Presentación

Heinz Dietrich visitó el Ecuador en la primera quincena de mayo de este año.  Él es un conocedor de la dinámica política de nuestro país, pues anteriormente ha realizado un seguimiento de la trayectoria ecuatoriana.  Publicó un libro sobre la rebelión del 21 de enero del 2000, en torno a la tesis de la cuarta vía.  Como resultado de sus observaciones y conversaciones acaba de publicar un artículo sobre Ecuador, "El fin de Lucio Gutiérrez", difundido el 24 de mayo en la página web de Rebelión.  El artículo ha causado un fuerte impacto en la opinión pública, sobre todo entre los sectores de izquierda y los movimientos sociales.  La tesis central es que la situación política entra en un nuevo período de inestabilidad y que al Gobierno de Lucio Gutiérrez le queda un mes y medio de vida, pues será derrocado por fuerzas encabezadas por el Partido Social Cristiano, con la participación del Vicepresidente y de la Primera Dama.

Es oportuno abrir un diálogo con Heinz sobre el carácter y los ritmos de la crisis en el Ecuador, ya que esta visión influirá sobre los planes y comportamientos políticos de las diferentes fuerzas.  De entrada debo señalar que no estoy de acuerdo con la línea de análisis presentada por Heinz desde un tratamiento conspirativista de la política, ni con la calificación coyuntural de la crisis, ni con el ritmo inmediatista.  La tesis central que pretendo plantear es que entramos en el desenlace de un período largo de crisis y que la definición pasará por un alineamiento diferente de las fuerzas al que tuvimos en el 2000.  El desenlace será más orgánico, pues partirá de la caída del modelo económico, bajo la modalidad ecuatoriana, como implosión más que como explosión; y que, por tanto, los ritmos se prolongan.

Desde esta perspectiva el reto para las fuerzas alternativas es programático y estratégico: se mueve en el terreno insurreccional, como en las crisis de febrero del 97 y de enero del 2000, pero se proyecta a un nivel más profundo.  El Ecuador juega un papel estratégico en el área, tanto frente al Plan Colombia, como ante el ALCA y la posibilidad de un bloque sudamericano alternativo.  Por ello, el interés imperial está mucho más alerta y juega un papel de estabilización hasta lograr un recambio adecuado. 

El sistema de partidos, incluido el Partido Social Cristiano, viene de un revés electoral parcial, aunque mantiene su fuerza en el Parlamento; aún no se redefinen suficientemente los recursos de poder como para que exista la capacidad de direccionar la política a una salida inmediata. 

El bloque popular está debilitado: la cooptación de gran parte del movimiento indígena, en particular de la dirigencia de la CONAIE, y de Pachakutik, lo ha colocado a la defensiva en un trabajo de reconstitución de posiciones y de fuerzas. 

La cooptación de la dirigencia de Pachakutik y de la CONAIE no viene fundamentalmente desde una línea clientelar externa, sino que procede desde adentro, en una especie de autocooptación, en un desdoblamiento que confluye con el funcionamiento y la coexistencia dentro del proyecto neoliberal de una política articulada a los lineamientos clásicos del "Consenso de Washington" y una política social que abre espacios a la atención no sólo a los sectores más pobres (focalización), sino también a los sectores que pueden afectar al orden y que tienen capacidad de presión ante el poder (gobernabilidad).  El neoliberalismo no es sólo una política económica; y no es excluyente con un tratamiento del problema indígena; pero lo hace desde el privilegio de dos temas, la diferencia y la incorporación, desconstituyendo los temas de la desigualdad y del poder popular alternativo expresados bajo la propuesta del Estado plurinacional.  El giro sobre todo dentro de Pachakutik se opera en la adopción en su Congreso Nacional del 2001 de una posición institucionalista como centro de la “construcción del poder popular” y la exclusión de los sectores que orietaron el 21 de enero del 2000.

Este proceso de pragmatismo de la dirigencia indígena no se inicia en el cogobierno; sino que se desarrolla en una trayectoria prolongada de posiciones etnicistas y análisis "teóricos" sobre la diferencia y la institucionalización, sobre todo después de mediados de los 90; y que empiezan a predominar en las filas indígenas sobre todo después de la persecución a la rebelión de enero del 2000.  Allí confluyen diversas estrategias, incluida la sobreindigenización de la interlocución social legítima, promovida desde el bloque en el poder sobre todo desde mediados de los 90; y que desemboca en la ruptura del movimiento indígena con los movimientos sociales.[1]

Tampoco desde la iniciativa popular hay capacidad para presionar por una salida inmediata ante la crisis.  La dirigencia indígena cogobernante no está dispuesta a abandonar los puestos ganados, a pesar de la presión y el descontento creciente desde los dirigentes locales y las bases.  Al mismo tiempo, los sectores que están fuera del gobierno aún no logran consolidar un polo alternativo.

Las Fuerzas Armadas carecen de un centro propio de orientación, están atravesadas por múltiples posiciones más bien con tendencias a la dispersión, mientras se desplaza su papel hacia la frontera norte y se impone un método policial y de espionaje para el control interno de la institución armada.

Las batallas en el bloque dominante todavía no atraviesan directamente el papel del Gobierno.  El retorno de Febres Cordero, principal líder del Partido Social Cristiano, a la palestra política, se da en el marco del enfrentamiento con el ex Presidente Gustavo Noboa respecto a la renegociación de la deuda externa, pero más bien juega un rol de distracción respecto a los problemas y conflictos del gobierno.  El recurso del método utilizado por el PSC en regímenes anteriores aún no se agota: todavía está en la fase de la negociación con el gobierno para copar espacios de representación, sobre todo en el copamiento de los organismos de control; aún hay pocos signos del paso a una fase de gobierno desde la oposición, para desgastar al régimen y sacar provecho a las posiciones de chantaje, hasta lograr las condiciones del recambio.

La cuestión que está al orden del día no es directamente la estabilidad o no del régimen, sino más bien la salida a la crisis, el desenlace al embrollo a de la dolarización y la respuesta ante el conflicto de Colombia.  La inestabilidad política pasa por el desenlace de estas problemáticas.

En este sentido, si bien, como dice un proverbio chino, "es difícil profetizar, sobre todo si es sobre el futuro", hay suficientes elementos para establecer que el desenlace de la crisis se va a prolongar; y que lo que se avizora en el horizonte hacia fines de este año es la entrada en un ciclo de inestabilidad económica por la caída del modelo económico de la dolarización. 

Pero no hay una respuesta de reflejo en la política.  ¿Hasta dónde las fuerzas del orden, en particular, el poder norteamericano y el poder financiero internacional, pueden estar interesados en remover a un Presidente que hasta ahora ha cumplido un papel funcional a sus intereses: promover las líneas maestras del proyecto neoliberal, garantizando hasta ahora el control del descontento social? ¿Los intereses geopolíticos del Imperio no pueden expresarse en una inversión económica en el sostenimiento del régimen, al menos por un tiempo?

El Gobierno puede negociar tiempo con mayor sometimiento, en particular la privatización de los recursos estratégicos y un nuevo endeudamiento externo, en medio de una escalada de involucramiento en el Plan Colombia, pueden posponer la crisis, aunque ésta será luego mucho más catastrófica.

No hay una sola fuerza en acción.  ¿Cuál es el ritmo de recomposición del polo popular? ¿Qué capacidad tienen las fuerzas que no están en el cogobierno para constituir un polo de resistencia y un nuevo movimiento político? ¿Hasta cuándo la dirección de la CONAIE puede contener el descontento de abajo y la presión por la ruptura con el gobierno y la recuperación del mandato histórico?

El desenlace

Entramos en un tiempo de definiciones.  El período de crisis política y económica, abierto a partir de mediados de los noventa, llega a su desenlace.  Hasta ahora la fuerza de los sectores sociales ha contenido los intentos de definición desde el bloque dominante, tanto en el plano económico como político: seis veces han intentado instaurar el modelo neoliberal en pleno, sobre todo a través de la privatización de “las joyas de la abuela” y seis veces la resistencia popular y también las disputas intermonopólicas sobre el botín, han frustrado este intento.  Dos veces la movilización social ha derrocado gobiernos neoliberales corruptos: el gobierno de Abadalá Bucaram en 1997 y el de Mahuad en enero del 2000. 

Sin embargo ahora el problema viene bajo una nueva fórmula: bajo el terno y la corbata del Coronel aparece el peligro de las camisas pardas y de la aceleración del neoliberalismo.  Enfrentamos una nueva receta: alineamiento con el proyecto neoliberal y la política internacional del Gobierno de Bush, prácticas de amedrentamiento contra dirigentes sociales y preparación de un clima policíaco, políticas de cooptación y de asistencialismo para neutralizar a los movimientos sociales, empezando por el movimiento indígena, discurso ambiguo (el discurso del tercer día) para contener el descontento social, mientras se asegura la obediencia al poder.  El peligro es mayor, porque hay la cooptación de una parte importante de la dirección de Pachakutik y de la CONAIE, bajo una forma de subordinación política, que desemboca en la renuncia al proyecto histórico.

El desenlace puede darse o por el lado de una salida autoritaria, tanto en la vertiente gubernamental como en el afán desestabilizador de la derecha tradicional, o por el lado de la reconstitución de una fuerza política alternativa que retome el mandato histórico del 21 de enero. 

La neofórmula

Con la firma de la Carta de Intención, el Presidente Lucio Gutiérrez decidió continuar el rumbo neoliberal mantenido por los últimos gobiernos, bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional y el capital financiero transnacional.

La mayoría de los compromisos asumidos confirman los cauces del "Consenso de Washington":

a)      Aumento de los niveles de sobrexplotación de la fuerza de trabajo:

q       Reducción de la masa salarial en 280 millones de dólares, con lo cual la participación de los trabajadores en el PIB bajará al 14,2%, mientras los banqueros y capitalistas se llevan el 85,8%.  Se profundiza la inequidad.  En Europa, la participación de los trabajadores llega al 80% y la participación del capital al 20%.

q       Congelamiento de los sueldos y salarios de los trabajadores y de las pensiones de los jubilados.  Ante una inflación anual del 10%, no sólo es congelamiento, sino reducción.

q       Despido de 30 mil trabajadores públicos: el 10% de los empleados públicos actuales.

q       Aprobación de la Ley de unificación salarial, orientada a la flexibilización del trabajo y a la reducción de los salarios.

q       Supresión del sindicalismo y la contratación pública.  El discurso contra la “burocracia dorada” busca crear el ambiente adecuado.

q       La reducción de la base imponible del impuesto a la renta de 6.200 dólares anuales a 5.000, significa afectar a un mayor número de trabajadores y empleados medios.

b)      Privatización del patrimonio público:

q       Reducción del presupuesto de PETROECUADOR en 100 millones de dólares.

q       Concesión (ya no se utiliza el término privatización) de los campos petroleros y cierre de las refinerías.  En la mira están los cuatro campos principales: Sacha, Shushufindi, Libertador y Auca, y el eje ITT, en donde se encuentran las principales reservas de crudo pesado.

q       Venta de las empresas eléctricas.

q       Embargo del fondo de excedentes petroleros para el pago de la deuda externa.

q       Embargo de los fondos del Instituto de Seguridad Social para la reserva monetaria de libre disponibilidad, e indirectamente, para el pago de la deuda externa.

q       Venta de los activos de seis bancos bajo el control de la AGD.

q       Constitución de un fondo de liquidez bancaria, para un nuevo salvataje ante la eventualidad de una nueva crisis financiera o de la salida obligatoria de la dolarización. 

c) Pinchazos y política social focalizada y asistencialista:

q       Eliminación del subsidio del gas e incremento y ampliación del bono de pobreza.  La Vicepresidenta del FMI ha insistido en este punto; aunque el Gobierno ha jugado en marchas y contramarchas ha anunciado, a través del Ministro de Economía, Mauricio Pozo, que el alza del precio del tanque de gas de 1,60 dólares a 6 dólares se realizará este año.  Mientras tanto, se mantienen todos los subsidios a las transnacionales y sectores privados, sobre todo financieros y comerciales. 

q       Elevación del precio de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos, sobre todo electricidad y teléfonos, para "solucionar" el déficit fiscal.

d) Alineamiento con la política internacional de Bush:

q       La lógica económica es el pago de la deuda externa y el impulso del "libre mercado": la mira es el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).

q       La lógica de la política internacional es el respaldo a la guerra contra el "terrorismo".  Durante la invasión de Irak no sólo el silencio, sino la insinuación de un alineamiento con el Imperio quedó en el ambiente.  La sombra de un creciente involucramiento en el Plan Colombia se proyecta como telón de fondo.  Lucio Gutiérrez se ha declarado el mejor amigo de Bus, y el mejor aliado de Uribe.  En la Cumbre de Río, con la propuesta de la intervención de la ONU para emplazar a la guerrilla al diálogo final, ha provocado la apertura a una intervención militar directa como recurso de última instancia bajo el argumento de la falta de respuesta de la guerrilla.  El problema de la base de Manta ha sido silenciado y más bien sectores ambientalistas han denunciado la posible entrega de una nueva base en la Isla Bartra de las Galápagos. 

Sin embargo, en medio de este mar neoliberal se mantienen algunos puntos de resistencia.  Hay un espacio entre la política (politics) y las políticas (policies).  No está en disputa la política general, pues hay una clara definición neoliberal, apenas quedan algunos puntos en disputa, como en el caso de la política petrolera, o de los intentos de la Gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos para cobrar a los deudores de los bancos cerrados, o de la titularización de predios rurales a favor de los campesinos.  Aunque también en estas "islas" la ofensiva del Gobierno es para eliminar los puntos de resistencia y restablecer la coherencia privatizadora del régimen, como sucede sobre todo en el área petrolera.

Administrar la crisis

El período de crisis económico-política, abierto a mediados de los 90, no se ha cerrado.  El maquillaje de cifras desde el poder entra en un juego trágico: adorna el balcón, mientras se cuartean los cimientos.

Los datos oficiales informan que el crecimiento del PIB en el 2.002 fue del 3.3%, con lo que recuperó su nivel de 1998, antes de la crisis; y se prevé un crecimiento del 2.9% para el 2003.  El Gobierno presentó ante el FMI la previsión de un crecimiento del 4%; aunque la revisión de cuentas por la misión del FMI, la ha colocado en 3%.

Cuadro 1.  PIB Ecuador

1998 - 2003 

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003
% anual	2.1	-6.3	2.8	5.1	3.3	2.9*
SCN 1953	19.970	13.769	13.649	17.982	21.039
SCN 1993	23.265	16.674	15.934	21.024	24.417

Fuente: Boletines mensuales del Banco Central del Ecuador.  ILDIS, Análisis de coyuntura económica, Ecuador 2002.

*Estimación del ILDIS.

SCN = Sistema de cuentas nacionales. 

La recuperación estaría “asegurada” con un índice inflacionario de un dígito: la inflación anualizada a diciembre del 2002 fue 9,36%.  Se proyecta a diciembre del 2003 una inflación anualizada entre 8 y 9%.  El Gobierno ha prometido que caerá al 6%.

Cuadro 2.  Inflación Ecuador

Período dolarización: Enero 2000 – Enero 2003-03-24 

Año	Enero 200	Sept 2000	Dic 2000	Dic 2001	Dic 2002
% anual	79	107,9	91	22,4	9,36

Fuente: ILDIS, Ecuador 2002.

Por tanto, el objetivo central de la política económica, según el Gobierno, debería ser sostener el proceso, empezando por “fortalecer la dolarización”.  Tanto es el entusiasmo, que el Presidente Lucio Gutiérrez ha recomendado la dolarización para todo el Continente. 

La estrategia es administrar la crisis; cuanto más que, de acuerdo a Lucio Gutiérrez, no hay alternativas.  La única salida era firmar la Carta de Intención con el FMI, para poner en movimiento una economía desequilibrada, heredada del régimen anterior.  En particular, era necesario, ante todo solventar el déficit fiscal.

Cuentas alegres

Sin embargo esta visión de indicadores macroeconómicos elude los problemas claves.  El crecimiento del PIB se asienta en la continuación de la economía especulativa y no en una reactivación productiva.  La reducción de la tasa de inflación se sustenta en la contracción de la demanda y, por tanto, se combina con formas de deflación, que indican el debilitamiento de la base económica.  No se han reducido los índices de pobreza; y más bien se ha agudizado la brecha de la desigualdad entre pobres y ricos.

Los factores del crecimiento

 El crecimiento del PIB en el 2002, se asienta en:

(1)   El crecimiento de las inversiones (3.3% en el 2° trimestre y 4.5% en el 3°), por el impacto de las importaciones para el OCP.  Las inversiones representan el 27% del PIB; pero el impacto del OCP es temporal. 

(2)   En el crecimiento del consumo final del Gobierno (4.9% en el 1° trimestre; 1.5% en el 2°; y 4.5% en el 3°).  Los egresos del Gobierno pasaron de 445 millones de dólares en noviembre del 2002, a 1.286 millones en diciembre, con un crecimiento sobre todo del "gasto social" (68 millones en noviembre y 315 millones en diciembre) y de "otros gastos" (171 millones en noviembre y 791 millones en diciembre), es decir una política improvisada y dispendiosa.  Los ingresos del gobierno en esos meses fueron: 295 millones para noviembre y 488 millones para diciembre.  Hasta octubre la situación del fisco parecía estable, pues había superávits; pero en noviembre hay un déficit de -55 millones de dólares, y en diciembre alcanza la cifra de -673 millones.  El consumo final representa el 78% del PIB; y lo que tenemos es un crecimiento especulativo, que en un juego de cifras termina por mostrar la ficción de un crecimiento del PIB.

(3)   En el alto precio internacional del petróleo, que se ubicó en el 2002, en 22 dólares el barril, es decir 4 dólares (22%) por encima del precio presupuestado.  Aquí hay el impacto del conflicto de Venezuela y del conflicto de Irak.  El precio internacional alto compensó la reducción de la producción petrolera, que cayó en -3.5%.  El problema de Venezuela está bajo control; mientras las previsiones sobre el impacto del conflicto de Irak son que después de una alza de precios hasta mediados del 2003, la tendencia sería a una reducción del precio internacional por debajo del precio presupuestado de 18 dólares por barril de crudo.

(4)   En las remesas de los migrantes, que se estiman en 1.400 millones de dólares anuales para el 2002.  Después de la exigencia de visa para ingresar a Europa, a partir de abril 2003, la tendencia será a la reducción del monto global de remesas.

(5)   Un elemento que incide en el PIB, pero es difícil valorarlo, es el impacto del lavado de dólares.  De acuerdo a fuentes semioficiales, estaría entre 400 millones y 700 millones de dólares anuales (alrededor del 3.5% del PIB).

Es decir, los factores del crecimiento no están en una reactivación productiva, sino en factores temporales de importación, de gasto final gubernamental fuera de los niveles de austeridad, y de ingresos de remesas desde el exterior. 

El resultado es el debilitamiento de la base económica, que se refleja en varios problemas sistémicos: el déficit de la balanza comercial, la continuación del salvataje bancario y de la recesión productiva, una inflación inercial con precios altos, el alto servicio de la deuda externa y de la deuda interna, la concentración de la riqueza y la fuga de capitales, los riesgos de la dolarización.

El déficit de la balanza comercial

El modelo económico, basado en la apertura del mercado y la dolarización, desemboca en un sistemático déficit de la balanza comercial: importamos más de lo que exportamos, con lo cual la economía desacumula.  "El año 2002 cerró con el déficit comercial no petrolero (es decir, el que se refiere esencialmente al déficit del sector privado) más alto en la última década, ubicándose en -2.834 millones de dólares.  Mientras el déficit comercial total - atenuado por el superávit de la balanza comercial petrolera (1.829 millones) - cierra el año con -1.006 millones de dólares."[2]

Las exportaciones totales apenas han aumentado de 4.927 millones de dólares en el 2.000 a 5.000 millones en el 2.002.  Pero, en cambio, las importaciones se incrementaron en el doble: de 3.469 millones en el 2.000 a 6.006 millones en el 2002.  En el período de la dolarización se inicia un déficit sistemático de la balanza comercial.

Cuadro 3.  Balanza comercial

2.000 - 2.002 

Año	Exportaciones FOB			Importaciones FOB			Balanza comercial
	Petroleras	No pe-troleras	Total	Petroleras	No pe-troleras	Total	Petrolera	No pe-trolera	Total
2000	2.442	2.484	4.927	256	3.213	3.469	2.186	-728	1.458
2001	1.900	2.778	4.678	250	4.731	4.981	1.650	-1.953	-302
2002	2.061	2.939	5.000	232	5.773	6.006	1.829	-2.834	-1.006
2003									-1.519*

Fuente: Boletines Mensuales del Banco Central.  ILDIS, Op.  Cit.

* Estimación del Banco Central.

Para el año 2.003 se prevé un déficit de -1.519 millones de dólares en la balanza comercial y -1.700 millones para la balanza de pagos, ya que incidirán varios factores, como la posible baja del precio internacional del petróleo después de la invasión de Irak, el incremento de los precios de producción y la reducción de la competitividad con los países vecinos, la reducción del monto de las remesas de los migrantes.  Pero este déficit podría aumentarse en 600 millones de dólares, si el Gobierno cumple el anuncio del cierre de las refinerías, ya que se requeriría este monto para la importación de los combustibles que consume el país.

El crecimiento de las exportaciones en 6.9% entre el 2.001 y el 2.002, se debe fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones petroleras: 8.5%.  Pero este crecimiento no se debe al incremento de la producción petrolera, ya que el Gobierno de Noboa y, en particular, su Ministro de Energía, Patricio Terán, y su Presidente de PETROECUADOR, Rofolfo Barniol, siguieron una política de debilitamiento de la empresa estatal.  "En enero del 2.002, un barril de petróleo costaba 15,39 dólares; pero cierra el 2.002 bordeando los 24 dólares.  Es más, a partir del segundo trimestre del 2.002, el precio del crudo ecuatoriano se ha mantenido en alrededor de 22 dólares y ha superado incluso la barrera de los 30, en enero del 2.003 (es decir, se ha duplicado en 1 año)"[3]

Cuadro 4.  Precio Presupuestado y precio efectivo del barril de crudo.

1998-2003 

Años	(a) Precio efectivo (US$/barril)	(b) Precio presupuestado (US$/b)	Diferencia (a) - (b)	Porcentaje de error
1998	9,34	16,00	-6,6	-42%
1999	15,12	9,00	6,12	68%
2000	24,92	14,70	10,22	70%
2001	19,20	16,30	2,90	18%
2002	22,00	18,00	4,00	22%
2003		18,00

Fuente: División de ingresos de la Subsecretaría de Presupuestos, Ministerio de Economía.  ILDIS, Op.  Cit.

Todo el período de la dolarización, correspondiente a la administración de Gustavo Noboa, ha contado con un excedente petrolero; lo que ha sido uno de los factores claves de estabilidad económica, frente a otros problemas e incertidumbres, a pesar de la política de debilitamiento sistemático seguida por el anterior gobierno.

La política de concesión de los principales campos petroleros y del eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini, de cierre de las refinerías y de reducción del presupuesto anual de PETROECUADOR, anunciada por el Gobierno actual, significaría continuar en el debilitamiento de la empresa estatal; y por tanto, se puede prever la continuación y agudización de los problemas de la balanza comercial.  La apuesta, para llenar ese vacío, será la consecución de nuevos créditos internacionales, es decir, el crecimiento de la deuda externa.

Inflación inercial, con precios altos.

La inflación acumulada en el período de la dolarización (enero del 2000 a enero del 2003) estaría en 125,3%. 

Se da una reducción del ritmo inflacionario: 91% a diciembre del 2000; 22,4% a diciembre del 2001; 9,36% a diciembre del 2002; para 2003 se proyecta 9%.  Esto significa que no habrá una reducción del ritmo inflacionario y que entraremos en una inflación inercial, con precios altos.

A partir de agosto del 2000, se modifica la metodología de cálculo de la canasta familiar, en tanto se redujo el número de miembros de una familia de 5 a 4; lo que aparentemente baja el costo de la vida. 

A pesar de ello, la canasta básica familiar a diciembre del 2002 está en 353,24 dólares mensuales (con el cálculo anterior, para 5 miembros, estaría en 450 dólares).  Como señala Joseph Stiglitz, uno de "los cuatro pasos al infierno" es el establecimiento de precios internacionales, bajo el lenguaje de "el sinceramiento de precios".  Mientras el ingreso mínimo mensual de una familia de 4 miembros, con acceso a 1,6 salarios básicos, está en 221,26%.  Esto significa que no está financiado el 37% de la canasta básica de las familias que cuentan con empleo.

El Fondo Monetario y las autoridades monetarias han argumentado que un problema central es el "excesivo" aumento de los salarios, sobre todo públicos.  En esta relación entre ingresos y canasta básica, podemos ver que el nivel salarial de enero 2003, apenas recupera el nivel adquisitivo anterior a la crisis.  "Luego de la crisis, éste se redujo hasta 36,34% en marzo del 2000 (con el impacto de la macrodevaluación para implantar la dolarización), y subió progresivamente hasta el 72,3% entre julio y agosto del 2000, debido a las alzas de salarios decretadas y al cambio de metodología en el cálculo de la canasta básica de 5 personas a una canasta de 4 personas.  Sin embargo a partir de julio del 2000, mantiene una tendencia decreciente inmutable, corregida únicamente cada enero.  En efecto, el poder adquisitivo cierra en el 64,7% en diciembre del 2000; sube a 74,4% en enero del 2001 y poco a poco decae hasta 64% en diciembre del 2001; nuevamente se eleva en enero del 2002 a 69,3% y llega a 62,6% en diciembre del 2002."[4]

Así pues, si bien ha habido un aumento en la cantidad de dólares, hay un estancamiento y hasta decrecimiento en cuanto a la capacidad adquisitiva de los salarios, pues el incremento de precios es aún mayor.  La política de congelación de salarios promulgada inconstitucionalmente por el Gobierno de Lucio Gutiérrez cortará el ciclo de recuperaciones que se realizaba en enero de cada año y con el impacto de una inflación en trono al 10% terminará, por reducir aún más la capacidad adquisitiva de los ingresos de los trabajadores.

Esto significa utilizar la sobrexplotación de los trabajadores, como una de las palancas para enfrentar la crisis.  En esta perspectiva hay que añadir también, el compromiso de la reducción de la masa salarial, el congelamiento de las pensiones de los jubilados.

En conclusión, se continúa la fórmula neoliberal de control de la inflación por el lado de la contracción de la demanda: precios altos vs baja capacidad adquisitiva; y no por el lado del aumento de la oferta, de la reactivación productiva.  En perspectiva, el problema ya no será la inflación, sino la deflación, la imposibilidad de la realización de la producción por los precios inasequibles para la población.  Y este problema puede ser la antesala para una inestabilidad económica profunda, como sucedió con Argentina en la caída de la convertibilidad.

Al final, estas tendencias desembocan en la agudización de la desigualdad social: la brecha entre pobres y ricos se profundiza: En 1990, el 20% más rico de la población captaba el 52,0% del ingreso nacional, mientras el 20% más pobre tenía el 4,6%.  En 1995, el 20% más rico capta el 54,9% del ingreso nacional; mientras el 20% más pobre tiene el 4,1%.  En 1999, el 20% capta el 61,2% y el 20% más pobre el 2,5%.

Al mismo tiempo, la participación de los trabajadores en el PIB se reduce del 27% en 1990 al 15,2% en el 2002.  Y si se realiza la reducción de la masa salarial en 280 millones de dólares, como se ha comprometido Lucio Gutiérrez, bajaría al 14%. 

Un sistema financiero especulativo

Las autoridades monetarias han argumentado que se ha superado la crisis financiera.  Silencian los altos costos del salvataje bancario, que llegaría a 8.000 millones de dólares.  Pero también silencian los problemas que persisten, pues no se ha realizado una reforma profunda del sistema financiero, sino que más bien se han arreglado cuentas y se han trasladado problemas.

A finales del 2000 hay un equilibrio entre captaciones en el sistema financiero y colocaciones, como resultado de las nuevas normas de control, sobre todo en referencia a los préstamos vinculados. 

Durante el 2001 y el 2002 se expanden tanto captaciones como colocaciones.  Pero empieza a crearse un margen que no se invierte: en noviembre del 2002 de 4.276 millones de dólares en captaciones, se colocaron 1 mil millones en inversiones y 3.031 millones en créditos; y no se colocan 300 millones, lo que significaría un fondo de reserva ante proyecciones marcadas por la incertidumbre. 

De acuerdo a las autoridades financieras, el sistema tendría un fondo de reservas en el exterior, como prevención: se estima en torno a 1 mil millones de dólares.  Esta fuga de capitales es el primer problema del sistema financiero.  A lo que habría que sumar el intento de conformar un fondo de liquidez bancaria de 900 millones de dólares, ante peligros de inestabilidad financiera o de salida obligada de la dolarización.

Si bien cuantitativamente se han recuperado las captaciones y las colocaciones, hay una modificación profunda de su composición.  Han crecido las captaciones y las colocaciones a corto plazo, es decir, estamos ante un sistema financiero orientado al consumo y no a la inversión productiva.  En diciembre 98, al iniciarse la crisis, los depósitos a la vista (2.268 millones de dólares) y los depósitos a plazo (2.042 millones) estaban más o menos equilibrados.  En Agosto 2002, hay un fuerte desbalance: depósitos a la vista crecen a 2.842 millones, mientras los depósitos a plazo bajan a 1.335 millones.

Cuadro 5

Captaciones del sistema bancario

1998-2002 (millones de dólares) 

Tendencia de captaciones	Dic 98	Dic 99	Ago 00	Dic 00	Ago 01	Dic 01	Ago 02
Depósitos a la vista	2.268	975	1.426	1.630	2.160	2.373	2.842
Obligaciones inmediatas	454	308	171	261	204	315	90
Depósitos a plazo	2.042	977	1.161	1.178	1.067	1.101	1.335

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  ILDIS, Op.  Cit.

Esta tendencia en las captaciones también se presentan en las colocaciones: a noviembre del 2002, de un total de 1'472.000 créditos, el 90% de los créditos se destinó al consumo, con un promedio de 683 dólares cada crédito; el 6% al comercio, con un promedio de 29.034 dólares y el resto a vivienda y microcréditos.  En cuanto al monto, el 24% se destinó al consumo, el 68% al comercio y el resto a vivienda y microcréditos.

Es decir, el 96% de los créditos, que corresponde al 92% del monto prestado, tienen un amplio componente de corto plazo.  No hay crédito para la inversión ni de mediano ni de largo plazo.

El carácter especulativo se constata sobre todo en tasas activas altas en el período de dolarización, que se han ubicado entre 15 y 18%; mientras hay una reducción de las tasas pasivas desde 8 a 6.5%; lo que aumentaría el margen de intermediación financiera de 7,55 puntos en el 2000 a 9,98 puntos en el 2002.  La "recuperación" de los bancos se asienta en los niveles usurarios de los intereses que dificultan cualquier perspectiva de inversión productiva.

La esclavitud de la deuda externa y la deuda interna

La lógica de la política neoliberal desemboca en el cumplimiento del pago de la deuda externa.  Ahora se añade un nuevo problema: el creciente peso de la deuda externa privada. 

La deuda externa pública en el período de la dolarización se mantiene en un nivel similar: en el 2.000 era de 11.335 millones y en el 2.002 es de 11.388.  Pero en cambio, la deuda externa privada, uno de los soportes del salvataje bancario, se ha duplicado: pasó de 2.229 millones en el 2.000, a 4.899 millones en el 2002.

Cuadro 6

Deuda externa

2.000-2.002 (millones de dólares) 

	2000	2001	2002
Privada	2.229	3.038	4.899
Pública	11.335	11.373	11.338
Total	13.565	14.411	16.288

Fuente: ILDIS, Op.  Cit.

Al final, el peso de la deuda externa tiene una tendencia creciente, sobre todo en referencia al monto de las exportaciones, pues pasa del 275% en el 2.000, al 326% en el 2002.  El esfuerzo económico del país termina absorbido por el pago de la deuda.

La situación es más preocupante, cuando añadimos los altos niveles de endeudamiento interno, que estarían en torno a los 1.700 millones de dólares.

La política de Lucio Gutiérrez, a más de incrementar el monto del pago de la deuda externa de 2.100 millones a 2.700 millones en el Presupuesto del 2003; tiene que dedicar el 70% del fondo de excedentes petroleros a este fin; y además pretende embargar los fondos de la seguridad social para dedicarlos a la reserva monetaria de libre disponibilidad, lo que implica la posibilidad de orientarlos al pago de la deuda externa.

La trampa de la dolarización

Las promesas de la dolarización: reactivación productiva, reducción de las tasas de interés y solución de la inflación no se han cumplido.  Por el contrario, nos encontramos en un punto de desequilibrio en la competitividad incluso con los países vecinos. 

Las "ventajas" iniciales, después de las sucesivas devaluaciones de 1999 y de la macrodevaluación al momento de la imposición de la dolarización, se han perdido, como se refleja en la balanza comercial deficitaria: en 1998, en el año del estallido de la crisis, el déficit fue de -995 millones; hay una "recuperación" en 1999 y 2000 (1.665 millones y 1.458 millones, respectivamente), pero luego entramos en un fuerte descenso en el 2001 y 2002 (-303 y -1.006 respectivamente).  Esto significa que hemos entrado en un modelo importador-consumista, que tiende a una dependencia creciente del endeudamiento externo.

El resultado es el quiebre de las empresas del sector productivo: en el 2002 alrededor de 3 mil empresas habrían quebrado, y a la elevación de los costos de producción.  Pero el problema ahora se presenta bajo una nueva forma, que evoca el proceso argentino, la salida de capitales “ecuatorianos” para instalarse en los países vecinos, en particular, en Perú, como acontece con “la tradicional compañía SUMESA (que) decidió “anclarse en el Perú.  (...) Su dueño, Jorge García Torres, invirtió alrededor de dos millones de dólares.  (...) La Cámara de Industrias de Guayaquil manifiesta que esto sólo es parte de la desindustrialización del Ecuador”[5]

De mantenerse esta tendencia, podemos avizorar en un plazo de meses un período de inestabilidad económica que puede precipitar la salida obligada de la dolarización. 

La política de Lucio Gutiérrez, bajo la inspiración del Fondo Monetario y, sobre todo de su equipo económico, comandado por Mauricio Pozo, apunta a un fortalecimiento de la dolarización, mediante políticas de una nueva fase de salvataje bancario; en lugar de buscar una salida ordenada, asentada en una fuerte campaña de reactivación productiva y en un proceso gradual de control del manejo de las divisas y del flujo financiero.

Inestabilidad política

Lucio Gutiérrez ha elegido la carta de la alianza estratégica con el Gobierno de George W.  Bush.  El giro a la derecha, sin embargo no le asegura estabilidad política.

La crisis de hegemonía no se ha resuelto; aunque hay un reordenamiento de fuerzas.  Los partidos políticos tradicionales sufrieron un revés parcial en las últimas elecciones y buscaron un atrincheramiento en el Congreso; sin embargo las fuerzas que representan han pasado a ocupar puestos claves en el reparto de poder en el Ejecutivo.  El bloque 21 de enero, integrado por indios, militares y movimientos sociales, ha sufrido un proceso de dispersión: la presencia subordinada de la CONAIE y de Pachakutik en algunos puestos del Gobierno ha terminado en un papel de legitimación de la política del régimen; mientras las organizaciones sociales e indígenas que no aceptaron participar en el cogobierno, no han logrado conformar un polo alternativo; todavía las acciones de resistencia tienen un carácter sectorial y reinvindicativo.  Las banderas fundamentales del 21 de enero se han ido arreando progresivamente: la lucha contra el ALCA, la política de no alineamiento ante el Plan Colombia, la salida ordenada de la dolarización, la recuperación de los fondos de los banqueros, la reforma política.

Dos temas están al orden del día: la reactivación productiva para enfrentar una posible salida obligatoria de la dolarización; y la política internacional sobre el Plan Colombia y las relaciones con el Gobierno norteamericano.

El alineamiento de fuerzas juega a tres polos: la presión neoliberal desde los organismos financieros internacionales y los grupos financieros locales; la resistencia de algunas organizaciones sociales; y la ubicación del Gobierno del lado neoliberal, con prácticas asistencialistas y de cooptación de los movimientos sociales, en particular del movimiento indígena, un discurso ambiguo y prácticas autoritarias.

La estrategia de la derecha es doble: ganar el mayor espacio de intervención en las políticas del Gobierno e impulsar una campaña de desestabilización del régimen, sobre todo por el lado de la descalificación de funcionarios corruptos cercanos al Presidente, hasta buscar un recambio.  La estrategia de los movimientos sociales, aunque con mucha debilidad, ha buscado combinar el rechazo a la política global del Gobierno con la presencia en algunas islas de resistencia en políticas sectoriales.  Los intentos de constituir un polo alternativo desde la alianza social-indígena no han cuajado.  El problema fundamental en el campo popular es la carencia de un centro de conducción política, ante el quiebre del papel que desempeñó en la década anterior el eje CONAIE-CMS.

La correlación de fuerzas es negativa para el campo popular.  La iniciativa estratégica ha pasado al bloque neoliberal.  Los vientos de inestabilidad vienen desde la base del sistema, desde el agotamiento del modelo importador y reprimarizador y, en particular, desde los altos costos de la dolarización; y desde el peligro de un progresivo involucramiento del país en el Plan Colombia y de la agudización del conflicto en el Área Andina, bajo la estrategia de la lucha contra el "terrorismo".

Los escenarios

El tiempo empieza a correr.  Los factores de sostenimiento de la economía en el período de Gustavo Noboa se agotan: después de la invasión de Irak el precio internacional del petróleo empezará a descender; las remesas de los migrantes han entrado en un proceso de reducción; al mismo tiempo, las presiones por una nueva fase ofensiva en el Plan Colombia se aceleran. 

La política desestabilizadora de la derecha está en marcha.  La respuesta del Gobierno es cederles más terreno, esperando que se tranquilicen; pero con ello les fortalece más.  La alianza dentro del Gobierno y el apoyo social se debilitan: dos tercios de la población desaprueba la política de Lucio Gutiérrez.  La respuesta desde el control policíaco y los servicios de “inteligencia”, agudiza el ambiente de inestabilidad.

Una disyuntiva programática

Las tendencias de la crisis muestran que estamos ante una disyuntiva de carácter programático.  El Gobierno de Lucio Gutiérrez ha optado por la continuidad del proyecto neoliberal, aunque con algunos puntos de políticas diferentes, sobre todo en el campo petrolero.  Esta orientación tendrá resultados similares a los producidos en años anteriores y a los observados en otros países. 

Tenemos una política alternativa, que la hemos construido en los últimos quince años.  Pero hay una desconstitución del sujeto programático del bloque 21 de Enero. 

Para una alternativa programática, no es suficiente reducirse a la acción en las islas de resistencia, sino avanzar a la reconstitución de una fuerza política alternativa.  Ya no es suficiente la actuación desde fuerzas sociales sectoriales; sino que se requiere avanzar a la reconstitución de un movimiento político nacional en torno a un acuerdo estratégico y programático de los diferentes sectores y fuerzas sociales y políticas que estén interesados en enfrentar el proyecto neoliberal e impulsar un cambio profundo en el rumbo económico y político del país. 

La traición del Gobierno de Lucio Gutiérrez-Pachakutik al proyecto del 21 de enero, la pérdida del registro legal de los partidos de izquierda, la cooptación de la dirigencia de la CONAIE y de Pachakutik, abren la necesidad de un nuevo movimiento político que recoja las diversas vertientes de los movimientos sociales y de las organizaciones y núcleos políticos.  Pero ya no es suficiente una alianza social política, sino que se requiere una fuerza política con capacidad de respuesta programática y estratégica.

Quito, 5 junio de 2003

---