Más de veinte años han tenido que pasar para que LA VERDAD salga a la luz. Las torturas, las persecuciones, los asesinatos y las desapariciones ordenadas y ejecutadas por el gobierno fascista de Febres Cordero en contra de los jóvenes integrantes de la organización revolucionaria Alfaro Vive Carajo, fue perfectamente conocida, aunque no reconocida, por los gobiernos subsiguientes e incluso por la sociedad en general. Hemos sido testigos estos últimos veinte y cinco años del silencio cómplice de los gobiernos “democráticos” y de la indiferencia de la mayoría de la sociedad, que optaron por callar una verdad evidente.

La violencia autoritaria del poder dominante es una realidad que existe desde hace más de quinientos años en éste continente; 500 años de silencio que ha ocultado de cientos, miles de  encarcelamientos, asesinatos,  torturas y desapariciones de todos los hombres y mujeres que, en un acto legítimo, decidieron pasar de la resistencia a la lucha. Primero en contra del poder de la Corona Española y luego del poder del Estado-Nación colonial.

La historia nos enseña que el poder siempre justifica el uso de la extrema violencia en nombre de la paz social, basta recordar el argumento que el Estado Norteamericano usó y usa en todas las intervenciones militares que ha llevado a cabo en contra de pueblos y países que resisten la expansión imperial capitalista. Esta práctica de la dominación cuenta con todo un aparato jurídico legal que encubre sus atrocidades, claro ejemplo de esto es la ley anti-terrorista con la cual se busca, por un lado criminalizar la pobreza que todo sistema social injusto produce, y por otro, criminalizar la resistencia y la lucha de los pueblos oprimidos.

Esta lógica del poder no es una circunstancia de un gobierno, aunque ciertamente hay gobiernos como el de Febres Cordero que la radicalizan, sino de todo Estado al servicio de las clases dominantes. La historia, y sobre todo la de América Latina, está cargada de asesinatos, torturas, persecuciones, desapariciones;  los últimos 50 años hemos vivido el horror de las dictaduras militares,  Centroamérica y el Cono Sur son claros ejemplos.  Con la llegada de la Democracia las cosas no cambiaron mucho, especialmente en aquellos países donde la época de las dictaduras no fue tan violenta, como es el caso de Perú, Colombia y Ecuador.

En  nuestro país, algunos de los gobiernos llamados democráticos fueron igual, o incluso mucho más represivos que las dictaduras militares, usando aparatos estatales y para-estatales para controlar y reprimir a la población. Quizás la única diferencia entre el poder colonial y el republicano es el aparecimiento del discurso de los derechos humanos, que en la República hasta los días actuales ha sido básicamente una retórica usada por los gobiernos para enmascarar la política represiva estatal de facto. Lo que si es necesario reconocer es el difícil trabajo organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos que ha dificultado la ejecución impune de políticas  criminales de los estados.  En respuesta el aparato estatal inventa  leyes que despejen las complicaciones que les producen los derechos humanos, con la complicidad de  los gobiernos de turno  que han empezado a criminalizar la lucha social y, principalmente, la lucha indígena y ecológica.         

La historia del poder es al mismo tiempo la historia de luchas y resistencias, nunca es posible la dominación total, ni siquiera en sociedades política, ideológica o culturalmente totalitarias. Siempre hay un sector de la población (a  veces mayoritario otras minoritario) que deciden enfrentar la dominación e ir más allá de las reglas de la democracia liberal donde el juego siempre está ganado de antemano, donde el oprimido no tiene oportunidades más que aceptar el juego por el cual es oprimido. Sujetos político-revolucionarios que asumen otras formas de lucha,  opción política que el poder dominante ni admite ni perdona y frente al cual responde con toda la violencia Estatal y para-estatal, legal o ilegal, aunque siempre ilegítima. Fue esto lo que sucedió hace más de veinte años en el Ecuador, un grupo de jóvenes que indignados por la injusticia optaron por la lucha armada, proceso que por cierto se había llevado a cabo en  varios países del continente. La respuesta del poder cuando no puede, cuando pierde hegemonía y ve que están en riesgo sus intereses económico-políticos y el monopolio de la violencia de su Estado no es otra que  la ejecución de la violencia sistemática y extrema a través de  todos sus aparatos represivos.

En la época del grupo Alfaro Vive Carajo, el poder acusaba a sus jóvenes integrantes de delincuentes, terroristas, narco-guerrilleros y otros calificativos más, cuyo objetivo era deslegitimar su lucha ante la sociedad y poner el argumento político y jurídico para asesinarlos, torturarlos, perseguirlos y desaparecerlos. Lo cierto es que todo pueblo, todo ser humano, tiene, no el derecho otorgado por su dominador, sino la obligación ética y humana  de defender su dignidad y su vida. Pensemos en la Palestina violentada y humillada por el Estado Israelí, pensemos en la última atrocidad que el Estado sionista acaba de cometer en contra de un pueblo cercado e intervenido militarmente, qué razón explica el ataque a un barco de ayuda humanitaria, sino  la razón enajenada del capital. Los Israelitas justifican sus atrocidades en contra del pueblo palestino acusándoles de estar armados en su contra, y ¿qué querían? ¿qué no se defiendan, qué no intenten siquiera poner un alto al terror del Estado sionista? ¿qué quiere el poder y su coro de ángeles (los defensores de la democracia liberal)? ¿que los pueblos se resignen a la opresión? O ¿que recurran al diálogo? cuando el mismo nunca ha existido porque nunca el oprimido es reconocido como sujeto de diálogo, porque sus intereses como clase o pueblo explotado y oprimido que busca justicia se opone a los intereses de las clases dominantes cuya existencia se asienta en la explotación.  

 Veinte y cinco años después su presencia está vigente. No en los recuerdos, no en los monumentos simbólicos que se levanten en su memoria, no sólo en la verdad sobre sus ejecuciones y torturas, sino en la lucha actual de los movimientos obreros, de indígenas, de mujeres, de ecologistas, es decir, de trabajadoras y trabajadores que insisten en construir un Mundo Otro, un Mundo Igualitario, un mundo con Sumak Kausay. Está presente en la memoria histórica que como seres humanos y como pueblos tenemos la obligación de reconstruir, de mantener, de recrear y de entregar a quienes nos prosigan.        

Seguirán en la memoria y en el corazón la voluntad revolucionaria de la generación actual y de las que vendrán, en cada intento por llevar adelante su deseo de justicia, en cada madre indígena que resista y lucha en contra de la destrucción de su cultura y de la naturaleza, allí estarán como en ellos estuvo Tupacamaru, Daquilema, Dolores Cacuango, Monseñor Proaño y todos los revolucionarios anónimos que insisten en un por-venir distinto por Otro Mundo posible.

Sabemos, por conciencia o miedo, que la muerte es parte de nuestras vidas.  Desde lo más profundo la respetamos como instante sagrado de conclusión total o de transición.  Hay ocasiones en que la muerte es el momento revelador de nuestras vidas pero, casi siempre, más allá de cómo morimos, lo que nos define es lo que hemos hecho o dejado de hacer en nuestras vidas.

Desde esta comprensión y sensación, decimos que León Febres Cordero debió ser juzgado en vida por los crímenes de Estado y de lesa humanidad impulsados por él y cometidos en su gobierno. La muerte no exime de culpas.  La historia que escriben los pueblos - la verdadera historia - sabrá juzgarlo por sus crímenes y por sus políticas neoliberales que golpearon duramente a los trabajadores y a los sectores más pobres de la población.

El pueblo ecuatoriano no puede olvidar, no debe dejar en la impunidad asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, allanamientos, amedrentamiento, terror y corrupción de Estado implementados sistemáticamente.

Los muertos, desaparecidos y torturados en acciones planificadas y ejecutadas por aparatos paramilitares, sustentados por el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) no nos permiten olvidar estos hechos atentatorios que afectan a todos los ecuatorianos.

Nos comprometemos a continuar sus sueños de igualdades para todas y todos.  Anhelamos paz con dignidad.  Sabemos que no puede haber reconciliación sin verdad y justicia, y la justicia empieza con la cárcel para los responsables directos e indirectos, con la destrucción de los aparatos represivos del estado para que esto nunca más vuelva a pasar, y sobre todo con la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Reconocemos la apertura del Gobierno de Alianza País por recoger la lucha  de los familiares de las víctimas y de las víctimas mismas por justicia, voluntad política que hizo posible que ahora presentemos, comprobadas y documentadas,  las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el nefasto gobierno socialcristiano de Febres Cordero contra el pueblo, contra sus  organizaciones y contra quienes asumieron de frente la defensa de las legítimas demandas populares. Al tiempo que rechazamos las cadenas nacionales de éste régimen en contra de la lucha legítima de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los ecologías, rechazamos la represión lanzada contra las movilizaciones populares en defensa de la vida.

La voluntad política del Gobierno de dar paso a la Verdad y la Justicia frente a violaciones de los derechos humanos cometidas en anteriores gobiernos, no puede contradecirse con el  uso de los mismos argumentos usados por el gobierno fascista de Febres Cordero para combatir la lucha popular. No es posible que un Gobierno que intenta pedir disculpas a nombre del Estado ecuatoriano por los crímenes cometidos en gobiernos anteriores, use los argumentos que intentan acusar de terrorismo y subversión a quienes luchan por un destino mejor para nuestro país; y mucho menos, mucho menos que ponga en marcha actos represivos contra las luchas indígenas y populares. 

Exigimos coherencia ética y política de éste Gobierno, pues la lucha de los jóvenes alfaristas es parte de nuestra larga historia de resistencia, que empezó hace 500 años en contra de la Conquista y la Colonización y que aún no termina.   

La memoria histórica solo se la recupera persistiendo en el deseo de otro mundo y luchando por su construcción.

A la memoria de nuestros hermanos Sayonara, Ricardo y José Luis.

- Clara Merino, Natalia Sierra, Miguel Merino, Wladimir Sierra, Marco Flores.