Ya sea en servicio activo o retirados, los militares seguirán desempeñando una función central en la guerra contra las drogas en México en 2010. En el estado norteño y fronterizo de Coahuila, los presidentes municipales entrantes ratificaron recientemente la continuidad de ex funcionarios militares a cargo de los departamentos de policía en los municipios de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Saltillo, Monclova y Torreón. El coronel Salvador Méndez Cachu sale del puesto de jefe de seguridad pública en Ciudad Acuña para asumir ahora el mismo cargo en Piedras Negras.

"Se coordina el trabajo con la Secretaría de Defensa mexicana", declaró el gobernador de Coahuila Humberto Moreira el mes pasado. "Las decisiones se toman a ese nivel. Estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado."

En 2009, 200 militares retirados fueron colocados en puestos de autoridad para asegurar el cumplimiento de la ley tanto en los niveles municipales como estatal en Coahuila.

Remontando el río Bravo, en Ciudad Juárez, es probable que continúe el despliegue de tropas para la Operación Conjunta antidrogas Chihuahua durante gran parte de este año. Desmintiendo especulaciones previas de que el ejército mexicano fuera retirándose en marzo, un funcionario estatal de Chihuahua afirmó que las tropas podrían seguir en las calles hasta el mes de diciembre. De acuerdo con Fidel Bañuelos Madrid, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, la permanencia de la presencia militar dependerá de consideraciones de seguridad pública, así como de que las policías civiles estén preparadas para substituir al ejército.

Con casi 2,700 muertes en 2009, Ciudad Juárez es ahora la ciudad más violenta del mundo, de acuerdo con la investigadora de la Universidad Estatal de Nuevo México Molly Molloy. La matanza ha continuado en 2010. El domingo 3 de enero la activista por los derechos humanos Josefina Reyes se convirtió en una de las últimas víctimas. Reportada como asesinada en el Valle de Juárez, Reyes había realizado una huelga de hambre para protestar por la desaparición de su hijo en 2008 presuntamente a manos de soldados. En la tarde del lunes 4 de enero un hombre no identificado fue muerto a tiros en público, entre la multitud que llenaba el mismo centro de Ciudad Juárez.

Acerca de los movimientos de tropas que llamaron la atención pública a fines de año, Bañuelos comentó que formaban parte de la rotación normal de soldados que se lleva a cabo cada 60 días para evitar su corrupción por los cárteles de las drogas. Sin embargo, un contingente de tropas de élite GAFE, entrenadas originalmente por Estados Unidos para misiones de contrainsurgencia. Llegó a Ciudad Juárez cuando el año tocaba a su fin. Bañuelos agregó que se avecinaban modificaciones importantes a la muy criticada Operación Conjunta Chihuahua, pero el funcionario estatal no dio detalles a la prensa.

Si bien muchos actores políticos mexicanos apoyan el despliegue militar en la guerra contra el narco, siguen aumentando las críticas a las presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por soldados. Por ejemplo, tanto la Alta Comisionada para los Refugiados de la ONU como Amnistía Internacional han expresado su crítica al General Mario Antonio Delgado Talavera, director de seguridad pública en Saltillo, capital del estado de Coahuila, por el maltrato de migrantes en camino hacia Estados Unidos.

En el sureño estado de Guerrero, donde el ejército mexicano ha dirigido extensos operativos antidrogas por lo que ya son décadas, la comisión oficial de derechos humanos estatal documentó 143 denuncias contra militares durante 2009. Las presuntas violaciones incluyen cateos ilegales de hogares, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, latrocinios, daños, intimidaciones y lesiones. Seis denuncias se refirieron a torturas y una a homicidio.

Los defensores de la misión antidrogas del ejército justifican el uso de las fuerzas armadas como un contrapeso necesario al tremendo poder armado de los grupos criminales.

En una carta publicada en la edición del 3 de enero del semanario mexicano Proceso, el Secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont dijo que uno de los objetivos del empleo de las fuerzas armadas del gobierno de Calderón es romper el ciclo de corrupción que tiene infestadas las instituciones civiles.

"Reiteramos que la cooperación (militar) siempre fue propuesta como temporal y de apoyo. En efecto hasta tanto que se estén reconstruyendo las instituciones de seguridad pública", escribió Gómez-Mont.

En disidencia del consenso político dominante, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan con sede en Guerrero advirtió sobre las consecuencias de la actividad creciente de los militares fuera de sus bases.

"El poder del ejército ha sido transformado en una amenaza para la sociedad", denunció Tlachinollan en un informe donde analizó el estado de los derechos humanos en Guerrero en 2009. "Esto es porque el ejército emerge como un poder de facto que carece de control legal o social y sólo provoca la confrontación, elevando los niveles de violencia y debilitando las instituciones democráticas al mismo tiempo."

Kent Paterson es un periodista independiente que cubre el suroeste de Estados Unidos, México y América Latina, y es analista para el Programa de las Américas en www.americaspolicy.org.

Recursos

Lapolaka.com, 4 de enero de 2009.

Proceso, 3 de enero de 2009.

El Sur, 2 de enero de 2010.

Norte, 31 de diciembre de 2009, artículo por Luis Carlos Ortega.

Proceso/Apro, 31 de diciembre de 2009. Artículo por Arturo Rodríguez.

Fuente:  Programa de las Américas www.ircamericas.org.  Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.