El Perú acaba de atravesar, desde el pasado mes de mayo, una de las crisis sociales y políticas más graves desde que Alejandro Toledo asumió el poder, situación que ha profundizado la crisis de la gobernabilidad neoliberal y la propia transición democrática. En realidad lo que se ha producido en el país no es sino la explosión de la protesta social y laboral que se ha ido incubando como consecuencia de la continuidad de un modelo económico insostenible; y por las promesas electorales incumplidas. A estas alturas, salvo la miopía del régimen y de los sectores ultraconservadores y neoliberales, es evidente que no se puede mantener vigente una política económica que es incapaz de resolver las justas y postergadas demandas de los sectores laborales del campo y la ciudad. Es ya un sentido común, que el actual modelo económico es incompatible con un régimen democrático y mucho menos con una transición democrática que debería aspirar darle gobernabilidad y sostenibilidad al país. Y los hechos han demostrado también que no se puede buscar acallar la protesta social con Estados de Emergencia, ni que se vuelva a vulnerar derechos ciudadanos y se ponga al país bajo la tutela militar de unas fuerzas armadas sumidas aún en el desprestigio, heredadas del fujimontesinismo. Militarización y balas El ambiente político y social ha venido caldeándose desde el mes de abril, cuando más de tres mil productores de hoja de coca, realizaron una marcha de sacrificio a Lima, para rechazar los planes de erradicación forzosa que impone la DEA al gobierno peruano, como parte de supuesta lucha contra el narcoterrorismo. Demandaban asimismo, mejores precios para los llamados cultivos alternativos y programas contra la pobreza en que se encuentran. Continuó luego con una huelga de transportistas de carga y pasajeros, que protestaban contra el alza de los combustibles, que a pesar de que los precios ya se habían estabilizado en el mercado internacional, aquí en el Perú se mantienen las fuertes alzas que se dieron en el contexto de la guerra contra Irak. Exigían también que se establezcan los llamados costos mínimos, una especie de precios de garantía para sus fletes; demanda a la que el gobierno accedió en medio de la gritería de los neoliberales, que consideraban la medida "un atentado al libre mercado". La situación se acentuó en el país con el inicio de la huelga indefinida de más de 300 mil maestros, que se inició el 12 de mayo; y que a lo largo del mes protagonizaron un conjunto de movilizaciones de protesta, que se hicieron más contundentes en la ciudad del Cusco, durante la reunión de los Presidentes del Grupo de Río. La huelga de los productores agrarios y campesinos, que se inició el 26 de mayo, fue prácticamente la gota que hizo derramar el vaso, cuando paralizaron prácticamente el país, bloqueando las principales carreteras del país y se inició un desabastecimiento de las ciudades. Los hombres del campo demandaban mejores precios, reducción del Impuesto General a las Ventas de sus productos y rechazaban la privatización del agua. La respuesta del gobierno, accediendo a las presiones de los grupos empresariales y los sectores más conservadores del gabinete, fue la declaratoria del Estado de Emergencia en todo el país y la disposición para que las fuerzas armadas, con el apoyo de la policía, se encarguen de despejar las carreteras. Asimismo, se amenazó con abrir los colegios con el apoyo militar y despedir a los maestros que no vuelvan a las aulas; amén de amenazar con enjuiciar a quienes se atrevan a desacatar el Estado de Emergencia. Es decir, el gobierno optó por un remedio que resultó peor que la enfermedad. Resistencia general La respuesta a la medida de excepción fue inmediata y contundente. Los maestros mantuvieron firme la huelga y los agricultores resistían en las carreteras. Los hechos más graves se dieron en la ciudad de Puno, en la sierra sur, donde una manifestación universitaria fue repelida con disparos de bala al cuerpo de los manifestantes. El resultado: un estudiante asesinado y más de 40 heridos de bala. Lo que vino después fue la consecuencia lógica ante una medida a todas luces arbitraria y prepotente y que no contribuía a dar respuesta a las demandas de los sectores en lucha. La Confederación General de Trabajadores del Perú, La Confederación Campesina del Perú y todos los gremios en lucha, decidieron convocar a una gran jornada nacional de protesta popular para exigir el levantamiento del Estado de Emergencia y la solución inmediata a las demandas laborales y sociales. Unas 20 mil personas marcharon por más de tres horas por las calles de Lima y en todas las capitales de los 24 departamentos. La contundencia de las manifestaciones obligó a un repliegue momentáneo de los militares que no se atrevieron a impedir la manifestación, que fue un abierto rechazo y desafío a una medida arbitraria y antidemocrática. Más allá de los logros que obtengan los gremios en lucha, el movimiento popular ha tenido una importante victoria política democrática, al derrotar el estado de emergencia. El modelo económico en la picota La solución a los problemas sociales que atraviesa el país, reiteramos, pasa necesariamente por la modificación de la política económica y con medidas que han sido exigidas hasta el hartazgo no sólo por los sectores en lucha sino por vastos sectores sociales y políticos. La reforma tributaria, para que paguen más los que más tienen, la renegociación de la deuda externa, la reducción de las planillas doradas de los funcionarios públicos, así como la revisión de las exoneraciones tributarias de las grandes empresas, son medidas que no admiten postergación. De allí deben salir los recursos que requiere el estado para atender las demandas sociales. El cambio del gabinete y una reorientación del gobierno para que retome las tendencias de cambio que marcaron la ruta de la Marcha de los Cuatro Suyos, es indispensable si se quiere garantizar la gobernabilidad del país, enrumbar la transición democrática y abrir la transición económica. Otros caminos sólo llevarán a una incertidumbre política con imprevisibles consecuencias.