Rep. Dominicana

Mujeres candidatas no consiguen lo que merecen

Mirta Rodríguez Calderón

03/06/2010

Opinión

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República Dominicana efectuó elecciones para el Congreso y las alcaldías a mitad de mes, en un ambiente de desesperanza y abulia, que elevó el abstencionismo por encima del 45 por ciento.

Las mujeres no avanzaron tanto cuanto merecían, en particular en el nivel municipal, que vio reducida la cifra de alcaldesas de 18 a 12. El número de diputadas apenas creció en uno por ciento: de 19 a 20 por ciento con respecto al anterior período congresal.

Sin embargo, en esta oportunidad, conminados por la Junta Central Electoral y por los movimientos feminista y el de mujeres, los partidos se vieron obligados a respetar la cuota y postular por lo menos 33 por ciento de mujeres. El número de las aspirantes fue esta vez más alto: 36,3 por ciento.

Aunque no puede subestimarse el valor que tiene la postulación, la campaña y la competencia misma para las que se estrenan en este quehacer, lo cierto es que las candidatas estuvieron en todo momento en desventaja durante el período de campaña.

Dispusieron de menos dinero que los varones, por lo cual su propaganda representó un tercio de la realizada por ellos; y ellas fueron mencionadas 25 por ciento menos en las informaciones en prensa escrita, radio y televisión, según un monitoreo realizado por la organización no partidista Participación Ciudadana.

Sólo por excepción, algún candidato mencionó propuestas que tuvieran en cuenta las necesidades de la población femenina. Una mayoría de ellas, sin embargo, sí se refirió a empeños encaminados a promover la equidad de género o de atención a problemas tan serios como violencia contra la mujer, salud reproductiva o participación política.

La gente desconoció dictados de la iglesia

Hubo, sin embargo, dos saldos esperanzadores en estas elecciones: los dictados de la iglesia ya no impactaron las decisiones de votos de la ciudadanía y la presencia de caras nuevas en el Congreso supera a las figuras reelegidas. Para las mujeres, ambos hechos son favorecedores de sus legítimas aspiraciones.

No fueron reelegidos la mayoría de quienes apoyaron la adopción de un artículo incluido en la nueva Constitución de la República, según el cual existiría vida desde la concepción hasta la muerte y ésta sería inviolable, sin importar la situación de la mujer gestante: si fue violada, víctima de incesto, con riesgos para su salud o portadora de un feto malformado.

La gente no hizo caso de los reclamos de la iglesia y aun personajes poderosos en el contexto político local, como Alejandro Montás —segunda figura del Partido Nacional Progresista, connotadamente retardatario— no lograron engañar a la ciudadanía. Los anuncios de este candidato aparecieron encabezados por un círculo de fetos y declaraciones perversas de apoyo a la iglesia y contra las mujeres.

Tampoco fue elegida la furibunda Lila Alburquerque, seguidora del fallecido Joaquín Balaguer (presidente de República Dominicana por varios períodos, el último de 12 años).

Cuando esta dirigente del Partido Reformista Social Cristiano presidió la Cámara de Diputados, entre 2002 y el 2006, promovió la adopción de la Ley del Niño No Nato, dictado procedente directamente de Roma, algo que el Vaticano consiguió hacer avanzar en varios países latinoamericanos, entre ellos éste.

También fueron "exiliados del Congreso" —usando las palabras de la médica y articulista Lilliam Fondeur— José Ricardo Taveras, quien presidía la Comisión del Código Penal, espacio en el cual las mujeres tendrán que dar otra batalla cuando el proceso de modificaciones se reabra, porque en él aparece explícitamente penalizado quien realice o ayude a realizar interrupciones de embarazo.

Igual situación afrontaron Marino Mendoza, adalid del Partido Revolucionario Dominicano, que apoyó con la mayor fuerza el artículo que condena a las mujeres, y el evangélico Carlos Peña.

Estos hechos, si bien no cambian la situación de discriminación que padecieron las mujeres candidatas, revisten importancia en el plano nacional, porque tanto las fuerzas más reaccionarias desde la sociedad civil y el gobierno, como la iglesia católica, emplearon todo su arsenal de recursos y presión para que fueran "sancionados" con el rechazo de los votantes quienes, en el Congreso, se negaron a ser cómplices de una disposición que elevará las cifras de mortalidad materna y condena a muerte a las mujeres pobres.

La cúpula del clero católico emitió, en los días precedentes a las elecciones, una Carta a la Familia Cristiana donde pide que no voten por aquellos candidatos y candidatas.

Hicieron y circularon un listado, que los curas leyeron desde los púlpitos, con los nombres de quienes querían sancionar; y colocaron grandes pancartas en sitios públicos, incluidas las paredes próximas a los colegios electorales, con un decálogo de lo que debe hacer el buen votante católico, cuyo "mandamiento" número 11 era precisamente no elegir a quienes apoyaron el artículo sancionador que pasó a ser el número 37 de la nueva Constitución.

En el colegio donde le tocó votar a la dirigente feminista Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, ese decálogo estaba pegado a la entrada. Ella reclamó a la representación de la Junta Centra Electoral que fuera retirado por ser violatorio de la Ley Electoral y se negó a ejercer el sufragio mientras esto no se realizó.

Los nuevos escenarios

El período que se inicia, hasta el 16 de agosto, cuando se constituirá el nuevo Congreso y tomarán posesión las representaciones elegidas, tiene ya movilizadas a las fuerzas sociales, en particular al movimiento de mujeres que está comenzando a identificar, entre las figuras que debutan ahora en esos espacios políticos, quienes pudieran eventualmente ser aliados en la promoción de leyes necesarias.

Asimismo, las organizaciones de mujeres más beligerantes: el Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, la Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Estudios de Género, CONAMUCA, de las mujeres campesinas y CEPAE, de acción ecuménica, entre otras, se empeñan en un estudio a fondo de todas las desventajas que la nueva Constitución acarrea a la población de menos recursos, fundamentalmente.

Fuente: http://www.redsemlac.net/web/

https://www.alainet.org/es/active/38690