Honduras

Las elecciones de 2009 en Honduras: notas para un debate

Carlos Federico Domínguez Avila

02/02/2010

Opinión

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Resumen: El artículo explora las características fundamentales del sistema electoral hondureño y sus implicaciones tanto en lo concerniente a la representación como al proyecto de construcción de una democracia de ciudadanía. En tal sentido, se constata que el centenario sistema bipartidista liberal-conservador que aún impera en el país centroamericano es uno de los más tradicionales y resistentes de América Latina –especialmente después del virtual colapso de sus homólogos colombiano y uruguayo-. El trabajo también destaca las virtudes y los defectos que tal sistema político-electoral termina provocando en la representación. Las principales propuestas de reformas políticas y electorales impulsadas en el país son abordadas en acápite específico. Un otro tópico de particular interés para el artículo es lo que atañe a los resultados de las elecciones generales hondureñas realizadas el día 29 de noviembre de 2009. Con efecto, por primera vez desde el retorno al orden constitucional, en 1980, un proceso electoral general corre el riesgo de no ser reconocido interna e externamente, en función de los acontecimientos de junio de 2009 – esto es, del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Naturalmente, tal hipótesis genera graves consecuencias en el proceso de consolidación democrática, en general, y en lo tocante al sistema político-electoral, en particular. Conviene agregar que el trabajo utiliza un enfoque teórico-metodológico interdisciplinario y que se utiliza literatura especializada publicada en Honduras y en el exterior. Finalmente, el artículo esboza escenarios prospectivos para el proceso de recomposición democrática en Honduras.

Palabras-clave: Honduras, Sistema Político, Elecciones, Democracia, Autoritarismo.

Introducción

El día 29 de noviembre de 2009 fueron realizados comicios tanto en Uruguay como en Honduras. En el primer caso se trató de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el segundo caso de elecciones generales – presidenciales, legislativas y municipales. La fiesta cívica en el país platino contrastó con el controversial proceso electoral hondureño. En efecto, más que un paso adelante en la consolidación democrática, en el país centroamericano predominó el abstencionismo, la represión, la incredulidad y un marcado escepticismo en relación a los resultados de la jornada y al futuro político del país. En tal sentido, el presente artículo pretende examinar la evolución política reciente de Honduras, la coyuntura actual – marcada por dos grandes acontecimientos: el golpe de Estado de junio de 2009 y las elecciones de noviembre de 2009 – y los escenarios prospectivos, especialmente en términos de representación y construcción de una democracia de ciudadanía.

Conviene destacar inicialmente que por primera vez desde el retorno al orden constitucional – en 1980[1] – un proceso electoral ha terminado siendo vivamente cuestionado en Honduras. La legitimidad de los comicios ha quedado en duda no solamente por el hecho de haber sido realizada en una jornada marcada por la crispación y polarización política imperante desde la espuria caída del presidente José Manuel Zelaya Rosales, sino también porque el propio proceso electoral terminó siendo funcional a los intereses y prioridades de la coalición golpista – integrada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, militares, político-partidarias, institucionales y religiosas. Esto es, un proceso electoral destinado básicamente a “blanquear” el infausto golpe contra Zelaya e instituir un nuevo gobierno – mucho más conservador y derechista – para el período presidencial que se inicia en enero de 2010. De hecho para algunos observadores existiría un hipotético encadenamiento entre la derrocada manu militari del presidente Zelaya y la realización de elecciones generales.

En tal contexto parece evidente que el resultado de las elecciones hondureñas de noviembre de 2009 inciden dramáticamente en la calidad de la representación parlamentaria, en la política local/municipal, en el reacomodo de las fuerzas políticas y sociales, y en el presente y futuro de la democracia en el país – y eventualmente en la región centroamericana y el continente.

El estudio de la democracia: un breve análisis conceptual

El debate contemporáneo sobre democracia y sobre consolidación democrática es ampliamente conocido. Para los fines del presente texto vale reconocer, junto con la tradición aristotélica y con el PNUD[2], que la democracia no es ni puede ser únicamente considerada como una serie de procesos electorales periódicos, competitivos, libres, y fundamentados en el voto universal y en el pluralismo político-partidario. Esto es, la democracia no puede ser reducida a una poliarquía – o democracia electoral. Entretanto, para existir y consolidarse la democracia precisa observar las características propias de las poliarquías. Igualmente, conviene reconocer que el propio hecho de tener una poliarquía o democracia electoral es un avance altamente significativo cuando comparado a los regimenes autoritarios preexistentes en América Latina y otros continentes.

Al mismo tiempo, aquí se acepta y se parte de la antiquísima tradición aristotélica de democracia entendida como el gobierno de todos y en beneficio de los pobres. O como lo ha colocado recientemente el PNUD[3], una democracia de ciudadanía. Perfeccionar las democracias electorales existentes y, simultáneamente, avanzar hacia democracias de ciudadanía es, quizás, el mayor desafío político de los pueblos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI.

No hace falta recordar que la noción de democracia de ciudadanía procura armonizar sus dimensiones política, civil y social. Tampoco es necesario mencionar que, en última instancia, la democracia de ciudadanía pretende contribuir de forma decisiva en el proceso de emancipación del ser humano por medio de la valorización de la libertad, la justicia social y el progreso socioeconómico – motivos por los cuales la consolidación democrática es tanto, al mismo tiempo, una conquista histórica y de interés prioritario de los sectores trabajadores y subordinados de la sociedad. Si es pertinente, entretanto, recordar el carácter profético y profundamente liberador implícito, inherente y siempre subyacente a las luchas democráticas en el mundo actual. Consecuentemente, desde Aristóteles hasta el consagrado informe del PNUD, se entiende que la democracia es más que el conjunto de reglas para elegir, para ser electo y para gobernar. La democracia es también un modo de vida. Es una forma de organizar la relación entre el Estado y la Sociedad garantizando la constante expansión de la ciudadanía integral. Esto último incluye lo concerniente a la promoción del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la explotación.

Paralelamente, es importante reconocer que Honduras y muchos otros países del continente y del mundo enfrentan el reto teórico y práctico de la consolidación democrática. En términos resumidos, la consolidación implica hacer irreversible a la gobernabilidad democrática vigente. Tornar las democracias electorales existentes en democracias de ciudadanía plenamente consolidadas es, como dicho, uno de los principales desafíos políticos latinoamericanos en los primeros años del siglo XXI. Dicha consolidación democrática conlleva implícita la persistente atención a sus dimensiones institucionales, actitudinales (o cultura política individual y colectiva), sectoriales (especialmente de las elites políticas de orientación democrática), entre otras. Como se sabe, todo ello es particularmente complejo en sociedades con seculares carencias socioeconómicas, que no pueden ser obviadas en el contexto de un régimen que pregona y propugna por la igualdad formal y real[4].

Las democracias electorales en proceso de consolidación también precisan atender otros desafíos tales como: la estatalidad – entendida como la presencia y la eficiencia del poder político democrático en todo el territorio del Estado –, la definitiva erradicación de enclaves autoritarios y de tradicionales vicios de gobierno (corrupción, clientelismo, etc.), monitorear y denunciar nuevas formas de autoritarismos, y favorecer la expansión de los derechos y deberes de la moderna concepción de ciudadanía – reconociendo y atendiendo las demandas específicas emergentes (cuestiones de género, medio ambiente, desarrollo local, etc.).

La democracia electoral realmente existente en Honduras: avances y desafíos

La historia política hondureña registra la existencia de procesos electorales desde inicios del siglo XIX[5]. Sin embargo, normalmente se trataba de elecciones sin democracia y básicamente de orientación oligárquica – semejante a lo observado en muchos otros países latinoamericanos. Si nos concentramos en el ciclo democrático vigente (1980-2010, ver Cuadro 1), es posible apreciar nueve procesos electorales nacionales; el primero de naturaleza constituyente y los restantes ocho de naturaleza simultáneamente presidencial, legislativa y municipal[6].

Cuadro 1:

Procesos electorales nacionales en Honduras desde el retorno al orden constitucional

(1980-2010)

Fecha	Tipo de elección	Partido y candidato victorioso
20.4.1980	Asamblea constituyente	Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova preside la Asamblea Nacional Constituyente
29.11.1981	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova (1982-1986)
24.11.1985	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Liberal, José Simón Azcona Hoyo (1986-1990)
26.11.1989	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas Romero (1990-1994)
28.11.1993	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Liberal, Carlos Roberto Reina Idiaquez (1994-1998)
30.11.1997	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Liberal, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002)
28.11.2001	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Nacional, Ricardo Maduro Joerst (2002-2006)
27.11.2005	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Liberal, Manuel Zelaya (2006-2010)
29.11.2009	Presidenciales, Parlamentares y Municipales	Partido Nacional, Porfírio Lobo (2010-2014)

Fuente: Elaboración propia.

Con excepción de los comicios de noviembre de 2009, todos los procesos electorales hondureños desde el retorno al orden constitucional han sido considerados libres, abiertos, legítimos y competitivos. También han sido monitoreados y avalados por observadores internacionales; esto es, la OEA, la Unión Europea, las Naciones Unidas, entre otros. Los resultados han sido acatados tanto por los partidarios de los diferentes gobiernos, como por la oposición y por los actores político extra-partidarios (sindicatos, empresariado, instituciones religiosas). En el propio informe del PNUDse considera que el Índice de Democracia Electoral (IDE) del país es 1,0 (valor máximo) desde 1990[7].

Hasta la polémica y controversial deposición del presidente Zelaya, la exitosa realización de varios procesos electorales en Honduras sugería la existencia de una democracia electoral estabilizada. Nótese, por ejemplo, que en diferentes oportunidades la oposición política logró triunfar electoralmente y asumió la administración del país. Asimismo, las garantías constitucionales básicas habían sido observadas, la representación política era considerada normal y adecuada, y la vía electoral era considerada como el único mecanismo legítimo disponible para alcanzar el poder y acceder a los principales cargos públicos (ver Cuadro 2).

Cuadro 2: Resultados de Elecciones Presidenciales, 1981-2009

(Miles de votos)

	PL	PN	PINU	DC	UD	Votos válidos	Votos nulos	Votos blancos	Total escrutado	Censo electoral
1981	636	491	19	29	---	1180	17	17	1215	s. d.
1985	786	701	24	30	---	1542	28	28	1598	1901
1989	777	917	34	25	---	1753	27	18	s. d.	s. d.
1993	907	735	48	20	---	1776	43	22	s. d.	s. d.
1997	1040	845	42	25	24	1976	87	34	2096	2902
2001	965	1137	32	21	24	2179	82	24	2285	3448
2005	999	925	20	28	30	2002	133	55	2190	3976
2009*	817	1213	40	38	36	2144	93	61	2298	4340

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras. * Informaciones preliminares.

PL: Partido Liberal.

PN: Partido Nacional.

PINU: Partido Innovación y Unidad SD.

DC: Partido Demócrata Cristiano.

UD: Partido Unificación Democrática.

El sistema de partidos políticos: virtudes y defectos de un sistema bipartidista consolidado

El bipartidismo consolidado es otra de las peculiaridades del sistema político-electoral hondureño. Dos centenarias instituciones políticas dominan el panorama electoral del país: el Partido Liberal (centro, con corrientes internas de diferente orientación ideológica) y el Partido Nacional (derecha). Junto a estas dos grandes organizaciones también participan tres pequeños partidos: el Partido Innovación y Unidad (social-democracia), la Democracia Cristiana (centro-derecha) y la Unificación Democrática (centro-izquierda). Vale destacar que el modelo de bipartidismo hondureño es uno de los más consistentes de América Latina, especialmente al verificar el colapso de sus contrapartes en Uruguay, Colombia y Venezuela.

A pesar de algunas consecuencias negativas, el bipartidismo consolidado ha garantizado estabilidad y previsibilidad en la política local. La propia investigación del PNUD[8] sugiere que, en general, los hondureños están satisfechos con el papel desempeñado por los principales partidos políticos. Igualmente, más de noventa por cierto del electorado hondureño apoyó los candidatos de ambos partidos en los comicios realizados desde el retorno al orden constitucional. Y, aunque pueda ser considerado resquicio de autoritarismo, arcaísmo o falta de desarrollo de cultura política democrática, Honduras es el país latinoamericano donde los electores son más leales a los partidos políticos existentes – esto sugiere alta identificación del electorado con ambos partidos, y relativamente baja volatilidad electoral en el país. Esto último también se refleja en una considerable – aunque decreciente – participación electoral, y en una constante preocupación con la política parroquial, en general, y hacia el proceso de consolidación democrática, en particular (ver Cuadro 3).

Cuadro 3:

Orientaciones hacia la democracia, según investigación de opinión pública realizada en 19 países

	Honduras	América Central y México	América Latina y Caribe
Demócrata	46,2%	46,6%	43,0%
Ambivalente	37,1%	33,8%	30,5%
No demócrata	16,7%	19,7%	26,5%

Fuente: PNUD, La democracia en América Latina, Naciones Unidas, Buenos Aires, 2004.

Naturalmente los partidos políticos hondureños también adolecen de muchos vicios y problemas ampliamente conocidos e identificados en otros países latinoamericanos. Entre tales vicios y problemas sobresalen los siguientes: oportunismos, excesiva desideologización, impunidad, caciquismos, clientelismo y corrupción. Aún así, aparentemente la así llamada “crisis de los partidos políticos” latinoamericanos aún no se ha manifestado de forma evidente o definitiva en Honduras. Recuérdese que la crisis de los partidos políticos latinoamericanos se demuestra con la falta de credibilidad de los dirigentes políticos, la pérdida de legitimidad de los partidos existentes, la volatilidad del voto, la alta mortalidad de las organizaciones políticas, y la desafección de la ciudadanía frente a la burocratización de la política-electoral.

A lo anterior es necesario agregar algunas ponderaciones adicionales actualmente presentes en el contexto del sistema político-electoral hondureño:

· El debate sobre financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Los principales actores políticos hondureños aún no llegan a un consenso definitivo sobre el modelo – totalmente privado, totalmente público o mixto público-privado – a seguir para financiar las campañas y los partidos. De un lado, difícilmente los recursos públicos podrán satisfacer las pretensiones financieras de los políticos locales; de otro lado, existe el riesgo de que agentes privados vinculados al crimen organizado consigan penetrar y pervertir el desarrollo político-democrático del país. En tal sentido se hace necesario encontrar un punto de equilibrio siguiendo el modelo del financiamiento público-privado, que es predominante en la mayoría de las democracias estables del mundo.

· La democratización interna de los partidos políticos. Esto es particularmente relevante en lo concerniente a la selección de los candidatos y dirigentes de las propias organizaciones políticas. Este asunto merece ser acompañado de forma cuidadosa por la sociedad civil organizada. Vale reconocer que la experiencia hondureña tiene algunas lecciones positivas, principalmente el hecho de que desde 1985 se han realizado elecciones primarias al interior de los partidos políticos para la selección de los candidatos presidenciales – y algunas veces de los candidatos municipales. Las elecciones primarias son abiertas y de nivel nacional. Normalmente acontecen un año antes de las elecciones presidenciales. Y permiten la participación de todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional. En otras palabras, las elecciones primarias no son exclusivas de los cuadros, dirigentes y simpatizantes de un partido político específico. La realización de elecciones primarias con amplia participación popular favorece el surgimiento de corrientes internas de diferente orientación ideológica – especialmente en el Partido Liberal –, fortalece el surgimiento de líderes político-partidarios y garantiza cierta transparencia en la política local. En contraste, algunos analistas temen que la unidad y la disciplina partidista pueda terminar siendo socavada debido a existencia de diferentes corrientes internas con creciente autonomía.

· La separación de los comicios presidenciales, parlamentarios y municipales. La posibilidad de separar y programar en diferentes fechas del calendario político los procesos electorales que actualmente son simultáneos es una iniciativa impulsada por analistas de la política hondureña. Como se sabe, en muchos países las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales son realizadas en diferentes momentos. Sin embargo, en nuestra opinión la separación de los procesos electorales podría terminar siendo contraproducente. Se entiende que la existencia de gobiernos unificados es una virtud que genera estabilidad y evita un innecesario, excesivo, disolvente y desgastante apelo político-partidario-electoral para la sociedad hondureña.

· Creciente abstencionismo electoral. Igual que en otros países latinoamericanos, el abstencionismo electoral se presenta también en Honduras. Aunque el ejercicio del sufragio es legalmente obligatorio, en la práctica no existen penalidades para aquellos ciudadanos que no participan de los comicios depositando su voto en las urnas. Obsérvese que el abstencionismo electoral en Honduras ha oscilado entre el 22% en 1981 y más del 50% en 2009. Las causas de esta tendencia son múltiples e incluyen: cierta fatiga electoral, algún grado de escepticismo, rechazo a las candidaturas existentes y principalmente la masiva emigración de ciudadanos hondureños hacia el exterior desde la década de 1990. Esto último es particularmente preocupante porque muchos electores hondureños ausentes aún forman parte del censo político-electoral y no votan simplemente porque residen en el extranjero.[9]

Conviene agregar que, por razones de espacio, no es posible considerar aquí aspectos técnicos e institucionales, incluyendo proyectos de reformas políticas y constitucionales. En general, tales proyectos de reformas políticas con consecuencias en los correspondientes procesos de consolidación democrática son semejantes a las impulsadas en otros países latinoamericanos, particularmente cuando se trata de cuestiones tales como la descentralización y el desarrollo local, las relaciones de género y raza, los mecanismos de control administrativo, y la tecnología electoral[10].

En síntesis, en los primeros años del siglo XXI el país centroamericano parecía ser una democracia electoral estabilizada. Los avances político-electorales logrados en Honduras desde el retorno al orden constitucional hasta el golpe de Estado de junio de 2009 eran claramente significativos, elocuentes y hasta sorprendentes llevando en consideración la experiencia latinoamericana reciente. Naturalmente existen muchísimas tareas pendientes para lograr la construcción de una democracia de ciudadanía en el país. Honduras demuestra importantes avances en materia de ciudadanía política y de ciudadanía civil, pero gravísimos e inaceptables rezagos en términos de ciudadanía social. En consecuencia, parece evidente que la democracia electoral vigente en Honduras no se transformará en democracia de ciudadanía hasta que los desafíos de pobreza, desigualdad, exclusión y explotación sean sensiblemente reducidos o definitivamente superados – lo que en la práctica, como se sabe, es algo extremadamente difícil de lograr.

Las elecciones generales de noviembre de 2009: actores y resultados

No cabe duda de que el golpe de Estado de junio de 2009 se erigió en un divisor de aguas en el proceso de democratización vigente en Honduras desde la década de 1980[11]. Aunque no es posible evaluar en este espacio el origen y la evolución de la espuria e infausta deposición del presidente Zelaya, resulta bastante evidente que dicho episodio ha terminado provocando graves consecuencias en lo concerniente al desarrollo del proceso electoral de noviembre de 2009,[12] bien como a sus desdoblamientos en términos de representación política, cultura política, relaciones cívico-militares, teoría democrática, entre otros asuntos.

En tal contexto de represión, de neogolpismo y de maniqueísmo ideológico, las elecciones terminaron siendo evidentemente distorsionadas en los siguientes términos:

· Las elecciones generales hondureñas no fueron realmente libres ni competitivas. Obsérvese que no pocos candidatos – inclusive un candidato presidencial, además de numerosos candidatos a diputados, alcaldes y regidores municipales – decidieron retirarse de los comicios alegando falta de garantías políticas y de seguridad personal. La libertad del votante para escoger entre diferentes alternativas fue sensiblemente disminuida por la predominancia de un clima de crispación política e intensa represión a aquellos ciudadanos que discrepaban tanto del golpe como apoyaban a organizaciones políticas radicalmente contrarias a los acontecimientos imperantes en el país desde la deposición del presidente Zelaya.

· En medio de la crispación política, de las manifestaciones contrarias al golpe, y especialmente después del sigiloso retorno de Zelaya y su refugio en la sede de la representación diplomática brasileña en Tegucigalpa – donde terminó siendo cercado por militares –, la campaña de los diferentes partidos políticos acabó siendo dominada por la posición de los candidatos ante el represivo gobierno del señor Roberto Micheletti y sus acólitos. Sorprendentemente la actitud conciliadora del candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, le significó un importante avance preelectoral (1,2 millones de votos, o 56% de los votos válidos),[13] en desmedro del candidato oficialista y liberal, Elvin Santos, que demostró una sufrible ambigüedad frente a los acontecimientos – ciertamente ello le resto muchos votos a su candidatura y al Partido Liberal en general (800.000 votos, equivalentes a 37% de los votos válidos).[14]

· Existe un gran escepticismo con relación a la veracidad y transparencia de los datos anunciados por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Efectivamente diferentes analistas políticos han expresado gran preocupación por la posibilidad de que los resultados del conturbado proceso electoral terminen siendo alterados en beneficio de partidos y candidatos cercanos a la coalición golpista y para “inflar” artificialmente una participación electoral que ciertamente fue menor de lo anunciado por las autoridades, aparentemente con el propósito de contribuir a legitimar los comicios. El abstencionismo, entendido como ausencia deliberada de ciudadanos con derecho de voto en las elecciones, inclusive como mecanismo para protestar contra el golpe de Estado y sus desdoblamientos fue superior al 50% del padrón electoral vigente (4,3 millones de electores inscritos)[15].

· La ausencia de observadores internacionales reconocidos – especialmente de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de Naciones Unidas –, bien como el repudio de muchos actores estatales y no estatales de otros países con vínculos e intereses en la democracia hondureña también fueron factores que marcaron – negativamente – la credibilidad y la legitimidad de los comicios. Obsérvese que pocos gobiernos reconocieron los resultados[16]. Tal situación genera gran presión en las autoridades electas para atender las numerosas presiones domésticas y externas a favor de una verdadera recomposición democrática en Honduras y así evitar que la crisis se prolongue hacia el próximo período presidencial, además de resolver los delicados problemas surgidos por la represión y el abuso a los derechos humanos.

· La representación política tanto en el plano del legislativo nacional, como en los cargos municipales, ha favorecido al conservador Partido Nacional. Con más de 70 diputados en el unicameral Congreso Nacional (integrado por 128 representantes, ver Cuadro 4), con el predominio en 15 de los 18 departamentos del país (incluyendo varios de los departamentos más importantes), y con un gran número de alcaldes y regidores , el Partido Nacional asumirá el poder político en las distintas esferas a partir de enero de 2010. La aparente comodidad para gobernar el país puede terminar resultando engañosa, especialmente si el presidente-electo Porfirio Lobo no logra concertar un acuerdo político justo y democrático con el presidente Zelaya y con otras fuerzas sociales y políticas que han resistido valientemente a la intentona golpista. Obsérvese que en ausencia de tal pacto de gobernabilidad, la turbulencia social y política será heredada al nuevo período presidencial, con desastrosas consecuencias para toda la sociedad hondureña.

Cuadro 4: Representantes electos al Congreso Nacional de Honduras

(2001, 2005, 2009)

	Diputados electos en 2001	Diputados electos en 2005	Diputados electos en 2009
Partido Nacional	61	55	71
Partido Liberal	55	62	45
DC	3	4	5
UD	5	5	4
PINU	4	2	3

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras.

Consideraciones finales

Al momento de escribir este artículo – quiere decir, en marzo de 2010 – la crisis política hondureña continua vigente. Parece obvio que la realización de las elecciones generales no resolvió la grave coyuntura generada por el golpe de junio de 2009. Y la asunción de Porfirio “Pepe” Lobo, el día 27 de enero, aunque significativa, no es necesariamente decisiva para resolver la crisis política, económica y social.[17] En tal sentido, retornar efectivamente al orden democrático es condición sine qua non para reconducir el país por la senda del desarrollo humano y de la virtuosa convivencia hemisférica.

En reciente viaje de investigación en Honduras, realizada en la primera quincena de 2010, pudimos constatar la grave polarización y tensión sociopolítica imperante en el país. Verificamos también que la base electoral del nuevo gobierno hondureño es reducida y que la supuesta identificación de la sociedad con el régimen es, como mínimo, discutible. Algo semejante se podría argüir con relación a la aparentemente cómoda mayoría nacionalista en el Congreso Nacional. Reacuérdese que el presidente Lobo triunfó en un proceso electoral muy polémico y discutido, donde predominó la represión, el abstencionismo y el boicot de expresivos segmentos de la sociedad hondureña. En consecuencia, y como no podría dejar de serlo, existe mucho escepticismo político en la sociedad. Paralelamente, en el campo externo la reincorporación y el reconocimiento internacional al gobierno nacionalista parecen ser objeto de complicadas negociaciones con otros países y foros hemisféricos – aunque se mantenga el reconocimiento del Estado hondureño como actor jurídico internacional.

Paradójicamente, aún después de su – pírrica – victoria en las urnas, el señor Lobo acabó siendo virtualmente impedido por los agentes del régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti de lograr con las fuerzas de la Resistencia antigolpista un acuerdo político mínimo a favor de la gobernabilidad democrática para el período presidencial 2010-2013. Esa conducta de la oligarquía local ciertamente no prenuncia una solución inmediata, virtuosa, constructiva y general para la crisis pos-golpista.

En esa línea, el futuro gobierno hondureño tendrá que contribuir decisivamente para reconciliar honesta y verdaderamente la nación – lo que presupone realizar importantes concesiones políticas a los sectores subalternos, al zelayismo, y a la Resistencia popular. Obsérvese que la principal demanda estructural colocada en la mesa de negociación desde antes del golpe de Estado contra el presidente Zelaya es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 2010 o 2011. Castigar los comprobados y sistemáticos crímenes contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas represivas de la dictadura parece ser un tópico más complejo – incluso por los tradicionales vínculos entre el conservador Partido Nacional y los militares. Conceder justa compensación a las víctimas del golpe, además de atender las reclamaciones de los perseguidos, humillados y torturados por la represión, también será parte de una prudente y esclarecida política de reconciliación nacional. Más aún, en el campo político, parece plausible una recomposición del sistema político-electoral hondureño, con la eventual reagrupación de la izquierda popular y zelayista.

En ausencia de una deliberada posición de reconciliación nacional los escenarios plausibles para el futuro político en Honduras son negativos o pesimistas. Ello seguramente incluiría alta y creciente turbulencia política y social, el inicio de un ciclo de breves gobiernos incapaces de confirmar su legitimidad, violencia política, desafección político-electoral, y ostracismo en términos de inserción internacional – inclusive porque la conjugación de golpe con elecciones sin democracia podría erigirse en un pésimo precedente para otros países de América Latina. Vale agregar que Zelaya y Lobo, entre muchos otros actores políticos y sociales hondureños, parecen estar concientes de las desastrosas perspectivas del país. En consecuencia, muchos de ellos estarían predispuestos a lograr un acuerdo aceptable, razonable y eficiente para el sistema político, para la sociedad hondureña y para la comunidad internacional.

[1] El retorno al orden constitucional fue resultado de presiones domésticas y externas después de casi 20 años de gobiernos militares (1963-1981, con excepción de un breve interludio entre 1970 y 1972). El proceso de transición democrática fue realizado en un contexto regional sumamente complejo debido a las luchas de liberación nacional en los tres países vecinos (Nicaragua, El Salvador y Guatemala). Aunque con no pocas irregularidades, la democracia hondureña logró gradualmente legitimarse y evitar el inicio de un conflicto armado interno. Vale acrecentar que la transición hondureña siguió el modelo de la reforma y con importante participación de las elites políticas y sociales.

[2]PNUD, La democracia en América Latina, Naciones Unidas, Buenos Aires, 2004.

[3] Ibid.

[4]Maihold, G. y Córdova, R. “Democracia y ciudadanía en Centroamérica”, Centroamérica 2020/ Un nuevo modelo de desarrollo regional, LACC, IIK y Nueva Sociedad, Caracas, 2002, pp. 301-329.

[5] Rouquié, A., “Honduras”, Las fuerzas políticas en América Central, FCE, México, 1994, pp. 145-171.

[6]Las elecciones presidenciales, parlamentares o legislativas, y municipales en Honduras se caracterizan por su simultaneidad en un mismo día (último domingo de noviembre cada cuatro años) y por el hecho que se realizan en un único turno. Dicha simultaneidad favorece el surgimiento de gobiernos unificados, donde el ejecutivo goza del apoyo mayoritario en el legislativo y en las municipalidades, sea con su propia bancada o en coalición con alguno de los tres pequeños partidos existentes. No existen experiencias de “cohabitación” – quiere decir, gobiernos que coexistan con el predominio de la oposición en el Parlamento – en la reciente experiencia política hondureña. Véase Ajenjo, N. “Honduras: as eleições de 2005 e a formação de governo em 2006”, Os processos eleitorais na América Latina (2005-2006), LGE, Brasília, 2008, pp. 333-346.

[7] PNUD, 2004, op. cit.

[8] PNUD, 2004, op. cit.

[9] De un censo político-electoral calculado en cuatro millones de hondureños con derecho de voto, por lo menos un millón electores residen en el exterior – la mayoría emigrantes desde los años 1990. Y las tentativas de las autoridades electorales hondureñas para depurar esta anomalía no han resultado favorables hasta el momento. Al mismo tiempo, las tentativas para garantizar los derechos políticos a los electores hondureños residentes en el exterior – principalmente a los hondureños residentes en los Estados Unidos – no han tenido resultados positivos en términos de volumen de votos emitidos y han sido excesivamente costosas para las arcas públicas. Sería interesente si pudieras recomendar algún estudio o articulo sobre esto.

[10] Maihold y Córdova, 2002, op. cit.

[11]Domínguez, C., “Honduras: vicisitudes en la construcción de una democracia de ciudadanía” Contribuciones a las Ciencias Sociales, Num. 5 (Julio-Septiembre de 2009), disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/05/cfda.pdf, consulta el 22 de diciembre de 2009.

[12]Conviene destacar que los comicios generales estaban programados con bastante anterioridad y que – a diferencia de lo que normalmente aparece en la prensa conservadora – el presidente Zelaya no era candidato a reelección. Lo único realmente imprevisible era un golpe oligárquico en pleno siglo XXI.

[13] En el contexto de la crisis, Lobo se presentó como un humanista de centro y expresó interés en resolver constructivamente la difícil situación con la participación de Zelaya y otros actores políticos.

[14]Obsérvese que antes del golpe de junio de 2009 era posible prever una posible transformación del bipartidismo consolidado en un sistema de partido predominante, donde el liberalismo podría comandar la política hondureña. Sin embargo, las divergencias ideológicas entre corrientes internas del propio Partido Liberal (Zelaya, Micheletti, Santos, etc.) acabaron debilitando de forma bastante significativa.

[15] Conviene mencionar que la victoria del Partido Nacional fue posible en función del deliberado boicot impulsado por el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y por grandes segmentos del Partido Liberal – muchos de estos en repudio a la conducta de la dirigencia partidaria y específicamente a las ambivalencias del candidato del partido. A ello es necesario sumar la gran presencia de electores hondureños que no lograron ejercer el sufragio por residir en el exterior, principalmente en los Estados Unidos.

[16] Hasta el momento solamente se conoce aquiescencia de parte de los gobiernos de los Estados Unidos, Colombia, Taiwan, Costa Rica, Panamá y Perú. La mayoría de los países del continente y del mundo continúan objetando tanto el golpe como los comicios.

[17] Conviene mencionar que para los sectores más intransigentes de la Resistencia hondureña el próximo período presidencial (2010-2013) adolecerá de un inédito e insalvable vicio de origen, al surgir de un golpe de Estado, de la ignominiosa reacción oligárquica y de un proceso electoral de dudosa legitimidad interna y externa.

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