La crisis política sigue su curso, imparable. Las pérdida de brújula en el Ejecutivo es continua e indiscutible. Medidas contradictorias borran con una mano lo escrito con la otra. La falta de criterio político campea en el oficialismo. El viaje presidencial a atender una invitación, ajena a un asunto de relaciones entre Estados, de la Universidad de Standford para clausurar el año académico –en medio del "Estado de Emergencia" decretado por Toledo, de la exigencia de austeridad a los más humildes y de numerosos movimientos sociales con demandas en curso- lo evidencia. Sin sopesar sus implicancias y tanto desoyendo el clamor de la calle como los anticuerpos en el propio Congreso, Toledo –que cree una virtud esta terquedad- pasó por la vergüenza de ser autorizado a viajar con una minoría de votos (cerca de 34) y a que se le recuerde que, no siendo un tema de Estado, debía afrontarlo con recursos propios. Luego, con menos de un tercio de los votos de los parlamentarios (39) hizo rectificar este último asunto para viajar en el avión presidencial y con gastos a cargo del "austero" Estado que dirige, para lo cual requirió un cambio de votos de los miembros de Somos Perú (¿Andrade camino al gabinete?) y la generosa negativa del APRA a votar, a pesar de estar presente, y de que el otro cañón de escopeta, manejado por Alan García, dice que el viaje es una "provocación" y un "acto de inconciencia". Pero, lo increíble es que recién entonces, para evadir la crítica de dejar al país en Estado de Emergencia, Toledo disponga levantar esta medida en 11 departamentos, a pesar de que el país lo exigía hace tiempo y simplemente lo desacataba. Además, finalmente anunciaron enviar al Congreso una norma para reducir sueldos de la burocracia dorada –del que solo se conoce ahora la reducción del sueldo presidencial a $8,400 dólares mensuales y de los Ministros a $7,500 y 7,200 dólares- y también la propuesta de reducir en 5% la adquisición de bienes y servicios del Estado. Una inicial victoria de la demanda popular que reclamamos desde el 2001, aunque el mismo Congreso no ha revisado su propio presupuesto ni reducido los ingresos de los mismos parlamentarios. Pero, al final el viaje a Standford costará más que la reducción anual del sueldo. ¿Total? La demanda de una Reforma Tributaria que implique corregir los privilegios tributarios a grandes empresas y renegociar con decisión los contratos de estabilidad jurídica, así como exigida Renegociación de la Deuda Externa (que se lleva más de $2,000 millones de dólares anuales del Presupuesto) no aparecen claramente en el esquema Silva Ruete. Si se revisarían los sistemas de jubilación, impuestos a facturas telefónicas de más de los S/.100 soles mensuales, elevación de multas tributarias, modificaciones al Impuesto a la Renta, al ISC, al IGV, tributos a la ganancia de operaciones bancarias y quizás bursátiles hoy exoneradas, entre otros. Pero ¿terminarán los privilegios de los peces gordos que lucraron durante el fujimontecinismo impunemente? Ver para creer. Pero las actuaciones de Rey, de otros fujimoristas en el Congreso, y de voceros del APRA en una andanada contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación –que iba desde desautorizarla hasta demandar su disolución- en el trascurso de los días pasados, incluyendo la ausencia de autocrítica en la presentación de AP ante la CVR, revela mucho. Los que amnistiaron –como Rey y Tudela- a los asesinos de los estudiantes de La Cantuta o los que asistían a la pollada de Barrios Altos, insisten en echar un manto de humo sobre el terror que provino del Estado y concentrar la atención en el otro terror, el senderista. Mientras que otros, como podría ser el APRA piensan –como quizás los primeros también- que una crisis política como la actual exige firmes vínculos con el militarismo (que no es lo mismo que las FF.AA.) –garantizando impunidad a responsables de graves crímenes- para asegurarse una salida con aliados de poder firmes. Lamentable repetición de un ciclo que pretende mantener en la política el viejo estilo del borrón y cuenta nueva, y justificar violaciones de derechos humanos por pragmáticas razones de Estado, evidenciando que no ha cambiado mucho el laberinto político peruano.