México

Ley indígena para la capital

Sara Lovera, Soledad Jarquín

27/05/2010

Opinión

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Representantes de 25 naciones, reunidos en el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, analizaron aquí la condición actual de estas comunidades, amenazadas por el neoliberalismo y la violencia que ocasionan la guerra contra el narcotráfico, los grupos paramilitares, militares y la guerrilla.

Durante la inauguración del encuentro, representantes de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes destacaron el hecho de que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), haya sido el facilitador de este espacio, porque no es usual que los gobiernos se interesen.

El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien inauguró el encuentro en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, llamó a que los resultados que se obtengan no sean sólo una iniciativa y que, por el contrario, haya consecuencias.

Ebrard anunció que su gobierno elabora una iniciativa de Ley para los Pueblos Originarios e Indígenas, la cual podría ser presentada a la Asamblea Legislativa en septiembre próximo. Se trata de una normativa donde —aseguró— “es indispensable que se escuche la voz de ustedes”.

En la ciudad de México habitan pueblos originarios y otros grupos indígenas que llegaron como resultado de la migración interna del país, y que en total suman un millón de personas, las cuales hablan 52 de las 62 lenguas autóctonas mexicanas.

La titular de la SEDEREC, María Rosa Márquez Cabrera, destacó que en este encuentro el actor gubernamental pone a disposición de los pueblos un campo fértil de interrelaciones sociales para el debate amplio e incluyente.

Afirmó que durante la cita se particularizaría sobre el significado que ha tenido la participación de estos pueblos en los movimientos libertarios de los últimos 200 años, que le dieron sentido al surgimiento de las naciones latinoamericanas y del Caribe.

Sin embargo, añadió, no fueron aplicados en un sentido equitativo y respetuoso, “prevaleciendo la idea occidental, positivista, neoconservadora, dicotómica, en la construcción de los marcos jurídicos y el ejercicio del poder público”, por lo que reconoció que la lucha de estos pueblos continúa y destacó que no logra resarcirse la deuda histórica.

“Se prefiere el uso de la tolerancia en lugar del reconocimiento; de la multiculturalidad en lugar de la diversidad cultural o pluralidad; en la gobernanza en lugar de la gobernabilidad; el desarrollo en vez del buen vivir y vivir bien; y la gestión en vez de la administración”, sentenció Márquez Cabrera.

Como lo señaló el jefe de Gobierno, la servidora pública planteó el compromiso para que cambien las condiciones de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes. “Queremos sumarnos a los esfuerzos para construir mecanismos internacionales que pasen de la Declaratoria a la Convención, de la política a las acciones, de los discursos a los hechos”, dijo.

Julio Atenco Vidal, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pidió un minuto de silencio en memoria de las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas en abril de 2008, y por Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola, la primera directora de CACTUS y el segundo observador internacional, también asesinados en la zona triqui el pasado mes de abril, en la misma región de Oaxaca.

Tras recordar cuatro décadas de lucha, Atenco Vidal sostuvo que, en el Bicentenario de la Independencia, los pueblos originarios e indígenas nada tienen que celebrar, pues han sido excluidos, pero destacó “la sólida alianza del movimiento indígena con el gobierno de la ciudad de México Tenochtitlán".

Flor Auristela Márquez Ugueto, de la Cátedra Libre África de la Universidad Bolivariana de Venezuela, recordó a los millones de africanos traídos a América como esclavos, un tema absolutamente invisibilizado en los libros de historia, a pesar de que sobre sus hombros se levantaron las naciones de Latinoamérica y el Caribe.

Como si fuera dinero, el color de la piel adquirió valor, planteó la representante venezolana y agregó que los estigmas, la discriminación y el racismo llevan a pensar que “lo negro es el símbolo de la fealdad física y moral”.

Márquez Ugueto fue la única que planteó la discriminación que viven las mujeres negras, pobres y, más aún, cuando se trata de revolucionarias, al tiempo de afirmar que el siglo XXI es la centuria de la emancipación definitiva, en que los pueblos afrodescendientes, indígenas y originarios habrán de recuperar los espacios robados.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, Nicolás Rey, se refirió a la necesidad de eliminar las diferencias internas entre los pueblos, que también generan desigualdades entre iguales, como sucede en Haití.

José Vicente Otero Chate, del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC de Colombia, planteó la difícil situación que viven en aquel país los pueblos originarios, como resultado de la presencia de militares, paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, y demandó hacer una reflexión y llamado para que el Convenio 169 de la OIT no sea abolido.

Abundio Marcos Prado, de la Nación P´urhepecha de Michoacán, México, criticó las políticas indigenistas que se aplican en este país, las cuales crean desorganización entre los pueblos, y advirtió sobre los resultados del próximo censo de población que se realizará este año, al denunciar que seguramente “eliminará a muchos indígenas”.

Añadió que es necesario un plan de acción, una movilización de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes para demandar sus derechos y reclamar justicia para los asesinados y desaparecidos.

Del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Jorge Albino Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de aquella comunidad, sostuvo que la violencia que se ejerce contra el pueblo triqui es resultado de la declaración de autonomía, lo que motivó el ejercicio de la violencia de Estado, de los partidos políticos y de otras organizaciones.

Recordó a la defensora de los derechos humanos Beatriz Cariño, asesinada en la región triqui cuando viajaba en una caravana de observación internacional, en abril pasado, para llevar ayuda a las familias de San Juan Copala cercadas por grupos paramilitares. Su muerte no debe quedar impune, insistió.

El integrante del municipio autónomo triqui criticó la política de represión contra los pueblos indígenas que ejerce el gobernador Ulises Ruiz, quien junto con todo el aparato de administración gubernamental no hace nada contra quienes reprimen al pueblo triqui y ha iniciado una campaña en la búsqueda de militarizar la zona como única solución.

Carlos Batzin, del Consejo Indígena de Centroamérica, destacó la urgencia de eliminar la intermediación que realizan varios grupos y advirtió sobre los cambios que algunas comunidades y pueblos experimentan, como el consumismo, la reproducción de “antivalores”, el desperdicio de alimentos y daños a la naturaleza.

El Encuentro de los Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe se extendió hasta el sábado 22, con diversas actividades entre las que destacan el foro Derechos y Reconocimiento de las Mujeres, los Derechos Campesinos, Alcances Legislativos.

Fuente: http://www.redsemlac.net/web/

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