La FIDH expresa su satisfacción por decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia del Perú

que confirma sentencia contra el ex -presidente Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad

 

Paris, 6 de enero de 2007 - La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresa su satisfacción por la ratificación de la condena dictada el pasado 3 de enero por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra Alberto Fujimori Fujimori, como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves así como por el de secuestro agravado con trato cruel al periodista Gustavo Gorrit Ellenbogen y al empresario Samuel Dyer Ampudia, calificados como crímenes de lesa humanidad.

 

Esta ratificación de la sentencia dictada en primera instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en abril de 2009, supone una pena de prisión de 25 años para el expresidente. Es destacable además que en el caso de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, la decisión fue tomada de forma unánime.

 

Esta sentencia condena a Alberto Fujimori por los hechos sucedidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se considera probado que durante el gobierno de Alberto Fujimori y directamente bajo su responsabilidad y órdenes, se produjeron violaciones de derechos humanos en el marco de una política de « guerra sucia » para la cual se creó un cuerpo específico, el destacamento Colina, basado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y controlado por su asesor, Vladimiro Montesinos.

 

La decisión de la Corte Suprema peruana viene a confirmar las sentencias ya dictadas a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el caso La Cantuta. Asimismo, la ratificación de la sentencia concuerda con las conclusiones de la FIDH producto de diferentes misiones de observación del juicio. Es importante señalar que este procedimiento nacional, se llevó a cabo en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, en donde se respetaron tanto los derechos del acusado como el derecho de las víctimas a la justicia.

 

Sin lugar a dudas, la confirmación de la sentencia, supone un paso más hacia el fin de la impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y hacia la no repetición de estos crímenes y constituye principalmente un reconocimiento al esfuerzo de las víctimas en el ejercicio de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.