Representantes de gobiernos progresistas y redes sociales y de comunicación de América Latina intercambiaron ideas este martes 11 de agosto en Asunción, coincidiendo en la necesidad de fortalecer los medios públicos y comunitarios y limitar a los oligopolios o monopolios que son uno de los más fuertes obstáculos para el ejercicio del derecho a la comunicación.

 

En este segundo día del encuentro “Movimientos sociales, redes de comunicación y gobiernos, Un diálogo necesario para democratizar la comunicación e impulsar la integración” intervinieron  Diego Segovia, delegado de la Secretaría de Información y Comunicación en Paraguay; Judith María Vera, Directora de Radio Nacional de Paraguay; Néstor Busso, Presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina; Néstor Avalle, subsecretario de Política Comunicacional de la Gobernación del Chaco,  Argentina; Alejandra Gando, asesora de la Secretaría de Comunicación Política de Ecuador; Gustavo Gómez, Director Nacional de Telecomunicación de Uruguay;  Blanca Ekhout, directora de Vive TV y ex ministra de Comunicación en Venezuela; Carlos Borgna, responsable de comunicación de la Cancillería en Argentina; Aram Aharonian, ex director de Telesur.

 

Para enmarcar los nuevos tiempos que se viven en el continente se escuchó la frase de que “los gobernantes se parecen cada vez mas a sus gobernados”. En efecto, algunos de los que hoy ocupan cargos públicos en los gobiernos progresistas provienen de las filas del espectro de la comunicación popular y comunitaria.

 

Los funcionarios argentinos abordaron el proceso participativo que permitió conseguir una ley de medios audiovisuales que apunta a la democratización de la comunicación y a quebrar a los monopolios de la información, como el del grupo Clarín. Se destacó que la movilización social fue uno de las claves tanto para la aprobación de la ley como para la aprobación del reglamento que está por expedirse en estos días.

 

Los representantes del gobierno paraguayo hablaron de la inequidad y la superconcentración de la tierra en Paraguay (el 1 por ciento de la población acapara el 77 por ciento de las tierras), fenómeno que también se reproduce en el campo mediático donde los tres periódicos de circulación nacional, y las principales radios y canales de televisión, pertenecen a poderosos grupos económicos. Destacaron los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Fernando Lugo para avanzar en el desarrollo de medios públicos que permitan ofrecer voces y fuentes alternativas a la población. Se ha redefinido el rol de la Radio Nacional de Paraguay, y se le ha dado un nuevo impulso, luego de que por muchos años fue instrumento de propaganda de la dictadura strossnerista y del Partido Colorado. Se ha creado una agencia de noticias del Estado, se impulsa la carrera de comunicación para el desarrollo en siete universidades para hacer una comunicación para la gente y no para el mercado, según destacó Diego Segovia. Se espera poner en funcionamiento el canal público para mayo de 2011.

 

Gustavo Gómez señaló que el gobierno de Héctor Mujica en Uruguay continúa con las políticas de comunicación establecidas por Tabaré Vásquez, enfatizando el gran impulso que ahora se da al acceso a Internet en colegios y escuelas, y a los programas de conectividad de banda ancha que se espera cubran al 60 por ciento de la población en el segundo semestre de 2012.

 

Blanca Ekhout destacó que en Venezuela se hacen esfuerzos muy importantes para democratizar y reconocer el derecho humano a la comunicación. Luego del intento de golpe de Estado de abril de 2002, en Venezuela se dio un gran impulso a los medios públicos y comunitarios, para contrarrestar la influencia de los medios privados que participaron en el golpe y que orquestar la actual agresión mediática junto con las transnacionales de la información. Se han creado 400 radios,  100 periódicos y varias estaciones de televisión que son apoyados con políticas y recursos públicos.

 

Alejandra Gando, señaló que la política del gobierno de Rafael Correa es defender el derecho a la libertad de expresión para todos y no para una minoría, destacó los logros alcanzados en la nueva Constitución que reconoce el derecho a la comunicación, resaltando la importancia de que la Asamblea Nacional apruebe una ley de comunicación que permita avanzar en la democratización de la comunicación.

 

 

Por su lado, los participantes de los sectores sociales y de la comunicación plantearon a los representantes de los gobiernos varias inquietudes que discutieron previamente en grupos de trabajo. Algunas de ellas son las siguientes:

 

- La comunicación debe tener un carácter incluyente e incorporar las dimensiones de género, étnicas y etarias, posibilitando la plena participación de las mujeres, la juventud, los pueblos indígenas.

 

- Es indispensable una apropiación social de Internet que constituye el nuevo espacio de la formación de las corrientes de opinión y del pensamiento crítico. Por ello, plantean el desarrollo del software libre y sugieren que el satélite Simón Bolívar se ponga al servicio de la comunicación popular y comunitaria latinoamericana.

 

- Impulsar los procesos de capacitación formal e informal sobre el tema de la comunicación, para lo cual plantean la unificación de esfuerzos, y el intercambio de experiencias y metodologías. En este sentido, proponen la creación de un instituto latinoamericano de formación de comunicadores populares.

 

- Plantean que los Estados impulsen políticas públicas para superar la profunda desigualdad que existe en la comunicación masiva, apoyando a los medios y a otras formas de comunicación popular a través de garantizar su existencia legal y dotándoles de los recursos que necesitan para su funcionamiento.

 

- Denuncian la persecución a las radios comunitarias en Brasil, Perú, México y Honduras. Expresan su apoyo al gobierno de Fernando Lugo, amenazado por los intentos de desestabilización de sectores de derecha y repudian una ley que se tramita en el parlamento paraguayo (controlado por la derecha) que atenta contra las radios comunitarias.

 

- Apoyan la creación de observatorios de medios que permitan llevar a cabo una contraloría social de los medios en todos los niveles, proceso en el cual deben tener un rol destacado las organizaciones sociales y ciudadanas y la academia.

 

- Con respecto a la digitalización de la radio y TV proponen que la legislación referente al espectro radioeléctrico determine un reparto equitativo y democrático que impida la concentración monopólica de las nuevas frecuencias.

 

- Propusieron a los gobiernos que se busque los mecanismos para que la cadena multiestatal TELESUR se difunda a través de la televisión de señal abierta.

 

.- Respecto a la integración valoran las experiencias de integración binacional entre Paraguay y Argentina que se llevan a cabo en el campo de la comunicación y plantean que al nivel del MERCOSUR, UNASUR y el ALBA se abran espacios de intercambio para debatir el tema de la comunicación, mismo que debe ser incorporado en la agenda de esos organismos.

 

 

Los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias expresaron una seria preocupación sobre la sustentabilidad de sus medios, tema que está presente pero del cual poco se discute.

 

Osvaldo León, coordinador de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), 

señaló que la publicidad estatal deber repartirse equitativamente, con criterios de pertinencia social antes que con criterios de mercado que solo toman en cuenta el rating.

 

Aram Aharonian planteó que la “otra comunicación” deber ser masiva y que el Estado debe financiarla porque los fondos finalmente provienen de los impuestos. Esta medida es fundamentalmente una decisión política. Los impuestos que se recaudan de las redes de TV por cable, de las concesiones a los medios privados, etc deben servir para financiar al sector comunitario de la comunicación.

 

Al respecto Néstor Busso planteó que para lograr la sustentabilidad de los medios es preciso superar el criterio de que la comunicación popular es algo marginal y regida por las tres “p”: poca plata, poca potencia, poca profesionalidad. Hay que alcanzar niveles de profesionalidad y hacer radio de calidad. Respecto al financiamiento señaló que se debe lograr que los propios movimientos inviertan recursos en comunicación y batallar para que se destinen fondos públicos a los medios populares como una forma de garantizar la libre expresión de todos los sectores de la sociedad.

 

Por su lado, Blanca Ekhout señaló que, como la comunicación es fundamental para la vida social, el Estado debe destinar fondos para financiar a los medios comunitarios pero teniendo en cuenta que este financiamiento no se convierta en una forma de control de sus contenidos. En Venezuela, el Estado apoya a los medios comunitarios mediante la dotación de equipos y anuncios publicitarios sobre temas de educación, salud.

 

Gustavo Gómez, planteó que en Uruguay se ha desarrollado iniciativas para regular el reparto de la publicidad estatal estableciendo diferencias entre lo que es la publicidad (que se regula con criterios medibles) y los que son los subsidios que se dan para favorecer la diversidad cultural y comunicativa.

 

Finalmente, los miembros del encuentro emitieron un pronunciamiento en solidaridad con el pueblo venezolano y el proceso revolucionario bolivariano, que actualmente son objeto de una incesante campaña de desinformación y manipulación orquestada por los grupos mediáticos que buscan deslegitimar y demonizar al presidente Chávez preparando el terreno para nuevas injerencias e intervenciones.

 

El encuentro convocado por la Agencia Latinoamericana de Informaciones (ALAI), Asociación latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Minga Informativa y la Red Nacional de Emisoras, fue retransmitido por una cadena de 50 radios comunitarias de Paraguay. Participaron representantes de 17 redes y de 30 medios de comunicación provenientes de Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil, Cuba, Francia, Suecia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México y Chile.