Colombia

Violencia en las ciudades agotó políticas locales de seguridad

11/12/2009

Opinión

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Si algo ha dejado claro la oleada de violencia que azota actualmente a las principales ciudades colombianas es que las políticas locales de seguridad se quedaron cortas para frenar un fenómeno complejo, creciente y que involucra y afecta cada vez más a la población infantil y juvenil.

Por lo menos así lo conceptúa el docente Jorge Restrepo, integrante del Centro de Estudios de Realidad y Análisis del Conflicto (Cerac), de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien fue uno de los ponentes invitados al seminario La violencia en las ciudades: entre el conflicto armado y la violencia criminal, que tuvo lugar este jueves 10 de diciembre en el Centro Internacional de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín.

El encuentro, que se llevó a cabo en el marco de la XIX Semana de Derechos Humanos, buscaba precisamente generar un amplio debate sobre las implicaciones, causas y características del fenómeno de violencia urbana que vienen padeciendo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, entre otras.

Si bien en cada una de estas urbes se registran algunas particularidades, también aparecen elementos comunes que, llevados al plano académico, permiten una mejor comprensión de este fenómeno, que ya es observado con preocupación por los gobiernos locales, regionales e incluso el nacional.

Así por ejemplo, para Restrepo es claro que la injerencia cada vez mayor del narcotráfico en la criminalidad urbana, sumado a la vinculación y reclutamiento forzado de un gran número de menores de edad a las estructurales criminales y los retrocesos que ha venido experimentando el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares luego de la extradición a los Estados Unidos de 13 ex jefes de las Auc, constituyen los elementos que están “transformando la violencia en las ciudades y en los territorios y, de paso, complejizándola aún más”.

“La violencia está experimentando una suerte de transformaciones. Se ha vuelto mucho más focalizada; es decir, afecta sensiblemente a determinadas capas de la población. En esta caso hablamos de los estratos más bajos, quienes son los que están padeciendo el rigor de esta nueva violencia”, expuso el docente.

De acuerdo con el docente, la situación actual de violencia que viven las ciudades colombianas se torna más complejo toda vez que constituye una combinación de expresiones propias de periodos de post-conflicto, que se desarrollan en un escenario de conflicto armado vigente con una exacerbación de todas las manifestaciones criminales.

Su concepto fue compartido por Mauricio Romero, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris y otro de los expositores en el Seminario, quien señaló que el conflicto urbano que vive el país desde hace más de cinco décadas está sufriendo transformaciones y éstas están repercutiendo en la seguridad de las ciudades.

“El ejemplo de Bogotá es diciente: la capital de la República nunca fue epicentro de confrontación entre estructuras mafiosas, cosa que sí ocurre actualmente. ¿Por qué? Porque la disputa por el control del negocio de la droga que tiene lugar entre grupos emergentes que operan en los Llanos Orientales se ha trasladado a la ciudad. En la medida que se recrudezca la guerra entre los señores “cuchillo” y “loco barrera” en los Llanos, los coletazos se sentirán con fuerza en Bogotá”, aseguró el investigador.

El caso de la capital no difiere mucho de lo que sucede actualmente en Medellín, ciudad que registra un aumento inusitado en las cifras de homicidios, desplazamientos intraurbanos y otras violaciones a los derechos humanos, debido a la confrontación que sostienen entre sí las facciones de la Oficina de Envigado lideradas por alias “sebastián” y alias “valenciano”.

Por su ubicación geográfica, la capital antioqueña es uno de los puntos clave para manejar los eslabones que integran el negocio del narcotráfico. De allí se accede fácil a rutas de salida como los Golfos de Urabá y Morrosquillo así como a la Costa Norte; a centros cocaleros como el Bajo Cauca y además, existe toda una red propicia para el lavado de activos.

Por ello, para lograr la hegemonía absoluta de estas actividades, las partes en disputa se han valido de las bandas delincuenciales barriales, muchas de ellas integradas por desmovilizados de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de la Auc así como por un buen número de menores de edad.

Lo anterior plantea el interrogante sobre si estos grupos poseen una naturaleza política. Para Mauricio Romero, aún no es claro identificar si las intencionalidades de la violencia ejercida por estas estructuras tienes fines económicos o políticos o si hay una combinación de ambos.

El atentado perpetrado contra el llamado “zar” de las esmeraldas, Víctor Carranza, ocurrido en el mes de julio del presente año, constituye un fiel ejemplo de esta paradoja. Si bien para las autoridades policiales el hecho quedó registrado como una acción criminal perpetrada por estructuras delincuenciales, lecturas realizadas por organizaciones no gubernamentales como Nuevo Arco Iris le confieren un tinte más político, pues quedó en evidencia la disputa por el poder regional entre Carranza y alias el “loco barrera”.

“Lo que sí es claro es que estos actores se adaptan fácilmente a cualquier contexto, debido a que se rigen por las ‘leyes’ de oferta y demanda criminal”, añadió el investigador de Nuevo Arco Iris.

La comprensión de este fenómeno también pasa por conocer las relaciones que se han tejido a lo largo de los últimos años entre sectores de la legalidad y la ilegalidad. Al respecto, Fabio Giraldo, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, expresó que gracias al negocio del narcotráfico han surgido nuevos actores económicos, que coincide con la aparición de nuevos actores políticos y el desarrollo de una floreciente economía legal en contextos de pobreza y marginalidad.

Al final de la jornada, los expertos coincidieron en señalar que el fenómeno actual agotó las políticas locales de seguridad y que en muchos casos los gobernantes locales, en este caso los alcaldes, no cuentan ni con la autonomía ni con los recursos necesarios para brindarles seguridad a sus habitantes.

“Ante este nuevo fenómeno, bastante complejo por demás, las políticas de seguridad se quedaron cortas. Se requiere entonces el diseño de nuevas políticas enfocadas a la reducción de la violencia, cosa que es posible, que sean integrales e incluyentes y que ayuden a fortalecer la aplicación de justicia”, aseveró Jorge Restrepo.

- Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co/agenciadeprensa

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