Zona sin derechos
21/04/2010
- Opinión
El Ministerio de Trabajo es cómplice de los empresarios explotadores al incumplir sus obligaciones.
Debido a la crisis financiera y económica mundial, el interés en el ámbito laboral ha sido acaparado por el tema de la desocupación, y con razón. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 600 mil personas entre 15 y 24 años perdieron sus trabajos en la región latinoamericana, además de quienes estaban ya desempleadas.
Sin embargo, hay otros aspectos que pasan desapercibidos y que afectan a quienes tienen trabajo pero que es precario y mal pagado, se asemeja más a una esclavitud. Nuestra legislación laboral, como muchas leyes, es aceptable, sin embargo, permanentemente es violentada de manera impune.
El Estado y específicamente el Ministerio del ramo, asume una complicidad con algunos empresarios explotadores al incumplir con sus obligaciones primarias, entre ellas, velar por la efectiva observancia de los derechos laborales.
Desde hace tiempo se sabe que en muchas maquiladoras, que proliferaron en la región, especialmente en Guatemala, gracias a las ventajas fiscales y otros privilegios, la mano de obra, que por lo general no es calificada, tiene condiciones de trabajo deplorables y es tratada de manera inhumana por los empresarios.
Una investigación realizada en 16 fábricas en Chimaltenango y Sacatepéquez en 2006 y 2009 por Médicos del Mundo Francia, confirmó las denuncias que han circulado sin trascendencia, de cómo las obreras son objeto de discriminación, se desenvuelven en condiciones peligrosas para la salud, están sometidas a acoso psicológico, sexual, a insultos, abusos físicos, jornadas interminables de trabajo y falta de pago de horas extras. Hay mas de 180 maquilas registradas en el país.
Las mujeres representan el 85% de las empleadas de las fábricas de textiles y de la agroindustria, el 77% son menores de 30 años, en la industria agro- alimentaria, el 34% son menores de edad y un elevado porcentaje es indígena. Muchas son madres solteras lo que incrementa su vulnerabilidad y dependencia al trabajo.
Ni la Constitución, ni las leyes y convenciones internacionales son respetadas por estas filiales de empresas extranjeras, o de capital extranjero, al extremo que consideran a sus empleadas como parte de su maquinaria o de su propiedad, les pueden limitar hasta el número de veces que pueden ir al baño, o negarles la posibilidad de tomar agua. Esas jovencitas además de explotadas brutalmente, son amenazadas con despido si reclaman sus derechos.
Para ser admitidas en las fábricas deben ser jóvenes, no estar embarazadas, ni casadas, aceptar los bajos salarios, las jornadas de 11 horas diarias, 6 días por semana y tolerar toda clase de abusos.
Varios riesgos identificó el estudio: mala ventilación, posiciones inadecuadas para trabajar, presiones para atender los objetivos de producción, en numerosos casos no gozan de protección social o la tienen muy restringida al no contar con los permisos para asistir a las consultas.
No se trata sólo de tener un empleo, hay derechos inalienables que el Estado debe proteger. El Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo y las autoridades de salud tienen la obligación impostergable de constatar estas violaciones y aplicar los correctivos. Exigimos que se restituyan sus derechos y que se dignifique su trabajo. Las empresas extranjeras que compran a las maquiladoras tienen que vigilar que esto sea efectivo.
Guatemala, 19 de abril de 2010
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/
https://www.alainet.org/es/active/37552
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