Colombia

Multinacionales y conflictos

Alejandro Pulido

25/02/2010

Opinión

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Cuando en enero de 2009 el ayuntamiento de Cádiz otorgó el I Premio a la Libertad Cortes de Cádiz al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, porque “está contribuyendo a la erradicación de esta lacra del terrorismo con constancia y corazón grande” [1], los defensores de Derechos Humanos no sabían si era una bofetada, o una broma de mal gusto [2]. El premiado había roto la Constitución política para reelegirse, ha gobernado en medio de escándalos de corrupción, persiguiendo a la oposición política y amedrentando a la Justicia. Las cifras de su gestión hablan por sí solas: 5,2 millones de desplazados, 18.713 desaparecidos, 321 violaciones al derecho a la vida, libertad personal e integridad física contra trabajadores sindicalizados, casi 6.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y grupos paramilitares, aproximadamente 50.000 crímenes políticos, el incremento de la concentración de la riqueza (en abierta contradicción con la tendencia de la región), instituciones gubernamentales infiltradas por el paramilitarismo (lo mismo que la central de inteligencia del Estado-DAS), la persecución a los jueces que investigan sus actividades y, recientemente, la entrega de millonarias donaciones a grandes terratenientes del país.

El honrado con el premio de Cádiz se detuvo meses después en Madrid para entrevistarse con la crema de las empresas multinacionales españolas, marco en el que se afirmó que “para las empresas españolas la posible reelección de Uribe es una buena noticia”, porque “da seguridad a las empresas” [3]. Ante la pregunta: ¿seguridad para los negocios o respeto a los principios constitucionales?, los empresarios españoles no dudaron. Tras esta magna reunión, el presidente colombiano se dirigía a visitar al Papa, en una de las misiones para las que había nacido al mundo, entrevistarse con el Pontífice como jefe de Estado de un país constitucionalmente secular, pero en el que los sicarios siguen pidiendo protección a la virgen. Después del encuentro con el representante de Cristo, Uribe decidió ganarse también la bendición de Berlusconi; la estrella de la admirable clase dirigente europea dijo sobre Colombia: “...es un país rico y grande, en el que no han sido aprovechadas todas las posibilidades de inversión que existían por los motivos de inseguridad que había en el país” [4].

“Desde que llegó el banco, 3.400 de nuestros compañeros perdieron su trabajo, los trabajadores que quedan reciben la presión del banco para que no se afilien, en una dinámica completamente agresiva”, según un trabajador sindicalizado en Colombia, que deplora el trato que le ha dado el BBVA a sus trabajadores. Éste no es un testimonio aislado, y aparece en un contexto lleno de duras contradicciones: en el período 2002- 2008 hubo 468 asesinatos, y un total de 3.527 atentados contra los trabajadores sindicalizados [5], sin que se haya abierto ningún proceso que esclarezca a los autores intelectuales de los crímenes en la abrumadora mayoría de los casos. Los conflictos por el control de territorios y sus recursos y por el aprovechamiento del trabajo se han agudizado en los últimos años, con las reformas neoliberales implementadas hace casi veinte años, y con la aparición de poderosas empresas internacionales, que se han adueñado de sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, medios de masas, servicios públicos. Como sucedió en Perú con Fujimori o en Argentina con Menem.

Se vende país

Con la unanimidad, característica de un gobierno autoritario, ha posibilitado lo que hasta hace unos años era considerado absurdo: exenciones tributarias a las inversiones extranjeras, contratos de estabilidad jurídica por cincuenta años o la flexibilización de normas de control ambiental y laboral. Ahora, como nunca antes en la historia de Colombia, se han entregado inmensas extensiones de tierras para la explotación de recursos: Anglo Gold Ashanti tiene una concesión para explorar en casi cuatro millones de hectáreas, con la expectativa de incrementarlas a doce; las zonas de interés minero equivalen a la tercera parte del territorio nacional; se han multiplicado por cuatro las áreas de exploración petrolera, se han entregado grandes parques naturales del Estado para ser operados por empresas hoteleras; se tiene previsto construir siete grandes hidroeléctricas para 2014; las selvas vírgenes que aún quedan son objetivo para extraer maderas preciosas y sembrar palma africana (se tienen sembradas cerca de 350 mil hectáreas, y se espera sembrar 3,5 millones a mediano plazo). Se ha vendido todo lo que puede ser vendido y la danza de los millones interpretada por el narcotráfico y los grandes capitales internacionales se han adueñado de todas las esferas de la vida en el país.

El actual Gobierno de Uribe ha sabido privilegiar las grandes inversiones, argumentando que son generadoras de empleo, mejoran la infraestructura tecnológica e incrementan la competitividad del país. En este contexto, las empresas multinacionales han sido protagonistas, generando importantes márgenes de utilidad, en medio de un conflicto social con duras características: Repsol extrae petróleo en el corazón de Arauca, uno de los epicentros del conflicto colombiano, sin que su “Responsabilidad Social Corporativa” le haya motivado pronunciarse sobre las masacres cometidas por grupos paramilitares cerca de su patio trasero. Mientras, Unión Fenosa bautizó con “cultura de no pago” las duras condiciones de pobreza del 80 por ciento de la población de la costa Caribe colombiana, que justificó con cortes sistemáticos, y el amedrentamiento directo a las comunidades [6]. Santander y BBVA generaron despidos masivos cuando arribaron al país, cerca de 4.500 trabajadores despedidos evocan con poco aprecio a estas empresas [7].

En Colombia existe la vieja tradición de utilizar las armas a la hora de proteger la sagrada propiedad, en 1928 fueron asesinados cerca de 1000 trabajadores que exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company (antecesora de la actual Chiquita Brands, financiadora de grupos paramilitares), hecho conocido como la Masacre de las Bananeras. Décadas después se llevó a cabo el sistemático exterminio de los indomables indígenas Yariguíes en las riveras del río Magdalena, en faenas de cacería con las que se divertían los ingenieros norteamericanos de la Standard Oil (hoy Exxon Mobil). Yrecientemente la minera estadounidense Drummond ha sido acusada por el financiamiento, y autoría intelectual, del asesinato de varios líderes sindicales hace cinco años.

A pesar de las campañas para salvar a la infancia de la pobreza, o de las “grandes” sumas de dinero donadas por las grandes multinacionales para promover el desarrollo social, la opinión pública parece no tragarse el cuento sobre lo imprescindibles que son estas empresas: apenas el 34 por ciento de los colombianos está satisfecho con los servicios públicos privatizados, y el 80 por ciento de los latinoamericanos cree que el petróleo debe quedar en manos del Estado [8]. Existe una gran preocupación entre las multinacionales por quedarse, consolidarse, y expandirse en Latinoamérica, donde las fronteras nacionales cada vez importan menos. En ese contexto, surge una preocupante tendencia, la integración horizontal y vertical en varios sectores estratégicos, lo que significa que en unos años podría verse una empresa que se encarga de perforar pozos de petróleo, distribuir gas, cobrar la electricidad, vender gasolina y comercializar bonos verdes para tranquilizar conciencias sobre el cambio climático.

De acuerdo al Banco Mundial, en Colombia se encuentra el mejor clima de los negocios en América Latina después de Puerto Rico, “por simplificar los trámites de crédito, protección de la inversión, y simplificación en el pago de impuestos” [9]. Sin embargo, este clima cuenta con algunas dificultades, especialmente por la resistencia de los pueblos. Cientos de organizaciones sociales del país se reunieron para acusar a muchas de las empresas multinacionales por sus delitos contra la humanidad, entre las cuales se encontraban varias empresas españolas, en lo que se llamó Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia. Fueron condenas de tipo moral y ético, pero fueron legítimas al representar las voces de miles de personas que no han encontrado respuesta en los tribunales del Estado.

Los pueblos, en resistencia

Mas allá del Tribunal, los pueblos de Colombia buscan maneras de contener el ejercicio de la violencia dirigida a “darle seguridad” a las inversiones, aunque por otro lado juegan las jugosas propuestas que llegan con los programas de Responsabilidad Social Corporativa. Los pueblos no sólo se enfrentan a poderosas corporaciones con sus jaurías de abogados, sino también a la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil, que por lo general esta infestado de grupos armados legales e ilegales. Se cierran las posibilidades de mantener expresiones culturales diferentes a la dominante, los pueblos que durante cientos de años se refugiaron en selvas y montañas en la periferia del “desarrollo”, ahora tienen que enfrentarse de nuevo a ejércitos invasores, misioneros disfrazados de ONG, y a una autoridad que siempre les ha sido ajena.

Las solicitudes de permisos de explotación de recursos excede la capacidad de las organizaciones para enfrentar a los abogados corporativos: los campesinos de las llanuras de Arauca se preguntan qué hacer con la empresa petrolera que quiere comprar sus tierras de cualquier manera; las comunidades indígenas Emberá, Katío y Wounaan, de las selvas del Pacífico (ante la arremetida de empresas mineras, palmeras y madereras), cómo pueden hacer valer su derecho a la consulta previa; o las comunidades afrodescendientes del Cauca, buscan defender su manera de aprovechar artesanalmente el oro en sus territorios. Los movimientos sociales insisten en buscar espacios jurídicos para que sean reconocidos sus derechos, valiéndose de todas las posibilidades constitucionales que aún quedan, pero sepultados por la realidad jurídica en la que se enseñorea la extrema derecha. Los esfuerzos jurídicos pasan por demandas locales a raíz de la violación de derechos laborales, por los daños causados por el servicio de electricidad o los vínculos con grupos armados para eliminar dirigentes sindicales. Anivel internacional, se aprovechan algunas grietas que permiten hacer demandas jurídicas especialmente por crímenes en contra de la humanidad. En Estados Unidos, la corporación minera Drummond aceptó pagar una suma simbólica como indemnización por el financiamiento y apoyo directo a grupos paramilitares; en el Reino Unido, British Petroleum, a raíz de la demanda de varios campesinos víctimas de desplazamientos y atentados contra su vida en el área de influencia de su oleoducto, logró negociar el silencio a cambio de una cifra de varios millones de euros. El sistema judicial local es tremendamente débil, a nivel internacional aún no es posible hacer justicia.

Las luchas de los pueblos de Colombia por defender sus territorios, y por hacer digno su trabajo, no se han reducido a lo jurídico, de una manera u otra entienden que sus proyectos de vida (ajenos a los hipermercados, los televisores y los tanques de guerra) se fundamentan en el reconocimiento a su autonomía, en el principio de autodeterminación, en la posibilidad de construir sus propias relaciones con la naturaleza. Para muchos movimientos y organizaciones está claro que la supervivencia depende de correlaciones de fuerzas favorables, y para ello es necesario poner a jugar la desestabilización del sistema que viene con las movilizaciones masivas y la protesta en las calles. En los últimos años, tal vez la expresión más genuina de las tensiones que padecen los movimientos populares frente al sistema es la Minga de los Pueblos (que nació como la Minga Indígena), que parte de la necesidad de abrir espacios de reencuentro y movilización, enriqueciendo la agenda social con elementos políticos y la denuncia directa sobre el accionar de las multinacionales que afectan sus territorios.

Puede que los elementos de la Minga no sean nuevos, pero no puede dejar de sorprender una movilización masiva tras varios años de la más dura represión y guerra sucia desde el establishment. En este momento se están tejiendo redes de intercambio de experiencias de resistencia popular ante la arremetida de las empresas mineras, en particular la Anglo Gold Ashanti. Se continúa en el levantamiento de pruebas y en la construcción de casos para insistir en demandas jurídicas, por los casos más representativos de crímenes en los que están involucradas empresas multinacionales, a pesar del silenciamiento de testigos, y el torpedeo de los procesos. Se siguen desarrollando campañas de boicot y denuncia a varias empresas, aprendiendo de los aciertos y errores de las anteriores campañas de denuncia en contra de Coca-Cola, Nestlé y Occidental Petroleum. En estos momentos, los pueblos de Colombia construyen diversas posibilidades para defender los derechos de los pueblos frente al derecho comercial internacional, pero una cosa está clara: en Colombia, estas corporaciones no pueden seguir haciendo lo que les da la gana.

- Alejandro Pulido se dedica a hacer seguimiento a multinacionales y los problemas del “desarrollo” en Colombia, y es colaborador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Este artículo ha sido publicado en el nº 40 de la revista Pueblos, diciembre de 2009.

NOTAS:

[1] “Uribe recibe el premio Cortes de Cádiz por su labor contra el terrorismo”. Diario El Espectador, 9 de enero de 2009.

[2] “Pide Amnistía Internacional que se reconsidere otorgar al presidente Uribe premio en España”. Diario El Tiempo, 13 de enero de 2009.

[3] “Presidente se reúne hoy con Berlusconi y El Papa. Empresarios de España Apoyan Nueva Reelección”. El Tiempo. 30 de abril de 2009.

[4] “Uribe le explicó al Papa su postura crítica frente a las Farc”. Diario El Tiempo. 1 de mayo de 2009.

[5] Escuela Nacional Sindical. (2007-2008). Sistema de Información Laboral y Sindical. Medellín, Colombia.

[6] Ramiro, P.; González, E. y Pulido, A. (2007). La energía que apaga Colombia. Los impactos de las Inversiones de Repsol y Unión Fenosa, Barcelona, Icaria - Paz con Dignidad.

[7] Alejandro Pulido y Pedro Ramiro, “La Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales españolas en Colombia”, Lan Harremanak, nº 19, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2009.

[8] Informe 2008. Corporación Latinobarómetro. Noviembre de 2008. Santiago de Chile.

[9] Doing Bussines. Comparando la regulación en 183 economías. Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y Palgrave MacMillan. 2009.

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