Paraguay

El movimiento feminista paraguayo en contexto

Natalia Ferreira, María López

22/04/2008

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 443: América Latina en Movimiento No 443-444 06/02/2014

A un año del histórico 20 de abril, las esperanzas en el movimiento feminista parecen ir disminuyendo. Feministas que aún de la mano del obispo-presidente, recibían este cambio como protagonistas del mismo, con alegría y esperanza, pero con los ojos bien abiertos, sabiendo que no iba a ser fácil que en temas “propios” quizás retrocederían si no los peleaban. Así, este proceso no deja de entusiasmar al movimiento feminista, por sus posibilidades en cuanto a nuevas estrategias-alianzas-protagonistas, para seguir planteando reivindicaciones controversiales como la despenalización del aborto, la igualdad y dignificación de las trabajadoras del servicio doméstico, el reconocimiento de las trabajadoras sexuales, los derechos de las mujeres lesbianas y transexuales, la no precarización laboral en general y para las mujeres en particular, la violencia patriarcal, la reforma agraria con perspectiva de género, la urgente inclusión de campesinas e indígenas y muchos etcéteras.

Este artículo pretende abordar algunos temas que han preocupado y ocupado al movimiento feminista, y al movimiento amplio de mujeres y que desde las elecciones pasadas movilizan a sus diversas organizaciones, luchas, posturas y frentes.

Despenalización del aborto: avances y obstáculos

El movimiento feminista, vinculado con coyunturas como las dadas por el proyecto de ley de “Salud Sexual Reproductiva y Materno Perinatal[1]” con el consecuente debate mediático que suscitó, impulsado muchas veces por los fundamentalismos, además de la realidad que el aborto está hace años como indicador de primera causa de muerte materna, ha logrado colocar el debate, aunque tímido, de la despenalización del aborto en los partidos de izquierda y en los movimientos populares. Si bien no hay una postura unánime al respecto, ha sido un avance importante plantear el tema como un problema grave que azota a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y pobres de la ciudad y a todas las del sector rural.

Si bien hay avances en el debate social sobre el tema, todavía son las feministas las principales luchadoras por la despenalización del aborto, con excepciones como el Partido de los Trabajadores que se ha posicionado políticamente a favor de la despenalización planteando un debate entre sus militantes y la sociedad, recibiendo duras críticas de otros sectores de izquierda, con argumentos bastante parecidos a las derechas fundamentalistas.

Un avance importante fue la unánime aprobación de 40 organizaciones sociales y 4 partidos de izquierda del comunicado elaborado en conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, que en uno de sus puntos reivindicaba abiertamente la despenalización del aborto. Algunos de los partidos y organizaciones, a raíz de esa acción, plantearon discusiones sobre el aborto, o la necesidad de hacerlo en su interior. Esto es una buena noticia pues, históricamente las feministas han planteado que las mujeres que mueren por causas relacionadas al aborto son en su mayoría mujeres jóvenes solas que no poseen los recursos económicos suficientes para practicarse un aborto sin riesgos. Han hecho el vínculo innegable de clase y género. Además son mujeres sin acceso a una información veraz, de calidad y sin discriminaciones; expuestas a los abusos, a los malos tratos en los centros hospitalarios, a la persecución policial y judicial, al estigma social y, por último, al peligro de cárcel.

Sin embargo, la posición del presidente es desfavorable[2] al tema aborto en general. Tal vez esto nos resulte coherente con su identidad religiosa aunque quizás en esta postura primen más preconceptos machistas que su fidelidad a los mandatos de la santa sede, a la que se enfrentó en distintos momentos de su campaña, y la que pone en jaque definitivo con el reconocimiento público de la paternidad de un niño de dos años, y la relación con la madre desde los 16 años de la joven, violando el celibato del catolicismo, y las leyes paraguayas que condenan el estupro, hecho que merecería un artículo completo. Frente a esta posición campante que no sorprende, las feministas siguen reivindicando el Estado laico, garantizado constitucionalmente, como herramienta fundante para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la población.

Como avances se observan en el gobierno la conformación del gabinete, en el que existen personas que apoyan abiertamente la despenalización y argumentan el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos. Gloria Rubín, militante feminista de años, es titular de la Secretaría de la Mujer, Lilian Soto, política y feminista, dirige la Secretaría de Función Pública, en Salud la ministra Esperanza Martínez es abierta a esta discusión, por citar algunos ejemplos. Además, observamos aliados estratégicos en direcciones y jefaturas de casi todos los ministerios “sociales’. Este nuevo escenario ya ha mostrado avances, uno es que hoy en Paraguay el aborto es considerado un problema de salud pública según el vice-ministro de salud Edgar Giménez, eso es indudablemente un compromiso institucional que no es poca cosa, pues sacar al aborto del silencio al que estaba condenado significa posicionarlo en el plano del debate público y obliga a la cartera de salud a buscar alternativas frente al mismo.

En cuanto al sistema penal, este continúa siendo discriminatorio y opresivo para las mujeres, no solo respecto al aborto. Los cambios en el plano de la justicia en general son un gran pendiente de este proceso “de cambio”. En esta línea sabemos que los desafíos son muchos, dependerá de la coyuntura que creen los movimientos sociales para generar los cambios necesarios, y dependerá de las feministas y el movimiento de mujeres dar la puja para priorizar la despenalización del aborto en las demandas.

Discriminaciones de género: legalidad y diversidad

Las discriminaciones de género se han institucionalizado, están presentes en varias leyes y códigos del Paraguay, por ejemplo, en los sistemas de seguros de salud, como en el IPS[3], donde los hombres pueden asegurar a sus parejas mujeres sin muchos problemas; sin embargo, las mujeres encuentran muchos obstáculos para asegurar a sus cónyuges varones.

Una de las discriminaciones más alevosas es la sufrida por las trabajadoras del servicio doméstico. Legalmente perciben solo el 40% del sueldo mínimo legal vigente, sin derecho a vacaciones, bonificación familiar e IPS, este último sólo para mujeres trabajadoras de Asunción. Esta medida es, claramente, una discriminación de género al considerar el trabajo doméstico “natural” de las mujeres y no un trabajo remunerable como cualquier otro. Esta discriminación al ser ley no solo naturaliza la condición inferior de las trabajadoras, sino que normatiza esa condición, esto en oposición al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional. Por fortuna existen actualmente agrupaciones de trabajadoras organizadas como la Asociación de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay y otras, quienes junto a personas comprometidas, pelean por su igualdad ante la ley, con avances importantes como la condena social a esta normativa.

También, las lesbianas son discriminadas en sus derechos laborales, son despedidas constantemente, acosadas en sus lugares de trabajo, obligadas a guardar en el anonimato la expresión de su sexualidad y su personalidad. Esta realidad de violencia lesbofóbica se traslada a prácticamente todos los aspectos públicos de la vida de las mujeres lesbianas, hecho que, evidentemente, se traduce en sus vidas privadas. La cacería y la doble moral se juntan cuando hablamos de las travestis y las trabajadoras sexuales, perseguidas, criminalizadas e invisibilizadas. En ellas se encarna la violencia de género, siendo maltratadas en los sistemas de salud, negadas en el sistema judicial, criminalizadas en el sistema policial, expulsadas del sistema educativo y condenadas por la doble moral reinante. Para ellas la norma es la violencia. El fascismo heterocentrista y conservador es un problema que afecta gravemente a las personas con orientaciones y expresiones sexuales y de género distintas a la dictadura heterosexual.

En la lucha por el reconocimiento de la diversidad, nuevamente, tenemos en contra a los fundamentalistas religiosos, quienes utilizan como argumento el pecado, la anormalidad y la enfermedad para rechazar y condenar las diferencias sexuales y de género. Pero más preocupante es que sus voceros/as tienen el control y la hegemonía discursiva en los medios masivos de comunicación, así como poder fáctico en las negociaciones parlamentarias. No obstante, existen alianzas estratégicas que involucran no solo a feministas sino a anarquistas, juventudes partidarias, colectivos lésbicos y trans, estudiantes y otros en contra de estos pensamientos conservadores.

Violencia: sostén del patriarcado

Las diferentes manifestaciones de la violencia de género se han visibilizado aun más en los últimos años y se ha acrecentado el rechazo social a la misma. En el 2008 tuvimos tres casos paradigmáticos que conmocionaron a las organizaciones feministas y de DDHH. Estos son los casos de Leticia Lugo, Zully Samudio y el caso aun vigente, ACADEMIL[4]. La importancia de los mismos radica en que motivaron cientos de debates y discusiones en diferentes espacios, así como acciones concretas de movilización social.

Leticia Lugo, por el “sospechoso” hecho de detener su automóvil y orinar en la vía pública, fue perseguida por cuatro patrullas policiales a lo largo de, aproximadamente, 25 kilómetros. Los efectivos policiales dispararon al menos 24 balas a su vehículo, ella logró sobrevivir pese a las tres balas alojadas en su cuerpo; pero la mirada social promovida por los medios de comunicación recayó sobre ella, cuestionándola. ¿Qué hacía una mujer sola de noche, conduciendo un vehículo? ¿Por qué huyó de la policía? Esto hizo reaccionar a las feministas y a la sociedad, quienes repudiaron el acto y a los medios sexistas.

Zully Samudio asesinó a un hombre que intentó violarla, en un forcejeo. En la primera sentencia fue hallada inocente, pero los abogados querellantes lograron anular este proceso y la sometieron a un segundo juicio declarándola culpable y fue condenada a 7 años de prisión. Su “víctima” contaba con antecedentes por intento de violación, pero esto no pesó, tampoco los relatos de la mujer. Ella apareció en los medios como asesina innata, de sangre fría y calculadora. El intento de violación apareció como un hecho menor, como “un riesgo” de ser mujer; defenderse fue visto como algo descabellado en el debate mediático y social. Gracias a una amplia movilización social, Zully fue “beneficiada” con libertad ambulatoria.

En el caso ACADEMIL, una cadete fue drogada y violada por 6 camaradas varones, hecho que fue filmado por una camarada mujer y divulgado. Conmoción social. Primero el espanto, la perversidad, el morbo de los medios y de la opinión pública pues el video se comercializaba en la vía pública con gran aceptación. Luego, la consecuente culpabilización de la víctima. El caso sigue en juicio y todo apunta a un intento más de impunidad, ya que el hecho cuestiona a las Fuerzas Armadas, que luego de intentos compensatorios, le dio a este caso la solución típica, redujeron el número de mujeres drásticamente y volvieron a admitir en sus filas a los violadores.

Observamos tres casos que representan el modus operandi de la relación de la justicia y el género, con una matriz que afirma la siguiente premisa: el cuerpo de la mujer ES cosa pública, dispuesto abiertamente a ser violentado, violado, burlado, menospreciado, matado. Premisa confirmada por el sistema penal paraguayo discriminativo y sus funcionarios/as cegados/as por prejuicios sexistas, morales y religiosos. En los casos Leticia Lugo y ACADEMIL, las víctimas tuvieron que demostrar su inocencia y en todos los casos el estilo de vida de las mujeres fue un elemento incriminatorio.

Los medios masivos de comunicación hacen un festín con noticias que involucran a las mujeres en hechos de violencia. Son casos para la comercialización del morbo generalizado e instrumentalizado y la mujer termina siendo culpable de lo que le ha ocurrido.

La perspectiva de derechos humanos y de género no es incorporada en la racionalidad ni la lógica jurídica por parte de las personas encargadas de hacer justicia. El movimiento feminista sigue esperando y peleando por justicia real en todos los casos. Tal es el descreimiento hacia la justicia actual que el pasado 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia la mujer, las feministas realizaron, como acción simbólica, el velorio y entierro a la justicia “muerta” en los casos de violencia hacia las mujeres.

La violencia social hacia las mujeres es cada vez es más reprochada por mujeres y hombres que no toleran actitudes machistas. Así, el movimiento feminista parece ir ganando y haciendo alianzas con sectores que se mueven y exigen al Estado medidas urgentes en contra de la violencia, a la vez que se piensa en nuevas formas de sanciones sociales a los autores.

Lucha de clase y de género

Generalmente, cuando se habla de la lucha de las feministas se tiende a pensar que las mujeres rurales están ajenas a estas luchas. En realidad no es así; las mujeres rurales organizadas poseen un discurso y una línea de acción con perspectiva de género y hacia los problemas que afectan a las mujeres de todos los estratos sociales y las feministas urbanas han sabido canalizar e impulsar reclamos de las mujeres rurales e indígenas, en mayor o menor medida. Lo claro es que existe entre los sectores una alianza estratégica tanto en acciones como en reflexiones.

Existen organizaciones de mujeres rurales o mujeres que pelean incluso dentro de sus respectivas organizaciones por el reconocimiento político de su militancia y de su trabajo, así como sus reivindicaciones específicas, como mujeres.

En noviembre de 2008 las mujeres de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se reunieron en plenaria. Las 120 participantes de todo el país, luego de dos días de debate sobre varios temas que preocupan a las mismas, decidieron tomar como bandera de lucha la reforma agraria integral con igualdad de género, ya que históricamente se ha negado a las mujeres el derecho a ser propietarias de sus fincas, por lo tanto, pocas son las mujeres que acceden a la tierra. Sobre la titulación de la tierra, mencionaban que se hace a nombre del hombre (jefe de familia) y no de ambos; en caso de separación las leyes favorecen a los hombres.

Condenaron al sistema capitalista por generar más pobreza y al sistema patriarcal, que juntos explotan a las mujeres, más aún a mujeres campesinas e indígenas. Exigieron al gobierno el cumplimiento de la Constitución Nacional, el respeto a los derechos de las mujeres, especialmente los relacionados a salud gratuita y de calidad sin ningún tipo de discriminación y la protección contra la violencia. También exigieron programas de educación sexual, planificación familiar, atención a la salud reproductiva, la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual[5].

Igualmente, la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC), reunida en plenaria nacional de mujeres en febrero de 2009 exigieron a más de reforma agraria integral y de la priorización de la salud materno infantil, la recuperación de la soberanía energética y que el recurso económico de las binacionales sea invertido en la agricultura familiar para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

Otra de las principales organizaciones es la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), colectivo exclusivo de mujeres campesinas e indígenas, quienes se declaran como una organización de clase y de género. Éstas son algunas de sus banderas de lucha; derechos plenos sin discriminación alguna para las mujeres campesinas e indígenas, priorización de la educación para el sector campesino e indígena, defensa del medio ambiente, prohibición de agrotóxicos y transgénicos, promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria, y modelos de producción sustentable.

Las reivindicaciones de las mujeres del sector rural no parecen estar muy alejadas de lo que pelean las feministas urbanas y de clase media. Si bien la cuestión de clase debería tomar más cuerpo al interior del movimiento feminista urbano, creeríamos que las luchas rural-urbanas que enfrentan al sistema capitalista y al patriarcado se complementan y se abrazan buscando un mundo más justo para las mujeres.

En cuanto a las compañeras indígenas, la situación de exclusión y abandono es total, día a día deben lidiar, además de sus múltiples problemas, con “soluciones” de trasfondo colonialista que se suman al listado de sus obstáculos.

Tiempo de los movimientos sociales

Para el movimiento feminista y de mujeres este nuevo contexto político, debería leerse como un nuevo contexto social, pues las potencialidades para el avance en derechos y conquistas de las mujeres que presenta este tiempo radica en sus protagonistas, en los movimientos sociales, en sus trasformaciones y reflexiones internas, en sus posturas, en las posibles articulaciones y frentes comunes, en la diversidad y creatividad en los formatos de lucha.

Lo esencial es construir bases sociales más amplias y sólidas; esto logrará el movimiento feminista dejándose permear de otras luchas y asumiendo posturas radicales, pues el peligro de descansar sobre las conquistas es muy tentador, y el sistema lo sabe. Los feminismos deben estar atentos y contentos, pues como mujeres victimizadas, débiles y sufrientes no hemos tenido conquistas, éstas han venido con nuestro protagonismo.

Al gobierno, con sus avances y contradicciones, dejémosle que transite, obviamente presionando caminos. Pero nuestras energías deben estar puestas en el movimiento social y su consolidación, pues éste es, aunque no parezca, su momento.

- Natalia Ferreira y María López son militantes feministas. La primera, comunicadora y del grupo Catarsis Colectiva Feminista (http://foritofeminista.blogspot.com) y la segunda, estudiante universitaria.

[1] Tratado en varias ocasiones y rechazado en el 2007, y que en el 2008 fue nuevamente presentado.

[2] “….En temas como la eutanasia y el aborto yo me identifico profundamente con la iglesia Católica”. Diario El País: “No podemos ser una isla entre gobiernos progresistas”. Entrevista de Jorge Marirrogriga con Fernando Lugo, candidato a la presidencia paraguaya. Madrid, 18 de abril de 2008.

[3] Instituto de Previsión Social, seguro social obligatorio por ley para los/as trabajadores/as formales.

[4] Academia Militar “Francisco Solano López”.

[5] Conclusiones de la Plenaria Nacional de Mujeres Campesinas de la OLT. “Por una reforma agraria integral y soberanía alimentaria con igualdad de género”

https://www.alainet.org/es/active/38105