La activista hondureña Gilda Rivera ofrece un panorama de cómo es la situación a poco más de un año del Golpe en Honduras y cómo el mismo impacta en la vida de las mujeres de este país centroamericano.

 

El 28 de junio de hizo un año del golpe de Estado político militar perpetrado en contra del gobierno de Manuel Zelaya por los grupos de poder de Honduras, las fuerzas armadas, la cúpula de las iglesias y los dueños y representantes de los principales medios de comunicación.

 

Como nos ha dicho Gilda Rivera 'este hecho violento evidenció que las élites dominantes hondureñas y sus aliados internacionales –las ultraderechas latinoamericanas y estadounidenses, entre otros- no están dispuestas a aceptar las más mínimas transformaciones que permitan una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de la población especialmente de la históricamente excluida'.

 

(...)Desde el día del golpe y por más de 180 días, cientos y cientos de hombres y mujeres de diferentes edades, diferentes niveles económicos y sociales, con opciones políticas y sexuales diversas, se movilizaron, realizaron actos de resistencia, de denuncia, enfrentando a las fuerzas de la dictadura político militar instalada en el Estado, que no dudó en utilizar todas sus armas y violencia en contra de esta población en resistencia. 'Esto ha significado, nos dice Gilda, cientos de personas torturadas, perseguidas y encarceladas, asesinatos políticos, violaciones sexuales contra mujeres, criminalización de la protesta social, entre otras violaciones a los derechos humanos'.

 

Las primeras comunicaciones más directas las fuimos recibiendo de compañeras feministas y es que justamente una de las poblaciones que desde el primer momento se destacó en sus acciones de resistencia, resistiendo con sus voces, sus cuerpos y su pensamiento crítico, fueron las mujeres, entre ellas muchas feministas. De esa resistencia surgió la coalición 'Feministas en Resistencia' integrada por 'mujeres jóvenes, maduras, ancianas, negras, indígenas, mestizas, blancas, mujeres habladoras y silenciosas, campesinas, obreras, estudiantes, intelectuales. Mujeres que caminan y resisten. Nosotras que hemos llorado y reído en esta propuesta de construcción de la Matria: Honduras, como le llamamos' (Tomado del calendario 2010, 'Mujeres y Feministas en Resistencia').

 

Según nos acota Gilda: 'esta población, mujeres y hombres, se encuentra articulada en el Frente Nacional de Resistencia Popular que hoy está demandando la refundación del Estado hondureño y la construcción de una democracia participativa, exigiendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permita el surgimiento de un nuevo pacto social para todas y todos los hondureños'.

 

- Ha un año del golpe y por los procesos vividos en Honduras, de lo que menos se puede hablar es de una verdadera democracia ¿verdad?

 

A fines de noviembre la dictadura político militar concretiza la farsa de elecciones 'democráticas', como un intento de 'lavar' el golpe de Estado, en un contexto de terror como resultado de la represión, la militarización, los toques de queda, allanamientos de moradas y de oficinas, arrestos y un decreto de emergencia que suspendió las garantías constitucionales de la población del país durante más de un mes, y con la renuncia masiva de candidatos y candidatas de diferentes partidos a puestos de elección y además sin observadores internacionales imparciales y acreditados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

 

En enero de 2010 tomó posesión un 'nuevo' gobierno, liderado por Porfirio Lobo Sosa, cuestionado en su legitimidad de origen y que asume el discurso de la 'reconciliación' pero sin reconocer el golpe de Estado y la necesidad de deducir responsabilidades e impartir justicia frente a lo acontecido en el país. Simulando un gobierno de integración, Lobo Sosa, ha distribuido cargos en el Estado a representantes de los distintos partidos políticos que en su mayoría fueron partícipes del golpe de Estado. Además, ha colocado en cargos públicos estratégicos, como las comunicaciones del Estado, a la cúpula militar que encabezó las acciones violentas contra el presidente Zelaya y contra la población hondureña, lo que constituye un grave retroceso democrático ya que ha fortalecido los niveles de militarización del país.

 

Presionado por el aislamiento nacional e internacional que hereda del régimen de facto, necesitando los recursos de los organismos y de la cooperación internacional ya que además recibe las arcas del Estado completamente vacías, Lobo Sosa trata de impulsar diversas acciones, algunas de las cuales son parte de los acuerdos internacionales que se alcanzaron entre los representantes de Zelaya y el régimen de facto, como un intento de la comunidad internacional para que Honduras avanzara en la solución a la crisis política generada con el golpe de Estado.

 

En ese marco se decreta una amnistía política, que no era parte de los acuerdos suscritos y que además solo ha beneficiado a los militares implicados en el golpe de Estado. Se crea unilateralmente una Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional que no ha escuchado ni ha tomado en cuenta la voz de las víctimas de esta triste etapa de la historia de Honduras y que además está integrada por algunas personas que no solo no condenaron el rompimiento constitucional sino que lo avalaron y lo justificaron.

 

-¿Podrías decirnos cuál es la situación de los derechos humanos en Honduras?

 

En los últimos meses se ha producido un mayor resquebrajamiento en el respeto a los derechos humanos, aumentando aceleradamente las violaciones graves, sistemáticas y selectivas.

 

En su informe de junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresa que durante la visita realizada en mayo de 2010, constató que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado, recibiendo información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas (9 desde enero a la fecha de este artículo) y defensores y defensoras de derechos humanos; amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia.

 

(...)

 

-¿Cómo ha impactado el golpe de estado sobre el cuerpo y los derechos humanos de las mujeres?

 

- El impacto del golpe de estado y la continuación del mismo a través de un régimen supuestamente democrático ha significado un evidente retroceso en la institucionalidad formal alcanzada como parte de esa apuesta de construcción de una democracia, especialmente en lo relacionado al respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

 

El cuerpo de las mujeres se convierte en un campo de batalla, en un botín de guerra. El uso de la violación y otras agresiones sexuales como armas de guerra es la forma más conocida y brutal en la que los conflictos han marcado de forma indeleble la vida de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres son tratados como territorios a conquistar y demostrar poder, los motivos por los cuales las mujeres son violentadas sexualmente son diversos: sembrar terror en las comunidades en resistencia, vengarse de los adversarios, acumular 'trofeos de guerra', demostración del poder y dominio sobre las mujeres.

 

Hasta fines de octubre de 2009, se habían recibido 10 denuncias de violaciones sexuales cometidas por miembros de los cuerpos represivos del estado. Las organizaciones de derechos humanos han seguido conociendo y atendiendo graves agresiones y violaciones de derechos humanos cometidos contra mujeres, defensoras de derechos humanos y activistas de la resistencia popular. Hay acciones permanentes de persecución política, amenazas de muerte, intentos de secuestros, atentados con disparos, intervención de las llamadas telefónicas, entre otras acciones, contra activistas mujeres.

 

Otro de los grandes retrocesos que enfrentan las mujeres a partir del golpe de Estado es el debilitamiento de la institucionalidad formal que se había alcanzado como resultado de las acciones de presión e incidencia del movimiento de mujeres y feministas y de los compromisos internacionales asumidos por los distintos gobiernos. Para el caso, durante el régimen de facto la dirección del Instituto Nacional de la Mujer, INAM, fue asumida por una mujer que lo utilizó para fortalecer el golpe de Estado e impulsar acciones en contra de las mujeres y de las feministas. Actualmente se tiene una nueva Ministra del INAM que está respondiendo fundamentalmente a los intereses de su partido político y con la cual el movimiento feminista no tiene ninguna relación.

 

Además, se dan retrocesos legales como la prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia, mediante acuerdo ejecutivo de la Secretaría de Salud en el marco del régimen de facto bajo el argumento de que son abortivas. La CIDH en su último informe retoma este acuerdo ejecutivo expresando su preocupación sobre las implicaciones del mismo en la vida de las mujeres.

 

Por otra parte, se ha fortalecido la desconfianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia ya que ha sido evidente la parcialización del mismo con los responsables del golpe de Estado, además las mujeres reconocen el papel de la policía que se ha dedicado a reprimir a la población.

 

-¿Qué podrías decir acerca de cómo ha efectado a los derechos de la comunidad LGTBI?

 

-La Organización Cattrachas reporta que 18 miembros de esa comunidad principalmente trans femeninas y hombres homosexuales han sido asesinados a raíz del Golpe de Estado. Algunos de estos casos han tenido claras vinculaciones políticas como el del activista de los derechos humanos de la diversidad sexual Walter Trochez.

 

Fuente: http://www.cimacnoticias.com/site/

La inquietud radica entonces en pensar para qué utilizarían las corporaciones agropecuarias los miles de millones de pesos que el Estado dejaría de percibir si se eliminaran los derechos de exportación. ¿Lo harían para invertir en el país y desarrollar tecnología de punta para incorporar un desarrollo mayor a la producción de la soja en la cadena de valor? ¿Destinarían esos recursos a fomentar prácticas productivas compatibles con el medio ambiente, de manera de atenuar el impacto del glifosato sobre el suelo? O, mejor aún, ¿resolverían la permanente tensión entre volcarse a la producción de lo más rentable garantizando el abastecimiento de otros bienes a nivel local, de manera de asegurar la soberanía alimentaria de los argentinos? Las respuestas a estos interrogantes continúan abiertas, mientras el discurso de las corporaciones en defensa de sus intereses se perpetúa retenido en el tiempo a costa del futuro de nuestra nación.