Los Dos Informes sobre Bagua

Bartolomé Clavero

04/05/2010

Opinión

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La Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua fue nombrada a principios de septiembre de 2009 por el Ministro de Agricultura del Gobierno del Perú para “determinar las causas y consecuencias (…) con fines de reconciliación” respecto al proceso que había conducido en dicha provincia la madrugada del 5 de junio a la provocación de muertes de policías, civiles e indígenas, si nos referimos a las víctimas en el orden de los concernimientos manifestados por el Gobierno. De la Comisión han resultado dos informes contradictorios, el Informe I oficialista a finales de 2009 y el Informe II crítico a mediados de abril de 2010. De un grupo de siete miembros reducido a seis por una renuncia, cuatro suscribieron el primero, con uno luego desautorizado por quienes le habían propuesto, y dos, comprendido el presidente, el segundo. El primero exonera al Gobierno responsabilizando, más que a las comunidades indígenas, a todo tipo de agentes que les habrían engañado y manipulado. El segundo en cambio resalta la responsabilidad del Gobierno al tiempo que pone de relieve la capacidad demostrada de agencia indígena. ¿Cómo se dirime ahora la contradicción en aras de la reconciliación?

El criterio de discernimiento entre posiciones contradictorias para un asunto sometido a estudio habrá de ser cualitativo y no cuantitativo. Aunque el primer informe fuera de la mayoría escasa de cuatro entre siete, esto sin más no le conferiría crédito ni fiabilidad. Realmente, si los comparamos como productos de investigación, el Informe I no aguanta el cotejo con el Informe II. La prueba ha de ser la de una lectura detenida y contrastada de ambos. Mientras que el Informe I se muestra prejudicioso y atropellado, el Informe II resulta analítico y documentado. La misma información conseguida por la Comisión es más y mejor aprovechada por el Informe II, aparte de añadirla propia. Si se tratase de un simposio académico sobre dos trabajos científicos de conclusiones encontradas sobre un mismo asunto, el enjuiciamiento estaría sentenciado al menos en cuanto a la descalificación definitiva del Informe I, no necesariamente, por esto solo, con el aval concluyente del Informe II. En todo caso, entre ambos, habida cuenta de sus aportes, el Informe Final de Bagua debe ser ya el Informe II y no el I.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la contradicción entre los dos informes no está planteándose en términos de los respectivos méritos para averiguarse lo ocurrido “con fines de reconciliación”, sino en relación más directa con las conclusiones y recomendaciones de alcance político a las que se llega. Más concretamente, la posición oficialista, la que exonera sin más averiguaciones al Gobierno, no se muestra en absoluto dispuesta a confrontar informes, ni el Informe II ni otro ninguno que pudiera todavía convenir que siguiera, como el del Congreso que está en curso. Hace falta que no se ceje. Mientras que el Informe I pretende dar por cerrada la indagación en sus aspectos esenciales, el Informe II no sólo la prosigue, sino que la deja abierta en algún extremo clave, como el de desapariciones y muertes no registradas, sobre lo que no puede tenerse la certeza que ya quiso transmitir el temprano Informe de la Defensoría del Pueblo. Desde un primer momento, el Gobierno eludió controles impidiendo que hoy se tengan datos completos y seguros ni siquiera sobre el número de las víctimas.

Para dirimirse unas responsabilidades y alcanzarse la reconciliación, el problema no parece que se sitúe en el esclarecimiento entre informes contrastantes, sino en el empecinamiento de una posición determinada, la oficialista. Ilustro con un episodio del que, como miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, puedo ofrecer testimonio. Cuando el Informe I fue publicado, el Gobierno se apresuró a transmitirlo a través de su servicio exterior. El Foro Permanente lo recibió oficialmente vía la Misión del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. El envío fue peculiar por sesgado, pues se sustraían elementos esenciales para situarlo y evaluarlo. El Informe por entonces todavía único fue objeto de una manipulación evidentemente en origen, quiero decir por parte del Gobierno peruano antes de procederse a la difusión.

El Informe I no sólo iba suscrito por cuatro miembros de siete, sino que además estaba acompañado por el voto particular de los dos que se oponían, ya anunciando su informe de minoría como enmienda prácticamente a la totalidad. Pues bien, cuando la Misión del Perú remite el documento a Naciones Unidas lo presenta como definitivo, eliminando tanto el voto adverso de la minoría, con su anuncio de un informe alternativo, como el folio de firmas, con su evidencia de las que faltan, comprendida la del presidente de la Comisión. La carta de remisión del Informe afirma en falso que se ha procedido conforme a las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Como la paginación del original no es continua, sino por piezas, la manipulación fue factible. Y la mala fe, flagrante.

Cuando las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se celebran en Nueva York durante la segunda semana del mes de abril, el Informe II ya se ha hecho público. La diligencia desplegada en la difusión del Informe I ahora brilla por su ausencia. La Misión del Perú no puede negar su existencia, pues ya está corriendo por internet. Pretende ahora que las conclusiones de la Comisión que presenta, o que más bien reitera, responden a la toma en cuenta de ambos informes, aunque todavía no se haya comunicado el segundo por no habérsele recibido oficialmente, se nos dice. Las conclusiones nuevas que se presentan son las viejas, como si el Informe II no las modificase o como si las ratificase. Se repite la narrativa de las comunidades manipuladas y del Gobierno sorprendido. A estas alturas, ya sólo se trata de un órdago confiado en que la información de la interlocución internacional no esté completamente al día. ¿Buena fe? Júzguese.

¿Fines de reconciliación? El Informe Final, esto es el Informe II, ofrece bases por el mismo esclarecimiento que aporta. No basta con aceptarlo por supuesto, pues lo que se precisa es obrar en consecuencia. Pendientes hay, por una parte, responsabilidades que apuntan a las más altas instancias del Poder Ejecutivo; por otra, reparaciones que se les deben a las víctimas, a todas ellas, personas, comunidades y pueblos. Finalmente, queda por resolver el problema de fondo del derecho a la consulta de los pueblos indígenas cuya violación masiva y creciente fue el factor que provocara los sucesos de Bagua.

En el Congreso peruano se manejan actualmente varios proyectos de ley sobre consulta. Uno de ellos, el aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuenta con la aceptación expresa, formalizada el 9 de abril, de las organizaciones indígenas. Su aprobación final sería un paso indudable hacia la reconciliación. El tiempo no corre a su favor, aunque otra cosa parezca creer el Gobierno. La situación ha sido de emergencia y es de urgencia.

- Bartolomé Clavero es Vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

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