Inició el debate parlamentario sobre la Ley de Comunicación

Ernesto Carmona

11/12/2009

Opinión

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Ecuador inició este jueves el debate de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional. La discusión abordará dos informes, uno de mayoría, de quienes apoyan al gobierno de Rafael Correa, y otro de minoría, de la oposición de derecha.

Igual que en Argentina (Ley Audiovisual) y Venezuela (Ley Resorte) este debate está sometido a la presión de una intensa campaña mediática en contra, local e internacional, impulsada por los grandes intereses económicos que controlan los medios de comunicación y aseguran “defender la libertad de expresión”.

La nueva Constitución del Ecuador, promulgada en octubre de 2008, consagró en el artículo 16 el derecho humano a la comunicación, pero la disposición constitucional requiere de una ley orgánica que materialice ese derecho -sin precedentes en una carta magna latinoamericana- y eso es, precisamente, lo que comenzó a discutirse el jueves 10 de diciembre.

La campaña mediática busca conservar los privilegios de los dueños de grandes medios que preferirían que no exista ninguna ley de comunicación. Así de simple. Para este sector, la mejor ley regulatoria es la que no existe.

Por ejemplo, en Ecuador hay más de 1.500 frecuencias de radio concesionadas en 97% a privados, pero una reciente auditoría colectiva que investigó las concesiones descubrió que la tercera parte, 500, fueron otorgadas con vicios y violación de las leyes reguladores, al punto que un miembro del sector empresarial que integra el organismo contralor, CONATEL, se adjudicó 57 frecuencias.

Teóricamente, un empresario de radio puede llegar a acumular hasta 96 frecuencias según la vieja legislación ecuatoriana que la Constitución ordenó revisar. Puede pedir una frecuencia de radio AM, otra FM, TV VHF y TV UHF en cada una de las 24 provincias del país: 24 x 4 = 96. La conclusión de la comisión fue la “reversión” inmediata de las frecuencias mal otorgadas, es decir, su devolución al Estado, pero la Contraloría sustituyó el término “reversión” por “revisión” y este pequeño cambio semántico dejó todo igual: hasta hoy no ha pasado nada.

Francisco Ordóñez, periodista ecuatoriano, ex presidente del Colegio de la Orden, Director de la radio pública de la Alcaldía Metropolitana de Quito y miembro de la comisión encargada de la auditoria, además piensa que el informe de mayoría, es decir, el de la Comisión Ocasional de la Comunicación de la Asamblea, de izquierda, todavía adolece “de desaciertos y errores políticos, conceptuales y metodológicos cometidos en su elaboración”. Ordóñez intervino en Caracas en el encuentro internacional en apoyo al V Aniversario de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión (Ley Resorte).

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, como el prestigiado centro de investigación comunicacional CIESPAL, propusieron 11 observaciones al informe: la asignación de las frecuentes en tres partes iguales: sector público, privado y comunitario; que se prohíba la concentración de frecuencias y monopolios mediáticos; que se otorgue prioridad a la producción nacional y local, desde la diversidad cultural y geográfica; y otras 8 relevantes propuestas más. El jueves comenzó un debate inédito en la región latinoamericana, para llevar a la práctica una ley orgánica constitucional que garantice una libertad de expresión real, genuina, no vacía ni simplemente retórica, y tampoco en favor del lucrativo negocio de la información como exclusividad de grandes corporaciones, y particularmente las operaciones periodísticas de los grandes monopolios bancarios que suelen estafar a los ahorristas. Pero aún hay bastante oposición a legislar en el espíritu del mandato constitucional, no sólo entre los grandes medios y la SIP, sino incluso entre las filas del propio Presidente Correa.

- Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno (en Caracas).

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