Paraguay

La lucha del pueblo indígena

Arturo Peña V.

22/04/2009

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 443: América Latina en Movimiento No 443-444 06/02/2014

El yvy marane’y, la fabulosa y mítica “tierra sin mal” del pueblo indígena, cuya búsqueda fue y sigue siendo, desde los ancestros, su razón de vida y lucha, parece estar cada vez más lejana para los herederos originarios de la tierra americana. Hoy, la población indígena del Paraguay vive en una extrema carencia, abandonada a la falta de políticas de Estado eficientes, que les aseguren su supervivencia y con ella la de su cultura, escarbando en busca de respeto en la tierra que una vez les perteneció.

El pasado 6 de abril, representantes de 23 etnias agrupadas en la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas del Paraguay (CAPI) presentaron al Gobierno una carta de propuestas de políticas públicas solicitando la creación de un ministerio para los pueblos indígenas, en un claro rechazo a la autoridad del ineficiente Instituto Nacional del Indígena (INDI), órgano gubernamental encargado de las políticas para este sector en el país. “El INDI ha pervertido a la función institucional, por ello la mejor solución es sustituirlo por un ministerio para los indígenas”, afirma Hipóplito Acevei, presidente de la CAPI, y agrega que “los que están al frente de esa institución (el INDI), no poseen compromisos, ni mucho menos realizan acciones efectivas, pero eso no es de ahora, nunca fueron buenos representantes. No existen políticas de salud, ni educación”.

El INDI fue creado en 1975, como espacio de coordinación y centralización de actividades, abarcando la fiscalización, orientación y coordinación de proyectos oficiales y privados, la búsqueda, estudio, protección y organización de los elementos arqueológicos y la divulgación de la cultura indígena, entre otros. Tres años después de su creación, el ente convocó a un diálogo sobre la situación de los pueblos originarios, ocasión en que la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) propuso la creación de un régimen jurídico, especialmente sobre los territorios, buscando llenar el vacío de la legislación civil y del Estatuto Agrario sobre el tema indígena, existente hasta entonces. Esto desemboco, en 1981, en la sanción de la Ley 904 del Estatuto de las Comunidades Indígenas, que constituyó un avance jurídico importante, ya que se reconoció así la existencia legal de las mismas y su derecho a la titularidad de la tierra, la validez del derecho consuetudinario indígena, entre otros. “Sin embargo, esta normativa no ha constituido un procedimiento efectivo para garantizar el acceso de los y las indígenas a sus territorios tradicionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha condenado en dos ocasiones al Estado paraguayo a adoptar en su derecho interno, en un plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras ancestrales de los miembros de los pueblos indígenas que haga cierto sus derechos sobre sus tierras tradicionales (Corte IDH, 2006, punto resolutivo n° 12)”, señala el Informe sobre Derechos Humanos en Paraguay 2008.

Este informe subraya que en la última década de gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado, en el gobierno desde 1947 hasta el 2008), “la administración del INDI ha sido objeto de un sinnúmero de cuestionamientos por parte de la sociedad civil, tales como corrupción en relación con compras fraudulentas, servilismo al partido Colorado, predominio de acciones asistencialistas, reducción y eliminación de posibilidades de vigencia y operatividad de medios institucionales, y falta de ejecución del presupuesto destinado a compra de tierras”.

Aumentó en la población

Según la Encuesta de Hogares Indígenas 2008, elaborada por la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos, la población indígena ha aumentado a 108.308 personas (el Censo Nacional Indígena 2002 registraba unas 89.000), de las cuales más de la mitad (54%) son niños y niñas. Si bien constituye una pequeña porción de la población del país (2%), los indígenas continúan siendo los más excluidos y vulnerables de la sociedad paraguaya. Presentan las peores condiciones de vida con respecto a la población no-indígena del país, poseen los niveles más bajos de nutrición, la menor cobertura y calidad en los servicios educativos y un limitado acceso a otros servicios básicos como salud, agua, saneamiento y protección, según resume el informe de esta Encuesta.

Esta población se distribuye en unas 20 etnias y 5 familias lingüísticas, ubicadas en las dos regiones en las que se divide el territorio paraguayo, la región Oriental, más densamente poblada, y la Occidental, o Chaco, de mayor extensión pero menor densidad por las características más agrestes del territorio. En ambas, el factor eje de la problemática indígena es la tierra. Las comunidades indígenas vienen reclamando que se destraben los expedientes que tienen iniciados ante el INDI y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Según el departamento de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, existen unas 414 comunidades que necesitan que se les resuelvan problemas de territorio. Unas 185 de éstas todavía no disponen de un aseguramiento legal y definitivo de sus propiedades, 45 en el Chaco y 140 en la región Oriental.

Los Mbya Guarani, los Pâi Tavyterâ, los Ava Guarani y los Nivacle, por ejemplo, son las comunidades más numerosas. Cada una de estas parcialidades posee cerca de 15.000 habitantes. Existen otras etnias, sin embargo, que están en la línea de extinción, como los Ache-Guajaki, que son cerca de mil; los Guana y los Manjui, apenas 500 personas en total, o los Chamakoko, que ya no alcanzan las 150 personas, según los informes.

Salud y educación

Como dos parámetros básicos para una lectura, se pueden extraer del Informe de Derechos Humanos en el Paraguay 2008 los ejes de salud y educación. El material señala que la población indígena nacional, en promedio, cursa solo los tres primeros años de escuela. Es así que el 38,9% de las y los indígenas de quince años y más de edad es analfabeta, es decir, cerca de 4 de cada 10 personas mayores de quince no tienen concluido el segundo grado de la educación primaria. Esto demuestra la marginalización en la que se encuentran en materia de educación. La tasa de analfabetismo, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es de 5,4%, frente a los 38,9% entre la población indígena.

En cuanto a la salud, el informe sobre Derechos Humanos detalla que el 87,8% de la población indígena no cuenta con seguro médico. Cerca del 30% de la población indígena reportó haber estado enferma o accidentada. Sobre el acceso a servicios básicos, se consta también en la EPH que el agua potable, procedente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay y del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, alcanza a solo 1,4% de los hogares indígenas. La gran mayoría solo tiene acceso a tajamar o río (37,8%). Por otro lado, el servicio de energía eléctrica alcanza a 21,3% de los hogares indígenas.

Contexto actual

"Las naciones indígenas no son la artesanía milenaria de nuestro continente, sino el potencial más vivo de protagonismo político que debemos respetar, debemos promover e incluir, porque si no lo hiciéramos sería un atentado intolerante contra nuestra propia civilización (…) América debe despertar ante esto. Debe contabilizar la vieja deuda, aquella que empezó a acumularse en la panza inmunda de los barcos esclavistas, aquella que sigue engordándose en cada gesto de desprecio hacia cualquier intento indígena de poner su voz, su voto, sus sueños o sus proyectos sobre esta tierra", señalaba el actual presidente del Paraguay, Fernando Lugo (electo en abril del 2008) en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en setiembre pasado.

La campaña electoral de Lugo hizo permanente referencia a la necesidad de reivindicar a las naciones indígenas del Paraguay. Todavía están en la retina las imágenes del ex obispo siendo bendecido con danzas y cánticos en rituales que se le ofrendaron en las comunidades indígenas que visitó durante la campaña.

Sin embargo, hasta hoy estos cánticos no han alcanzado aun los oídos del gobierno. Gran expectativa generó, por ejemplo, la designación de la dirigente de la parcialidad Ache, Margarita Mbiwangui, como titular del INDI, lo que representa la primera vez que una indígena era nombrada titular del ente. Sin embargo, Mbiwangui fue también la primer miembro del nuevo gabinete en ser destituida. Su candidatura ingresó en el juego de la presión política, por un lado, y de la presión de algunos grupos indígenas que afirmaban que ella no tenía representación, por provenir de una parcialidad minoritaria. Se propuso entonces la realización de una asamblea indígena para la designación de un titular de consenso para el INDI. Erasmo Pintos, dirigente de la etnia nivaclé, fue electo en la asamblea de los pueblos indígenas, realizada el pasado 5 de marzo, pero el ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone, no reconoció la legitimidad de ese acto; surgieron entonces especulaciones de que Galeano buscaba ubicar en ese cargo a un “amigo” político.

En momentos que se escribe este material, un centenar de indígenas de 17 etnias de diversos puntos del país se encuentran cumpliendo cerca de un mes de protesta en la céntrica Plaza Uruguaya, en Asunción, capital del país, exigiendo que se respete la decisión de la asamblea de marzo pasado. Las personas ubicadas en este espacio público no solo resistieron ya un intento prepotente de desalojo, ordenado por la intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, sino también un duro temporal que azotó la ciudad días atrás y destruyó sus precarias carpas, además de la situación de hambre e insalubridad. Todo esto ante la indiferente mirada de los estamentos responsables y sostenido gracias a la solidaridad de grupos ciudadanos.

Definitivamente, la “tierra sin mal” no está en Asunción. Pero hasta la capital se ven obligados a llevar los pueblos indígenas su éxodo y su lucha, exigiendo derechos ancestrales que les fueron arrebatados, y que ahora les son negados.

- Arturo Peña V. es periodista del Diario La Nación y Licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción.

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