En los años que lleva viviendo en la comuna 6, noroccidente de Medellín, doña Inés* nunca sintió su vida tan amenazada como ahora sólo por el hecho de vivir donde vive, pese a que presenció guerras de igual o quizás de mayor intensidad como la que ahora sacude a la ciudad,  

“Por nosotros decir que vivimos aquí, ya estamos condenados. Aquí no importa si es joven, mujer, adulto, a todos nos señalan de ser del combo y tenemos zonas que son prohibidas para nosotros”, dice doña Inés, quien al igual que sus vecinos del barrio La Esperanza, ha tenido que modificar sustancialmente sus rutinas, dejar de frecuentar amigos, familiares y sitios públicos aledaños a su barrio para no poner en riesgo su vida.

Es la dura realidad que se vive en muchos barrios de Medellín por cuenta de las férreas fronteras invisibles que los llamados “combos” han impuesto en su lógica de disputa por el territorio. Por este motivo han caído asesinados un número indeterminado de jóvenes, muchos de ellos ajenos a esta guerra entre bandas criminales que desangra la ciudad.

El hecho más reciente se presentó el martes 31 de agosto precisamente en la comuna 6 cuando miembros de la banda “La Machaca” asesinaron en inmediaciones del barrio San Martín de Porres a una joven de 14 años sólo porque vivía en un sector del 12 de Octubre conocido como “La Contranal”.

“No es el primer caso de un joven de ‘La Contranal’ que asesinan sólo por ser de ese sector. En el mes de febrero también habían matado cerca al barrio Kennedy a unos dos jóvenes de allá que nada tenían que ver con el conflicto. Los habitantes de ese sector prácticamente no se pueden mover por la comuna debido a los límites invisibles que impusieron las bandas que se pelean el territorio”, declara Carlos Arcila, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 6.    

Lo triste es que historias como estas se repiten en diversos puntos de la ciudad con una frecuencia casi preocupante. Doña Libia*, por ejemplo, recuerda como hace poco menos de un mes uno de sus vecinos del barrio La Avanzada, en la comuna 1, fue asesinado cerca al barrio San Blas que, paradójicamente, constituye paso obligado para subir o bajar a este sector ubicado en la parte más encumbrada del nororiente de la capital antioqueña.

“El muchacho había salido del trabajo y se fue a visitar a la abuela que vivía por los lados de (barrio) San Blas. Cuando ya subía para la casa lo mataron. Eso fue como a las 4:00 de la tarde. Era un pelado sano, no se metía con nadie. Eso tiene a la gente con mucho miedo; para ir a cualquier parte nos toca dar una vuelta bien grande para no pasar por San Blas”, relata doña Marta.

Doña Myriam* también ha presenciado este año muertes absurdas de jóvenes sólo porque “violaron” las fronteras imaginarias entre barrios de la comuna 2, donde reside desde hace más de 30 años. Pero si algo entristece a esta mujer apasionada por el trabajo comunitario es ver la situación de los jóvenes de su sector, cerca a la estación Popular del Metrocable, quienes desde principios de este año viven en un confinamiento forzoso por cuenta de estas barreras.

“Teníamos un proceso cultural con muchos jóvenes del barrio. ¿Qué pasó? Con esto de las fronteras se paró ese proceso porque ninguno de los pelados del barrio pudo volver a salir porque, desafortunadamente, mi barrio queda en medio del conflicto. Es decir, que para donde se movieran corrían peligro. Algunos que estaban estudiando no regresaron, otros perdieron el trabajo. A esos jóvenes prácticamente les cambio la vida en un segundo”.

Afectaciones

 “Aquí en la comuna 6 vivimos una guerra así a principios de los noventa. Luego, en el año 2000, volvió y se prendió el conflicto y ahora la historia vuelve y se repite. Pero en esas ocasiones uno observaba que la guerra era entre los ‘pillos’; también había fronteras, pero era para quienes estaban metidos en el conflicto. Ahora son para todos, sin importar quien sea”, advierte doña Inés.

Y no exagera en su apreciación. Por cuenta de las fronteras invisibles, doña Inés dejó de visitar a su hermana en el barrio Castilla simplemente porque nadie de La Esperanza puede entrar ahí y lo mismo ocurre en caso contrario. “Para vernos tenemos que encontrarnos en Kennedy, donde mi mamá. A varias jovencitas las han parado y les han dicho que por allá no tienen nada que hacer, que se devuelvan o si no las matan”, agrega la mujer.  

De acuerdo con Elkin Pérez, integrante de la Corporación Convivamos, que acompaña procesos comunitarios en la zona nororiental, las dificultades de orden público en la zona y el miedo generalizado entre los pobladores de la comuna llevó a que por lo menos 70 delegados a los consejos consultivos del Presupuesto Participativo renunciaran al proceso.

“Ahora es más difícil realizar una reunión. Hay gente que no sale de la casa después de las 6:00 de la tarde, otros que sienten mucho miedo de pasar por ciertos barrios. Si bien las fronteras no son muy férreas en toda la comuna 1, la gente sí siente mucho temor de las balas perdidas y los enfrentamientos que se dan en ciertos barrios y prefieren no pasar por ahí. Hasta el mismo transporte público modificó sus rutas para evitar entrar a ciertas zonas muy calientes”, señala Pérez.

Pero quienes más han sufrido por esta situación son los estudiantes. Según el sacerdote Juan Carlos Velázquez, párroco del barrio Alfonso López, comuna 5 de la ciudad, las llamadas fronteras son, quizás, la principal causa de deserción en los colegios de dicho sector y, en general, del noroccidente de Medellín.

Él mismo ha sido testigo de cómo los jóvenes se ven obligados a tomar la decisión de abandonar el colegio para proteger sus vidas. “Hace poco estaba en el (I.E. José María Espinoza) Casd de Castilla hablando con la rectora cuando llegó un joven a cancelar la matricula. Resulta que el chico vive en el 12 de Octubre y se venía a pie para el colegio. Cuando el conflicto se recrudeció comenzó a cambiar de ruta; luego optó por venir y regresar a su casa en bus. Ahora es que ni lo dejan entrar al colegio, sólo porque es de ese barrio”, manifiesta el sacerdote.

Y continúa: “Eso es cosa de todos los días. Ese no es ni el primero, ni el único, ni será el último caso. Realmente hay una situación preocupante porque, por ejemplo, el Casd tenía más de 1.200 estudiantes el año pasado. Este año hay menos de 700 y para el año entrante quien sabe si se ajusten los 400 alumnos”.

Lógicas violentas

Pero, ¿A qué obedece esta práctica perversa? Los diagnósticos que se han hecho sobre lo que pasa en Medellín actualmente señalan que la ciudad pasó de la guerra de combos ubicados en las esquinas, con capacidad de fuego limitada, a unas estructuras que se adaptan a la circunstancias, bien armadas, que aprendieron a utilizar las terrazas como trincheras y que además, saben camuflarse entre la comunidad.  

“Hoy, el centro de disputa es el territorio y en esa confrontación han presionado a la comunidad para que se vincule. Los jóvenes de las bandas han sabido explotar al máximo esas redes familiares que tienen en los barrios para crear en la comunidad la idea que los del barrio o la cuadra contraria los van a matar a todos”, conceptúa Elkin Pérez. 

Así, conceptúa Pérez, el conflicto deja de ser un asunto netamente delincuencial para pasar a una etapa mucho más compleja, difícil de intervenir y que eleva al máximo las vulneraciones a la comunidad. “Hay cosas muy dicientes: no hace mucho subió la policía al sector La Galera, en una acción de rutina. El jefe de la banda se enfureció y la emprendió contra la gente preguntando quien había sido el sapo. Esa noche se tuvo que ir una persona del barrio. La sentencia fue: o están con nosotros o de malas”, indica el integrante de Convivamos.

El sacerdote Velázquez coincide en la apreciación y agrega que la dinámica que tiene esta nueva ola de violencia ha llevado a que los combos enfrentados asocien a los habitantes de los barrios, sin importar su edad, género o condición social como un enemigo más de la confrontación lo que ha generado un temor colectivo que tiene paralizada a la comunidad.

“Sucedió cuando aparecieron los puntos rojos en los postes de energía. Nadie sabe qué pasó, quién los puso y qué significa. Lo cierto es que la gente asoció una cosa con la otra. Hay un miedo generalizado y las actividades sociales se ven muy afectadas: las reuniones de los grupos juveniles son más cortas; hasta algunas parroquias presentan deserción”, asevera el religioso.

A eso se suma que la Fuerza Pública no logra generar la confianza suficiente entre la comunidad y que la inversión social no logra impactar donde tiene que hacerlo.

“Esto no se soluciona con más policía. La cantidad de jóvenes desempleados en las comunas es impresionante. Usted se los encuentra y lo primero que preguntan es: ¿Qué hay pa’ hacer pues? Para acabar con esto, lo primero que hay que hacer es ofrecerles verdaderas oportunidades de vida a esos jóvenes, pero los únicos que están ofreciendo oportunidades, desafortunadamente, son los violentos”, sentencia Elkin Pérez.  

*Los nombres fueron cambiados por petición de las fuentes

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia, www.ipc.org.co/agenciadeprensa