De conformidad con el mandato establecido en el acuerdo firmado en 1996 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este informe analiza los hechos más importantes relacionados con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia en el año 2009. El informe registra, entre otros temas, importantes avances, destacando la reducción drástica de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y los progresos en la tramitación de los procesos contra congresistas y funcionarios públicos por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares.

 

El informe reconoce la apertura gubernamental al escrutinio internacional al recibir a cuatro relatores especiales y realizar el seguimiento por propia iniciativa de las recomendaciones del examen periódico universal. La Alta Comisionada agradece el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la apertura y franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos.

 

El informe muestra cómo el conflicto armado interno continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de los actores armados con el narcotráfico y el impacto especialmente grave del conflicto armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas.

 

Asimismo, el informe analiza los desafíos en la implementación de la Ley 975 (2005), llamada de “justicia y paz”, el aumento de amenazas y la utilización ilegal de los servicios de inteligencia contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y otras personas, la polarización entre el Gobierno y la comunidad de derechos humanos y entre el ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, así como el aumento de los casos de violencia sexual. Además, persisten profundas debilidades en varios departamentos para alcanzar la plena satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, que se traducen en discriminación de facto y marginación de la población afrocolombiana e indígena.

 

Finalmente en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia y se presentan una serie de recomendaciones.