“Si la justicia no resuelve rápidamente nuestros casos, las cosas se van a poner peor. Esa gente nos va a presionar más fuerte, como lo están haciendo en este momento, para que no reclamemos nuestras tierras. A este paso nos vamos a quedar sin nada”.

 

Así, con visibles muestras de desencanto, reaccionó José Alberto Rueda, víctima del despojo de bienes del Urabá antioqueño, luego de conocer la decisión del magistrado de Control de Garantías Álvaro Cerón, adscrito a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Antioquia, quien adujo no tener la competencia requerida por la Ley para fallar en 17 casos de cancelación de títulos y escrituras obtenidos de manera fraudulenta por los paramilitares en la región agroindustrial.

 

La decisión fue adoptada por el Magistrado durante la audiencia de cancelación de títulos, la primera que se realiza en el país para abordar este espinoso tema, que tuvo lugar los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Medellín.

 

La audiencia había sido solicitada en noviembre de 2009 por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (Cnrr) que recurrió a este mecanismo de la justicia ordinaria como ruta excepcional en el marco de la Ley de Justicia y Paz para que se resolvieran la situación de los predios de José así como de otras 16 familias.

 

La medida será apelada por la Fiscalía 17 de Justicia y Paz, que viene documentado casos de despojo de tierras cometidos por los bloques Élmer Cárdenas y Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que tomé una determinación final sobre la suerte de los casos analizados en la audiencia.

 

Lo anterior aumenta la desazón entre quienes fueron víctimas de usurpación de bienes en la región agroindustrial pues ven cómo la justicia dilata la resolución de sus procesos no obstante las evidencias documentadas que no dejan lugar a dudas al delito que se cometió contra ellos.  

 

A eso se suma la preocupación de varios campesinos debido a las intimidaciones que han arreciado en las últimas semanas contra quienes adelantan acciones jurídicas para reclamar sus parcelas, tal como lo denunció Carmen Palencia, directora de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Bienes y Tierras del Urabá Antioqueño.

 

“Ahora los testaferros vienen persuadiendo a las víctimas para que negocien sus predios. Hay un caso muy particular donde un testaferro está proponiendo a varias familias negociar. ¿Qué les dice?: que detrás de él hay gente muy peligrosa con la que es mejor no tener problemas. Con ese cuento tiene asustado a más de uno”, relató Palencia.

 

Uno de esos testaferros en mención es Julio Arcesio Gómez, hijastro del extinto jefe paramilitar Carlos Correa, que extrañamente figura como propietario de varias fincas del corregimiento El Totumo, entre ellas, la de José, quien ya fue contactado por Gómez.

 

“Él anda diciendo que es mejor que negociemos, que él es buena gente pero que sus jefes no. Todos en la región saben que él le aprendió todas las estrategias de terror a su padrastro y eso genera mucho temor, pero, ¿cómo nos vamos a dejar quitar lo único que tenemos?”, señala el labriego.

 

La historia de José, al igual que la de cientos de familias del Urabá antioqueño, revela el patrón sistemático con el que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) usurparon y luego titularon a nombre de testaferros cerca de 30 mil hectáreas de tierra fértil que hoy componen extensas haciendas dedicadas a la ganadería o al cultivo de palma.

 

En el año de 1995 José recibió en su vivienda, ubicada en la vereda La Ceibita, corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí, la intempestiva visita de Carlos Ardila, reconocido integrante de las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quien les comunicó una dura sentencia: “o trabajan para mí y se quedan, o se van en menos de 24 horas”.

 

La misma advertencia la recibió Libia Rosa Hoyos, vecina de José. “¡Nosotros qué íbamos a trabajar para esa gente! Nos fuimos ese mismo día”, recuerda Libia, quien dejó a merced del paramilitar una finca de 25 hectáreas llamada El Diamante, que el Incora (ahora Incoder) le tituló a ella y su esposo en 1990. Por su parte, José tuvo que olvidarse de Santafé, la parcela de 54 hectáreas que su padre había comprado a mediados de los años 80.

 

Cada familia tomó rumbos distintos. José y su familia, por ejemplo, conocieron nuevamente el destierro forzoso en Ungía y Riosucio (Chocó) y Pavarandó (Urabá antioqueño), para luego terminar en la cuidad de Medellín. Libia Rosa Hoyos viajó a la capital antioqueña, donde vivió cerca de tres años y luego se desplazó para el municipio de Uramita, occidente del departamento.

 

Curiosamente, cinco años después de ser expulsados de sus fincas, el propio Ardila contactó a Libia y a José para proponerles un negocio. “Lo que (Ardila) nos planteó fue: se pueden quedar en la tierra pero, o me dan cinco millones por las mejoras que le hice o les doy cinco millones y la finca es mía”, narró Libia, quien no se avergüenza al afirmar que, dada la necesidad que tenía en ese momento, aceptó recibir el dinero.

 

“Pero resulta que sólo nos dio dos millones. Después nos dimos cuenta que no podíamos volver a la finca porque Ardila, ya la había vendido a otro señor y se opuso a que volviéramos”, menciona la mujer. Y es que resulta que el paramilitar, que fue asesinado en 2005, vendió al señor Carlos Mazo, quien falleció a finales de los noventa. Luego, la esposa de Mazo le otorgó un poder a Julio Arcesio Gómez para que negociara este predio, que fue anexado al de José y al de otras tres familias para constituir uno solo.

 

“Nos dimos cuenta que Gómez había comprado mi finca y la de doña Libia a un señor Gabriel Caro en el 2003 y así aparece en la notaría de Turbo. Lo chistoso es que Caro era un ‘paraco’ muy peligroso de la región que fue asesinado en Necoclí en el año 2000. Es decir, el muerto se levantó de su tumba para firmar un contrato”, añadió José.

 

Además de no poder regresar a sus tierras, ambos viven como desplazados en el casco urbano de Necoclí, pasando toda clase de penurias pues como dice José, “los dueños de las fincas no nos dan trabajo, porque saben que esas tierras son de nosotros y que estamos luchando para recuperarlas”.

 

Igual situación vive la familia Cardona Higuita, a quienes integrantes del bloque Élmer Cárdenas les arrebató las fincas Casa Mía, Altos de los Cedros y El Roble, ubicadas en la vereda Los Cedros, corregimiento de Bajirá, municipio de Mutatá y que suman en total unas 180 hectáreas.

 

A mediados de los años 80, Hernando Cardona Higuita, en compañía de su hermano Conrado y su socio Leoncio Usuga Castaño, adquirieron dichos predios para dedicarse a la ganadería. Pero en 1997 llegaron los paramilitares quienes presionaron a Hernando para que vendiera la tierra.

 

De hecho, en julio de 1997 el ganadero fue secuestrado durante tres días por alias “Maicol”, situación que generó el desplazamiento de las familias Higuita y Usuga. “Pero mi papá era muy apegado a la tierra y se regresó en diciembre de ese año. Pero a los pocos días, mientras viajaba de Mutatá a Carepa, fue asesinado”, cuenta Omar, hijo de Hernando.

 

Tras la muerte del ganadero, los paramilitares se apoderaron de las parcelas, las cabezas de ganado y los bienes que había allí. “Pero en diciembre de 1999 contactaron a don Leoncio y lo presionaron para que vendiera su parte de la finca por 24 millones de pesos”, añade Omar.

 

Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir. “Lo curioso es que en el 2001 fuimos a pedir los certificados de libertad de las tierras y nos dimos cuenta que figuraban a nombre de Jaime de Jesús López Echeverrí y que este señor le compró a mi papá en diciembre de 1999. Así figura en la notaría de Carepa. Es decir, mi papá resucitó y firmó la compra-venta”, declara Omar.

 

Ahora, las tierras hacen parte de un complejo de 1.000 hectáreas propiedad de Palmas y Ganaderos S.A (Palmagan), que tiene extensas plantaciones de palma africana en la región.

 

Tanto la familia Cardona Higuita como José Alberto Rueda y Libia Rosa Hoyos relataron sus casos ante el Magistrado de Control de Garantías, Álvaro Cerón, quien pese a las evidencias documentadas, optó por no tomar una decisión al respecto.

 

Después de varios años de luchar por recuperar sus bienes, las víctimas siguen sin ver horizonte claro que les garantice acceder a la reparación, porque las esperanzas de justicia ya las perdieron hace rato.