La lucha por la supervivencia y la dignidad

Amnistía Internacional

23/02/2010

Opinión

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Introducción

El prolongado conflicto armado interno ha tenido en los pueblos indígenas un impacto profundo y destructivo. Han sido víctimas de homicidio y hostigamiento y han sido expulsados de sus tierras por todas las partes en conflicto. A pesar de su decidida negativa a verse involucrados en las hostilidades, las amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas son cada vez mayores.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2009 murieron al menos 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y miles fueron desplazados internamente, la mayoría a causa del conflicto. Según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el grupo guerrillero de las FARC fue responsable de la mayor parte de estos homicidios, aunque todas las partes en conflicto, incluidos los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, han cometido reiterados abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y no han respetado sus derechos como civiles.

Los indígenas Awá se vieron especialmente afectados en 2009 y, según la ONIC, más de la mitad de los indígenas víctimas de homicidio durante ese año pertenecían a este pueblo. La lista de abusos contra los derechos humanos que han sufrido los Awá es representativa de los peligros a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Colombia hoy en día.

Los Awá son propietarios colectivamente de las tierras y los ríos del resguardo de El Gran Rosario, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Viven en una zona de importancia estratégica para las partes en conflicto. En esa zona actúan la guerrilla de las FARC y el ELN, grupos paramilitares y bandas de narcotraficantes, además de las fuerzas de seguridad colombianas. Los Awá, al igual que otros pueblos indígenas, siguen insistiendo en su derecho a no verse involucrados en el conflicto y a que se les respete como no combatientes. Por ejemplo, aunque miembros de los Awá conocen a fondo la región, se han negado a servir de guías para ninguna de las partes en conflicto. Aún así, los grupos armados continúan con el reclutamiento forzado de hombres, mujeres, niños y niñas, y muchos reciben presiones para convertirse en guías o informantes.

En 2009 se produjeron al menos dos masacres de Awá en el departamento de Nariño. La primera, el 4 de febrero, fue obra de las FARC y en ella murieron 15 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas, en el municipio de Barbacoas. A las 5 de la mañana del 26 de agosto de 2009, hombres con uniformes militares, armados y encapuchados atacaron la comunidad de El Gran Rosario, mataron a 12 Awá, entre los que había seis niños y niñas y un bebé de ocho meses, y dejaron heridos a algunos más. Entre las personas muertas estaban Tulia García y sus hijos. El 23 de mayo de 2009, Tulia García había sido testigo del homicidio de su esposo, Gonzalo Rodríguez, a manos de soldados de las fuerzas armadas, y posteriormente había recibido amenazas.

Durante 2009, centenares de Awá quedaron desplazados por la violencia en el departamento de Nariño y huyeron para buscar refugio en la ciudad de Tumaco. Tras la masacre de agosto, 300 Awá, entre los que había 100 niños y niñas, abandonaron sus casas, bienes y medios de vida y huyeron a Tumaco. Sus condiciones de vida en la ciudad eran motivo de gran preocupación. Semanas después de su llegada continuaban viviendo en refugios que ellos mismos habían construido o durmiendo a la intemperie. Los alimentos y el agua eran escasos y no había instalaciones de saneamiento.

Máximas autoridades del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad continúan haciendo declaraciones en las que relacionan a defensores y defensoras de los derechos de los indígenas con grupos guerrilleros, lo que resta credibilidad al trabajo de los defensores ante la opinión pública y desvía su atención de las amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas. Además, ayuda a crear un clima en el que se toleran, alientan o facilitan los abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En julio de 2009, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (relator especial sobre los pueblos indígenas) visitó Colombia y expresó preocupación ante la situación de los pueblos indígenas del país, que calificó de “grave, crítica y profundamente preocupante”. En concreto, pidió a los grupos armados ilegales que pusiesen fin al reclutamiento de niños y niñas indígenas y a la utilización de minas antipersonal –ambas prácticas habían aumentado desde la última visita del relator especial, en 2004– y expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

En sus observaciones finales sobre Colombia, publicadas en agosto de 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación “por la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra los afrocolombianos y los pueblos indígenas, como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, o reclutamientos y desapariciones forzados en el contexto del conflicto armado”. También señaló que “si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en esas violaciones, se sigue denunciando la participación o la colusión directa de agentes del Estado en esos actos y que algunos miembros de las fuerzas armadas han estigmatizado públicamente a las comunidades afrocolombianas e indígenas”.

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