La propuesta impulsada por un amplísimo abanico de fuerzas políticas y sociales, se presentó en la provincia con duras críticas a la gestión actual, cuya política fue calificada de “retroceso” y “contra-reforma” en materia de seguridad. La CTA bonaerense adhirió en pleno y su secretario general, Hugo Godoy, fue uno de los oradores.

 

El fuerte avance de las ideas autoritarias ante la llamada “ola de inseguridad”, la contra-reforma policial encarada por Daniel Scioli y la necesidad de participación popular para construir políticas públicas que aborden la temática desde una perspectiva integral y no sólo policial, fueron algunos de los puntos más reiterados en las distintas exposiciones.

 

La jornada sobre “Gestión civil, transformación democrática y seguridad” realizada en el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata se conformó en dos paneles: del primero, integrado por referentes de distintas fuerzas políticas y sociales, participaron los diputados nacionales Eduardo Macaluse (SI), Martín Sabbatella (EDE), Juan Carlos Morán (Coalición Cívica), Gerardo Milmann (GEN) y Ricardo Alfonsín (UCR), la ex subsecretaria de Niñez provincial Martha Arriola (FPV), el dirigente de Libres del Sur Jorge Ceballos y el secretario general de la CTA provincial, Hugo Godoy.

 

En el segundo, integrado por especialistas, estuvieron el ex ministro León Arslanian, el ex viceministro y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier y el abogado procesalista Alberto Binder, con la coordinación del presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón.

 

“Ellos tienen una ventaja enorme”, consideró Macaluse en relación a los apologistas de la mano dura. “Ellos en cinco segundos nos dan su propuesta: aumento de penas, pena de muerte, mano dura, y nosotros necesitamos cinco tomos para explicar la complejidad de este problema. Esa desventaja tenemos la obligación de nivelarla con inteligencia, y sobre todo tratando de saltar el alambrado partidario que muchas veces nos pone de un lado o del otro según la conveniencia o la competencia electoral que tenemos entre nosotros mismos”.

 

“Esa derecha siempre relaciona inseguridad con pobreza”, apuntó Milman, “pero en los sectores altos están los delitos más complejos y tecnificados, como el narcotráfico internacional”. En tanto que Sabbatella destacó como “un paso gigante” la conformación del acuerdo, y definió su experiencia al frente del Municipio de Morón como una “democracia de proximidad”, que permitió “abordar desde una perspectiva democrática este problema. Establecer un piso común de consenso con esa perspectiva”, concluyó, “me parece importante”.

 

A su turno, Jorge Ceballos consideró que “más allá del avance que significa la Asignación por hijo, es necesario profundizar un proceso de distribución de la riqueza porque ahí están las causas fundamentales”. Martha Arriola, por su parte, reivindicó la experiencia de los Foros de Seguridad bajo su gestión y consideró que “haciendo cuentas, hubo más procesos de contra-reforma que de reforma en todos estos años”.

 

 

En su intervención, el secretario general de la CTA provincia de Buenos Aires recordó que “estamos haciendo este encuentro a escasos días de que se cumpla el 8vo aniversario del asesinato de Kostecki y Santillán. Y todavía algunos responsables políticos de esos asesinatos están ejerciendo cargos de altos niveles en la Justicia bonaerense y en la representación política de nuestro país. Hace muy poco más de un año que todavía seguimos soportando esta situación de que un chico de 17 años, Luciano Arruga de La Matanza esté desaparecido por la policía y no se haya hecho absolutamente nada para esclarecer el caso”.

 

”Jóvenes y pobres son los que pueblan las cárceles de nuestra provincia hoy”, subrayó Godoy, que también puso un fuerte acento en la necesidad de participación popular para transformar la situación actual: “los trabajadores nos sentimos muy halagados y con una fuerte responsabilidad por participar en este ámbito, pero esto es así: si las organizaciones barriales, los organismos de derechos humanos, los especialistas, las expresiones partidarias no somos capaces de motorizar acciones de participación y movilización, el mecanismo va a seguir siendo instalar la confusión en la sociedad y seguir reprimiendo siempre a los mismos: a los jóvenes y a los pobres, que son la única posibilidad, si les damos protagonismo, de construir una patria para todos”.

 

En el cierre, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, destacó que “este paradigma que estamos planteando apunta a los consensos. Plataformas mínimas en las cuales trabajemos más allá de las diferencias, y que apostemos a una discusión amplia para tener un control civil de estas fuerzas policiales, penitenciarias, que todavía tienen la impronta de ese sesgo que dejó la dictadura militar, más allá de los intentos y modificaciones que se intentaron realizar como reformas en períodos breves, luego sucedidos por contra-reformas con la impronta de la mano dura”.

 

Finalmente, subieron al escenario todos los firmantes que se encontraban presentes y el rabino Daniel Goldman, de la Comisión por la Memoria, dio lectura formal al documento. El mismo contiene una dura crítica a la actual política de Seguridad bonaerense, calificada como “un retroceso" que se expresa "en muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la Provincia, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales”. Frente a esa realidad, “este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país".

 

Entre las medidas adoptadas por la gestión de Scioli que rechaza el documento se incluye "la creación de una jefatura centralizada (en la fuerza de seguridad) que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima cúpula integrada por comisarios generales, el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares".

 

Además, se cuestiona la promoción de leyes como la reforma al Código de Contravenciones y del Código Procesal Penal, "la eliminación de la autonomía del sistema de emergencias 911", "la desarticulación de los mecanismos de control externo como los foros vecinales de seguridad" y "el traspaso de la potestad de realizar sumarios y aplicar sanciones disciplinarias de la dirección civil al jefe de policía", entre otras.

 

Agencia de noticias de la CTA, Despacho 759 - 15 de junio de 2010