Los primeros pasos del presidente Néstor Kirchner han sido una grata e inesperada sorpresa: pase a retiro de las cúpulas militares y policiales, solución del conflicto de los maestros de Entre Ríos y, el martes pasado, los compromisos asumidos con los organismos de derechos humanos. "Estamos emocionadas. Vinimos creyendo que era igual a todos, que era lo mismo que Menem y nos dimos cuenta de que no es así", dijo Hebe de Bonafini a la salida de la reunión que una delegación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantuvo, el martes 3, con el presidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Viniendo de una mujer como Bonafini, la frase es el mejor elogio que puede recibir el presidente argentino. En efecto, los primeros días de Kirchner en la Casa Rosada ponen en negro sobre blanco las diferencias con los últimos presidentes. Entró pisando fuerte: primero se negó a aumentar las tarifas de los servicios privatizados durante las gestiones de Carlos Menem, pese a que las empresas apretaron para conseguir subas que les permitan aumentar sus márgenes de beneficios; rechazó la pretensión de los concesionarios de peajes de renovar los contratos, ya que incumplieron la mayor parte de sus compromisos, y llamará a nuevas licitaciones con tarifas acordes a la realidad. Luego despidió a la cúpula militar y a los pocos días a la policial, pese a que mantuvo en su puesto al principal jerarca de esta última, el comisario Roberto Giacomino. Ahora, abrió las puertas de la casa de gobierno a los organismos de derechos humanos y mantuvo una reunión de una hora con la asociación presidida por Bonafini. No fueron sólo gestos para los medios ni frases al uso para engalanar discursos. El semblante emocionado de Kirchner al estrechar cálidamente las manos de las madres, habla por sí solo. Los organismos de derechos humanos elevaron al presidente una serie de reclamos entre los que se destacan: que Argentina no firme con Estados Unidos los acuerdos para que sus ciudadanos queden excluidos del Tribunal Penal Internacional, la derogación del decreto que rechaza los pedidos de extradición de militares acusados por tribunales de otros países, el fin de las prácticas conjuntas con las fuerzas armadas de Estados Unidos, y la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Kirchner, por su parte, se comprometió a consultar los archivos de los organismos de derechos humanos a la hora de promover ascensos en la policía, de modo que queden excluidos los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos. Además, estudiará la forma de arbitrar operativos de seguridad para que no se produzcan represiones violentas por parte de la policía, como sucedió con demasiada frecuencia en el pasado inmediato. Y se comprometió a que las fuerzas armadas no se involucrarán en la seguridad interna. ¿Primavera breve? En el gabinete destacan algunos ministros que fueron víctimas de la represión. El canciller Rafael Bielsa estuvo secuestrado, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, estuvo preso durante la dictadura, y otros funcionarios fueron compañeros de militancia de unos cuantos hijos de las Madres. No se trata de echar las campanas al vuelo ni de esperar la profundización de cambios. Las presiones de las elites empresariales y financieras, de las que el gobierno argentino no puede sino esperar zancadillas, irán en aumento y pueden provocar virajes que redunden en la continuidad de un modelo que está muy lejos de ser desarmado. Hasta ahora, y han pasado dos semanas escasas desde que asumió el nuevo gobierno, se ha instalado un clima de inflexión respecto a los gobiernos anteriores. Aparecen, por otro lado, las presiones internacionales. El martes de la próxima semana Colin Powell llegará a Buenos Aires, primera visita de alto nivel que contrasta con el envío por el gobierno de George W Bush de un funcionario de segunda categoría, el secretario de Vivienda, a la ceremonia de asunción del mando el pasado 25 de mayo. A ella se suman las delicadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que parece dispuesto a apretar la soga alrededor del cuello de la economía argentina. Los funcionarios del Fondo mantienen tensas relaciones con el área económica del gobierno de Kirchner. Esta semana visitó el país John Thornton, jefe de la misión del Fondo para Argentina, con el objetivo de revisar las metas de refinanciación de los vencimienos de deuda impagos. Washington no ve con buenos ojos la prórroga por tres meses de las ejecuciones hipotecarias de los deudores con una única vivienda, decidida por el Congreso, ya que pone en primer lugar el "derecho" de los bancos. Los funcionarios del Fondo pretenden que el gobierno profundice el ajuste fiscal para llegar a un superávit del 4,5 por ciento del producto, algo que los esmirriados bolsillos de los argentinos no están en condiciones de soportar. Aunque las cuentas estatales han mejorado, un nuevo ajuste sería la mejor forma de evaporar el apoyo popular del gabinete de Kirchner. Y a eso, sin duda, apuesta el gobierno de Bush. Las próximas semanas disiparán las dudas acerca de la solidez del gobierno. Si hubiera que guiarse por la trayectoria de los presidentes anteriores, desde la de Raúl Alfonsín hasta la de Fernando de la Rúa, y aun de otros gobiernos "progresistas" de la región, habría que mirar el futuro con el mayor escepticismo. Sin embargo, algo ha cambiado en Argentina y en toda América Latina. El modelo de los noventa está agotado y, más importante aun, las sociedades civiles tienen perfecta conciencia de ello. Incluso gobiernos tan timoratos como los de Lucio Gutiérrez y Alejandro Toledo, en Ecuador y Perú, deben pensar dos veces los pasos a dar, ya que las fuerzas sociales que los elevaron al rango que ocupan no parecen dispuestas a tolerar más dislates. Ahí está la reacción de la sociedad peruana, marcando la cancha al continuismo neoliberal. Las masivas marchas con las que la población urbana desafía el estado de emergencia en Lima y otras ciudades son parte del mismo movimiento que se llevó por delante al oprobioso régimen de Alberto Fujimori. Los indígenas ecuatorianos, en el Primer Congreso de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, celebrado a fines de abril, decidieron la "movilización general en rechazo a la política neoliberal de Lucio Gutiérrez, por su sometimientos a los intereses estadounidenses (ALCA, Plan Colombia, base de Manta, FMI) y por su vinculación a los banqueros corruptos". Es apenas el comienzo. El congreso decidió, además, "retomar, impulsar y aplicar el proyecto político de los pueblos y nacionalidades indígenas que se basa en la construcción del Estado plurinacional". La nueva conciencia que atraviesa al continente incluye el poder de veto que las sociedades civiles organizadas ejercen ahora sobre sus gobiernos. Hasta los parlamentarios de algunos países, como los 50 diputados bolivianos que estos días realizan una huelga de hambre para exigir que se abran las cámaras y se traten los proyectos que bloquea el gobierno, ensayan formas de protesta y acción propias de los movimientos populares. En cada país, la nueva situación tiene sus símbolos y sus rostros. En Argentina, los pañuelos blancos de las Madres en la Casa Rosada, más allá de todo formalismo, son el emergente de una sociedad que parece empezar a recorrer el arduo camino de tomar el destino en sus manos.