“Cuando el río suena es porque piedras trae” -reza el dicho- y sonaba el río y bramaba el río y olía el río y los gerentes de los bancos y los fiscalizadores especializados de las Superintendencia de Bancos se hacían de la vista gorda, ni que se diga de los auditores internos de los bancos; las comisiones especializadas del Congreso también habían sido tomada por los Banksters; el resultado fue el negocio de la quiebra recurrente de los bancos de Crédito Oruro, Potosí, Progreso, del Estado, Agrícola, de la Vivienda, Big Beni, Banco SUR, Cochabamba, Bidesa, también de FINDESA y de las cooperativas y mutuales San José Obrero, Jisuni, Trapetrol y la mutual Guapay últimamente en Santa Cruz, en el Beni la Mutual La Frontera y Manutata, Mutual Tarija en Tarija y Mutual del Pueblo en El Alto de La Paz; el inventario de operaciones irregulares - ilegales fue por $US 293.288.517, dinero que, “para salvar a los grandes del sistema financiero” tuvo que pagar el Banco Central de Bolivia con los recursos públicos postergando inversiones para el desarrollo nacional. A la fecha, el BCB apenas recupero $US 82.408.441 estando pendiente $US 210.880.076 con los fulanos autores que se pavonean en clubes ostentado recursos y publicitando donaciones.

 

La nueva Constitución Política del Estado reconoce como de interés público el aprovechamiento de la inversión del ahorro y en su Art. 330 numeral IV -para evitar los extremos de la impunidad conocida- ha prohibido expresamente que el Banco Central de Bolivia reconozca adeudos de la banca y entidades financieras privadas y los obliga a crear y aportar a un fondo para cubrir la eventualidad de nuevos atrevimientos en contra del ahorrista. Al mismo tiempo en el Art. 332 precisa que la actividad estará regulada y supervisada por un ente especializado.

 

También, en el territorio del Estado existen otras áreas de las actividades que son calificadas como de interés público o de valor estratégico para el desarrollo nacional, para citar algunas, ahí están las actividades forestales, la tierra y su aprovechamiento, la minería y los hidrocarburos. En todas las áreas indicadas, por el interés público, estas actividades son reguladas, controladas y supervisadas por entes especializados que tienen en su planta a servidores públicos especializados dada la importancia de las mismas; el Art. 358 de la CPE precisa que el aprovechamiento de los recursos naturales están sujetos a control conforme a las leyes, el Art. 365 establece que las actividades de la cadena de hidrocarburos estará supervisada y fiscalizada por una entidad y el Art. 369 numeral IV manda que en la cadena productiva de la minería será controlada y supervisada por el Estado.

 

 

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