Pueblo Maya que sirva de referencia al Estado, como lo constituye la propuesta de la Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya en Guatemala. Por último, Defensoría Maya reafirma su compromiso de seguir impulsando las políticas públicas y sociales que conllevan la implementación, fortalecimiento, reconocimiento y legalización del Derecho Maya, así como el impulso del pluralismo jurídico y la participación efectiva y decisiva del Pueblo Maya en todos los niveles. Guatemala, 31 de marzo del año 2003. * Defensoría Maya. Miembro del Consejo Internacional de Tratados Indios - CITI-