El vestido del emperador

Diego Ghersi

09/11/2009

Opinión

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Existen gobiernos progresistas que hacen esfuerzos contra la desigualdad, pese a las confabulaciones de las fuerzas más conservadoras. Aún falta mucho. Las ayudas sociales son eso, ayudas. Pobreza cero como objetivo.

Los informes de las organizaciones multinacionales de crédito y de la banca hemisférica son coincidentes: América Latina es la porción del planeta más desigual en cuanto a distribución de la riqueza se trata.

Pretender que con medidas coyunturales se soluciona la inequitativa distribución de la riqueza de un país es como creer en la infalibilidad de la magia. No alcanza con medidas cosméticas, hay que producir cambios estructurales.

Esta situación es reconocida por los gobiernos progresistas cuyos mandatos coinciden en estos tiempos, pero dichas administraciones, en algunos casos, se ven impotentes aún para concretar los cambios necesarios que requiere la transformación de una realidad de miseria, gestada durante las décadas que los precedieron.

Sin embargo, en mayor o menor medida todos conocen la teoría. Y al decir todos, este cronista no se refiere tan sólo a los gobiernos. La fórmula para sacar a los pobres de su estado es una verdad a gritos, silenciada como en el cuento “El traje nuevo del emperador”.

“El traje nuevo del emperador” es un cuento de hadas danés escrito por Hans Christian Andersen, publicado en 1837. Se trata de una fábula con un mensaje de advertencia: porque todo el mundo crea que algo es verdad, no significa que lo sea. A veces se usa en la jerga política, para referirse a cualquier verdad obvia negada por la mayoría, a pesar de la evidencia.

La interpretación hegemónica de la pobreza se ha constituido en un discurso de objetivo dual en virtud de que, por un lado, confunde a la sociedad sobre su verdadero origen y, por otro, oculta los verdaderos caminos para eliminarla.

Las férrea oposición de los sectores privilegiados a medidas que concreten –aún en mínima proporción- cualquier iniciativa económica socialmente compensatoria varía según el país que se trate y obliga en cada caso a medir el esfuerzo de los gobiernos por avanzar sobre ellas y evitar intentos desestabilizadores.

En ese sentido cabe como ejemplo el revuelo que se produjo en Argentina cuando la presidenta Cristina Fernández intentó avanzar –infructuosamente- sobre las rentas de las patronales sojeras, con el objeto de redistribuirla entre toda la población.

Esta situación se ha reeditado hace pocos días, cuando Fernández anunció la asignación de 180 pesos por hijo para las familias vulnerables.

De hecho, en las últimas semanas el tema de la pobreza en Argentina ha sido objeto de una significativa campaña de desestabilización mediática y esgrimido como argumento opositor al gobierno de Cristina Fernández, hasta el límite de responsabilizar a esa mandataria de una situación heredada casi, podría decirse, desde la fundación del país.

En el actual contexto latinoamericano, los intentos estructurales más serios y profundos por erradicar la pobreza provienen de Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Hace unos meses el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostenía en la Cumbre Presidencial sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria realizada en Managua, que “la crisis alimentaria tiene su origen en la mala distribución de la riqueza y por sistemas perversos que perpetúan esas estructuras en lugar de remediarlas”.

En el mismo evento, Correa agregaba que “en países como Ecuador, si se repartiesen equitativamente las riquezas, así como la producción nacional, se eliminaría la pobreza”.

Correa terminaba su disertación sosteniendo en forma tajante que el enorme problema de la pobreza en el siglo XXI radica en que por primera vez en la historia de la humanidad no obedece a la escasez de recursos, sino a la mala repartición de los mismos.

¿Cuáles son los sistemas perversos a los que se refiere Rafael Correa?

Para el economista y cooperativista argentino, y diputado electo por oficialismo, Carlos Heller, la clave –para empezar y al menos en Argentina- sería reconfigurar el “perverso” sistema tributario.

Sostiene Heller que “para erradicar la pobreza, hay que reducir la injusta concentración de la riqueza, con impuestos que graven con mayor eficiencia e intensidad a las grandes ganancias”.

El economista no vacila a la hora de asignar responsabilidades: “este cambio es frenado por los fabricantes de pobreza, porque reduciría sus márgenes de beneficio, y sólo proponen combatir la miseria con ayudas sociales. Encima de eso, cuando el Estado apela a gravar rentas extraordinarias para sostener la ayuda social, entonces también se oponen frontalmente”.

Heller anunció que a partir de su asunción a la banca trabajará arduamente para lograr una nueva ley de entidades financieras, como instrumento para una política de Estado de mayor alcance distributivo. En círculos allegados al dirigente cooperativista afirman que el gobierno de Cristina Fernández avala esa iniciativa.

En Bolivia, Evo Morales ha intentado ir a fondo, desde su primer día de mandato, con medidas estructurales revolucionarias para equilibrar la distribución de las riquezas naturales del país.

Morales tomó acciones inmediatas para permitir que el Estado recuperara el control de la riqueza gasífera, ordenando la nacionalización de los hidrocarburos y, a la vez, sancionó medidas de distribución de tierras, con el fin de permitir que a ella accedieran las comunidades indígenas y campesinas, y mejorar su situación.

Todas estas decisiones despertaron el furor de las oligarquías de los departamentos más ricos del país (“La Media Luna”) en una situación que la columnista del diario cubano Granma, Nidia Díaz, resumió de la siguiente manera: “Lo que la oligarquía de la Media Luna teme es perder el manejo de los enormes recursos naturales asentados en sus departamentos, los más ricos del país, como el crudo y el gas y las ganancias recibidas por su exportación. La oligarquía también tiene puestos sus ojos en la Comisión de Tierras y de Recursos Humanos, porque los asambleístas salidos del pueblo buscarán legitimar a favor de sus verdaderos dueños la propiedad de la tierra o distribuir aquella improductiva”.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez ha promovido la redistribución de la riqueza petrolera a través de programas sociales, universalizando la seguridad social y las jubilaciones, y en apoyo de la industria.

Así lo corroboraba en febrero de 2009 el presidente de la Federación de Industriales, pequeños, medianos y artesanos de Venezuela, Miguel Pérez Abad al sostener que “todas las políticas gubernamentales han tenido que ver con una visión de desarrollo endógeno, que busca optimizar al sector productivo y apoyar a los sectores de la producción nacional, con preferencia de la pequeña industria y de esa manera todos los sectores de la economía venezolana se han beneficiado con un crecimiento sostenido”.

Para completar este panorama, el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez Araque, anunció que la inversión social, dirigida a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, representa 45,7 por ciento del Presupuesto de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, cuyo monto total es de 159.410 millones de bolívares.

En Chile, durante el discurso del 21 de mayo último, la presidente Michelle Bachelet lanzó una batería de medidas sociales que resultan de una clara vocación por redistribuir entre todos los chilenos las rentas obtenidas por el favorable precio del cobre en los mercados internacionales.

Respaldada por un 70 por ciento de aprobación popular, la presidente anunció un “bono de invierno” consistente en 70 dólares destinado a los más pobres; un incremento en las pensiones y un seguro para los todos los compradores de vivienda con subsidio del Estado y crédito hipotecario en caso de desempleo, entre otros aportes.

El “bono de invierno” favoreció a unos 4 millones de personas, cifra que representa al 25 por ciento de la población del país.

Los recursos asignados buscaron paliar los mayores gastos generados en el invierno y se sumaron a otro bono que por el mismo valor había sido entregado a 3,4 millones de personas en el mes de marzo. En dicha oportunidad la presidenta había invocado una compensación por los gastos que las familias chilenas debían afrontar en el inicio del ciclo lectivo y el vencimiento de impuestos.

Los anuncios de la mandataria chilena también abarcaron un adelanto a septiembre del incremento de la cobertura de un nuevo sistema de pensiones solidaria, instaurado en 2008 y que originalmente debía comenzar a regir en 2010.

Bachelet también aumentó en un 25 por ciento el monto de una pensión solidaria que comenzó a pagarse a todos los sin recursos mayores de 65 años.

Pero no en todos los países los gobiernos responden a la misma visión.

En julio de 2009, datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares, revelaba que en México la distribución de las riquezas había cambiado en los últimos años en detrimento de los pobres.

El sondeo, repetido cada dos años por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), mostró indicadores registrados en 2008 que son un claro retroceso a la situación que se vivía en 2004 y que se traduce en un aumento de la concentración de la riqueza en favor de la población más rica.

No hay que ser doctor en algo para -a partir de esos datos- deducir que al gobierno mexicano le importa muy poco la distribución equitativa de las riquezas del país.

Son las medidas estructurales las únicas que permitirán el acceso democrático a las riquezas de cada país. Las otras, si bien ayudan, no son más que fórmulas de coyuntura que pegan muy lejos del verdadero objetivo: alcanzar la pobreza cero.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

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