América Latina

Gobiernos progresistas y movimientos ambientalistas

Eduardo Tamayo G.

01/12/2009

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 450: Lecturas desde los movimientos: Qué ha cambiado con los gobiernos de cambio? 06/02/2014

Los variopintos gobiernos progresistas que se han instalado en América Latina, pese a que su mayor mérito es haber priorizado la inversión social -tan venida a menos en el largo período neoliberal-, no parecen estar sintonizando con las cuestiones ambientales tan indispensables para salvar la vida en el Planeta.

Tal parece ser la conclusión a la que llegan algunos ecologistas del Cono Sur. “Un rápido repaso muestra que tenemos avances en aspectos normativos como en la Constitución ecuatoriana sobre los derechos de la naturaleza, la creación del Ministerio del Ambiente en Perú, el nuevo marco ambiental que se discute en Chile, pero más allá de estos pequeños casos referidos a la normativa y el marco legal, la gestión y elaboración de políticas hay un estancamiento e incluso un retroceso en algunos países en los que se ve sobretodo la insistencia de flexibilizar las medidas ambientales para permitir la llegada de inversiones y mantener las exportaciones”, manifiesta el uruguayo Eduardo Gudynas, investigador Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Gudynas asevera que los gobiernos progresistas han tenido enormes dificultades en entender la cuestión ambiental y aún más dificultades para plantearse nuevos estilos de desarrollo de manera que no impacten de manera negativa sobre la naturaleza.

En el caso de Bolivia, el Presidente Evo Morales, el 22 de abril de 2009 propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de adoptar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que contiene 4 puntos básicos: El derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Sin embargo, casa adentro, “la política doméstica persiste en su desarrollo extractivo (…) el Presidente mas de una vez ha reivindicado la necesidad de explotar los recursos naturales diciendo de qué otra forma vamos a vivir”, señala Gudynas. “La Constitución boliviana, en el área ambiental, tiene algunos artículos que implican un retroceso en tanto establecen como mandato del Estado la industrialización de la naturaleza, por lo tanto, allí se crea una paradoja: mientras la nueva Constitución ecuatoriana es un paso de vanguardia en el tema ambiental, la Constitución boliviana, en algunos artículos mantiene el orden convencional y en otros artículos es un paso hacia atrás”.

En Argentina la situación no es mejor. El argentino Carlos A. Vicente, integrante de GRAIN - Acción por la Biodiversidad, señala que “El gobierno sigue apostando al modelo de saqueo y contaminación que está emblemáticamente representado por las 20.000.000 de hectáreas de soja (soya) transgénica que se sembrará este año y por los cientos de proyectos mineros que se están intentando imponer a los pueblos a lo largo de toda la cordillera de los Andes”.

A lo largo y ancho de Argentina –agrega Vicente- surgen resistencias y denuncias de movimientos sociales y comunidades locales. “Pero lamentablemente el gobierno no supo ver que era en esta alianza con sectores urbanos y campesinos donde podía encontrar un punto de apoyo para contrarrestar la potente embestida de la derecha que sufrió el último año a partir del conflicto con los grandes y medianos terratenientes rurales”.

En Ecuador, el gobierno presidido por Rafael Correa puso a consideración de la comunidad internacional la iniciativa ITT (Ishpingo - Tambocha - Tiputini) consistente en dejar en tierra el petróleo de la reserva del Parque Yasuní (una de las áreas de mayor diversidad del Planeta y donde habitan pueblos libres en aislamiento voluntario) a cambio de una compensación internacional estimada en 350 millones de dólares. Esta propuesta constituye una iniciativa emblemática para enfrentar el calentamiento global, un paso adelante para salir de la lógica extractivista y una opción para construir el buen vivir, “entendido como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza” (1). Sin embargo, la decisión del gobierno de impulsar la actividad minera lo ha distanciado con los movimientos sociales y grupos ecologistas que han organizado varias movilizaciones para oponerse a dichos proyectos considerando que se afectarán las fuentes de agua y se ocasionará daños medio ambientales irreparables.

- Gobiernos como el del Ecuador - preguntamos a Eduardo Gudynas - dicen que se necesitan recursos para la inversión social, entonces que se necesita extraer, porque no hay otra forma de obtener dinero…

Eso es cierto, el problema es que los gobiernos progresistas si cuentan con recursos, el problema es cómo utilizan los recursos. Por ejemplo, en la propuesta de Rafael Correa para atender la urgencia agro alimentaria destinó un paquete de más de 400 millones de dólares, del cual más de la mitad estaba destinado a subvencionar a los agro-químicos. Eso arroja dos lecciones: primero que el gobierno tenía dinero y que el gobierno en vez de utilizar ese dinero en la reconversión del sector agropecuario hacia una producción de menor impacto y mas directamente ligada a la alimentación local, lo utiliza para comprar productos cuyo beneficio y cuya renta, va a terminar en un conjunto de empresas que hacen agroquímicos, muchas de ellas transnacionales.

- Otro argumento gubernamental es que los recursos que se obtengan de la actividad minera van a servir para preparar el terreno para llegar a otra sociedad en la que se abandone el extractivismo y se llegue a una sociedad de servicios y del conocimiento.

Eso puede ser, el movimiento ambientalista no postula suspender de la noche a la mañana todas las acciones extractivas, lo que postula es cómo vamos a balancear, cuáles de ellas van a permanecer y qué modelo de transición va a haber a otro estilo de desarrollo. Por otro lado tenemos que tomar el ejemplo de otros países que no tienen sector minero desarrollado, no tienen sector petrolero desarrollado y tienen niveles de calidad de vida y de equidad mejores que los de Ecuador, por ejemplo el caso de Uruguay que no tiene prácticamente minería ni sector de hidrocarburos. Por lo tanto el creer que es indispensable pasar por una fase de explotación extractivista con daño ambiental como un paso intermedio a un futuro de desarrollo, no tiene evidencia empírica comparando con otros países.

-En donde está la clave para desarrollar un nuevo modelo que supere el extractivismo

La clave está en cómo ir rediseñando la estrategia de desarrollo, una estrategia de desarrollo pos material va a implicar un plan de transición para ver cuál de esos sectores extractivistas tiene que ser reducidos y cómo se va a compensar ese desbalance económico con otro tipo de producción que no tenga ese daño ambiental, genera mayor valor agregado o mayores beneficios económicos y tiene una mayor demanda de empleo. El problema con el extractivismo, bajo los gobiernos progresistas, es que siempre se termina en un discurso del chantaje en que no tengo otra opción mas que hacer extractivismo hoy porque si no el país no tiene dinero y no existe evidencia empírica de que esto suceda porque no todos los países son extractivistas. Además, eso es aceptable solo en algunos casos y redobla la responsabilidad de los gobiernos de turno de tener esquemas de transición hacia otro desarrollo. Esto, además, requiere repensar la integración regional, porque un país aislado no puede abandonar la estrategia extractivista, debe ser el conjunto de países y por lo tanto eso hay que comenzarlo a discutir en los bloques regionales, sea en la Comunidad Andina, sea en el MERCOSUR o sea en la UNASUR no está en la agenda coordinar políticas mineras, políticas de hidrocarburos o política agropecuaria. Y tampoco está en la agenda, bajo los actuales gobiernos progresistas, coordinar la producción para poder salir de la dependencia global de exportar minerales o hidrocarburos. O sea, la tarea de la integración es generar una integración autónoma que permita otro estilo de desarrollo.

Coincidencias y diferencias

-¿Cuales son las diferencias y discrepancias entre los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda?, preguntamos a Carlos Vicente.

“Creo que la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa y el cuestionamiento al modelo neoliberal son importantes puntos de coincidencia que han permitido valiosos procesos de cooperación.

“El principal punto de conflicto con los gobiernos de izquierda justamente es que los fundamentos económicos de los mismos siguen siendo la explotación de los recursos naturales de nuestro continente. En ese sentido es claro que las Venas Abiertas de América Latina siguen sangrando.

“En la actualidad se suman a los viejos mecanismos de extracción de recursos energéticos y minerales las nuevas mercancías globales que invaden nuestro continente con distintos rostros pero con los mismos objetivos de alimentar al norte opulento y a quienes viven de manera opulenta en nuestro cada vez más empobrecido sur. Entonces, ya se trate de soja, caña de azúcar, palma aceitera, piña, eucaliptus o pinos estamos viviendo una invasión territorial que desplaza comunidades y destruye la naturaleza sin que los gobiernos de izquierda (con todas las diferencias y matices que hay entre ellos) se animen a enfrentar.

“En el mismo sentido, la declarada búsqueda de la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos no se encara promoviendo una agricultura local en manos de campesinos e indígenas sino que sigue apelando a modelos de agricultura industrial que alimentan fundamentalmente a grandes corporaciones”.

Confluencia social –ecologista

Los movimientos ecologistas de América Latina que actúan en el escenario descrito son muy heterogéneos y muy diversos. Allí encontramosorganizaciones urbanas y rurales, grupos de académicos, líderes sociales, redes nacionales y coordinaciones internacionales en torno al tema de la minería, la conservación de áreas naturales, la protección de los bosques, la defensa de las semillas criollas y contra la penetración de los transgénicos, la lucha contra el ruido y la contaminación en las ciudades.

Una tendencia que se ha venido gestando y reforzando en los últimos años ha sido la confluencia entre los movimientos ecologistas y los movimientos sociales para avanzar en propuestas transformadoras.

Por supuesto, señala Carlos Vicente, existe un ámbito del espacio ambientalista que persiste en propuestas tecnocráticas y que se ha aliado a los grandes capitales para avanzar en procesos de privatización y de ataque a comunidades locales con la que nosotros no solo no coincidimos sino que permanentemente denunciamos como uno más de los caminos de agresión a los pueblos. “Pero dentro del espectro de organizaciones que trabajamos en el marco de la ecología social y la ecología política no hay duda que el encuentro con movimientos campesinos, con pueblos indígenas y con movimientos urbanos de base ha sido uno de los hechos más importantes en la construcción social transformadora en América latina en la última década”.

- Usted ha planteado una alianza estratégica de los movimientos sociales y ambientalistas. ¿Cuáles deberían ser los ejes de esa estrategia?

“En ese contexto, la lucha por la Soberanía Alimentaria, por el control por los pueblos de las semillas y la biodiversidad y contra la apropiación de la vida a través de la patentes han sido ejes de una convergencia que aún tienen mucho camino por recorrer.

“Estoy convencido que la lucha contra la explotación de las personas por las personas tiene todo en común con la lucha contra la explotación de la naturaleza por los hombres. Y en ese sentido los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y campesinos convergen también con las búsquedas de modelos de sociedad que permitan la convivencia armónica que los movimientos ecologistas vienen planteando las últimas décadas. Creo que las propuestas del buen vivir de los pueblos andinos son un ejemplo concreto de como se está avanzando en un camino común”.

- Recientemente en un taller llevado a cabo en Costa Rica se planteó una convergencia de movimientos para luchar contra la monopolización de la vida y el conocimiento. ¿Qué objetivos y cómo debe concebirse esa convergencia?

Esta convergencia de movimientos en la que nos encontramos ecologistas, campesinos, indígenas, la comunidad de software libre y diversos actores culturales de nuestra sociedad nace de encontrar que las amenazas que se sufren en cada uno de estos ámbitos son comunes. Así es como aparecen los Tratados de Libre Comercio y las Leyes de Propiedad Intelectual como dos de las herramientas que buscan consolidar el control corporativo sobre nuestros bienes comunes ya sean estos semillas, biodiversidad, medicamentos, el patrimonio cultural o los nuevos desarrollos tecnológicos en software.

Nota:

1) Acosta Alberto, “La maldición de la abundancia”, Swissaid, Abya Yala, CEP, Quito, 2009, p. 189.

https://www.alainet.org/es/active/38206?language=en