Siempre hemos dicho que preferimos dedicar nuestros esfuerzos para ayudar a liberar a quien ha sido víctima de una injusticia, que para que se condene o encarcele a quien ha cometido un delito.
Sin embargo, también sabemos que la impunidad (la no condena del delito) es luz verde para que el delito se repita.

 

Por otro lado, en el caso del ex general Chacón, y de algunos de sus familiares, nos parece que en lugar de cumplir con el deber que tienen de esclarecer lo mejor posible las fuentes de su patrimonio, contra los indicios o pruebas de un desbalance patrimonial, ellos optaron por presentarse a la opinión pública como víctimas, como si efectivamente no hubiese nada que investigar en sus casos, lo cual es absolutamente falso porque es fácil concluir que sí lo hay. Incorrectamente han optado también por tratar de desacreditar injustamente a la sala anticorrupción que le tocó juzgarlos (especialmente a Inés Villa e Inés Tello), siguiendo el mal ejemplo de otros poderosos que igualmente tenían cuentas que rendir y que, sin embargo, así lograron hasta la creación de una “sala vip” que les permitió evadir la justicia.

 

Por último, uno de los familiares, por ser congresista, se valió de las ventajas e inmunidad propias del cargo (beneficios previstos en realidad para otro tipo de asuntos), para no cumplir con sus obligaciones ante la justicia.

 

Qué más prueba de la intención de esta familia de salir bien librada no por una absolución judicial, sino por una vía alternativa, que en vísperas de la sentencia judicial han logrado ser excluidos del proceso vía una sentencia de una sala del Tribunal Constitucional, fallo que jurídicamente no tiene precedentes ni en el Perú ni en el mundo por ser abiertamente irregular.

 

Hacía ya buen tiempo que el general Chacón había ganado la batalla mediática. Valiéndose del poco periodismo de investigación que hoy se practica, él y algunos de sus familiares se hicieron de las simpatías de varios periodistas (además, obviamente, del apoyo incondicional de la prensa bamba), y así una parte de la opinión pública pasó a estar convencida de que, en su caso, la justicia actuaba abusiva y arbitrariamente.

 

Pero eso sí: ninguno de los que han hablado a favor de la familia Chacón se ha tomado el trabajo de investigar qué elementos condujeron a varios jueces y fiscales al convencimiento de que hay suficientes pruebas para investigar judicialmente —y tal vez condenar— al general Chacón y a varios miembros de su familia por enriquecimiento ilícito, delito que habría perpetrado cuando trabajó muy cerca de Vladimiro Montesinos.

 

Los Chacón se aprovecharon de esta manera de la falta de rigurosidad —ingenua o cómplice— de algunos medios de comunicación y de ciertos periodistas, y del hecho de que los jueces y fiscales a cargo del caso están prohibidos de declarar sobre él a la prensa. Aun así, como estos magistrados no se dejaron atemorizar por la campaña mediática emprendida a su propio favor por la familia Chacón, ésta cambió de estrategia y optó por esgrimir el argumento de la violación del “plazo razonable”: cómo es posible que, transcurridos nueve años desde el inicio del proceso, no haya sentencia.

En abstracto, nadie podría negar que nueve años trascienden todo plazo razonable. Punto para el general Chacón, qué duda cabe. Pero antes de dar una respuesta definitiva, como han hecho algunos periodistas y analistas, ¿no había que averiguar por lo menos un poco qué había pasado en realidad con el proceso? Sobre todo porque estamos ante un caso en el que de un lado están dos juezas —Inés Villa e Inés Tello— que ya han demostrado profesionalismo, probidad y laboriosidad contra viento y marea, y, del otro, un general que fue el último Ministro del Interior del nefasto régimen de Fujimori y Montesinos y Comandante General de las Fuerzas Armadas también en los años finales del régimen que no por nada ha sido calificado como el más corrupto de la historia republicana del Perú. ¿No corresponde averiguar un poco más antes de ponerse incondicionalmente del lado del general y en contra de la justicia?

 

Sospechosamente, una sala del TC (ese mismo TC compuesto por algunos miembros cuya actuación en el último tiempo puede ser calificada por lo menos de inquietante), decidió que, como supuestamente se había violado el plazo razonable de detención, correspondía ¡exculparlo! (lo que equivale a la absolución). Cuando apenas unos meses atrás, en otro caso sobre “plazo razonable”, esos mismos magistrados (Carlos Mesía, Ricardo Beaumont y Gerardo Eto) dijeron que no correspondía el archivo definitivo del proceso, sino que la justicia ordinaria lo resolviera en el menor tiempo posible.

 

Lo resuelto ha sido tan irregular, que la Fiscal de la Nación ha dicho que ya prácticamente no tiene sentido que exista el Ministerio Público y el Poder Judicial, si ahora quien absuelve o condena es el TC.

 

Un último punto que parecen olvidar los que defienden al general Chacón y a su familia sin mayor conocimiento de los hechos: lo que pretenden las juezas anticorrupción es sancionar a las autoridades del país que se robaron los recursos de todos los peruanos, de un país en el que la mayoría de la población vive en condiciones deplorables, para recuperar ese dinero. En los procesos que se siguen a estos ex generales vinculados estrechamente a Montesinos (todos son de su promoción y promovidos por él) lo que está en discusión son varios millones de dólares y de soles, propiedades y un buen número de empresas. Corresponde por tanto apoyar su esfuerzo y no boicotearlas, porque de hacer esto último solo se ayudará a quienes se niegan a esclarecer los hechos ante la justicia.

 

- Unidad de investigación de la revista ideele