Por estos días asistimos conmovidos al drama de las inundaciones en Santa Fe, con su capital provincial semicubierta por las aguas, miles de viviendas con sus muebles y enseres destruidos o inutilizados, centenares de comercios que lo perdieron todo, campos anegados, la producción agrícola y ganadera seriamente afectada, y, sobre todo, las vidas tronchadas y el inmenso dolor de la gente que, atónita, ha visto esfumar ante sus ojos el fruto de largos años de trabajo. Vimos a barrios enteros clamando por una ayuda que demoró demasiado en llegar por parte del gobierno y de los organismos del Estado que tenían la obligación de asistirlos y advertirles con anticipación sobre lo que podría sobrevenir con las nuevas lluvias y la previsible creciente del Salado. Vimos también la hermosa solidaridad de nuestro pueblo que se brindó generosa a los hermanos en grave emergencia. Nos sumamos a ese esfuerzo solidario y llamamos a todas y todos, a contribuir de todas las maneras posibles a aliviar la situación de las poblaciones afectadas. Pero ahora que las aguas comienzan a bajar -y los pobladores emprenden el regreso a sus hogares- poniendo a la vista la magnitud del desastre, es imprescindible reflexionar sobre las causas de tamaña calamidad y las alternativas de solución a mediano plazo. Más allá de las responsabilidades concretas y específicas de los dirigentes y funcionarios involucrados, que sin duda hará falta establecer, debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué relación existe entre la fuerte crecida de las aguas y el modelo llamado de desarrollo, impuesto en el país en los últimos años? Un modelo que ha llevado no sólo al abandono, de parte del Estado, de muchas de las funciones cuya ausencia se manifiesta en Santa Fe con fatal nitidez, sino además, ha favorecido una explotación de la tierra pensando, no en su cuidado sino en su expoliación, privilegiando la acumulación de grandes extensiones de tierra dedicadas a producir para la exportación y el ingreso de divisas – muchas de ellas destinadas luego al pago de los intereses de la deuda externa- dejando de lado prácticas más equilibradas tanto en lo social como lo ambiental. Tenemos que preguntarnos también, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para la recuperación de las pérdidas que se estiman en varios miles de millones de dólares? ¿Puede acaso la ayuda fraternal de todos nosotros –con más de veinte millones de argentinos sumergidos, no bajo las aguas pero sí bajo la línea de pobreza- resolver problemas económicos de tal envergadura? ¿O nos resignaremos a que los cientos de miles afectados en Santa Fe por la crecida del Salado engrosen al contingente de los desposeídos y excluídos? Ante la gravísima emergencia que afecta a tantos miles de nuestras hermanas y hermanos en Santa Fe, y sobre todo frente al ofrecimiento del Banco Mundial de otorgar nuevos créditos a la provincia en un supuesto esfuerzo para superar la situación de desastre, insistimos en que como sociedad y como país, tenemos que buscar las soluciones en otros lados. No es cuestión de construir vallas de contención cada vez más altas ante el desastre en ciernes, sino de transformar este modelo de muerte y destrucción en posibilidades de vida digna para todos y todas, junto con la preservación del medio ambiente y de nuestras comunidades. No es tampoco a través de nuevos endeudamientos con los mismos responsables del actual modelo de desastre, sino reconociendo la ilegitimidad y la perversidad del mecanismo de endeudamiento forzoso y logrando de una vez que se suspenda todo pago sobre la deuda externa para poder interrumpir sus condicionamientos y destinar ese dinero a resolver los problemas de las poblaciones afectadas tanto en Santa Fe como en todo el país. Entendemos que esta reivindicación de estricta justicia, multiplicada a lo largo del país por la acción de todas las organizaciones populares, debería ser nuestro mejor aporte solidario. Buenos Aires, 5 de mayo de 2003 * DIALOGO 2000, Piedras 730, Capital, TE 4307 1867 / E-mail: dialogo@wamani.apc.org