Hace año y medio, en un artículo escrito en el marco de la histórica victoria del 20 de abril de 2008 por parte de la sui generis Alianza Patriótica para el Cambio (APC), liderada por el ex obispo Fernando Lugo, aludíamos a la posibilidad del inicio de una «nueva era» en Paraguay, tras más de 60 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Colorado, 35 de ellos (1954-1989) en dictadura.

 

Hoy, un año después de la asunción de mandato en agosto de 2008, la coyuntura actual nos muestra por un lado, un gobierno que supuestamente apenas ha avanzado en su agenda de cambio, con la consiguiente reducción de la popularidad del jefe del Ejecutivo, pero paralelamente un ataque furibundo de la oposición de derecha, amenazando con un «golpe legislativo» (juicio político) y con el fantasma del «golpe militar» que en días recientes se ha lanzado al exterior. ¿Por qué tanta reacción de la «reacción», si supuestamente casi nada ha cambiado?

 

Para poder comprender la actual situación del país y la oposición furibunda de los poderes tradicionales hay que realizar una evaluación rigurosa de los primeros quince meses de mandato.

 

Como es lógico, la política social iba a ser el área donde mayor seguimiento y control realizaría el conjunto de la ciudadanía y, particularmente, los sectores populares y empobrecidos, en un territorio donde los indicadores sociales son los más retrasados del sur del continente, junto a Bolivia, y donde las estadísticas se parecen más a Centroamérica que a la media de los países de la región.

 

La angustia de la masa empobrecida durante décadas no permite un análisis colectivo sereno de la política social gubernamental, ya que demanda, como no podía ser de otra manera, soluciones urgentes y eficientes. Por ello, las encuestas han reflejado ciertos niveles de desesperanza en este terreno, que lanzan una señal de alerta al Ejecutivo de Lugo.

 

El programa Tekopora de transferencias monetarias condicionadas, ha triplicado -de 15.000 a casi 50.000 familias- la ayuda económica de casi 50 dólares [34 euros] mensuales que otorga, pero sigue reproduciendo la lógica asistencialista del fracasado paradigma de política social neoliberal. El área de salud pública ha sido el que ha logrado mayores avances comparativos, principalmente por la duplicación de la asistencia sanitaria gracias a la implantación progresiva de la gratuidad.

La política exterior es el terreno donde el gobierno ha logrado mayores réditos, ya que como certeramente nos apuntó en una entrevista Gustavo Codas, asesor internacional del Presidente, se observa claramente una «voluntad del gobierno de actuar como Estado soberano», actitud que no se percibía desde posiblemente la época del Paraguay independiente con los gobiernos del doctor Francia y de los López (1811-1865).

 

El acuerdo firmado por Lugo y el presidente brasileño, Lula Da Silva, el 25 de julio de este año, triplicando los ingresos paraguayos (de 120 a 360 millones de dólares, de 80 a 242 millones de euros) por la venta de su energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú es, sin duda, el mayor logro. De la sempiterna sumisión colorada a Brasil, se ha pasado en un año a defender con notable dignidad los derechos soberanos de Paraguay ante el gigante vecino. A su vez, la negación del permiso de maniobras militares a EEUU en el marco del operativo «Nuevos Horizontes», es otro hecho histórico para un país que en el marco de la guerra fría fungió como fiel aliado del imperialismo yanqui. La posición de observadores en el ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) y el reimpulso del proyecto Urupabol (Uruguay-Paraguay-Bolivia), son otros ejemplos significativos del giro diplomático de este Ejecutivo.

 

En el ámbito de la política institucional, las deficiencias y las resistencias al cambio son profundas. En primer lugar, debemos rescatar la reflexión que compartió con nosotros José Nicolás Morínigo, uno de los más renombrados sociólogos paraguayos, cuando advertía de que este gobierno «no tiene una hoja de ruta», una «orientación clara». Efectivamente, esto es así por dos factores: por un lado, por la extremada diversidad ideológica del gobierno -desde la izquierda marxista hasta la derecha tradicional- que dificulta un consenso ideológico y programático; y por otro lado, por la postura dubitativa de Lugo, que maniobra para tener contento a todos los sectores de la APC, pero sin posicionarse nítidamente por alguno.

 

Paralelamente, el bloqueo estructural que aplican sistemáticamente los otros poderes del Estado, principalmente el Legislativo, dificulta aún más las posibilidades de cambio. El Parlamento, donde tienen mayoría aplastante los partidos de derecha, se ha convertido en un saboteador de cualquier ley mínimamente progresista y popular. De hecho, su constante amenaza de activar el «juicio político» contra el Presidente, lo que traería su destitución, ha convertido al Congreso en la vanguardia del golpismo, en este caso, «golpe legislativo», que tiene similitudes con el «modelo hondureño».

 

Si existe un terreno donde la continuidad ha sido manifiesta, éste es el de la política económica, posiblemente porque también es el área más compleja y reactiva al cambio. La designación de Dionisio Borda como ministro de Hacienda es el indicador más evidente. Ministro también durante el anterior gobierno colorado de Nicanor Duarte, Borda es fiel seguidor de las directrices del FMI. Respecto a la Reforma Agraria, tema de gran trascendencia en un país con fuerte raíces rurales, los avances han sido mínimos, en parte por el temor del Gobierno a enfrentarse a la poderosa oligarquía sojera y ganadera, y sobre todo por la entente formada por el Parlamento, el Poder Judicial y los empresarios del campo.

 

Lo realmente significativo es que cualquier reforma, por tibia que sea, es considerada inadmisible por los tradicionales grupos de poder económico. En un país donde todavía no existe el impuesto sobre la renta, hace pocos meses un congresista llegó a calificar la propuesta de IRP (Impuesto a la Renta Personal) como una medida «marxista». Realmente surrealista.

 

Impuesto, por cierto, que fue aceptado por las clases dominantes con el compromiso de que el Ejecutivo rebajase el Impuesto a la Renta Empresarial, que hoy día, se ha reducido del 30 al 20% (2005) y posteriormente al 10% (2006). En definitiva, uno de los impuestos de sociedades más bajos del mundo, incluso por debajo del porcentaje que se aplica en países radicalmente neoliberales como Chile.

 

A pesar de que la popularidad de Lugo se mantiene levemente por encima del 50% -según las encuestas más fiables-, el desgaste de su figura es innegable, ya que partía de un 70% en agosto de 2008, y todavía tiene por delante cuatro años de mandato. Esto significa que si no toma algunas «decisiones estratégicas», la continuidad de la alternativa progresista peligra en extremo.

 

El primer gran reto que se le plantea al Ejecutivo es la puesta en marcha de un conjunto -aunque sea pequeño- de programas sociales que impacten con fuerza en los sectores populares, para revertir la tendencia de creciente desilusión.

 

A su vez, y como segunda decisión estratégica, estaría el estímulo a la participación ciudadana, principalmente en las barriadas de los grandes centros poblaciones (Asunción, zona metropolitana, Ciudad del Este...). La combinación de estas dos variables, permitiría el incremento de la organización de los sectores populares, que desde el primer día han sido la base de sustentación del gobierno de Lugo.

 

La tercera decisión estratégica, que hoy día comparten casi todos los líderes y militantes de los movimientos sociales y partidos de izquierda, es la creación del «nuevo movimiento político», que se sitúe fuera del bipartidismo (colorado-liberal) y frente a la nueva derecha (Patria Querida), con el objetivo de convertirse en la herramienta política que aspire a suceder a Lugo en el 2013 desde una óptica progresista.

 

El eslogan gubernamental «El cambio no se detiene», dependerá, por tanto, de decisiones que el Ejecutivo tendrá que tomar tarde o temprano.

 

Si Lugo se apoya en sus ministros más progresistas y apuesta por una «nueva ecuación democrática», donde se combinen los primeros gérmenes de la «democracia social» y la «democracia participativa», con casi total certeza está asegurado el recambio popular para 2013.