A los Representantes de los Países Amigos del Proceso de Paz en Guatemala y Grupo Consultivo Los desmovilizados de la URNG integrados en la cooperativa Nuevo Horizonte (Petén), cooperativa El Progreso (Suchitepéquez) y cooperativa Santa Anita (Colomba Costa Cuca), nos dirigimos a ustedes con el propósito de compartir nuestro punto de vista sobre el proceso de paz en Guatemala. Con profunda preocupación observamos que, luego de las auspiciosas perspectivas que auguraba el camino de la paz para todos los guatemaltecos, el que sabíamos estaría cubierto de dificultades que deberían ser sorteadas con paciencia y tolerancia, este tránsito hacia la paz, sostenido por un imprescindible mejoramiento en las condiciones sociales y económicas del conjunto de la población, no solo se ha estancado sino que está sufriendo un desconsolador retroceso. Lamentamos la poca voluntad de sectores de poder en propiciar una real democratización de la sociedad que se evidencia en: los aún persistentes y elevados niveles de pobreza (56%) de nuestra población mencionada en el informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo; el autoritarismo no superado; la corrupción e impunidad que involucra al gobierno de Guatemala con redes del crimen organizado; en la existencia de aparatos clandestinos y poderes aislados; en los insuficientes avances en el reconocimiento de la multiculturalidad; en el retroceso en los espacios de concertación donde detectamos graves síntomas de una nueva polarización; en el rescate por parte de sectores de poder de estructuras militarizadas como las ex Pac, las que nuevamente parecerían ser utilizadas, por el momento, con fines electorales y, el desvío de fondos hacia el presupuesto del ejército. En este marco, el acuerdo " Sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad", a seis años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, sufre dilaciones, tropiezos permanentes en el intrincado engranaje burocrático y falta de respuestas reales a los puntos acordados, afectando sensiblemente su cumplimiento y con ello, el proceso de concertación que con mucho empeño decidimos iniciar. En 1997 confiados en este proceso nos desmovilizamos y aceptamos agruparnos en diferentes albergues proporcionados por el gobierno, especialmente, aquellos que habíamos perdido por diferentes razones nuestras raíces familiares. El gobierno prometió solucionar el destino definitivo en tres meses, para comenzar nuestro proceso de reinserción. Durante un año esperamos pacientemente estas promesas, pero desgraciadamente ante el incumplimiento por parte del gobierno, debimos presionar con medidas de fuerza para obtener respuestas y se nos concedió un mes para encontrar nosotros mismos estos lugares, lo que hicimos, trasladándonos a nuestras actuales cooperativas entre enero y febrero del 1,998. Posteriormente el Fondo de Tierras negoció el monto de la deuda por la tierra que debería ser cancelada a un banco y pagarse con los excedentes obtenidos de los proyectos productivos agrícolas y forestales que debían implementarse sobre la base de 10 mil quetzales que serían entregados a cada uno de los desmovilizados. En definitiva de este monto se nos entregó el 27 %, de los cuales solo el 10% pudo ser dirigido a los proyectos productivos que pudimos fortalecer con apoyo de la Unión Europea. A pesar de los grandes esfuerzos, por diversos factores estos proyectos no dieron los resultados esperados, lo que no nos permitió cumplir con los pagos acordados; ante esta situación el banco inició presiones jurídicas provocando el temor en un sector de los asociados que emigraron agudizando aun más las dificultades internas para sacar adelante la producción. Sin embargo, a pesar de estas grandes dificultades continuamos luchando por nuestra tierra, fortaleciendo los niveles organizativos para tratar de avanzar con nuestros propios esfuerzos dentro de los marcos establecidos por la institucionalidad del país y gestionando ante FONTIERRA e instituciones internacionales una solución a esta problemática, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta satisfactoria a estas demandas. Esta difícil situación se agrava cuando se trata de los desmovilizados de la guerrilla dispersos (que no viven en cooperativas) a quienes aún no se les ha proporcionado ni tierra, ni vivienda. Por ello, exigimos se retome el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y, proponemos que nuestras organizaciones y comunidades se constituyan en agentes directos de interlocución con las instituciones nacionales concernientes al tema, a fin de agilizar los procesos y garantizar que el programa de reincorporación se aplique en forma flexible y adaptada a nuestras necesidades. Hacemos un llamado al gobierno y comunidad internacional a que se evalúe detenidamente el problema de la deuda sobre la tierra ya que esto será imposible de solucionar como está proyectado. Está en nuestro espíritu solucionarlo dentro del marco institucional, pero con medidas factibles que no profundicen las heridas sociales y económicas causadas por la guerra. Por la Organización de Guerrilleros Desmovilizados Eusebio Figueroa Santos Finca Nuevo Horizonte
Guatemala 05 de mayo de 2003