La derecha más conservadora está enredada. El giro del proceso electoral en Lima les provoca un ataque de nervios. Crece la candidatura de Susana Villarán, es insegura la victoria de Lourdes Flores en una plaza electoral que consideran “suya”, y avanzan las fuerzas y alianzas progresistas –izquierda, centroizquierda y nacionalistas– en numerosas regiones. Espantados, reordenan sus fuerzas para demoler a la candidata de la coalición centroizquierdista –Cuculizza anuncia el voto fujimorista por Lourdes– y los candidatos regionales de otros bloques similares. Pero, de improviso, García abre otro frente que desestabiliza aún más el escenario.

 

García ha decidido redefinir el manejo de las pensiones de las FFAA y PNP. Aunque su Premier había anunciado que no se iban a tocar las pensiones, plantea modificar radicalmente su sistema de jubilación, eliminando la Cédula Viva. Mercedes Aráoz propone desaparecer la quebrada Caja de Pensiones Militar Policial (no restituir lo robado por el fujimontesinismo) y pasar sus funciones a la ONP, que el país entero detesta. Buscan desvincular los sueldos del personal en actividad de los jubilados, que básicamente se estancarían para aumentarle sueldos a los activos. ¿Cuánto presupuestarían para aumento de sueldos? Unos S/. 500 millones y, el próximo gobierno –ojo– debería asignar unos 3,500 millones adicionales. El almirante (r) Montoya ha dicho que se requerirían no menos de S/. 1,100 millones de arranque, el gral. (r) Chiabra dice que es una medida inaceptable y “falta el respeto a los discapacitados y oficiales de menor rango que ganan una propina”, y el comandante EP (r) Jorge Rivas ha sido directo: “Es un puñal por la espalda”. El bloque de gobierno aprofujimorista ha abierto un frente imprevisto.

 

García quiere canjear pensiones no solo a cambio de un modesto y futuro aumento a las FFAA y PNP. Creyó que su carta principal era canjear pensiones por la impunidad para quienes están acusados y procesados por cometer delitos de lesa humanidad (detención-desaparición de personas, torturas y violaciones, ejecuciones extrajudiciales). El miércoles 1, el gobierno lanzó un paquete de DL –abusando de una delegación de facultades– que establece mecanismos de impunidad: dar libertad a acusados no sentenciados en un plazo dado, permitirles “detención” en establecimientos militares (¿hasta clubes?), autorizarles salir del país y –principalmente– establecer que el carácter imprescriptible –sin limite en el tiempo– de los delitos de lesa humanidad, solo se aplicaría para hechos cometidos desde noviembre del 2003. Así, todos los casos anteriores (con García y Fujimori) serían prescriptibles y quedarían impunes por las demoras judiciales generadas por la ausencia de toda colaboración en identificar responsables del M. de Defensa (Rey con Giampietri). Esto viola el Tratado sobre delitos de lesa humanidad y los fallos de la Corte Interamericana. Pero al aprofujimorismo le interesa liberar a sus operadores.

 

La “genialidad” de García es un canje tramposo. Canjear la Cédula Viva por la impunidad a la matanza de los penales, al comando Rodrigo Franco, al grupo Colina, los crímenes atroces de mujeres, niños, ancianos en Accomarca, Huancapi, Cayara, Pucayacu, Pichari, Humaya, en el cuartel Los Cabitos, las desapariciones en la Universidad del Centro, etc. Ya han presentado escritos para ampararse en el DL 1097 el asesino Juan Rivero Lazo del grupo Colina y Agustín Mantilla.

 

 ¿Deben las FFAA y PNP aceptar este canje? Es una trampa asumir la brutalidad y el crimen cometidos por algunos centenares de personas cuando estas son instituciones que agrupan a decenas de miles de efectivos. ¿Son crímenes de todos o pretenden canjear gato por liebre? El canje es inmoral y tramposo. Las FFAA y PNP deberían rechazarlo. Los juzgados deberían declarar inaplicables estos DL y no se debiera permitir este manoseo de las FFAA y PNP. El país debiera rechazar los frentes que abre, interna e internacionalmente, Alan García.

 

La República, 06 de septiembre de 2010