Hoy se cumplen los 89 años de la ocupación de Veracruz por el ejército de Estados Unidos. Aquel aciago día, sin declaración de guerra, la armada gringa bombardeó el puerto y la infantería de marina lo ocupó a sangre y fuego. Como los federales habían abandonado la plaza, la defensa corrió a cargo de la población y de los cadetes de la Escuela Naval Militar. Durante tres días de desigual combate los jarochos refrendaron su heroísmo. Y en los ocho meses que duró la ocupación no hubo un solo día en que faltaran expresiones de rechazo al invasor. La ocupación de Veracruz resultó de una serie de intrigas contra la Revolución. El embajador Wilson planeó el golpe contra el Presidente Madero y su asesinato. Pocos días después del cuartelazo, Woodrow Wilson llegó a la Casa Blanca y de inmediato tomó distancia del usurpador y empezó a acariciar la idea de encontrar en éste el pretexto de una intervención armada. Huerta le resultaba incómodo no por dictador sino porque la lucha que contra él libraba el constitucionalismo estaba adquiriendo perfiles sociales y contenidos nacionalistas. Emplazó más de 50 mil soldados en la frontera y estacionó barcos de guerra frente a puertos mexicanos. En septiembre de 1913 en el Senado y en los más influyentes periódicos gringos se empezó a promover una intervención armada en México. A fines de aquel año el general Cándido Aguilar se encontraba acampado con sus fuerzas a orillas de la laguna de Tamiahua donde estaban fondeados varios barcos de guerra gringos bajo el mando de Fletcher. Este le ordenó al general Aguilar que abandonara la zona petrolera o desembarcaría tropas. Aguilar le advirtió que si desembarcaba le haría frente, incendiaría los pozos y pasaría por las armas a todos los gringos que se encontraran en la región. El bravucón Fletcher reculó. El 9 de abril ocurrió un incidente menor en Tampico entre soldados federales mexicanos y marinos gringos quienes se quejaron de haber sido humillados y ultrajada su bandera. Entonces Wilson obtuvo del Congreso de su país la aprobación para emplear las fuerzas armadas para obtener de Huerta "el más completo reconocimiento de los derechos y la dignidad de los Estados Unidos". El 21 de abril el valentón Fletcher ordenó a la artillería de sus barcos abrir fuego contra los civiles que con más valor que armas defendían Veracruz de los "marines". El Departamento de Estado hizo llegar a Venustiano Carranza una nota que ubicaba el conflicto con Huerta y no con México. La respuesta del Primer Jefe, dirigida a Wilson, fue tajante: el gobierno de Huerta es ajeno a la nación y no es órgano legítimo de la soberanía nacional por lo que el gobierno de Estados Unidos no puede dirigirse a él para demandarle nada. Sus actos nunca serán suficientes para llevar a México una guerra con Estados Unidos, "mas la invasión a nuestro territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz o la violación de los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero digna, que hasta hoy queremos evitar". Argentina, Brasil y Chile se propusieron mediar en el conflicto. Wilson y Huerta aceptaron la mediación pero Carranza la rechazó no obstante que podría favorecer al constitucionalismo. Más que una ventaja circunstancial, Carranza buscó reafirmar la soberanía y no darle al gobierno gringo excusa ni pretexto para intervenir en los asuntos internos de México, más aún cuando a su aguda percepción no escapaban las verdaderas intenciones de la intervención: mediatizar el inminente triunfo del constitucionalismo, contener el ascenso de las reivindicaciones nacionales y agrarias, y legitimar la injerencia. En julio renunció Huerta lo que dejó a la intervención sin pretexto. Sin embargo Wilson ordenó la desocupación del puerto hasta noviembre y no sin antes intentar condicionarla, lo que fue enérgicamente rechazado por Carranza. Este episodio fue decisivo para que la tradición iniciada por Juárez cuajara en una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación. Pero esa política, que por su probada eficacia en la defensa de la soberanía fue elevada a rango constitucional, ha sido hecha a un lado por el gobierno actual. Al violar la Constitución en materia tan sensible, el gobierno pone en peligro a la nación.