La disidencia en Estados Unidos

Néstor García Iturbe

24/03/2010

Opinión

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Estados Unidos, en su guerra por tratar de eliminar a la Revolución Cubana de la faz de la Tierra, ha desarrollado distintas campañas y operaciones encubiertas, algunas como complemento de otras. En el afán de crear un movimiento opositor, organizó, preparó, financió y “fabricó” a grupos que se dedicaron a realizar distintas actividades, algunas amparadas en la cubierta del “periodismo independiente”, otras en la llamada sociedad civil y en la creación de organizaciones fantasmas que se otorgaban la representación de sectores de la población cubana donde eran totalmente desconocidos.

En realidad esas personas actuaban como agentes de los servicios especiales norteamericanos, de los que recibían orientaciones, medios para el trabajo subversivo y el financiamiento necesario para desarrollar sus actividades. Además de la entrega de información sobre distintos aspectos de la vida económico-social cubana, esos elementos se dedicaban al reclutamiento de nuevos hombres, para desarrollar campañas subversivas, promover el malestar en la población y, en algunos casos, llevar a cabo actos de sabotaje contra la economía.

La captura y encausamiento de dichos agentes trajo como consecuencia otra campaña emprendida contra Cuba por parte de Estados Unidos, el que trata de presentar el hecho como una violación de lo establecido jurídicamente para ese tipo de delito, cuando en realidad el hecho se refiere al enjuiciamiento y condena —de acuerdo con las leyes cubanas— de un grupo de personas cuya actividad estaba dirigida y financiada por Washington que actuaba como representante de un gobierno enemigo.

Tomando en consideración la campaña emprendida contra Cuba, según las medidas tomadas contra dichos agentes, se inició una investigación relacionada con el tratamiento que las leyes de Estados Unidos le dan a ese tipo de delito, con el fin de evaluar si las decisiones tomadas por los tribunales cubanos pudieran resultar excesivas en el caso de que el delito antes mencionado se cometiera por nacionales estadounidenses en su país.

Al realizar la investigación, se pudo conocer que el delito al que nos referimos ha sido tipificado en las leyes norteamericanas, en las que a la vez se fijan las sanciones correspondientes para las personas que se hallen culpables de los mismos. Estas leyes han sido promulgadas de acuerdo con la situación que en cierto y determinado momento confrontaba Estados Unidos; lo que ellos llaman “disidentes” cuando se refieren a sus seguidores en otros países, los califican como “sediciosos” cuando el fenómeno se origina dentro de su propio territorio.
El inicio de la Primera Guerra Mundial originó que se promulgara la Ley Contra la Sedición —aprobada por el 65 Congreso el 16 de mayo de 1918— como una enmienda a la Sección 3 de la Ley de Espionaje aprobada el 15 de junio de 1917. Esta ley establece que:
[...] el que deliberadamente confeccione o envíe información falsa o declaraciones falsas con la intención de interferir con las operaciones o el éxito de las fuerzas militares o navales de Estados Unidos, o que ayude al éxito de sus enemigos, o el que deliberadamente confeccione o envíe información falsa, o diga o haga algo[. .para tratar de que inversionistas no adquieran bonos de Estados Unidos [...] u otorguen préstamos a Estados Unidos[..].

Es decir que si aplicáramos las leyes norteamericanas a los “sediciosos” que se han dedicado al envío de informaciones falsas sobre Cuba; que interfieran las actividades de las fuerzas armadas cubanas en cuanto al mantenimiento del orden y la tranquilidad ciudadana, que han divulgado mentiras con el fin de ayudar al éxito de los enemigos de Cuba, o que difundan datos falsos o han promovido rumores con el propósito de que inversionistas extranjeros no inviertan en Cuba o se nieguen a otorgarle préstamos, dichas personas serían declaradas culpables.

En la propia Sección 3, la Ley sobre Espionaje más adelante expresa:

[.J el que deliberadamente cause o incite a la insubordinación, deslealtad, motín o rechazo al servicio en las fuerzas armadas de Estados Unidos [...] el que deliberadamente profiera, imprima, escriba o publique cualquier manifestación desleal, profana, difamatoria o grosera contra la forma de gobierno de Estados Unidos, o la Constitución de Estados Unidos, o las fuerzas navales o militares de Estados Unidos, o la bandera [..] el que utilice un lenguaje que desacredite, promueva el desprecio; desdén o Injurie la forma de gobierno, la Constitución, las fuerzas militares o la bandera de Estados Unidos [...] el que deliberadamente despliegue la bandera de un país enemigo [.] el que incite o promueva cualquier disminución en la producción del país o de cualquier cosa o cosas necesarias o esenciales para la realización de la guerra [..] el que realice cualquier tipo de expresión o acto en apoyo o en favor de la causa de cualquier país con el que Estados Unidos se encuentre en guerra, o se exprese o actúe en oposición a la causa de Estados Unidos, será sancionado a una multa no mayor de 10 000 dólares o la pena de prisión por no más de 20 años, o ambas.

Si continuamos aplicando esta ley a la situación que se trató de desarrollar en Cuba, pudiéramos decir que han violado la ley aquellos que:

“..deliberadamente han incitado a la insubordinación, la deslealtad, motín o rechazo al servicio en las fuerzas armadas de Cuba; el que deliberadamente profiera, imprima, escriba o publique cualquier manifestación desleal, profana, difamatoria o grosera contra la forma de gobierno existente en Cuba, la Constitución, las fuerzas armadas o la bandera cubana; el que utilice un lenguaje que desacredite, promueva el desprecio, desdén, o injurie la forma de gobierno, la Constitución, las fuerzas armadas o la bandera cubana; el que deliberadamente despliegue la bandera de un país enemigo de Cuba; el que incite o promueva cualquier disminución de la producción del país o de cualquier cosa o cosas necesarias para la realización de la guerra; el que realice cualquier tipo de expresión o acto en apoyo o a favor de la causa de cualquier país con el que Cuba se encuentre en guerra o se exprese o actúe en oposición a la causa de Cuba, será sancionado a una multa no mayor de 10 000 dólares o la pena de prisión por no más de 20 años, o ambas.”

Es evidente que los delitos señalados en esa ley, al ser aplicables a Cuba y comparado con la actuación de los “sediciosos” nos permite conocer que la mayoría de las violaciones realizadas por estos se encuentran recogidas en la ley. Recuérdese, la insubordinación, la deslealtad, las manifestaciones profanas, groseras y difamatorias de estos mercenarios contra la forma de gobierno existente en Cuba, incluso el haber desplegado la bandera de un país enemigo. Estas personas se han cansado de tratar de promover la disminución de la producción y de realizar expresiones y actos de apoyo a favor de la causa de un país que se encuentra en guerra contra Cuba desde hace más de 40 años: Estados Unidos. De acuerdo con la ley, la pena de prisión hasta un máximo de 20 años es totalmente aplicable en estos casos.

La ley original a la cual hicimos referencia inicialmente, denominada Ley de Espionaje, en su Sección 2 —la cual no fue enmendada— establece que “si la información entregada se utilizara para perjudicar a Estados Unidos, o en beneficio de una nación extranjera [...] aquel que viole lo establecido pudiera ser condenado a la pena de muerte o a prisión por no más de 30 años”. Este aspecto resulta importante en relación con las actuaciones realizadas, pues una buena parte de la información se ha utilizado para perjudicar a Cuba, lo cual permitiría condenar a los violadores a 30 años de prisión y en algunos casos hasta a la pena de muerte. Evidentemente que las leyes cubanas resultan más beneficiosas para los violadores que las norteamericanas.

La situación económica a que se enfrentó Estados Unidos antes de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia que los trabajadores incrementaran su lucha por mejores condiciones laborales, salarios más justos y mayor protección social, todo lo cual desató una oleada de huelgas y el incremento del sentimiento antipatronal en la mayoría de los obreros, lo cual a la vez significó un mayor apoyo a las fuerzas de izquierda, que eran las que realmente defendían los intereses de los obreros. Algunas de estas fuerzas —influenciadas por el ejemplo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde los obreros tenían en sus manos el gobierno de la nación— planteaban la necesidad de que en Estados Unidos se instaurara un nuevo tipo de gobierno.

Como la Ley de Espionaje no era totalmente aplicable con la nueva situación creada, el 28 de junio de 1940 se aprobó una ley conocida como Ley Smith, la cual en su Sección 2 consideraba ilegal para cualquier persona residente en Estados Unidos.

[...J con conocimiento o deliberadamente ser partidario, cómplice, asesor o dedicarse a la enseñanza del deber, la necesidad, el deseo o conveniencia de derrocar o destruir el gobierno de Estados Unidos por la fuerza, empleando la violencia o mediante el asesinato de cualquier funcionario de dicho gobierno [...] el que con la intención de causar el derrocamiento o la destrucción del gobierno de Estados Unidos, imprima, publique, edite, circule, venda, distribuya o públicamente exhiba cualquier material escrito o impreso que esté dirigido, aconseje, o plantee la necesidad, el deber, la conveniencia de derrocar o destruir el gobierno de Estados Unidos por la fuerza o la violencia [...] el que organice o ayude a organizar cualquier sociedad, grupo, o unión de personas que planteen, sean partidarios o promuevan el derrocamiento o la destrucción del gobierno de Estados Unidos por medio de la fuerza o la violencia, o que sea miembro o se afilie con cualquiera de esas sociedades, grupos o agrupaciones de personas.

Como resultado de la aplicación de la Ley Smith, en 1943, en Minneapolis, Minesotta arrestaron y juzgaron a 18 miembros del Socialist Workers Party. Cuando estos apelaron a la Corte Suprema por considerar injusta la condena, dicho órgano rechazó la revisión de la sentencia. En octubre de 1949, en una acción dirigida contra el Partido Comunista Americano, fueron detenidos y juzgados Eugene Dennis y otros 12 líderes del partido, en los dos años siguientes otros 46 militantes comunistas fueron detenidos y juzgados en aplicación de la propia ley.

En todos estos procesos se hizo caso omiso de lo planteado en la Constitución de Estados Unidos, lo que tantas veces ha sido mencionado como argumento sobre “la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y el derecho a otras libertades”, que en definitiva en esa sociedad solamente lo tienen los que forman parte de la clase en el poder, por lo que la Ley Smithera un instrumento represivo para aplicar a los que osaran tratar de cambiar el sistema de gobierno implantado en Estados Unidos.

Más reciente que las actividades represivas desarrolladas contra los disidentes en los años 40, puede señalarse la situación que como consecuencia de la guerra fría se desarrolló durante la administración Eisenhower, la que se destacó, entre otros aspectos, por incrementar la represión contra todo aquel ciudadano que manifestara su no coincidencia con la política de la guerra fría, o que se decidiera a luchar por mejores condiciones de vida para los trabajadores. Un ejemplo evidente de la represión existente lo ofrece el Decreto No. 10450 de 27 de abril de 1953, el cual estableció que todo empleado público quedaba sujeto a una investigación policial en la cual sería fichado, pues se tomarían sus huellas digitales que se enviarían al FBI para su conservación y archivo. Todo esto se realizaba para garantizar la “seguridad de la nación”.

Formando parte de este movimiento que pretendió ahogar las ideas de izquierda, en 1954 se aprobó por el Congreso una enmienda a la Ley McCarranpor la cual dicha legislación recibió el nombre de Ley de Control de la Actividad Comunista. Establecía que el Partido Comunista de Estados Unidos era una organización conspirativa, que buscaba el derrocamiento del gobierno norteamericano. La ley despojaba al Partido Comunista de Estados Unidos y a sus afiliados de todos los derechos, privilegios e inmunidades que se otorgaban a los otros partidos políticos y ciudadanos norteamericanos, una ley propia de un régimen fascista donde no existen las mínimas libertades públicas. A los comunistas les estaba negado el derecho de trabajar en el servicio gubernamental, en la industria de guerra u obtener un pasaporte para viajar al extranjero. Los afiliados al Partido Comunista debían registrarse bajo la denominación de “elementos subversivos” y sufrir toda una serie de privaciones y vejámenes que prácticamente los ponía fuera de la legalidad. Solo faltó que al igual que los nazis obligaban a que los judíos tuvieran la estrella de David en un lugar visible de su vestimenta, que se obligara a los comunistas a coserse una hoz y un martillo en la camisa.

Aunque, como puede deducirse de lo planteado en el párrafo anterior, se estaba llevando una verdadera guerra represiva contra el comunismo dentro de Estados Unidos, en la cual el presidente Eisenhower tenía la máxima dirección, al calor de dicha actividad surgieron grupos de personas que no estaban suficientemente contentos con las medidas adoptadas y pedían otras más radicales; al frente de estos grupos estaba el senador McCarthy, que había tenido la “iniciativa” de pedir que se quemaran aquellos libros de contenido “subversivo”, entre los que incluyó algunos clásicos de la literatura universal.

La época del macartismo es plenamente conocida debido a las constantes violaciones que se llevaron a cabo de los derechos ciudadanos, hoy llamados Derechos Humanos, donde un buen número de personas de la sociedad norteamericana fueron juzgadas y estigmatizadas por sospecharse que tenían ideas liberales o no acordes con el modo de vida americano, el “american way of life”.

El tribunal de la inquisición macartista no tuvo limitación alguna en culpar a los “disidentes” para poder salvar la “seguridad nacional”. Los macartistas situados en la extrema derecha del pensamiento político norteamericano se convirtieron en enemigos de los demócratas, pero también de los republicanos que apoyaban a Eisenhower y la forma en que este conducía la guerra contra el comunismo, la que calificaban de poco dura, llegando incluso a denominar corno traidor al propio Presidente. En la primavera de 1954 McCarthy acusó al gobierno de defender a los espías rusos que existían dentro del gobierno norteamericano. Como respuesta a estas declaraciones, el vocero de la Casa Blanca aclaró que desde la toma del poder por parte de la administración Eisenhower, se habían condenado a largas penas de prisión a 50 líderes del Partido Comunista, acusado a 49 e incluidos 72 nombres en la lista de instituciones subversivas; se habían desterrado 129 personas de origen extranjero y dada la orden de deportación sobre otros 400. Con un historial como ese era un poco difícil acusar a la administración Eisenhower de ser demasiado blanda con los comunistas y nos da un claro ejemplo del tratamiento que en aquellos años se les dio a los disidentes norteamericanos.

En general se desarrolló una verdadera atmósfera represiva donde el espionaje y la falta de confianza iban de la mano con las violaciones a los más elementales derechos ciudadanos, llegando incluso a reinar un régimen de terror, donde las personas evitaban dar opinión sobre cualquier asunto y menos oponerse a cualquier disposición dictada por las autoridades de turno. En las agencias gubernamentales era muy común que uno de sus miembros delatara a otro por sus vinculaciones con elementos comunistas, lo cual era superficialmente investigado y utilizado para

sacar del empleo al supuesto elemento subversivo; como ejemplo de esto podemos señalar la circular del Secretario de Estado de fecha 25 de abril de 1954, donde se invitaba a los empleados del Departamento de Estado a trasladar las opiniones y comentarios que escucharan y pudieran ser dañinos a la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

La última versión, corregida y aumentada, de la represión legalizada, podemos encontrarla en la llamada Ley de Defensa de la Patria, promulgada por el gobierno de George W. Bush como consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. La justificación de las medidas represivas y violatorias de los más elementales derechos ciudadanos aprobadas en esa ley, radica fundamentalmente en la lucha contra el terrorismo internacional y la preservación de la seguridad de Estados Unidos, sin embargo, dicha ley establece un régimen represivo que se aplica a toda una serie de personas cuya actividad se aleja bastante del terrorismo internacional y se localiza en la lucha contra la sociedad que cada día se organiza en un mayor grado en función de los intereses de las clases dominantes, olvidando a los trabajadores, intelectuales, campesinos y estudiantes, la sociedad que disminuye los presupuestos de prestaciones sociales, de educación y de salud pública para aumentar los de carácter militar y aquellos otros en los que inmensas utilidades van a parar a los bolsillos de unos pocos. Esta pieza legislativa bien podía llamarse Ley contra la Disidencia.

En la historia de Estados Unidos podemos encontrar decenas de miles de casos en los que se aplicó la ley contra aquellos que mostraron su inconformidad por la situación en la que estaban viviendo; aquí pudiéramos citar la represión contra los trabajadores en huelga que regularmente se ahogaban en sangre; las detenciones contra los negros que aspiraban a que se respetaran sus derechos ciudadanos; la persecución contra aquellos que manifestaron su inconformidad con las guerras de Corea, Vietnam y ahora la de Irak, los que buscando un orden económico más justo protestan contra la globalización, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; pero para la clase gobernante en Estados Unidos, esos no son “disidentes”, esos son “sediciosos” que merecen le apliquen todo el peso de la ley.

Este es un buen ejemplo de la aplicación del refrán, haz lo que yo digo y no lo que yo hago.

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